Presupuesto 2025

El Tesoro amplía Letras Intransferibles en dólares y Bonos para pagar al BCRA

Compartí esta noticia !

Economía refuerza el programa financiero con nuevas Letras y Bonos y amplía la deuda intransferible con el BCRA

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, emitió una batería de instrumentos de deuda y autorizó nuevas ampliaciones para sostener el programa financiero del último trimestre del año. Mediante las Resoluciones Conjuntas 47/2025 y 48/2025, publicadas el 29 de septiembre en el Boletín Oficial, se dispuso la colocación de Letras del Tesoro en dólares y pesos, la ampliación de bonos ya existentes y la entrega de títulos intransferibles al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en reemplazo de intereses devengados.

Emisiones en pesos y dólares: Letras a corto y mediano plazo

La Resolución Conjunta 47/2025 habilitó la emisión de tres nuevas Letras del Tesoro:

  • Letra vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 28 de noviembre de 2025, por hasta USD 4.500 millones de valor nominal original.
  • Letra capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de abril de 2026, por hasta $5 billones, con interés capitalizable mensual.
  • Letra vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026, también por hasta USD 4.500 millones.

Además, se ampliaron emisiones vigentes:

  • Letra en dólares con vencimiento el 31 de octubre de 2025 (máximo USD 4.500 millones).
  • Letra capitalizable en pesos con vencimiento el 28 de noviembre de 2025 (máximo $1,3 billones).
  • Bonos capitalizables en pesos con vencimientos en enero de 2026 ($1,95 billones) y enero de 2027 ($4,65 billones).

Estas operaciones buscan atender la demanda del mercado y cubrir necesidades de financiamiento, dentro de los márgenes autorizados por la Ley de Presupuesto 27.701 y los decretos reglamentarios.

Ampliación de Letras intransferibles con el BCRA

La Resolución Conjunta 48/2025 complementó esta estrategia con la ampliación de la Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento en enero de 2030. El monto adicional será de USD 2,68 millones, entregados al BCRA a la par y con intereses devengados desde la colocación.

Esta operación se inscribe en el esquema dispuesto por el Decreto 1104/2024, que obliga a reemplazar una parte de los intereses de las Letras intransferibles en cartera del BCRA por nuevos títulos públicos a cinco años de plazo. Así, el 60% de los servicios de interés se paga con títulos y el 40% restante en efectivo, reduciendo la presión inmediata sobre las reservas internacionales.

El paquete de medidas refleja una estrategia dual: refinanciar vencimientos de corto plazo en el mercado local y, al mismo tiempo, ordenar los pasivos con el BCRA bajo esquemas previamente establecidos. La magnitud de las emisiones –que superan los $11 billones en pesos y USD 9.000 millones en instrumentos atados al dólar– muestra la necesidad de recursos para cerrar el último tramo del año fiscal.

Desde el punto de vista institucional, la decisión consolida el rol del Ministerio de Economía en la administración de la deuda pública y ratifica el marco de disciplina fiscal previsto en la Ley 24.156 de Administración Financiera. Para el mercado, en tanto, abre nuevas alternativas de inversión en pesos y en instrumentos dollar-linked, en un contexto de búsqueda de cobertura cambiaria y liquidez.

Compartí esta noticia !

Economía aprobó el plan de AySA con superávit operativo y financiamiento estatal por $141.000 millones

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía oficializó la aprobación del Plan de Acción y Presupuesto 2025 de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA S.A.), empresa estatal que provee agua potable y saneamiento a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El esquema financiero contempla ingresos por $1,32 billones, gastos operativos por $992.564 millones y un superávit financiero de $7.720 millones, según la Resolución 1423/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Un presupuesto con superávit operativo y apoyo estatal

El plan aprobado prevé: Ingresos de operación: $1.322.028.071.367. Gastos de operación: $992.564.402.903. Ganancia operativa: $329.463.668.464. Resultado económico (ahorro): $176.812.274.503. Resultado financiero (superávit): $7.720.290.143

Los documentos oficiales detallan que el superávit operativo será destinado a obras de mantenimiento y mejora, mientras que los gastos de capital alcanzarán los $357.201 millones. Para financiar parte de las obras estratégicas —entre ellas la finalización del Sistema Riachuelo (Planta Dock Sud), el Río Subterráneo Sur y el Colector Catonas— el Estado Nacional girará transferencias de capital por $141.437 millones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 27.701 de Presupuesto General.

Inversiones, endeudamiento y producción

El presupuesto también habilita a la empresa a avanzar con un programa global de fideicomiso financiero por hasta $100.000 millones, con desembolsos estimados en $70.000 millones durante 2025.

