POLÍTICA

En Corrientes la participación de mujeres en puestos políticos no supera el 14%

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Así lo manifestó tras un estudio el Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata. Aseguran que hay una brecha de género en la provincia de Corrientes.
En el marco del 72 aniversario de la sanción de la Ley de Voto Femenino en Argentina, el Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata llevó a cabo un análisis respecto a la conducción política y la brecha de género en la provincia de Corrientes.
El 21 de agosto de 1946 se ponía fin a una lucha intergeneracional por el reconocimiento del derecho al sufragio que promediaba desde fines del siglo XIX, con varios intentos individuales y colectivos. Sin embargo, el camino inició años antes, el 26 de noviembre de 1911 Julieta Lanteri ejerció su derecho al sufragio, pero no pudo hacerlo extensivo a otras mujeres, pese a su lucha junto a Alicia Moreau de Justo. Luego, en 1919 el radical Rogelio Araya presentó una ley que finalmente fue vetada. En 1927, la Provincia de San Juan se convirtió en la primera circunscripción en ampliar el derecho del voto a las mujeres. Sin embargo, recién en 1946 el Senado de la Nación Argentina aprobó definitivamente el proyecto de ley sobre Derechos Políticos de la Mujer que establecía el sufragio femenino en todo el territorio de la nación.
La Ley N° 13010 fue promulgada el 23 de septiembre de 1947 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. No obstante, recién el 11 de noviembre de 1951 ocurrieron en Argentina las primeras elecciones mixtas y se estima que alrededor de 3.8 millones de mujeres emitieron su voto por primera vez.
Cuarenta y cinco años más tarde, en 1991, la Ley Nacional 24012 estableció una cuota para mujeres en candidaturas multinominales a cargos legislativos nacionales, equivalente al 30%. Dicha acción fue implementada inicialmente en las elecciones de 1993.
En Corrientes en 1992 fue sancionada una ley similar −la 4673−, destinada a cubrir los cargos legislativos provinciales. No obstante, esta norma entró en vigencia once años más tarde, una vez obtenida su reglamentación por Decreto del Ejecutivo Provincial N° 1.332. Si bien la Ley 24012 –de cumplimiento obligatorio, y conocida como ‘la del cupo femenino’− transformó paradigmas tradicionales, la participación femenina en cargos legislativos sigue siendo minoritaria.
En el Congreso Nacional, el 42% de los senadores son mujeres y, en la Cámara Baja, el género femenino presenta una participación aún menor al 40%. Corrientes, a nivel nacional, está representada por una senadora y dos senadores; de los siete diputados provinciales, solo tres son mujeres. A nivel provincial, la Cámara Alta es la que registra la mayor participación femenina con un 40%, en tanto que en Diputados la participación femenina alcanza apenas el 30% exigido por ley.
Este análisis −efectuado por el Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata, y a partir de datos de la Junta Electoral Provincial− destaca que, en la actualidad, en la provincia de Corrientes, las mujeres constituyen el 52% de los votantes habilitados según el Padrón Electoral Provincial (Padrón Electoral Provincial, 2016) y el 41% de las afiliadas a partidos políticos (Cámara Nacional Electoral, 2012). Pese a ello, su participación en el gobierno provincial y municipal se encuentra rezagada respecto del sexo masculino. Entre 1983 y 2018, el porcentaje de mujeres −sobre el total de puestos políticos de decisión en los tres poderes del Estado− se ha mantenido entre el 8 y el 14%.
En los gobiernos municipales de la provincia −de los 72 municipios actualmente existentes− el 32,8% tienen al menos una mujer en las mayores jerarquías de los gobiernos locales. Solo doce municipios se encuentran conducidos por mujeres en el cargo de intendentes; catorce mujeres se desempeñan como viceintendentes y solo el 2.7% de los municipios −Pedro R. Fernández y San Cosme−, presentan una conducción integrada completamente por mujeres.
Respecto de los concejos municipales, la participación de las mujeres supera el 40% con 155 concejales, sobre un total de 377. Sin embargo, ésta no resulta homogénea en todos los municipios de la provincia, ya que la composición al interior de cada concejo varía, con un promedio de intervención del 42%.
En 56 comunas provinciales, las mujeres conforman más del 30% de los concejos municipales. En otras 16, presentan una participación inferior al 30%. No obstante, existen localidades tales como: Cruz de los Milagros, Juan Pujol, Lavalle, Loreto, Pedro R. Fernández, San Antonio, San Lorenzo, Tres de Abril y Yataytí Calle, en las que la presencia del género femenino es nula.

