relaciones internacionales

Lula advierte: “No queremos otra Gaza en Sudamérica”

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la política mundial atraviesa “un momento muy crítico”, marcado por el avance de la ultraderecha, el debilitamiento del multilateralismo y el creciente alineamiento de algunos países sudamericanos con la agenda de los Estados Unidos, en particular durante el nuevo gobierno de Donald Trump.

Durante un acto realizado la semana pasada en el estado de Bahía, Lula llamó a observar con atención la situación política de la región y mencionó explícitamente a países como Chile, Argentina, Venezuela, Paraguay y Ecuador. “Vivimos un momento muy crítico en la política global”, sostuvo ante el auditorio, al tiempo que alertó sobre el impacto regional del giro político en Washington.

Según consignó el medio brasileño Brasil de Fato, el mandatario remarcó que Sudamérica ha sido históricamente una zona de paz y contrastó esa condición con los actuales conflictos internacionales. “No tenemos armas nucleares ni bombas atómicas. Tenemos gente pobre que quiere trabajar, vivir, comer y estudiar. No queremos guerra”, afirmó. Y agregó: “Puede que no tengamos armas, pero tenemos carácter y dignidad, y no bajaremos la cabeza ante nadie, sea quien sea”.

En su discurso, Lula cuestionó además acciones militares impulsadas por Estados Unidos en la región, en referencia a la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, y vinculó ese tipo de intervenciones con un clima de creciente tensión geopolítica.

Enfriamiento regional y señales políticas

El presidente de la mayor economía de América Latina dejó entrever que este escenario explica el enfriamiento de las relaciones con algunos mandatarios sudamericanos. En el caso de Paraguay, Lula no asistió en enero pasado a la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, realizada en Asunción, pese a haber sido Brasil uno de los principales impulsores del tratado y a la invitación formal del presidente paraguayo Santiago Peña.

Si bien al inicio de su mandato en 2023 Peña mantenía una relación cercana con Lula —incluso participando de eventos de alto perfil como la cumbre del G20—, en el último año su gobierno, al igual que el del presidente argentino Javier Milei, mostró una mayor sintonía con la agenda política y estratégica de Washington.

Gaza, multilateralismo y advertencia global

En otro tramo de su exposición, Lula cuestionó los anuncios del gobierno de Trump sobre la reconstrucción de Gaza tras el cese del fuego con Israel. “No queremos otra Guerra Fría. No queremos otra Gaza en Sudamérica”, advirtió. Y fue más allá: “¿Han visto la foto de lo que planean hacer en Gaza? Un complejo turístico. Lo destruyeron todo, mataron a más de 70.000 personas, y ahora dicen que lo convertirán en hoteles de lujo. ¿Dónde vivirán los pobres que sobrevivieron?”, se preguntó.

Finalmente, el presidente brasileño alertó que Trump pretende “crear una nueva ONU” bajo su control y sostuvo que el orden global atraviesa una mutación profunda. “El multilateralismo está siendo reemplazado por el unilateralismo y prevalece el gobierno del más fuerte”, concluyó.

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Milei confirmó que Argentina integrará el Board of Peace para promover la paz en zonas de conflicto

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El presidente Javier Milei confirmó que la Argentina fue invitada a integrar, como miembro fundador, el Board of Peace, una nueva organización internacional creada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, comenzando por la Franja de Gaza. La invitación formal fue cursada el 16 de enero de 2026 mediante una carta oficial de la Casa Blanca, y marca un nuevo hito en el alineamiento estratégico del Gobierno argentino en materia de política exterior y seguridad internacional.

La confirmación pública llegó a través de un mensaje difundido por el propio Milei en sus redes sociales, donde agradeció explícitamente a Trump y expresó que para la Argentina “es un honor” asumir esta responsabilidad institucional en el escenario global. La decisión se inscribe en una definición política explícita del Ejecutivo nacional, que reafirma su posicionamiento internacional en favor de los países que “luchan de frente contra el terrorismo” y promueven la “vida, la propiedad, la paz y la libertad”.

Una invitación formal con alcance institucional y proyección internacional

Según la carta oficial emitida desde Washington, fechada el 16 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos invitó a la República Argentina a incorporarse como Miembro Fundador del Board of Peace, una organización concebida como un ámbito permanente de coordinación internacional para la construcción de una “paz duradera” en zonas de conflicto.

