Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

La inteligencia artificial amenaza con una era de desigualdad

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Inter Press Service – Un manejo inadecuado de la inteligencia artificial (IA) amenaza con ampliar las brechas económicas, de capacidades y de gobernanza entre países, revirtiendo décadas de progreso en la reducción de desigualdades, señaló un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

“La IA avanza a toda velocidad, y muchos países aún están en la línea de salida”, resumió Kanni Wignaraja, directora regional del Pnud para Asia y el Pacífico.

El informe del Pnud, “La próxima gran divergencia”, se centra en la región Asia-Pacífico, considerándola epicentro de esta dinámica. Abarca más de 55 % de la población mundial, y presenta considerables disparidades de ingresos y las mayores diferencias en la esperanza de vida.

La región representa ahora más de la mitad de los usuarios de IA del mundo y está expandiendo rápidamente su huella de innovación, desde el ascenso de China a casi 70 % de las patentes globales de IA hasta más de 3100 nuevas empresas financiadas con IA en seis economías.

La conclusión central del informe es que la IA, si no se gestiona adecuadamente, podría aumentar la desigualdad entre países al ampliar las brechas en el rendimiento económico, las capacidades de las personas y los sistemas de gobernanza, ya que el punto de partida es enormemente desigual.

El informe destaca que, si bien la IA abre nuevas vías cruciales para el desarrollo, los países inician esta transición desde posiciones extremadamente dispares para captar sus beneficios y gestionar sus riesgos.

Sin una acción política contundente, estas brechas podrían crecer, revirtiendo la tendencia de largo plazo hacia la reducción de las desigualdades en el desarrollo.

“La experiencia en Asia y el Pacífico demuestra la rapidez con la que puede surgir una brecha entre quienes moldean la IA y quienes son moldeados por ella”, observó Wijnaraja.

La IA podría incrementar el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) en la región en aproximadamente dos puntos porcentuales, e impulsar la productividad hasta en un cinco por ciento en sectores como la salud y las finanzas.

Solo las economías de la Asean (los 11 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) podrían registrar casi un billón (millón de millones) de dólares de PIB adicional durante la próxima década.

Durante el último medio siglo, muchos países de bajos ingresos han acortado gradualmente la distancia con los países de altos ingresos gracias a los avances tecnológicos, el comercio y el desarrollo, señala el reporte.

Sin embargo, advierte de que, sin decisiones políticas deliberadas e inclusivas, la IA podría poner en peligro estos avances en la convergencia.

Si bien Asia-Pacífico se está desarrollando rápidamente en materia de IA e innovación, el nivel de preparación digital varía considerablemente de un país a otro dentro de la región.

Países como Singapur, Corea del Sur y China están invirtiendo fuertemente en infraestructura y habilidades de IA, mientras que otros todavía están trabajando para fortalecer el acceso y el dominio de las tecnologías digitales básicas.

Las mujeres y los jóvenes son particularmente vulnerables.

Los empleos ocupados por mujeres tienen casi el doble de probabilidades de ser automatizados, y el empleo juvenil ya está disminuyendo en empleos con alta exposición a la IA, especialmente entre los 22 y los 25 años, lo que amenaza las oportunidades laborales tempranas.

Los datos de América Latina muestran que casi la mitad de los empleos expuestos a la IA generativa (17 millones de empleos que podrían beneficiarse de ganancias de productividad) se ven frenados por brechas en el acceso digital.

En el sur de Asia, las mujeres tienen hasta 40 % menos de probabilidades que los hombres de poseer un teléfono inteligente.

Las comunidades rurales e indígenas suelen permanecer invisibles en los conjuntos de datos que entrenan los sistemas de IA, lo que aumenta el riesgo de sesgo algorítmico y exclusión de los servicios esenciales.

A pesar de su considerable promesa, la IA también plantea un problema ambiental, vinculado al consumo de recursos, las desigualdades sociales en el acceso y uso, y las dependencias tecnológicas que pueden exacerbar los desafíos climáticos en lugar de mitigarlos.

Los sistemas de IA requieren enormes cantidades de electricidad y los centros de datos consumen entre 10 y 50 veces más energía por metro cuadrado que los edificios comerciales convencionales.

En 2024, los centros de datos de la región Asia-Pacífico, en particular los de China, Japón y Australia, consumieron entre 105 y 180 teravatios-hora (un teravatio equivale a 1000 millones de kilovatios). Tan solo en Singapur, representaron nueve por ciento del consumo eléctrico nacional.

Además, la refrigeración de servidores consume enormes cantidades de agua. Para 2027, los centros de datos de la región Asia-Pacífico podrían requerir hasta 6600 millones de metros cúbicos al año, lo que equivale a la mitad de la extracción anual total de agua del Reino Unido.

En Malasia, se han aprobado menos de 18 % de las solicitudes de uso de agua de los centros de datos, lo que refleja la preocupación por el desvío de agua de los hogares y los ecosistemas.

El hardware utilizado para la IA depende de minerales esenciales como el cobalto, el litio y las tierras raras, cuya extracción genera dióxido de carbono (CO2) y desechos electrónicos perjudiciales para el medio ambiente.

«La minería a menudo conduce a la deforestación, la contaminación del agua y la destrucción del hábitat», señala el estudio.