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El Gobierno presentó el proyecto de ley para regular el financiamiento de los partidos políticos

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El Gobierno nacional presentó ayer ante el Congreso de la Nación un proyecto para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos que prevé la bancarización del régimen de aportes. El mismo fue elaborado a partir del diagnóstico de especialistas, integrantes del Poder Judicial y representantes de entidades partidarias.
En marzo el Presidente anunció que íbamos a mandar el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Es un proyecto en el que venimos trabajando hace más de un año”, afirmó el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Adrián Pérez; al tiempo que destacó que para la elaboración de la propuesta se trabajó “junto a los partidos políticos, la sociedad civil, legisladores y jueces”.
Estos son los puntos que tienen mayor nivel de consenso, creo que este proyecto va a establecer mejores mecanismos de control y de transparencia”, afirmó Pérez en declaraciones realizadas esta tarde a periodistas acreditados en Casa de Gobierno.
El funcionario además ponderó que “la bancarización absoluta de los aportes va en línea con lo que están haciendo muchos países del mundo, a los efectos de mejorar el control en el financiamiento de los partidos políticos”.
Creemos que lo mejor es que este todo bancarizado, que la gente pueda conocer quiénes son los aportantes y que se habilite a las personas físicas y jurídicas a aportar con un tope. Esto va a ayudar mucho a que las campañas políticas sean mucho más transparentes y más controladas”, concluyó.
Puntos centrales de la propuesta de reforma del régimen de financiamiento político
• Se elimina la posibilidad de hacer donaciones en efectivo. Los aportes sólo podrán realizarse mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito.
• El proyecto habilita el aporte de personas jurídicas, estableciendo un tope del 2 por ciento sobre el total de los gastos permitidos para un partido.
• Se propone que aquellas empresas que provean publicidad en vía pública se inscriban en un registro específico que administrará y controlará la Cámara Nacional Electoral.
• Se establece la obligatoriedad para que organismos públicos (como UIF, PROCELAC, AFIP, ANSES, IGJ, Of. Anticorrupción, entre otros) compartan la información con la Justicia Electoral, a los fines de combatir los aportes de dinero proveniente de actividades ilícitas, o simplemente para controlar mejor los aportes y gastos.
• Las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones deben designar dos responsables económico financieros. El proyecto incorpora la obligación de que uno sea un contador público matriculado, mientras que el otro debe ser autoridad partidaria.
• Se extiende el plazo de prohibición actualmente vigente para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de 15 a 30 días.
• Se promueven sanciones para el clientelismo político y el uso de recursos públicos con fines partidarios
• Los aportes extraordinarios previstos por la ley de financiamiento para cubrir gastos no electorales sólo serán accesibles para los partidos que no estén cumpliendo sanciones vinculadas al régimen de financiamiento.
• Se habilita la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen de financiamiento nacional
• Se aumenta la composición del cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral, creando 17 cargos nuevos, con el fin de mejorar sustantivamente el control del financiamiento.

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Crítico informe del CIPPEC: Macri aumentó la estructura del Estado y hay más “nombramientos a dedo”

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El reciente informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) deja en evidencia que el discurso oficial de “austeridad” y reducción de puestos estatales no se condice con las políticas reales de Cambiemos: desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, aumentó el tamaño de la estructura del Ejecutivo al tiempo que se multiplicaron los nombramientos discrecionales de funcionarios.
El Gobierno de Mauricio Macri aumentó el tamaño de la estructura del Poder Ejecutivo y multiplicó los nombramientos discrecionales de funcionarios, que ahora están menos capacitados para los cargos que ocupan, según reveló el informe “GPS del Estado”, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). De este modo, echa por tierra los argumentos del Presidente acerca de la “austeridad” en los gastos públicos y la “limpieza” en el Estado de “la grasa militante”, en referencia a los despidos de trabajadores estatales (como el reciente caso de los despidos en la agencia estatal de noticias Télam).
“El Estado argentino está expandiendo sus fronteras de funcionamiento desde 2003. Con el gobierno de Cambiemos, el crecimiento de la estructura del sector público a nivel nacional se sostuvo”, explicó el reporte.
Por un lado, la Argentina tiene uno de los gabinetes más grandes de América Latina, con 21 ministerios -en 2015 había 17 carteras-, por sobre Uruguay, México, Colombia y Perú, entre otros países.

El aumento de Ministerios derivó en una expansión de la estructuras en los niveles de secretarías y Subsecretarías que “provocaron un incremento del orden del 25% en el universo de cargos políticos entre 2015 y 2017”, según se indicó.
En 2015 había 65 secretarios de Estado y en marzo de 2018 la cantidad era de 113; las subsecretarías, en cambio, se redujeron de 165 a 131, mientras que los directores nacionales pasaron de 291 a 313. Según CIPPEC, durante la gestión de Macri, “los avances en la gestión del rendimiento y desarrollo del empleo público han sido pocos”.

“Las capacidades del personal organizacional y en particular de la Alta Dirección Pública son decisivos para superar los desafíos de coordinar una estructura estatal más grande, pero el panorama del espacio directivo trazado entre los años 2015 y 2017 muestra mayores continuidades que cambios”, destacaron los especialistas.
En particular, se indicó que “la evidencia muestra que hay un deterioro en el espacio directivo”.
“En este sentido, la modalidad de ocupación del espacio directivo es discrecional y tiene un componente altamente político: en 2017 solo el 2% de los directivos públicos se encontraban designados bajo la modalidad de planta permanente, mientras que en 2015 alcanzaba el 6%”, subrayó.
Asimismo, se informó que “el porcentaje de directivos públicos que cump lía con los requisitos exigidos por la norma para al acceso a cargos jerárquicos se redujo de 32% a 18% entre 2015 y 2017”.
De igual modo, el informe subrayó que “en 2015 el 72% del total de personas que componían la Alta Dirección Pública eran profesionales y en 2017 esta participación cayó al 66%”.
“La reducción en el número de profesionales en el espacio directivo y el menor cumplimiento de requisitos da cuenta de que se acentuaron los criterios de confianza o gestión por competencias políticas”, se informó.
Además, el informe reveló que hay una “elevada rotación de los directores” que “obstaculiza la efectividad gubernamental”. “El 25% de los directivos públicos que se encontraban designados en 2016 fueron reemplazados de sus cargos en 2017. Más aún, a fines de 2017 solo el 9% del total de directivos públicos continuaba en su cargo”, se indicó.
“Esto afecta la capacidad que tiene el espacio directivo para actuar como la memoria institucional de la administración y, al mismo tiempo, interrumpe el proceso de aprendizaje organizacional dentro de la órbita estatal”, agregó.

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“Las provincias no tienen nada que ver con la mala administración del gobierno nacional”

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El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, criticó al gobierno nacional por manejar las finanzas públicas “con total inoperancia” y dijo que “las provincias no tienen nada que ver con esa mala administración”,
“La provincia de San Luis tiene un presupuesto equilibrado. No es el caso de otros Estados que tiene presupuesto deficitario”, apuntó.
En ese sentido, subrayó: “Cuando hay un presupuesto deficitario, es culpa del gobernante”.
“Es como una familia en la que entra un sueldo de 22.000 pesos: es poco, pero hay que ajustar el cinturón. Nunca hay que llegar a gastar más. Si no, te vas endeudando cada vez más y no hay salida. El Gobierno ha hecho esto”, ejemplificó.
Así, cuestionó que la administración del presidente Mauricio Macri “ha manejado las finanzas públicas con total inoperancia y mala fe”.
“El Gobierno debería decir ´fracasamos, hicimos todo mal y lo único que nos queda es ir al Fondo Monetario”, evaluó Rodríguez Saá en diálogo con FM La Patriada.
Aseguró que si a la situación “con un endeudamiento externo enorme para pagar el déficit”, se le suma “inflación, despidos, cierre de comercios y pymes, es un combo insoportable”.
“Las provincias no tienen nada que ver con la mala administración del gobierno nacional”, aclaró.

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Con fondos provinciales el próximo 20 se abonará el FONID

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Así lo informó el Gobernador Hugo Passalacqua, a través de su cuenta de Twitter. “Anuncio a los colegas docentes que el viernes 20 adelantaremos con fondos provinciales el pago del Fonid y Aporte Nac Ex Art. 9. También abonaremos Suplementarias Junio 2018 y Aporte Prov Ex Art 9. Además se pagará Garantía Salarial Abril 2018 y Material Didáctico Junio 2018”, indicó

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