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El Gobierno extiende hasta 2026 el plazo del régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs

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El Gobierno prorrogó por un año los plazos del régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs: seguirá vigente el plazo de 21 días para su aceptación o rechazo.

La Resolución 219/2025 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento extiende hasta octubre de 2026 los plazos del régimen previsto en la Ley 27.440. La medida busca garantizar previsibilidad a las empresas y evitar impactos operativos en el sistema de financiamiento PyME.

Prórroga hasta 2026 del régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, dispuso la prórroga hasta el 31 de octubre de 2026 del plazo de 21 días corridos para la aceptación, cancelación o rechazo de las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs (FCE), conforme a lo establecido por la Resolución 219/2025 (RESOL-2025-219-APN-SPYMEEYEC#MEC) publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre de 2025.

La medida, firmada por Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción en ejercicio de las competencias de la Secretaría PyME, mantiene la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 4°, 5° y 6° de la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo, prorrogando también los tiempos para la inscripción de las facturas en el Registro de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, previsto en el artículo 8° de la misma norma.

La resolución, que entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2025, tiene como objetivo otorgar mayor previsibilidad y operatividad a las empresas. Particularmente a aquellas con altos volúmenes de facturación electrónica, mientras continúa el análisis y revisión del sistema integral de financiamiento PyME.

Contexto normativo y fundamentos de la medida

El régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) fue creado por la Ley 27.440 con el propósito de mejorar las condiciones de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, permitiendo la cesión anticipada de créditos comerciales originados en operaciones de venta de bienes o prestación de servicios a plazo.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, la Secretaría consideró necesario mantener el plazo actual de 21 días, en lugar de reducirlo a 15 días como se había previsto en un principio. Debido a la complejidad del proceso administrativo y técnico que implica la emisión, aceptación o rechazo de las facturas electrónicas.

El documento cita el informe técnico de la Dirección Nacional de Financiamiento PyME (IF-2025-117207651-APN-DNFP#MEC) y la nota presentada por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), en la que se advierte que el plazo de 15 días resulta “exiguo en razón del proceso de la factura de crédito electrónica y la necesidad de hacerse de los recursos necesarios para llevar dicha tarea a cabo”.

COPAL, entidad que agrupa a gran parte de las industrias alimenticias y de bebidas del país, planteó que una reducción del plazo “implicaría una readecuación de los sistemas informáticos de las empresas y un incremento de los rechazos”, lo que afectaría la operatoria general del régimen y podría impactar negativamente en las relaciones comerciales entre grandes empresas y PyMEs proveedoras.

Asimismo, la autoridad de aplicación justificó la extensión señalando que el sistema continúa “en estudio en razón de la cantidad de intervinientes estatales en su procesamiento y funcionamiento”, motivo por el cual se decidió mantener las condiciones actuales por un año más.

Alcance de la prórroga y excepciones

La Resolución 219/2025 establece que el plazo de 21 días corridos regirá desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026. Tanto para la aceptación y cancelación de las facturas como para su rechazo e inscripción en el registro oficial.

Además, se mantiene vigente hasta la misma fecha la excepción que excluye del régimen a los comprobantes emitidos por una MiPyME a una empresa grande que sean cedidos antes de ser cancelados, rechazados o aceptados (expresa o tácitamente), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En los considerandos se detalla que la Secretaría actúa como autoridad de aplicación del Título I de la Ley 27.440. Conforme al Decreto 471/2018, al Decreto 50/2019 y al más reciente Decreto 650/2025, que asignó a Lavigne la coordinación de competencias en materia de producción y financiamiento PyME.

La medida fue dictada en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley 27.440, el artículo 2° del Decreto 471/18 y el artículo 4° de la Resolución 338/20, en el marco del Ministerio de Economía.

Impacto económico y perspectivas

La prórroga dispuesta por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene alto impacto en la cadena de pagos entre las MiPyMEs y las grandes compañías, al consolidar un esquema de plazos administrativos estables para la gestión de las facturas electrónicas.

