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Fin de la bonificación ZAP: nuevo esquema de costos en el Puerto Buenos Aires

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La Administración General de Puertos S.A.U. (AGP) resolvió derogar la bonificación del cien por ciento (100%) aplicada al cargo de la Zona de Apoyo Portuario (ZAP) para los contenedores llenos que ingresan a las terminales concesionadas del Puerto Buenos Aires, mediante la Resolución 148/2025, dictada el 23 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre.

La medida entrará en vigencia el 1° de enero de 2026 y marca un cambio relevante en el esquema tarifario portuario, con impacto directo sobre la operatoria logística y la estructura de costos del sistema.

La decisión se inscribe en el nuevo enfoque de explotación privada de la infraestructura portuaria, impulsado por la Ley de Bases N° 27.742, y busca garantizar la sustentabilidad económica y financiera de la Zona de Apoyo Portuario, cuya operación fue transferida a un permisionario privado.

Antecedentes del sistema ZAP y evolución del esquema tarifario

El Sistema de Control de Tránsito Vehicular Portuario (CTVP) fue implementado en 2012 con el objetivo de ordenar el preingreso de camiones a las terminales portuarias y evitar interferencias con la circulación externa, en cumplimiento del Artículo 47 del Pliego de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/93 para la concesión de las terminales de Puerto Nuevo.

En octubre de 2017, la entonces AGP asumió la gestión operativa de la Zona de Apoyo Portuario, estableciendo un cargo tarifario de US$ 10 más IVA por cada contenedor lleno de 20 o 40 pies que ingresara o egresara de las terminales concesionadas. Dicho monto debía ser facturado y recaudado por las terminales, por cuenta y orden de la AGP, bajo el concepto “ZAP”.

Posteriormente, a partir del 1° de octubre de 2018, se dispuso una bonificación del 100% del cargo para los contenedores llenos ingresados a las terminales, esquema que fue mantenido —con distintas adecuaciones normativas— hasta la actualidad.

En 2023, el valor del cargo ZAP fue actualizado a US$ 14,50, importe que se mantiene vigente, aunque neutralizado por la bonificación total ahora derogada.

Cambio de política: explotación privada y necesidad de sustentabilidad financiera

La Resolución 148/2025 fundamenta la eliminación de la bonificación en el cambio de paradigma en la gestión portuaria, alineado con las políticas públicas que promueven que los agentes privados asuman actividades previamente desarrolladas por el Estado.

En ese marco normativo, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/25 creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y el Decreto N° 602/25 fijó los lineamientos del proyecto de infraestructura portuaria. En consonancia con esas directrices, la AGP otorgó a Terminales Río de la Plata S.A. un Permiso de Uso de la Zona de Apoyo Portuario, transfiriendo la operación y explotación integral del sector al permisionario.

Según el texto oficial, para asegurar la viabilidad económica de esa explotación privada, resulta indispensable contar con los recursos generados por la tarifa ZAP, lo que torna incompatible la continuidad de una bonificación total sobre el cargo. Por ese motivo, se dispuso la derogación expresa del apartado que establecía el beneficio del 100% para cada contenedor lleno de 20 o 40 pies.

Impacto operativo y repercusiones en la actividad portuaria

Con la entrada en vigencia de la resolución el 1° de enero de 2026, los contenedores llenos que ingresen a las terminales concesionadas del Puerto Buenos Aires volverán a estar alcanzados por el cargo ZAP, actualmente fijado en US$ 14,50, conforme a la normativa vigente.

Desde una perspectiva económica, la medida implica un reordenamiento de los costos logísticos asociados al tránsito portuario, al tiempo que refuerza un esquema en el que la infraestructura y los servicios de apoyo deben autofinanciarse. En términos institucionales, consolida el rol del sector privado en la operación de áreas clave del sistema portuario, bajo supervisión estatal.

La resolución también establece las notificaciones formales a Terminales Río de la Plata S.A. y Terminal 4 S.A., y ordena su comunicación a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, reforzando la articulación entre los organismos del nuevo esquema portuario.

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El Gobierno prorroga la intervención de la AGP para asegurar la operatividad de la Vía Navegable Troncal

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El Ministerio de Economía prorrogó la intervención de la AGP para garantizar la operatividad de los puertos y la Vía Navegable Troncal.

La medida extiende las funciones de la Administración General de Puertos mientras la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación termina su organización. Se busca asegurar la continuidad administrativa y técnica del sistema portuario y fluvial nacional.

A través de la Resolución 1548/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió prorrogar la encomendación dispuesta a la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU) para que continúe garantizando la gestión operativa, administrativa y técnica del sistema portuario nacional y de la Vía Navegable Troncal, hasta tanto la recientemente creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) se encuentre plenamente operativa.

La decisión, firmada por el ministro Luis Caputo, apunta a asegurar la continuidad de los servicios públicos portuarios y de navegación, así como el cumplimiento de los contratos vigentes y la ejecución de licitaciones estratégicas, entre ellas la modernización y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal, declarada servicio público por el Decreto 699/2024.

Transición institucional y continuidad de la gestión portuaria

La resolución tiene como antecedente directo el Decreto 3/2025, que dispuso la disolución y posterior liquidación de la AGP SAU, transfiriendo sus funciones, bienes, recursos y obligaciones a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Este nuevo organismo, creado como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía, asumirá el rol de Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vinculadas al sector portuario y a la navegación.

Sin embargo, el texto oficial reconoce que la ANPYN aún no se encuentra totalmente operativa, ya que continúa en proceso de definición y aprobación de su estructura organizativa y funcional. Por ello, el Ministerio consideró necesario prorrogar el mandato de la AGP para que mantenga las funciones esenciales y colabore técnicamente con la nueva agencia.

La medida extiende las disposiciones originales de la Resolución 21/2025, que había encomendado a la AGP la administración transitoria de los bienes, recursos, derechos y obligaciones en proceso de transferencia, así como la supervisión de los contratos en curso.

Tres ejes de gestión durante la prórroga

El artículo 2° de la Resolución 1548/2025 redefine las prioridades de la AGP en esta nueva etapa, estableciendo tres objetivos centrales:

  1. Licitación y adjudicación de la modernización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, incluyendo dragado, redragado y señalización, tanto en el tramo principal como en las zonas de acceso a los puertos.
  2. Finalización del relevamiento de los espacios portuarios y regularización de títulos de uso, un paso clave para garantizar la seguridad jurídica sobre las áreas bajo jurisdicción nacional.
  3. Unificación de las concesiones de las Terminales 1, 2 y 3 del Puerto Nuevo de Buenos Aires, conforme al esquema previsto por el Decreto 602/2025, que estableció un nuevo modelo de gestión unificada de las terminales portuarias de la capital federal.

Durante este período, el Interventor de la AGP SAU deberá informar mensualmente a la ANPYN sobre las acciones y medidas adoptadas, garantizando transparencia y trazabilidad administrativa en el proceso de traspaso.

El Ministerio de Economía justificó la prórroga al señalar que “subsiste la necesidad de llevar a cabo actos jurídicos, comunicaciones y notificaciones a terceros, así como de generar mejores condiciones de competitividad y continuidad operativa”, en tanto la nueva agencia termina su etapa organizativa.

Relevancia institucional y proyección del sistema portuario

Con esta resolución, el Gobierno nacional busca evitar vacíos administrativos o técnicos en un sector clave para la logística y el comercio exterior argentino. La Vía Navegable Troncal, principal corredor fluvial del país, concentra el transporte de más del 80% de las exportaciones agroindustriales y constituye un componente esencial para la competitividad del sistema productivo.

La continuidad de la AGP como operador transitorio garantiza la ejecución de los contratos en curso y el sostenimiento de los servicios de dragado y señalización, mientras la ANPYN asume progresivamente nuevas funciones vinculadas con la gestión ambiental, la habilitación de puertos y la administración de concesiones.

De acuerdo con el marco normativo, la ANPYN se constituirá como la única autoridad portuaria nacional, con competencias para regular, planificar y fiscalizar tanto los puertos públicos como privados, así como los contratos de concesión de terminales estratégicas como las de Puerto Nuevo – Buenos Aires.

Una transición clave en la política portuaria nacional

La prórroga dispuesta por Economía forma parte de una etapa de transición institucional que redefine la política portuaria y de navegación del país. La creación de la ANPYN busca concentrar las funciones dispersas hasta ahora entre distintas dependencias del Estado, con el objetivo de modernizar la gestión, mejorar la transparencia y optimizar la infraestructura logística nacional.

La AGP SAU, que operó durante décadas como administradora del Puerto Buenos Aires y concesionaria interina de la Vía Navegable, aportará su experiencia técnica y operativa en esta fase de traspaso. En tanto, la ANPYN deberá avanzar en su estructura definitiva, la integración de su personal técnico y la implementación de políticas de desarrollo portuario alineadas con los nuevos desafíos logísticos y ambientales.

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Milei redefine el Puerto de Buenos Aires: concesiones unificadas e inversión privada para terminal de cruceros

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 602/2025, mediante el cual se deroga la normativa previa que ordenaba el esquema portuario de Puerto Nuevo y se establece un nuevo marco orientado a la inversión privada, la modernización de infraestructura y la segmentación entre carga y turismo. La medida busca reposicionar al Puerto de Buenos Aires como hub regional competitivo frente a los puertos del Atlántico sudamericano.

La norma, publicada este 22 de agosto en el Boletín Oficial, otorga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) amplias facultades como autoridad concedente y habilita la convocatoria de Iniciativas Privadas para el desarrollo de una nueva terminal exclusiva de cruceros y un polo turístico-comercial en los espigones 4 y 5, mientras que los espigones 1, 2 y 3 quedarán destinados exclusivamente a la operatoria de contenedores.

El nuevo decreto deja sin efecto al Decreto 299/2023, que proyectaba un esquema basado en inversión pública y dos operadores portuarios, al considerar que ya no se ajusta a las necesidades de competitividad ni a la política económica vigente, que prioriza la iniciativa privada en infraestructura estratégica.

El Gobierno justificó la decisión en varios factores:

  • Limitaciones técnicas de Puerto Nuevo, con muelles de calado insuficiente frente a los 12 metros ya disponibles en puertos competidores.
  • La llegada prevista de buques de 366 metros de eslora y 14.000 TEUs de capacidad, que hoy no pueden operar plenamente en Buenos Aires.
  • El crecimiento sostenido de la industria de cruceros, que genera divisas y demanda instalaciones exclusivas para pasajeros.
  • La necesidad de ordenar la convivencia entre carga y turismo, que hasta ahora compartían espacios operativos.

En línea con la Ley de Bases 27.742 y el Decreto de desregulación 70/23, el Ejecutivo busca liberar al Estado de compromisos de inversión directa, delegando en operadores privados el financiamiento y la gestión de nuevas obras.

El Decreto 602/2025 establece:

  • Unificación contractual: se fusionan las concesiones de las Terminales 1, 2 y 3 en un único contrato con Terminales Río de la Plata S.A., para evitar conflictos operativos.
  • Ratificación de acuerdos vigentes: se mantienen las adecuaciones contractuales firmadas en 2023 con Terminales Río de la Plata y Terminal 4 S.A., vigentes hasta 2027.
  • Facultades a la ANPYN: pasa a ser autoridad concedente y encargada de las negociaciones, control ambiental y fiscalización.
  • Convocatoria a Iniciativas Privadas: la ANPYN deberá lanzar un llamado formal para proyectos vinculados a la nueva terminal de cruceros y el polo turístico-comercial en los espigones 4 y 5, bajo el régimen previsto en el Decreto 713/2024.
  • Escenario de expansión futura: se contempla la posibilidad de construir una terminal exterior, sujeta a estudios de factibilidad técnica, ambiental, social y financiera.

El anexo técnico (IF-2025-89141947-APN-ANPYN#MEC) firmado por el director ejecutivo de la Agencia, Iñaki Miguel Arreseygor, detalla la delimitación de áreas y el diseño funcional de las terminales.

La decisión del Ejecutivo impacta en varios frentes:

  1. Competencia portuaria regional: Buenos Aires busca recuperar terreno frente a Montevideo, Itajaí y Santos, puertos que ya operan con mayor calado y captan parte del comercio argentino.
  2. Inversión privada: se espera interés de grandes operadores internacionales del negocio de cruceros y terminales de contenedores, que podrán presentar proyectos bajo el régimen de iniciativa privada.
  3. Turismo y divisas: la creación de una terminal exclusiva para cruceros apunta a potenciar el flujo turístico en la Ciudad de Buenos Aires, integrando servicios gastronómicos, hoteleros y comerciales.
  4. Ordenamiento institucional: con la ANPYN como autoridad centralizada, el Gobierno busca dar previsibilidad a las concesiones y acelerar la toma de decisiones, reduciendo la discrecionalidad que caracterizó al esquema anterior.

El desafío central estará en atraer inversiones de gran escala en un contexto económico aún volátil, donde la confianza en la estabilidad regulatoria será clave para la llegada de capitales privados.

El Decreto 602/2025 abre un nuevo capítulo en la política portuaria nacional: un esquema concentrado en un solo operador de contenedores y una terminal especializada en cruceros, con horizonte de mediano plazo en 2027, cuando expiren las concesiones prorrogadas.

La apuesta del Gobierno es clara: convertir al Puerto de Buenos Aires en un hub competitivo y autosustentado con capital privado, en sintonía con la agenda de desregulación y atracción de inversiones que impulsa la administración Milei.

El éxito de este rediseño dependerá de la rapidez con que se concreten las convocatorias, el interés de los inversores internacionales y la capacidad de superar las resistencias de sectores sindicales y políticos que históricamente han condicionado la gestión portuaria.

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