El documento destaca que la iniciativa surge como continuidad del “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict”, presentado el 20 de octubre de 2025 durante la Cumbre del G20, y que fue posteriormente respaldado de manera abrumadora por la comunidad internacional, incluyendo la adopción de la Resolución 2803 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En ese marco, el Board of Peace se proyecta como un organismo con una estructura estable y una composición reducida de países, con capacidad de designar representantes autorizados para participar activamente en su funcionamiento y en la implementación de estrategias orientadas a la resolución de conflictos. La invitación a la Argentina incluye, explícitamente, la posibilidad de designar a un representante para actuar en nombre del país dentro de este nuevo esquema de gobernanza internacional.

Definición política y alineamiento estratégico del Gobierno argentino

El mensaje difundido por el presidente Milei tras recibir la invitación refuerza la línea discursiva y política que el Gobierno viene sosteniendo en materia internacional. En su publicación, el mandatario señaló: “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”.

Esta definición no solo ratifica un posicionamiento ideológico, sino que también tiene implicancias institucionales y diplomáticas. La incorporación como miembro fundador de un organismo internacional de estas características implica asumir compromisos políticos, estratégicos y eventualmente operativos en el marco de una arquitectura global orientada a la seguridad y la estabilidad.

Desde el punto de vista institucional, la participación argentina en el Board of Peace refuerza el rol del país en foros multilaterales vinculados a la paz, la seguridad internacional y la cooperación entre Estados. Al mismo tiempo, consolida una relación bilateral estrecha con los Estados Unidos, en un contexto de redefinición del mapa geopolítico global y de creciente centralidad de los conflictos en Medio Oriente.

Repercusiones políticas y posibles impactos económicos e institucionales

La decisión de aceptar la invitación al Board of Peace puede generar diversas lecturas en el plano interno y externo. En términos políticos, refuerza la estrategia de alineamiento del Gobierno argentino con iniciativas lideradas por los Estados Unidos y con una agenda internacional centrada en la lucha contra el terrorismo y la promoción de la estabilidad global.

Desde una perspectiva institucional, la participación en este tipo de organismos suele implicar coordinación interministerial, definición de representantes oficiales y eventual adecuación normativa para dar marco a los compromisos asumidos. Además, la inserción en un espacio de toma de decisiones internacionales puede influir en futuras negociaciones diplomáticas y en el posicionamiento del país en otros foros multilaterales.

En el plano económico, aunque el anuncio no incluye definiciones financieras concretas, la pertenencia a un organismo internacional orientado a la paz y la estabilidad puede tener efectos indirectos en términos de previsibilidad, relaciones internacionales y clima de inversiones, especialmente en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas persistentes.

En síntesis, la invitación a integrar el Board of Peace representa un movimiento de alto contenido simbólico y estratégico para la Argentina, que consolida una línea de política exterior definida y proyecta al país como actor participante en iniciativas internacionales de alcance global.

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Estados Unidos congela la tramitación de visas de inmigrante para 75 países y endurece su política migratoria

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El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para solicitantes de 75 nacionalidades, una medida que profundiza el giro restrictivo de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. La decisión, comunicada oficialmente por el Departamento de Estado, se fundamenta en criterios económicos y refuerza el objetivo de limitar el ingreso de extranjeros que busquen radicarse en el país.

El anuncio fue realizado el miércoles por un portavoz del Departamento de Estado, que confirmó que la medida alcanza exclusivamente a visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a quienes buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos. Según precisó la cartera diplomática a través de su cuenta oficial en X, la suspensión responde a que los inmigrantes provenientes de esos países “reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables”.

Argumentos oficiales y alcance de la suspensión

De acuerdo con la explicación brindada por el Departamento de Estado, la restricción se mantendrá vigente “hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense”. El énfasis en el impacto fiscal y social de la inmigración se inscribe en una línea discursiva sostenida por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó públicamente el alcance de la decisión y señaló que entre los países afectados se encuentran Rusia, Irán y Somalia. En el caso de Somalia, Leavitt remarcó que sus ciudadanos fueron objeto de críticas directas por parte del presidente tras un escándalo vinculado al presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota, en el que estuvieron involucrados inmigrantes somalíes.

Además, la funcionaria compartió un artículo de Fox News que amplía el listado de países alcanzados por la suspensión, entre los que figuran Brasil, Egipto y Tailandia, naciones que mantienen relaciones diplomáticas consideradas amistosas con Estados Unidos. El Departamento de Estado mencionó también a Haití y Eritrea entre los países incluidos en la medida.

Antecedentes y endurecimiento de la política migratoria

La congelación de la tramitación de visas de inmigrante se suma a una serie de decisiones adoptadas por la administración Trump desde su retorno al poder, orientadas a reducir de manera drástica la inmigración permanente. El propio presidente no ha ocultado su preferencia por limitar el ingreso de personas que no sean de ascendencia europea, una postura que ha generado fuertes controversias a nivel interno e internacional.

Trump ha realizado declaraciones especialmente duras hacia la comunidad somalí, a cuyos integrantes calificó como “basura” y a quienes instó a “regresar al país de donde vinieron”. En contraposición, el mandatario expresó su disposición a facilitar la inmigración desde países escandinavos.

En este contexto, el Departamento de Estado informó el lunes previo al anuncio que, desde el regreso de Trump a la presidencia, se revocaron más de 100.000 visas, una cifra récord en un solo año. A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional comunicó el mes pasado que la administración ya deportó a más de 605.000 personas, mientras que otras 2,5 millones abandonaron el país de manera voluntaria.

Impacto y reacciones esperadas

La medida no afecta a las visas de turismo ni de negocios, aunque la Casa Blanca ratificó que avanzará con una revisión exhaustiva del historial en redes sociales de todos los solicitantes, un requisito que amplía los controles migratorios incluso para ingresos temporales.

El congelamiento de las visas de inmigrante para 75 países anticipa posibles tensiones diplomáticas, en especial con naciones que no mantienen conflictos abiertos con Washington y cuyos ciudadanos se verán impedidos de iniciar procesos de radicación permanente. Al mismo tiempo, la decisión refuerza el mensaje político interno de la administración Trump, centrado en el control del gasto público y la reducción del impacto fiscal de la inmigración.

En términos económicos y sociales, la suspensión podría impactar en sectores productivos que históricamente se nutren de mano de obra inmigrante, aunque el gobierno estadounidense prioriza el argumento de la sostenibilidad del sistema de asistencia social y la protección del empleo local.

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Rodríguez endurece discurso contra Trump y promete liberar a Maduro tras “ataque vil”

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, redobló este jueves sus críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que su país “no se merecía esta agresión vil” tras el operativo militar estadounidense que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión política, geopolítica y normativas internacionales, en el que Venezuela busca reafirmar su soberanía e institucionalidad interna luego de un acontecimiento sin precedentes que reconfigura la escena regional y global.

Fuerte rechazo oficial y narrativa de defensa nacional

Rodríguez formuló sus críticas durante un acto oficial celebrado en Caracas, donde calificó el ataque de “agresión vil, guerrerista” de una potencia nuclear, en referencia a Estados Unidos. Según su relato, Venezuela no estuvo pasiva durante el operativo que derivó en la captura de Maduro: “¡Aquí nadie se entregó! ¡Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores!”, afirmó para enfatizar una idea de resistencia y dignidad nacional que permea el discurso oficialista.

En su alocución, la presidenta encargada también enfatizó que el gobierno no está “subyugado” a las decisiones del presidente estadounidense y reafirmó que el país continuará su curso de soberanía e independencia nacional pese a presión externa. Además, instruyó la creación de una comisión de familiares y víctimas del ataque militar, tras al menos 100 fallecidos reconocidos oficialmente en medio de enfrentamientos, según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Rodríguez sostuvo además que no descansará hasta que tanto Maduro como Flores regresen a Venezuela, subrayando la lealtad del oficialismo hacia el exmandatario detenido en Estados Unidos, y perfilando el episodio como una injusticia histórica que marcará las relaciones entre ambos países.

Contexto de la crisis y repercusiones políticas

El ataque estadounidense, ejecutado el 3 de enero de 2026, incluyó bombardeos en varias zonas de Caracas y terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, trasladados posteriormente a Nueva York, según informó el gobierno de Estados Unidos en un operativo descrito como de “gran escala” y justificado por acusaciones penales pendientes contra el exmandatario.

La detención de un líder en ejercicio —o recientemente en ejercicio— de la presidencia es un hecho extraordinario que ha generado reacciones internacionales contrapuestas y ha tensionado aún más la ya delicada situación regional. Organismos internacionales y gobiernos de distintos bloques han expresado preocupaciones sobre el uso de la fuerza, la soberanía estatal y el respeto al derecho internacional humanitario.

En este marco, el rechazo de Rodríguez se inscribe no solo en términos políticos internos —fortaleciendo un relato de resistencia y victimización frente a Estados Unidos— sino también como un elemento de confrontación diplomática y geopolítica que involucra reivindicaciones de soberanía, independencia y respeto al pluralismo internacional.

Repercusiones económicas y regionales

Más allá de la retórica política, la crisis tiene implicaciones económicas profundas. Venezuela, con una economía estructuralmente dependiente del petróleo, enfrenta un escenario de presión adicional sobre sus ingresos energéticos, sobre todo tras señales públicas de Washington acerca de posibles intereses estratégicos sobre activos petroleros venezolanos. Esto se da en paralelo a sanciones, bloqueos o embargos que han afectado la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y mantener infraestructuras clave.