El mantenimiento del plazo de 21 días busca equilibrar la necesidad de liquidez inmediata de las PyMEs. Con las limitaciones operativas de las grandes empresas, preservando la estabilidad del sistema de financiamiento basado en facturas electrónicas.

En términos institucionales, la decisión reafirma la continuidad del Régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs como instrumento estratégico de política productiva. Orientado a mejorar el acceso al crédito comercial y reducir la morosidad en los pagos a proveedores.

La Secretaría indicó que el objetivo de fondo es “mantener la coherencia y previsibilidad del régimen mientras se avanza en su evaluación técnica y en la mejora de los procesos digitales asociados”. Asegurando una transición ordenada hacia la plena operatividad del sistema.

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Concurso y rescate: Nofal asume el control de Celulosa Argentina con un crédito por US$ 18 millones

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Celulosa Argentina entra en concurso preventivo y cambia de dueño: Nofal asume el control con un plan de salvataje por US$ 18 millones

La histórica papelera santafesina atraviesa su peor crisis en décadas. El Juzgado de San Lorenzo abrió el concurso preventivo el 25 de septiembre, mientras el empresario Esteban Nofal adquirió el 45,5% del capital y comprometió una línea de crédito para reactivar las plantas paralizadas.

Colapso financiero y concurso preventivo

Celulosa Argentina, uno de los emblemas industriales del país, oficializó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) su ingreso en cesación de pagos, luego de que el Juzgado Civil y Comercial de la Primera Nominación de San Lorenzo declarara abierto su concurso preventivo de acreedores el 25 de septiembre de 2025.

La empresa —con casi un siglo de historia y 1.375 empleados— enfrenta una de las peores crisis de su trayectoria. En su balance trimestral cerrado al 31 de agosto de 2025, reportó una pérdida integral de $81.932 millones, ocho veces superior a la del mismo período del año anterior.

Los ingresos cayeron 73% interanual, hasta $21.968 millones, mientras que el costo de ventas se redujo solo 42%, lo que reflejó la inelasticidad de sus costos fijos industriales en un contexto de plantas paralizadas. El resultado operativo fue negativo en $27.290 millones, y el resultado final arrojó una pérdida neta de $74.628 millones, dejando un patrimonio neto negativo de $107.000 millones.

A esto se sumaron pérdidas financieras por $10.700 millones, una diferencia de cambio negativa de $19.577 millones, y un cargo por impuesto a las ganancias de $31.061 millones. El desplome operativo y la falta de capital de trabajo llevaron a la empresa a detener sus plantas y solicitar protección judicial frente a sus acreedores.

Cambio de control: del grupo Tapebicuá a Esteban Nofal

Hasta agosto de 2025, el control accionario de Celulosa Argentina pertenecía al grupo español Tapebicuá Investment Company S.L., con sede en Madrid y controlado por Tapebicuá Cayman Ltd.. Sin embargo, la imposibilidad del grupo de sostener financieramente la operación precipitó una reconfiguración accionaria.

El 19 de septiembre de 2025, el empresario Esteban Nofal adquirió, de forma directa e indirecta, el 45,5% del capital accionario, convirtiéndose en el nuevo controlador de la compañía. El traspaso fue comunicado formalmente a la CNV y autorizado por el juzgado del concurso.

La operación marca un punto de inflexión para la papelera fundada en 1929, con sede en Capitán Bermúdez (Santa Fe) y presencia en toda la cadena forestoindustrial. Nofal comprometió una línea de crédito por hasta US$ 18 millones, con tasa del 10% anual y un plazo de 24 meses, estructurada mediante un fideicomiso garantizado con las cuentas por cobrar de la compañía.

Los primeros desembolsos se destinaron al pago de salarios de septiembre y a proveedores críticos, con el objetivo de reactivar la planta principal de Capitán Bermúdez. El nuevo accionista informó que los fondos restantes se aplicarán a recomponer el capital de trabajo y restablecer las operaciones en todas las unidades productivas.