En materia productiva, AySA estima para 2025: Producción de agua librada a red: 6.125 miles de m³ por día. Bombeo y tratamiento cloacal: 1.559 millones de m³ anuales. Pretratamiento cloacal: 746 millones de m³ anuales.

El gasto operativo incorpora un 27% de inflación anual proyectada y un tipo de cambio estimado en $1.287 por dólar a diciembre de 2025. Además, la masa salarial ascenderá a $289.322 millones, con una dotación de 6.092 empleados permanentes hacia fin de año.

Impacto económico e institucional

El plan de acción ratifica el rol estratégico de AySA como la principal empresa de servicios públicos del país. Su presupuesto no solo apunta a garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad de las obras estructurales, sino también a sostener un esquema de Tarifa Social para los sectores más vulnerables, administrado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

En términos políticos, la decisión de Luis Caputo, ministro de Economía, envía una señal de estabilidad en la gestión de las empresas estatales en un año electoral, al mostrar que AySA puede proyectar superávit financiero pese al fuerte nivel de inversión requerido.

La ejecución de este presupuesto será clave para destrabar proyectos de gran impacto ambiental y urbano, como el Sistema Riachuelo, que busca reducir la contaminación del río homónimo y mejorar el saneamiento en la región sur del conurbano. Además, la combinación de financiamiento estatal y emisión de deuda marcará la pauta de sostenibilidad de AySA en los próximos ejercicios.

Compartí esta noticia !

Presupuesto 2025: el Gobierno recorta en Cultura y Comunicación y refuerza Justicia y transferencias a provincias

Compartí esta noticia !

En medio de las tensiones fiscales y el objetivo de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 23/2025, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones significativas al Presupuesto General de la Administración Nacional, con impacto directo sobre salarios estatales, programas sociales, organismos descentralizados y empresas públicas.

La normativa se dicta en el marco de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Según los considerandos, la adecuación busca “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento de las jurisdicciones”, priorizando salarios, transferencias y servicios básicos, mientras se compensan reducciones en gastos de capital.

Entre las justificaciones, se destaca la necesidad de:

  • Atender refuerzos en créditos de personal y gastos de funcionamiento.
  • Cumplir con transferencias específicas establecidas por decretos previos, como el Decreto 377/2025, que derivó fondos de la Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Defensa.
  • Incorporar recursos provenientes de la aplicación del Decreto 575/2025, que regula la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.

Ajustes presupuestarios: quién gana y quién pierde

Las planillas anexas muestran con precisión el destino de los cambios:

  • Recortes en Presidencia y Cultura: La Secretaría General de la Presidencia reduce $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional. La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
  • Refuerzos en el Ministerio Público y la Justicia: se destinan más de $13.179 millones al Ministerio Público para obras de infraestructura (nuevas sedes en Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Esquel y Formosa). La Corte Suprema recibe $2.000 millones para equipamiento.
  • Jefatura de Gabinete: la Vicejefatura Ejecutiva incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
  • Transferencias a provincias y municipios: destacan $8.800 millones destinados a administraciones provinciales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior. Al mismo tiempo, se reducen transferencias a fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (–$12.848 millones).
  • Políticas ambientales: se readecúa el Programa de Control Ambiental con un esquema mixto de incrementos y bajas, incluyendo proyectos financiados por el BID para construcción de centros ambientales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y Córdoba.

Reorganización de cargos y reasignaciones institucionales

El Artículo 2° de la Decisión redistribuye cargos entre ministerios y organismos descentralizados:

  • +17 cargos para la Secretaría de Justicia.
  • –16 cargos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Capital Humano).
  • Transferencias puntuales: un cargo del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia, y uno del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.

Estas modificaciones responden a decretos anteriores que ordenaron la reestructuración ministerial, como el Decreto 151/2025 sobre el Instituto Emilia y Manuel Patiño y la Decisión Administrativa 6/2025.

La adecuación revela la prioridad del Ejecutivo por sostener la caja corriente —salarios, transferencias y gastos sociales— en detrimento de los gastos de capital, lo que podría afectar la inversión en infraestructura.

En el plano político, el ajuste sobre Cultura, Comunicación y Presidencia será leído como una señal de austeridad en áreas de alta visibilidad pública, mientras que el fortalecimiento del Ministerio Público y la Justicia refuerza la capacidad institucional en medio de la agenda de reformas judiciales.

Las provincias aparecen como receptoras netas de recursos, aunque con un esquema selectivo que puede tensar la relación con gobernadores por el manejo discrecional de transferencias.

