Pymes Argentina

El Gobierno cubre vacancias en Industria y Pymes con Lavigne y refuerza la centralización en Economía

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 650/2025, publicado este 11 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual el licenciado Pablo Agustín Lavigne —actual secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía— asumirá de forma transitoria las competencias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento y de la Secretaría de Industria y Comercio, vacantes desde agosto tras la renuncia de Marcos Ayerra y Esteban Marzorati.

El movimiento busca garantizar la continuidad de la gestión en áreas clave para el entramado productivo y evitar la paralización de trámites vinculados con Pymes, emprendedores y sectores industriales estratégicos.

Vacancias críticas en el Ministerio de Economía

La decisión se origina en el Decreto 589/2025, que aceptó las renuncias de Marcos Ayerra (Pymes y Economía del Conocimiento) y Esteban Marzorati (Industria y Comercio). Ambos funcionarios habían sido designados a fines de 2023, pero dejaron su cargo en medio de un proceso de reorganización interna en la cartera que conduce Luis “Toto” Caputo.

Frente a esas vacancias, el Ejecutivo resolvió otorgar las competencias a Lavigne, designado en diciembre de 2024 como Secretario de Coordinación de Producción (Decreto 1098/24), área que ya tenía entre sus funciones asistir al ministro en la definición de objetivos y políticas para Pymes, emprendedores, economía del conocimiento, industria y comercio.

Según el decreto, esta reasignación no implica erogación adicional para el Estado Nacional y se mantendrán vigentes los mecanismos de reemplazo específicos que ya estuvieran previstos para la firma de despachos.

Alcance de las nuevas funciones de Lavigne

El artículo 1° del decreto dispone que Lavigne ejercerá las competencias de las dos secretarías en vacancia “hasta tanto se cubran las vacantes”.
El artículo 2° aclara que lo dispuesto no se aplicará en los casos donde exista reemplazo específico ya designado.
El artículo 3° enfatiza que la medida “no genera erogación presupuestaria adicional alguna para el Estado Nacional”.

Con esta decisión, Lavigne concentra temporalmente tres áreas neurálgicas dentro del Ministerio de Economía:

  • Industria y Comercio: políticas de producción, comercio exterior y estímulo a la competitividad.
  • Pymes, Emprendedores y Economía del Conocimiento: programas de financiamiento, innovación y fomento de startups tecnológicas.
  • Coordinación de Producción: articulación de políticas generales en el sector productivo.

El Gobierno justificó la medida en la necesidad de “mantener la continuidad administrativa y evitar la paralización de trámites en curso” en dos secretarías que intervienen en autorizaciones de importación, registros de programas productivos y asignación de beneficios fiscales para Pymes y emprendedores.

Aunque se presenta como una medida transitoria, la decisión concentra poder en un solo funcionario en un área sensible para la economía real, en un contexto de presión de cámaras empresarias que reclaman previsibilidad en el acceso al financiamiento, programas de innovación y reglas claras de comercio exterior.

De cara al futuro inmediato, la Casa Rosada deberá definir si designa nuevos titulares para esas secretarías o si mantiene este esquema de concentración en Lavigne como forma de compactar el organigrama.

  • En el sector Pyme: podrían valorarse los gestos de continuidad administrativa, aunque persiste la preocupación por la falta de conducción específica en un área históricamente sensible a las coyunturas económicas.
  • En la industria y el comercio exterior: las cámaras empresariales seguirán con atención la capacidad de gestión de Lavigne, sobre todo en temas como las licencias de importación y los regímenes de promoción industrial.
  • En el plano político: la oposición podría cuestionar la concentración de funciones como un signo de vaciamiento institucional, mientras el Gobierno lo defiende como un paso hacia la “eficiencia administrativa” y el ahorro de recursos.
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Diputados debate un régimen especial para pymes de frontera: beneficios fiscales y lucha contra el contrabando

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La Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley que busca crear un régimen especial para pymes radicadas en zonas de frontera. La iniciativa, inspirada en el modelo brasileño de “Lojas Francas de Frontera Terrestre”, pretende reducir las asimetrías fiscales y cambiarias, equilibrar precios frente a los países vecinos y desincentivar el contrabando, que hoy genera una brecha de hasta el 40% en los productos.

El proyecto, presentado por el diputado entrerriano Gustavo Bordet, propone declarar de interés nacional el fomento y la protección de las Mipymes que operen en áreas limítrofes. La iniciativa plantea beneficios impositivos, la creación de un Consejo Nacional del Comercio Fronterizo (CNCF) y un marco regulatorio específico para incentivar nuevas inversiones.

El esquema se inspira en la Ley Federal Nº 12.723/2012 de Brasil, que regula las “Lojas Francas de Frontera Terrestre”. Sin embargo, en el caso argentino no se trata de zonas francas tradicionales, sino de un sistema de normas “cíclicas”, que otorguen incentivos tributarios para compensar las diferencias con los países vecinos.

Entre las medidas más relevantes se destaca la exención de IVA para compras en comercios fronterizos hasta un monto de u$s500 por persona y por mes para extranjeros y u$s1.000 para compradores nacionales, con el fin de igualar la competitividad de precios.

Asimetrías cambiarias y el impacto en las pymes locales

Según el director de Defensa al Consumidor de Misiones, Alejandro Garzón Maceda, la situación actual es crítica: “Hoy tenés un 40% de desventaja con otras fronteras y un bajo poder adquisitivo, que repercuten negativamente y lleva a que la gente de la zona compre en países vecinos”.

La volatilidad cambiaria provoca un ciclo de expansión y contracción en las ventas locales: cuando el tipo de cambio favorece al peso argentino, las empresas venden masivamente y abren sucursales; cuando se deprecia, deben cerrarlas. “Hace dos años los mayoristas argentinos vendían por pallets. Hoy muchos locales tuvieron que bajar la persiana”, recordó Garzón Maceda.

Por su parte, Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, señaló que el régimen podría tener un impacto fiscal positivo por el mayor movimiento en zonas fabriles y comerciales del centro del país, además de obligar a los comercios a formalizar relaciones laborales para acceder a los beneficios.

El proyecto ingresó originalmente en 2018 y fue retomado este año en la Comisión de Pymes, donde recibió una buena aceptación. Sin embargo, su avance se encuentra paralizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario José Luis Espert, que hasta el momento no convocó a tratar iniciativas opositoras.

La falta de consenso político y el contexto de restricciones fiscales generan dudas sobre la viabilidad del régimen. No obstante, Bordet defendió la propuesta al afirmar que “las ciudades fronterizas comparten vínculos sociales, culturales y económicos que trascienden los límites nacionales, pero la ausencia de un marco especial expone a las Mipymes a las consecuencias de las asimetrías macroeconómicas y cambiarias”.

¿Puede frenarse el contrabando?

De aprobarse, la norma tendría impacto directo en provincias como Misiones, Formosa, Corrientes, Salta y Jujuy, donde la pérdida de competitividad y el contrabando afectan de manera estructural al comercio. Además, permitiría aprovechar la integración regional para generar mayor circulación de turistas y consumidores en condiciones fiscales equilibradas.

La experiencia brasileña muestra que la implementación de incentivos controlados en frontera puede reducir el contrabando minorista, aunque su éxito depende de una fiscalización estricta y de la coordinación entre provincias, Nación y municipios.

En términos políticos, la medida abre un frente de negociación entre oficialismo y oposición, en un contexto en que las economías regionales reclaman herramientas para sostener empleo y producción frente al drenaje de consumo hacia países vecinos.

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