Impacto industrial

El derrumbe de la demanda durante 2024 y 2025, combinado con el encarecimiento del crédito y la persistencia inflacionaria, dejó a Celulosa sin capacidad de reacción. En su comunicación a la CNV, la empresa reconoció que “la falta de capital de trabajo hizo que se interrumpan las actividades productivas”, forzando la presentación judicial.

Las filiales Fanapel y Forestadora Tapebicuá también registraron caídas severas en su facturación, de 26% y 63% interanual, respectivamente. El Directorio, encabezado por Francisco Roberto Santandreu, sostuvo que la inyección de fondos de Nofal permitirá “recuperar la producción plena y sostener el empleo”.

El nuevo plan apunta a reactivar la operación, preservar las fuentes laborales y reposicionar a Celulosa Argentina en los mercados internos y externos. Una vez normalizada la producción, la compañía buscará reinsertarse en la cadena exportadora y recuperar competitividad en un contexto que consideran más favorable para la industria.

El desafío inmediato será estabilizar el flujo de caja y restablecer la confianza con proveedores, bancos y trabajadores, tras años de tensiones financieras. El proceso de concurso abre una instancia clave para la reestructuración de pasivos y la renegociación de compromisos, mientras la empresa intenta capitalizar el respaldo del nuevo controlante.

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Crece la competitividad del sector porcino con financiamiento impulsado por el Gobierno Nacional

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BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Economía, ya aprobó más de $6.000 millones en créditos valor producto para el desarrollo de la actividad. La herramienta acompaña el crecimiento del sector que alcanzó en los primeros 8 meses del año un récord de producción con más de 526.400 tn.

En línea con la evolución de la actividad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que ya se aprobaron más de $6.000 millones en créditos valor producto a través del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). El Gobierno Nacional continúa impulsando la competitividad del sector porcino con préstamos destinados a la incorporación de genética, tratamiento de residuos y efluentes, compra de maquinaria, construcción y/o modernización de instalaciones.

Es una línea de financiamiento que fue lanzada este año por el banco y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y se destaca que, del universo total de solicitantes, las provincias Buenos Aires y Córdoba nuclean la mayor cantidad de casos.

El diferencial de la herramienta es que las cuotas se establecen en una cantidad fija de kilos de carne de cerdo y se pagan en pesos tomando el valor de referencia mensual del kilo capón. La cantidad acordada por mes nunca cambia, lo que brinda certidumbre y previsibilidad al productor.

El monto máximo que ofrece es de $800 millones por empresa y se otorga en UVA con una tasa del 8% -algunas provincias, como por ejemplo Córdoba, bonificaron 4 puntos porcentuales de la tasa para incentivar las inversiones locales.

Tiene un plazo de cancelación flexible, donde el sistema está diseñado para que en promedio el préstamo se pague en los términos originales de 60 meses. Si en algún período el precio del cerdo aumenta por debajo de la inflación, el plazo se extiende automáticamente, brindando al productor más tiempo para pagar sin esfuerzos adicionales. Además, cuenta con un período de gracia de 6 meses.

La línea de financiamiento acompaña el desarrollo de la actividad que, entre enero y agosto de este año, alcanzó un récord de faena y producción, con 5.521.175 cabezas faenadas y 526.463 toneladas producidas y un consumo interno de casi 18 kg por habitante. Además, el sector viene creciendo a una tasa promedio del 6% en los últimos 10 años en faena.

Los interesados en acceder a los préstamos deben remitir sus proyectos y consultas a la Dirección de Porcinos de la Secretaría.

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Obsolescencia programada ¿Cuánto te afecta?

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Hoy, en el sistema educativo de Argentina, existen escasos medios que preparen realmente a los alumnos para el futuro inminente. En un 2025 signado por la decreciente tasa de retorno energético, dónde cada vez cuesta más y más extraer los pocos recursos que quedan en el planeta, lo normal es desconocer los procesos que nos llevaron a padecer la coyuntura que esto genera.