Próximos pasos

La Decisión Administrativa 23/2025 marca un cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. De cara a los próximos meses, los analistas anticipan:

  • Mayor presión para nuevas adecuaciones si la inflación erosiona la capacidad real de las partidas.
  • Discusiones políticas sobre el sesgo del ajuste hacia recortes en cultura, comunicación y programas sociales.
  • Un seguimiento atento del cumplimiento de los compromisos de deuda pública, ya que la Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda– también fue ajustada para garantizar pagos.

El documento subraya que la medida se dicta en el marco del artículo 37 de la Ley 24.156, lo que otorga al Jefe de Gabinete amplias facultades para reestructurar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

Compartí esta noticia !

Tras rechazar el financiamiento universitario, el Gobierno también vetó la emergencia en pediatría

Compartí esta noticia !

La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley N° 27.796, sancionado por el Congreso el 22 de agosto, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas nacionales por un año. El Decreto 651/2025, publicado este 11 de septiembre en el Boletín Oficial, fundamenta la decisión en el impacto presupuestario, la falta de definiciones claras y el riesgo de desfinanciar programas sanitarios esenciales.

El proyecto de emergencia sanitaria, impulsado con amplio respaldo parlamentario, buscaba garantizar acceso equitativo y de calidad a la atención pediátrica, recomponer salarios de médicos residentes y personal asistencial, y declarar al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.

El texto establecía además exenciones de impuesto a las Ganancias para trabajadores de salud en actividades críticas y facultaba al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud.

El Gobierno, sin embargo, consideró que la norma era “inviable, ambigua y fiscalmente irresponsable”, subrayando que la recomposición salarial prevista equivalía a un gasto adicional de $115.030 millones, monto comparable a un tercio del calendario nacional de vacunas o tres veces el presupuesto destinado a políticas de cobertura en VIH, tuberculosis y hepatitis.

Contenido técnico: los puntos más controversiales del veto

El decreto, firmado por Milei junto a Guillermo Francos, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Luis Petri y otros ministros, detalla las razones del rechazo:

  • Mandatos abiertos e imprecisos: los artículos 2° y 3° no delimitaban con claridad las “funciones críticas” ni los beneficiarios de la recomposición, lo que generaba riesgo de litigiosidad y arbitrariedad en la implementación.
  • Impacto fiscal: la recomposición salarial y la exención de Ganancias suponían un gasto directo millonario y una merma en la coparticipación federal, al comprometer recursos compartidos entre Nación y provincias.
  • Desfinanciamiento de programas vigentes: reasignar recursos del Ministerio de Salud implicaba recortes en vacunas, tratamientos de alto costo, medicamentos esenciales y programas contra enfermedades infecciosas.
  • Distorsiones salariales: se advertía que el beneficio exclusivo a pediatría podía generar inequidades respecto de otros profesionales de la salud.
  • Exceso del Congreso: el Ejecutivo objetó que la ley derogaba la Resolución 2109/25 sobre residencias médicas, algo que —según el decreto— constituye una intromisión en facultades administrativas propias del Poder Ejecutivo.

Fundamentos oficiales: estabilidad macroeconómica versus gasto social

El Gobierno defendió el veto en nombre del equilibrio fiscal y de su meta de emisión monetaria cero, planteando que el Congreso impulsó una medida “bajo la apariencia de defender una causa noble” pero que “aumenta de forma desmedida el gasto público y pone en riesgo la estabilidad económica”.

En un pasaje del decreto, Milei advierte: “Cuando no existen recursos suficientes para solventar los compromisos asumidos, la consecuencia inevitable es la aceleración inflacionaria y el empobrecimiento de los sectores que se proclama amparar”.

El texto también destaca la gestión del Ejecutivo en el Hospital Garrahan, donde se afirma que en un año y medio se logró alcanzar “déficit cero” con ahorros de $40.000 millones y un presupuesto garantizado de $220.000 millones (incluido el aporte de CABA). Por ello, el artículo que lo declaraba hospital de referencia se consideró innecesario.

Choque institucional y debate sanitario

El veto presidencial abre un nuevo frente con el Congreso, que podría intentar insistir con la ley por mayoría especial. El oficialismo buscará que el tema se discuta dentro del Proyecto de Presupuesto 2026, que será remitido al Parlamento el 15 de septiembre, como el ámbito legítimo para definir asignaciones de gasto.