Los mercados regionales también observan con atención la situación, ya que la estabilidad de Venezuela —históricamente un gran exportador de crudo— impacta no solo las variables internas sino también las cadenas globales de energía y comercio. Las tensiones con Washington pueden influir en decisiones de inversión, patrones de comercio y estrategias de diversificación de suministro en el corto y mediano plazo.

Proyección política e institucional

El pronunciamiento de Delcy Rodríguez, en el contexto de una sucesión oficial que la colocó como presidenta encargada conforme al mecanismo constitucional venezolano tras la captura de Maduro, busca consolidar autoridad interna mientras se enfrenta a presiones externas sin precedente. Su discurso apunta a fortalecer la narrativa de soberanía nacional frente a una intervención militar extranjera y a movilizar apoyo popular ante un escenario de incertidumbre institucional.

A nivel regional, diversos gobiernos han llamado a la moderación y al respeto al marco multilateral para la resolución de crisis, subrayando el papel del diálogo y del derecho internacional como medios preferentes para enfrentar situaciones de alta complejidad política y humanitaria.

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Venezuela: anuncian proceso de excarcelaciones de presos políticos

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El gobierno de Venezuela puso en marcha este jueves 8 de enero un proceso de liberación de presos políticos, incluido un “número importante” de ciudadanos extranjeros, en lo que las autoridades describieron como un “gesto para la paz” y la convivencia nacional. El anuncio fue formulado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y se produce en un contexto de fuerte presión internacional y política interna tras la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. La medida tiene implicaciones tanto en la dinámica política venezolana como en las relaciones exteriores del país.

Liberaciones inmediatas en un contexto político crítico

El titular del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que “el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras” y que “estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”. Rodríguez presentó la decisión como una contribución a la “convivencia pacífica” y a la búsqueda de la paz, aunque no precisó la cifra exacta de personas liberadas ni sus identidades específicas.

El anuncio fue interpretado públicamente como un gesto unilateral del gobierno y no resultó de un acuerdo con otros actores políticos o externos. Rodríguez subrayó que la medida forma parte de una decisión interna de las instituciones del Estado venezolano, sin detallar el procedimiento administrativo ni judicial para efectuar las excarcelaciones.

Organizaciones de derechos humanos han calculado que en Venezuela había, hasta finales de 2025, alrededor de 863 presos políticos, incluidos activistas, opositores y extranjeros, según estimaciones del Foro Penal, aunque las cifras oficiales no han sido confirmadas por el gobierno.

Repercusiones internas y externas del gesto

El contexto en el que se produce esta medida es particularmente sensible. Cinco días antes, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, lo que tensó aún más las relaciones diplomáticas y generó un escenario de alta presión internacional sobre Caracas. La decisión de liberar presos políticos aparece, así, vinculada a una estrategia de alivio de tensión tanto interna como externa y como señal hacia actores internacionales ante críticas sostenidas sobre la situación de derechos humanos en el país.

La noticia generó reacciones inmediatas entre familiares de los detenidos, que durante meses han mantenido vigilias y protestas en Caracas a la espera de resultados concretos. Grupos de derechos humanos, como Foro Penal, celebraron la medida como una “buena noticia” que podría marcar el inicio de un proceso de liberación efectivo, aunque advirtieron que verificaciones detalladas serán necesarias para confirmar cada excarcelación.

En el plano internacional, países con ciudadanos detenidos en Venezuela estaban siguiendo de cerca los anuncios. Por ejemplo, gobiernos europeos confirmaron que al menos cinco presos españoles estaban entre los que serían liberados, según informaron fuentes diplomáticas.

Contexto político y consideraciones de transición

Analistas políticos interpretan estas excarcelaciones como un posible primer paso hacia una distensión o una transición más amplia, aunque advierten sobre la falta de detalles oficiales sobre los criterios de selección de quienes serán liberados. La oposición venezolana ha señalado que la liberación de presos políticos es una condición mínima en cualquier proceso de reconciliación nacional y ha pedido que el gesto se amplíe hacia una amnistía más general.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos también han recordado que denuncias sobre torturas, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en recintos como El Helicoide, Tocorón o El Rodeo forman parte del reclamo de justicia integral que va más allá de excarcelaciones puntuales.

En consecuencia, la medida no solo tiene impacto en la esfera judicial y los derechos humanos, sino que podría influir en la percepción externa de la gestión venezolana y en el diálogo con actores internacionales que presionan por reformas políticas y respeto a las libertades fundamentales.

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