Los factores que nos llevaron a este punto son innumerables y casi infinitamente complejos. El que hoy nos convoca es uno de los más infravalorados: La obsolescencia programada es, en esencia, una herramienta que le permite a las empresas garantizar la sostenibilidad de su negocio limitando la vida útil de sus productos. Claro que, dicha sostenibilidad es, de mínima, cuestionable, debido a que, los recursos naturales necesarios para elaborar sus productos se acaban a un ritmo que aumenta a cada segundo.

Si el dinero “lo compra todo”: la felicidad, la paz, seguridad y placer ¿Por qué cuestionar las herramientas que sostienen al capitalismo? Es decir, es fácil deducir que, si se fabrica un producto y este fuera tan bueno que nadie necesite comprarlo más de una vez, llegará el día en que el mercado se acabe, llegará el día en que nadie vuelva a comprarlo. Por lo tanto, habrás generado un gran bien a la comunidad, pero no a la economía del fabricante, por lo tanto, su emprendimiento estaría condenado antes de empezar. ¿O no?

Para cuestionar esa afirmación, debemos volver un poco en el tiempo, alrededor de un siglo.

A pesar de que este fenómeno, que vemos reflejado en casi todo objeto que poseemos hoy en día, pareciera haber existido siempre, la verdad es que tiene apenas un siglo de historia. Entre la primera y segunda guerra mundial, la industria estadounidense quedó con exceso de capacidad: Europa no podía comprar tras la crisis del ’29 y el capital fijo ya estaba montado para producir en masa. La jugada fue convertir el hogar en mercado. Con la electrificación avanzando y los motores pequeños abaratados por el fordismo, se “miniaturizaron” funciones industriales y se las vendió como modernidad, higiene y estatus: aspiradoras, licuadoras, máquinas de coser, heladeras, entre muchos otros. La publicidad y el crédito al consumo hicieron el resto: No era solo vender aparatos, era fabricar la necesidad de tenerlos y renovarlos.

Para sostener el negocio en el tiempo se consolidaron dos llaves. La obsolescencia programada: limitar la vida útil o reparabilidad (piezas selladas, repuestos caros o escasos, estándares que cambian), con casos históricos como el cártel Phoebus que acortó la vida útil de las bombillas eléctricas o focos. Y la obsolescencia percibida: generar el estatus de “viejo” en algo que aún funciona, acelerando modas, colores y diseños, lanzando “nuevos modelos” con cambios cosméticos, creando ecosistemas y accesorios incompatibles, y campañas que asocian lo último con prestigio y eficiencia. Una te rompe el aparato; la otra te rompe la paciencia. Juntas, garantizan rotación constante, aunque la necesidad real no haya cambiado.

Pero ¿Cómo era antes?

Antes de las eficientes cadenas de montaje y la romantizacion del consumo, existía lo que hoy conocemos como artesanos. El prestigio de un artesano no está necesariamente en la cantidad que pueda producir, sino en la calidad de su trabajo: Si Fulano ve que el trabajo que hizo Mengano al transformar un árbol resistente en una mesa para su familia fue bueno, entonces se lo recomendará a Sultano y Mengano tendrá cada vez más clientes en su pueblo. El día que Mengano haga una mesa para cada uno de los hipotéticos 700 habitantes de su diminuto pueblo, habrán pasado tantos años que éstas, por más resistentes que sean, se habrán desgastado y necesitarán reposición. Pero claro, esto no es aplicable a escala, ni mucho menos a los ritmos y dinámicas que supone el actual modelo de consumo. Ni hablar de si ahora Fulano y Sultano decidieran hacerle competencia al artesano mediante tutoriales de YouTube.