En el plano sanitario, la decisión generará críticas de asociaciones médicas y gremios de residentes, que vienen reclamando mejoras salariales y condiciones laborales. La Sociedad Argentina de Pediatría, mencionada en el proyecto, podría emitir un pronunciamiento.

En el plano político, el Gobierno busca reforzar su mensaje de austeridad y disciplina fiscal, aún a costa de enfrentar el costo social y simbólico de vetar una ley vinculada a la infancia.

Hacia un Presupuesto 2026 con foco en salud y recorte del gasto

La Casa Rosada anticipa que la discusión sobre financiamiento del sistema pediátrico se trasladará al debate del Presupuesto 2026, donde Milei intentará blindar su política de equilibrio fiscal y limitar los márgenes de gasto discrecional del Congreso.

El oficialismo apuesta a que la aprobación del Pacto de Mayo y el nuevo marco de reglas fiscales le den sustento político para sostener vetos como este, frente a una oposición que buscará capitalizar el costo político de la medida en un año de crisis económica.

Compartí esta noticia !

El Tesoro reestructura deuda en pesos con el BCRA y amplía emisiones por $9 billones

Compartí esta noticia !

El Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución Conjunta 42/2025, un canje de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que permitirá extender vencimientos de corto plazo hacia 2026 y reducir la presión financiera inmediata. La medida incluye la ampliación de dos letras del Tesoro (LECAP) por hasta $4,5 billones cada una, consolidando un paquete de conversión que busca mejorar el perfil de la deuda en pesos.

El canje se enmarca en el artículo 37 de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025, y en lo dispuesto por el Decreto 331/2022 y sus modificatorias, que habilitan operaciones de conversión de deuda utilizando distintos instrumentos.

El Ministerio de Economía —a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda— fundamentó la decisión en la necesidad de administrar los vencimientos concentrados en el último trimestre de 2025. En particular, se busca descomprimir el pago de la Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 12 de septiembre de 2025 (LECAP S12S5), originalmente emitida por la Resolución Conjunta 52/2024.

El canje ofrece al BCRA una canasta diversificada de instrumentos con vencimientos posteriores:

  • 20% en la LECAP S10N5 (10 de noviembre de 2025).
  • 40% en la LECAP S16E6 (16 de enero de 2026).
  • 40% en la LECAP S27F6 (27 de febrero de 2026).

Según el artículo 3° de la resolución, los precios de la operación se determinaron en base a las pantallas de BYMA del 5 de septiembre de 2025, con liquidación prevista para el 8 de septiembre.

Ampliación de emisiones y rol del BCRA

Para viabilizar la conversión, se autorizó la ampliación de la emisión de la LECAP S16E6 y de la LECAP S27F6 por hasta $4,5 billones de valor nominal original cada una. De este modo, el Tesoro garantiza la disponibilidad de instrumentos suficientes para cubrir el traspaso de títulos en manos del BCRA.

La medida fue firmada por los secretarios Pablo Quirno Magrane (Finanzas) y Carlos Jorge Guberman (Hacienda), y faculta a la Oficina Nacional de Crédito Público y dependencias técnicas a instrumentar los contratos.

Fuentes oficiales explicaron que este esquema “apunta a administrar de manera prudente la curva de vencimientos en pesos y reforzar la coordinación entre Tesoro y Banco Central en un contexto de elevada volatilidad financiera”.

El canje tiene tres implicancias principales:

  1. Alivio inmediato: evita un pago concentrado en septiembre de 2025 que podía tensionar las cuentas públicas y el mercado cambiario.
  2. Extensión de plazos: traslada vencimientos al inicio de 2026, suavizando el perfil de deuda local.
  3. Señal de coordinación: ratifica el rol del BCRA como actor central en la absorción y manejo de deuda pública.

Desde el mercado, la operación se interpreta como parte de una estrategia más amplia para sostener la demanda de títulos en pesos y reforzar la estabilidad cambiaria hacia el proceso electoral de 2025. Sin embargo, analistas advierten que la concentración de vencimientos en el verano 2026 podría convertirse en un nuevo punto de tensión si no se acompaña con un programa de financiamiento más integral.

De acuerdo con el propio Ministerio de Economía, la conversión se enmarca dentro de los límites de endeudamiento autorizados por la Ley de Presupuesto. En lo inmediato, se espera que esta operatoria brinde previsibilidad y reduzca la presión sobre reservas internacionales.

Hacia adelante, el desafío será sostener la confianza de inversores institucionales y privados en los instrumentos en pesos. Si el Tesoro logra encadenar nuevas operaciones de financiamiento en el mercado local, podría consolidar una estrategia de rolleo ordenado de la deuda doméstica.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin