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Empleos: cómo la adaptación climática podría salvar 149 millones de puestos en países en desarrollo

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El Banco Mundial advierte, el cambio climático puede destruir 260 millones de empleos para 2050, pero la adaptación podría salvar más de la mitad

En un nuevo informe global, el Banco Mundial alertó que los impactos climáticos proyectados amenazan con provocar la pérdida del equivalente a 260 millones de empleos en países de ingresos bajos y medios hacia 2050. Sin embargo, las intervenciones de adaptación recomendadas en los Informes sobre Clima y Desarrollo (CCDR) podrían crear o proteger 149 millones de puestos de trabajo, revelando que la acción climática temprana y estratégica genera beneficios económicos, sociales y laborales inmediatos.

Los CCDR —que abarcan 93 economías, equivalentes al 64% de la población y al 77% del PIB de países de renta baja y media— se consolidan como uno de los diagnósticos más influyentes en la agenda global. El documento difundido ya supera las 836.000 descargas y fue citado en 12.500 artículos de prensa, con más de la mitad haciendo foco explícito en el vínculo entre transición climática y empleo.

Impacto económico y laboral: pérdidas del 1% al 20% del PIB y hasta 260 millones de empleos en riesgo

El informe advierte que, si las políticas actuales se mantienen, el cambio climático constituye una “amenaza macro crítica”. Para 2050, los países podrían enfrentar pérdidas del PIB de entre 1% y 20%, especialmente en economías más cálidas y de menores ingresos. P507074-d27cc7b7-42bb-478d-bfa6…

En materia laboral, el escenario es igual de severo: En 49 países evaluados en detalle, se proyecta una pérdida de 43 millones de empleos hacia 2050. Extrapolado al conjunto de países de ingresos bajos y medios, el impacto asciende al equivalente de 260 millones de empleos. Con políticas de adaptación, los CCDR estiman que podrían crearse o protegerse 25 millones de empleos en esas 49 naciones, y 149 millones a escala global.

El Banco Mundial concluye que las trayectorias climáticas sin acción correctiva exacerban desigualdades y profundizan la vulnerabilidad económica, afectando de forma desproporcionada a los países con menor margen fiscal y mayor exposición a shocks ambientales.

Adaptación: inversiones necesarias, retornos claros y beneficios laborales

Los informes muestran que la adaptación anticipada no solo reduce riesgos, sino que genera beneficios económicos a corto plazo. La adaptación recomendada por los CCDR reduce las pérdidas del PIB en un promedio de 4 puntos porcentuales, e incluso más de la mitad en algunos países. Las inversiones necesarias representan entre 0,7% y 7,1% del PIB, de las cuales la mitad debe provenir del sector privado. La pérdida global de bosques genera un costo de USD 379 mil millones por año al PIB agrícola. Las soluciones basadas en la naturaleza presentan retornos positivos, como la restauración de manglares con relación beneficio-costo de 4 a 5.

El Banco Mundial sostiene que la adaptación y el desarrollo resiliente abren oportunidades para expandir sectores intensivos en empleo —infraestructura sostenible, gestión del agua, restauración de ecosistemas— y, simultáneamente, reducir los costos macroeconómicos asociados al clima.

Desarrollo con bajas emisiones: impactos moderados, pero con fuertes diferencias sectoriales

Los CCDR también examinan los efectos laborales de las transiciones hacia economías de bajas emisiones.

En general: Para 2030, la mayoría de los países registraría cambios menores al ±2% en ingresos laborales. Sin embargo, los promedios nacionales ocultan efectos subnacionales y sectoriales mucho más intensos, tanto positivos como negativos. El impacto final depende del diseño de políticas públicas y de las medidas complementarias: reconversión laboral, movilidad, incentivos al sector privado y protección de poblaciones vulnerables. P507074-d27cc7b7-42bb-478d-bfa6…

El Banco Mundial subraya que las políticas climáticas no pueden considerarse aisladas: deben integrarse dentro de estrategias de desarrollo y empleo, ya que “los objetivos climáticos y de desarrollo necesitan lo mismo: una fuerza laboral capaz de adaptarse”.

Sin integración entre clima y desarrollo, los riesgos se multiplican

El informe resalta una conclusión central: integrar estrategias climáticas y de desarrollo es indispensable no solo para reducir riesgos, sino también para generar nuevas oportunidades de empleo, disminuir la pobreza y sostener el crecimiento económico.

Para los gobiernos, especialmente en América Latina, la ventana de oportunidad es estrecha: se requiere orientar el financiamiento, modernizar marcos laborales, reforzar la capacitación y acelerar alianzas público-privadas para que la transición climática se convierta en un motor —y no en un freno— para el desarrollo humano.

La adaptación climática podría salvar 149 millones de empleos by CristianMilciades

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Quiénes son los jóvenes premiados por el CFI y qué propone la Ruta Azul del Pescado Misionero

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Passalacqua respaldó a los jóvenes misioneros premiados por el CFI y destacó el impacto productivo del proyecto “Ruta Azul del Pescado Misionero”

El gobernador Hugo Passalacqua recibió al equipo distinguido por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por una iniciativa que busca fortalecer la cadena de valor del pescado misionero y potenciar a más de 4.000 familias vinculadas al sector acuícola. El proyecto propone un circuito productivo, turístico y cultural sostenible, con fuerte articulación institucional.

Un reconocimiento nacional a la innovación productiva misionera

El gobernador Hugo Passalacqua recibió este viernes a los jóvenes misioneros premiados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por su proyecto “La Ruta Azul del Pescado Misionero: un Circuito Productivo, Turístico y Cultural Sostenible”, seleccionado entre las iniciativas finalistas del Programa Federal de Formación: Gestión para el Desarrollo.

El equipo, integrado por Ana Belén Medina, Emmanuel Peluffo, Romina Ríos, Daiana Bonomi, Milagros Kuszezen y Carlos Gervasoni, fue distinguido durante la Semana de Integración Federal realizada en Buenos Aires, donde compitió con propuestas de jóvenes líderes de todo el país. Misiones fue una de las cuatro provincias finalistas junto a La Rioja, Santiago del Estero y Río Negro.

El proyecto apunta a fortalecer la cadena de valor del pescado misionero, mejorar la comercialización de pequeños productores y visibilizar el rol estratégico de las mujeres en cada etapa del proceso productivo. Para la provincia, representa una herramienta clave para consolidar un sector que involucra a más de 4.000 familias y que viene creciendo de la mano del impulso acuícola de los últimos años.

Durante la reunión, Passalacqua remarcó la importancia de que las iniciativas productivas se vuelvan visibles y se articulen con el Estado “una idea puede ser muy buena y factible, pero si no se la pone en conocimiento público queda incompleta”.

Además, afirmó que la Provincia acompañará la difusión y consolidación de la iniciativa, y que había seguido de cerca la participación del equipo en el certamen nacional.

La Ruta Azul del Pescado Misionero: una política pública para integrar producción, turismo y cultura

El proyecto propone crear un circuito económico, turístico y cultural basado en la producción acuícola provincial. La iniciativa plantea acciones destinadas a ordenar, visibilizar y ampliar la comercialización del pescado misionero, incorporando enfoques de sostenibilidad y participación comunitaria.

Entre las medidas centrales se incluye: Un mapa digital interactivo que identifique, locales gastronómicos que ofrezcan pescado misionero; productores y productoras que comercialicen “a pie de estanque”; emprendimientos agroturísticos bajo la modalidad de “pesque y pague”. Capacitaciones para todos los eslabones de la cadena acuícola. Incentivos para que restaurantes y emprendimientos gastronómicos incorporen pescado misionero en sus menús.

Según explicó Milagros Kuszezen, una de las integrantes del equipo “decidimos apostar por la articulación entre ministerios, organismos del Estado, la academia y el Ministerio de Turismo para crear una política pública sostenible. Queremos una Misiones productiva y justa, por eso es tan importante la decisión política de acompañar”.

El proyecto también busca destacar el rol de las mujeres en la actividad acuícola, enfatizando su participación histórica y su liderazgo en las tareas de producción, gestión y comercialización.

Formación, federalismo y futuro: el valor estratégico del CFI para los jóvenes misioneros

El trabajo del equipo se desarrolló a lo largo de nueve meses, con talleres, clases magistrales y jornadas provinciales, en el marco del Programa Federal de Formación del CFI. La instancia final reunió a más de 300 jóvenes de todas las provincias durante la Semana de Integración Federal.

Kuszezen destacó la relevancia del proceso formativo “quedamos seleccionados 20 estudiantes entre más de 150 postulantes. Llegamos como provincia ganadora y competimos con propuestas de las otras 23 provincias. Fue una instancia valiosa para conocer la realidad productiva de la Argentina y para mostrar la de Misiones”.

Al finalizar el encuentro con Passalacqua, el equipo entregó al Gobernador la placa de reconocimiento obtenida en el concurso. Coincidieron en que debía quedar en la provincia, ya que se trata de un logro alcanzado para Misiones.

El mandatario instó al grupo a continuar articulando con organismos públicos para avanzar hacia la implementación del proyecto, destacando que el acompañamiento institucional será determinante para su desarrollo.

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ONU Mujeres alerta, casi 50.000 femicidios familiares en 2024 y 137 víctimas por día

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Femicidios en aumento, ONU Mujeres alerta que casi 50.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familias en 2024

Un informe de ONU Mujeres, elaborado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reveló que en 2024 casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o algún miembro de su familia. La cifra —que equivale a un promedio de 137 víctimas por día— expone el agravamiento de una problemática estructural que las Naciones Unidas volvieron a colocar en el centro del debate global en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El organismo advirtió que estos crímenes representan casi el 60% de los 83.000 homicidios de mujeres registrados ese año. Las conclusiones describen un escenario alarmante para los sistemas judiciales, los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos que buscan contener un fenómeno que combina desigualdad estructural, violencia doméstica y fallas de protección estatal.

Un mapa global del femicidio: África y Asia concentran la mayoría de los casos

El informe muestra disparidades regionales que permiten dimensionar la magnitud del problema:

África: 22.600 asesinadas por parejas o familiares en 2024.
Asia: 17.400 víctimas.
Américas: 7.700.
Europa: 2.100.
Oceanía: 300.

La distribución geográfica confirma que el femicidio íntimo o familiar continúa siendo un fenómeno transversal, aunque con dinámicas específicas según región. En Europa, el 64% de los casos fueron cometidos por parejas de las víctimas, mientras que en las Américas ese porcentaje asciende a 69%.

ONU Mujeres identificó factores estructurales que sostienen la violencia letal: estereotipos de género que consideran a las mujeres “subordinadas” a los hombres, discriminación en distintos niveles sociales y económicos, desigualdad persistente en el acceso al empleo, la educación y la justicia.

Además, el informe alerta sobre dos factores de riesgo clave en el feminicidio de pareja: antecedentes de violencia y separación inminente. Sin embargo, en los crímenes cometidos por otros familiares, los patrones son menos claros, lo que exige estrategias más amplias y específicas de prevención

La tecnología como nuevo vector de violencia: del control digital a los deepfakes

Uno de los puntos más novedosos del informe es la referencia al rol de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la expansión de nuevas modalidades de violencia contra mujeres y niñas.

Según ONU Mujeres, el acceso masivo a herramientas digitales permite: intensificar patrones de violencia doméstica, ejercer control coercitivo, vigilancia y acoso, producir contenidos dañinos como videos deepfake, una práctica en crecimiento.

La organización advierte que la violencia digital impacta especialmente en mujeres con mayor visibilidad pública —periodistas, políticas y activistas—. Una de cada cuatro periodistas afirmó haber recibido amenazas de violencia física o de muerte a través de Internet.

Para ONU Mujeres, esta tendencia no solo profundiza la violencia tradicional, sino que crea nuevos factores de riesgo que pueden actuar como antesala del feminicidio.

Prevención, justicia y datos: las claves que propone ONU Mujeres para frenar los feminicidios

El estudio insiste en que reducir los feminicidios requiere intervenciones integrales y sostenidas, basadas en tres pilares: educación, legislación y fortalecimiento institucional.

Entre las medidas propuestas se destacan:

Educación y habilidades para relaciones sanas

Programas de formación para desmontar estereotipos y prevenir dinámicas abusivas desde edades tempranas.

Reforma legal y penal

Criminalizar el femicidio como figura autónoma.

Incorporar agravantes específicas para homicidios motivados por violencia de género.

Crear unidades especializadas en policías, fiscalías y tribunales.

Campañas públicas

Promoción de campañas como “Ni Una Menos” y “Me Too”, destinadas a sensibilizar y ampliar la visibilidad del problema.

Sistemas de información confiables

Los organismos internacionales subrayan que cualquier política pública requiere datos robustos y comparables. Entre los modelos citados se encuentra VioGén, un sistema del Ministerio del Interior de España creado en 2007, que integra herramientas de evaluación de riesgo, monitoreo y protección de víctimas.

El fortalecimiento de observatorios de feminicidio y agencias estatales aparece como condición central para mejorar la respuesta de justicia y prevención.

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Sin gas natural, Misiones pierde competitividad, empresarios piden una solución federal urgente

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Misiones reclama equidad energética, el sector industrial advierte que sin gas natural no hay desarrollo federal

El Movimiento Industrial Misionero (MIM) reactivó su demanda histórica para que la provincia sea incorporada a la red nacional de gas natural. La organización empresarial sostiene que la ausencia de esta infraestructura básica condiciona la competitividad, encarece costos y profundiza las asimetrías entre Misiones y el resto del país.

Un reclamo estructural: Misiones sigue fuera de la red nacional de gas

A pesar de su ubicación estratégica dentro del Mercosur y su creciente diversificación productiva, Misiones continúa siendo la única provincia argentina que no está incluida en la red nacional de gas natural. La carencia es estructural y condiciona tanto el funcionamiento de las industrias como el costo de vida de los hogares, obligados a depender casi exclusivamente de la electricidad y del gas envasado.

Tras el proceso electoral, el Movimiento Industrial Misionero (MIM) volvió a instalar el debate energético y planteó en una entrevista en Tiempo Argentino la necesidad de que la Nación dé respuestas concretas a una demanda que consideran parte de la agenda de “equidad productiva”. Desde la institución advirtieron: “Mientras una fábrica en la zona núcleo produce con gas natural, en Misiones esa misma planta tiene que hacerlo con combustibles líquidos, paneles solares, biomasa o electricidad a un costo mayor.”

Esa diferencia, sostienen, se traduce en una pérdida directa de competitividad y en precios finales más altos para los productos misioneros.

La situación se agrava por los costos logísticos que enfrenta la provincia, cuyo sistema industrial debe recurrir a fuentes energéticas más caras para sostener su estructura de producción. “Cada coyuntura política representa una oportunidad para poner en el centro la equidad energética y productiva que necesita Misiones”, expresaron desde el MIM.

El gasoducto inconcluso y la dependencia eléctrica: una “isla energética” dentro del país

El déficit no es nuevo. Desde hace más de una década, Misiones espera la ampliación del Gasoducto del NEA, una obra federal que debía integrar al norte argentino a la red nacional. Sin embargo, el tendido nunca llegó al territorio misionero y el último tramo del proyecto quedó inconcluso, manteniendo a la provincia como una “isla en cuanto al gas”, según describió el Movimiento.

Mientras tanto, los gobiernos locales impulsan estrategias alternativas. Entre ellas, parques solares en Alem, Apóstoles y Eldorado, además de proyectos de biomasa vinculados al sector forestal. Aunque relevantes para diversificar la matriz energética, desde la entidad aclararon que estas iniciativas “no reemplazan la infraestructura básica que representa el gas natural”.

El MIM también analizó las implicancias políticas del tema: “El debate energético tiene un costado político. No puede hablarse de desarrollo sin energía. La provincia necesita una solución nacional que dé respuestas estructurales, no medidas transitorias.”

Para la institución, integrar a Misiones al sistema energético nacional requiere planificación federal y decisión política, dado que la infraestructura gasífera constituye la base sobre la cual se proyecta cualquier transición hacia energías más limpias.

Impacto productivo y urgencia federal: la energía como condición del desarrollo

La dependencia casi total de la electricidad genera un impacto transversal en la matriz productiva misionera. Industrias de todos los sectores deben compensar la falta de gas natural con combustibles más costosos, lo que incrementa los gastos operativos y reduce su posición competitiva frente a empresas de otras provincias.

La situación tiene implicancias tanto económicas como institucionales: Limita la radicación de nuevas inversiones. Aumenta los costos finales de bienes industriales. Reduce la competitividad exportadora en un territorio clave del Mercosur. Acentúa las desigualdades regionales dentro del sistema productivo nacional.

El MIM sintetizó el desafío: “El desafío es doble: garantizar la inclusión energética y planificar una transición sostenible que no deje a Misiones al margen del desarrollo federal.”

Historia y rol del Movimiento Industrial Misionero

Con más de tres décadas de trayectoria, el Movimiento Industrial Misionero integra empresas de servicios vinculadas a la ingeniería, la construcción y la tecnología, con participación en proyectos de infraestructura, estudios de factibilidad, evaluaciones ambientales y obras estratégicas para el desarrollo provincial y nacional.

Su misión se centra en fortalecer el entramado industrial como condición indispensable para impulsar la innovación, la competitividad y el progreso productivo en Misiones. En esa agenda, la equidad energética aparece como uno de los pilares indispensables.

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Transporte en crisis: el costo real del colectivo cuadruplica la tarifa vigente en el AMBA

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Un informe privado advierte que el boleto de colectivo en el AMBA debería costar $1.713 sin subsidios, el sistema opera con una brecha de hasta 33%

El estudio de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) encendió alertas en el sector: el costo real del boleto mínimo de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubica en $1.713,6 —casi cuatro veces más que la tarifa vigente de $451— y expone una estructura de subsidios que sostiene el funcionamiento del transporte urbano más grande del país.

Un sistema que cuesta más de $350 mil millones al mes y opera con pérdida estructural

El trabajo presentado en el “Índice Bondi – AMBA Septiembre 2025” detalla con precisión los costos operativos que enfrenta la red de colectivos que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con 40 municipios bonaerenses.

La Secretaría de Transporte reconoce que el mantenimiento mensual del sistema demanda $265.779,10 millones, pero las empresas relevadas por AAETA advierten que el costo real asciende a $351.910,05 millones.

La diferencia —$86.130,94 millones— se explica, según el informe, por factores como pérdida de calidad del servicio, disminución de frecuencias, mayores costos de seguridad y rezago en la renovación de flota.

El diagnóstico confirma un dato estructural: el sistema opera bajo un esquema financiero deficitario, incluso con subsidios, y la brecha condiciona la prestación.

Boleto real vs. boleto vigente: una brecha insostenible que alcanza los $1.262 por pasajero

El informe evidencia una distancia crítica entre lo que paga el usuario y lo que efectivamente cuesta mover cada colectivo en el AMBA.

  • Boleto mínimo actual (julio 2025): $451,01
  • Costo real del boleto sin subsidios (IVA incluido): $1.713,6
  • Costo real sin IVA: $1.550,75

La compensación estatal más la recaudación por boletos vendidos suman $1.092,28, dejando una diferencia estructural de $458,47 por boleto, que deben afrontar las empresas para sostener la operación diaria.

El sistema transporta en promedio 227.205.932 pasajeros (media móvil de seis meses), lo que magnifica la brecha mensual.

AAETA advierte que esta diferencia no solo presiona la ecuación económica, sino que compromete directamente la renovación de unidades, la seguridad operativa y la frecuencia del servicio.

Un gráfico incluido en el estudio muestra que la brecha entre costo real y costo reconocido —con IVA— oscila entre 27% y 33%, según la jurisdicción: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación.

Un espejo del 90% del país y un debate que vuelve al centro de la agenda

AAETA remarca en su informe que, sin subsidios, el boleto del AMBA debería ubicarse en niveles similares a los que ya pagan los usuarios del interior —un dato que vuelve a tensionar la histórica discusión sobre asimetrías regionales en el financiamiento del transporte público.

En varias capitales provinciales el boleto urbano supera los $1.500 desde mediados de 2025, mientras que en otras jurisdicciones ronda los $1.800 e incluso los $2.000. En ese sentido, el estudio señala que, sin aportes estatales, el AMBA no sería la excepción, sino que convergería a valores “similares al 90% del país”.

La advertencia se produce en un momento clave, cuando el Gobierno nacional evalúa cambios en los esquemas de compensaciones y las provincias reclaman mayor equidad en la distribución de los subsidios, un tema que impacta en costos, competitividad y en la movilidad urbana de millones de personas.

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