Más allá de la simplificada explicación, en esencia, estos mecanismos de aprovechamiento de materia prima para su posterior transformación en objetos de corta vida útil, no habla de un problema más, sino del más crudo reflejo de la inconsciente avaricia del ser humano. Siendo que aun sabiendo los grandes empresarios y magnates que sus acciones harán imposible que su descendencia goce de sus mismos privilegios, continúan la depredación desmedida de recursos y energía. Esto es simple termodinámica. Entonces, su único propósito es su propio e individual beneficio, a costa de la vida del resto de la población.

Luego, por debajo, el otro 99% de la humanidad, consumiendo una y otra vez la idea de que somos todos el 1%, que somos reyes con potestad absoluta, porque podemos comer carne, porque nos bañamos con agua caliente, porque nos vestimos de tela traída de otro continente, sin entender que esas son comodidades mínimas (de las que ni siquiera goza todo ese 99%) en comparación con el despilfarro de la elite capitalista. Mientras sigamos consumiendo esta idea, tal y como si se tratara de una suscripción a un servicio de streaming o de internet, seguiremos siendo engranajes de la máquina come mundos, cuyo timón llevan personas que viven en un termo. 

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Productores apícolas de Misiones avanzan hacia la certificación y la identidad de marca

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En un encuentro destinado a productores apícolas, emprendedores y actores de la cadena de valor de la miel, el Grupo Itajú compartió su experiencia empresarial, subrayando la importancia de agregar valor, construir identidad de marca y lograr la habilitación formal de las salas de extracción. La actividad, realizada en Oberá, se enmarca en la estrategia provincial para fortalecer la competitividad del sector apícola y abrir nuevas oportunidades comerciales tanto en el mercado interno como en el externo.

La apicultura en Misiones combina un entorno de biodiversidad privilegiado con el desafío de profesionalizar procesos productivos y comerciales. Actualmente, en Oberá existe una sala de extracción de miel industrial con capacidad para centrifugar 60 cuadros, que aún requiere la habilitación oficial para garantizar estándares de calidad y permitir la venta con certificación habilitada.

En este escenario, la formalización no es solo un requisito legal: representa un paso clave para ingresar a mercados más exigentes, mejorar el precio de venta y asegurar la trazabilidad del producto, condición cada vez más demandada por consumidores y distribuidores.

El encuentro abordó aspectos técnicos y de gestión para el desarrollo del sector:

  • Habilitación de salas de extracción: requisitos legales, procedimientos y beneficios comerciales.
  • Financiamiento productivo: exposición del Fondo de Crédito de Misiones sobre líneas de financiamiento específicas para apicultores.
  • Experiencias de mercado: presentación de Grupo Itajú como caso de éxito en estrategias de venta, posicionamiento de marca y diversificación de productos.
  • Formalización empresarial: asesoramiento sobre constitución de persona jurídica y elección de razón social para emprendimientos apícolas.

Según explicó Nelsy Pryszczuk, directora de Desarrollo Económico y Vinculación Estratégica, “el objetivo de esta charla era unificar a los productores apícolas y trabajar sobre la habilitación de la sala de extracción de miel”.

Fundamentos y actores involucrados

El evento fue impulsado por la Dirección de Desarrollo Económico y Vinculación Estratégica, con el acompañamiento del Fondo de Crédito de Misiones, en línea con las políticas provinciales orientadas a integrar a pequeños y medianos productores en cadenas de valor formalizadas. La presencia del Grupo Itajú, referente en el rubro, permitió trasladar experiencia práctica en comercialización, branding y gestión empresarial a productores que buscan dar el salto de la venta informal a canales más rentables.

La habilitación de salas de extracción en Misiones permitiría aumentar el volumen de miel certificada y con trazabilidad, condición esencial para acceder a supermercados, cadenas de exportación y programas de compras públicas. Además, la formalización abre el camino a productos derivados como miel orgánica, cosmética natural y bebidas fermentadas, ampliando la matriz productiva local.

La combinación de financiamiento, capacitación técnica y acompañamiento institucional es clave para consolidar a la apicultura como un sector exportador emergente, aprovechando la creciente demanda global de mieles diferenciadas por origen y calidad.

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