Pero, en resumidas cuentas, “la principal falla en la era de la IA es la capacidad”, afirmó Philip Schellekens, economista Jefe del PNUD para Asia y el Pacífico. “Los países que inviertan en habilidades, capacidad informática y sistemas de gobernanza sólidos se beneficiarán; otros corren el riesgo de quedarse muy atrás”, concluyó.

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América Latina propone un pacto social mundial

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Inter Press Service – Los países de América Latina y el Caribe abogarán por un pacto social mundial, para avanzar en la consecución de metas frente al hambre, la pobreza y las desigualdades, cuando en noviembre se reúna en Qatar la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

Representantes de gobiernos de la región adoptaron la propuesta durante la sexta Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, realizada esta semana en esta capital, en la que también pidieron incrementar la coordinación y la cooperación regionales ante sus desafíos sociales.

“La lucha contra la pobreza, el hambre y las desigualdades siguen siendo el punto de partida de cualquier pacto social”, planteó en la conferencia Almudena Fernández, economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

El Pnud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) fueron los organizadores de la conferencia, acogida por el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre de Brasil.

Un estudio de la Cepal analizado en la conferencia mostró que en 2024 se alcanzó

la incidencia más baja de pobreza en la región (26,8 %, unos 170 millones de personas) y se registraron niveles de pobreza extrema similares a los de los años previos a la pandemia covid-19 (10,4 % o 66 millones de personas).

A pesar de esa recuperación con respecto a décadas precedentes, la región aún está lejos de cumplir con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que plantean reducir al menos a la mitad la pobreza y erradicar la pobreza extrema para el año 2030.

Otro tema del estudio de la Cepal “América Latina y el Caribe a 30 años de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social” -efectuada hace tres décadas en Copenhague- es el de la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Con respecto al hambre, en el año 2023 la región albergaba 187,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave (28,2 % de la población) y la Cepal apunta que está experimentando una transición nutricional en la que conviven la desnutrición con el sobrepeso y la obesidad.

En relación con la malnutrición, desde la década de 1990, la región ha registrado una disminución notable de las cifras de desnutrición crónica, de 21,8 % a 11,5 % de las niñas y niños menores de 5 años, si bien existe una marcada heterogeneidad entre los distintos países y subregiones.

En paralelo, el sobrepeso y la obesidad han crecido de 6,8 % en 2000 a 8,6 % en 2022, tres puntos porcentuales más que el promedio mundial, aunque, de nuevo, la situación varía entre los países.

Según el estudio, 29,9 % de la población adulta presentaba obesidad en 2022, cifra que registra una tendencia al alza en todos los países de la región desde 2000.

Y con respecto a la desigualdad, América Latina y el Caribe permanece como la región más desigual, con un índice de Gini (que mide desde cero, perfecta igualdad, hasta uno, lo contrario) que entre 2014 y 2023 apenas se redujo cuatro por ciento, de 0,471 a 0,452.

También se pasó revista a los nuevos enfoques sobre la protección social no contributiva, a la institucionalidad social en la región y a nuevos desafíos planteados para un desarrollo social inclusivo.

“La columna vertebral del desarrollo social inclusivo son los sistemas de protección social que deben ser universales, integrales, sostenible y resilientes”, dijo en su exposición Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

Un desafío examinado es el de la brecha digital, que persiste entre los diferentes grupos de población, y amenaza con profundizar las desigualdades existentes y excluir a grandes segmentos de la sociedad de los beneficios de la era digital.

La automatización, la robotización y la introducción de la inteligencia artificial generativa “están cambiando la naturaleza del trabajo, lo que requiere una adaptación de los sistemas educativos y de formación”, postula la Cepal.

Luego, está el tema del cambio climático y la vulnerabilidad a los desastres, pues la región es una de las más vulnerables a efectos como tormentas, inundaciones y sequías de frecuencia e intensidad crecientes.

En particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, como las islas del Caribe, soportan habitualmente enormes costos en pérdida de vidas humanas e infraestructura física, y además los desastres afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres y vulnerables.

Otro tema es el de la migración, pues los flujos migratorios entre los países de la región han aumentado y se han diversificado en los últimos años debido a las crisis económicas, los conflictos políticos, la vulnerabilidad ante situaciones de violencia, los desastres y los procesos de reunificación familiar.

Por todo ello, el pacto mundial que se propone comprende un llamado a las instituciones financieras internacionales y a los países desarrollados a comprometer financiamiento para apoyar las políticas orientadas al desarrollo social inclusivo.

Por su parte “los países en desarrollo han de comprometerse a hacer su mayor esfuerzo en materia de institucionalidad fiscal y gestión eficiente de los recursos públicos de manera de dar transparencia y sostenibilidad al apoyo financiero”, de acuerdo con la mesa directiva de la conferencia.

El secretario ejecutivo del ministerio brasileño, Osmar Ribeiro de Almeida Júnior, dijo al cierre de la conferencia que “salimos de aquí con tareas claras”, la primera de las cuales es “mantener la cohesión y el impulso político hasta Doha, donde tendremos una oportunidad única de consolidar compromisos”.

La segunda es de compromiso para las naciones latinoamericanas y caribeñas: “Mantener el rumbo y acelerar las transformaciones sociales en nuestra región”, concluyó Ribeiro de Almeida.

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