Resolución 59/2025

La Agencia de Puertos aprobó la Audiencia Pública de la Vía Navegable Troncal y avanzó hacia la nueva concesión

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El Gobierno aprobó el procedimiento de Audiencia Pública y el Informe Ambiental de la Vía Navegable Troncal, avance clave hacia la nueva concesión

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) aprobó el procedimiento de la Audiencia Pública realizada el 3 de noviembre y convalidó el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal, mediante la Resolución 59/2025. La medida fortalece el marco institucional previo al llamado a licitación para la modernización, operación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado, un proceso estratégico para el comercio exterior y la continuidad operativa de la arteria fluvial más importante del país.

Un paso formal en la transición: qué aprobó la Resolución 59/2025 y por qué es decisivo

La Resolución RESOL-2025-59-APN-ANPYN#MEC, fechada el 28 de noviembre de 2025, aprueba el procedimiento de Audiencia Pública convocado originalmente por la Resolución 48/2025 (B.O. 3/10/25). Aquella instancia se efectuó como audiencia informativa, en los términos de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675, con el fin de poner a disposición de la ciudadanía el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal (IF-2025-108078963-APN-GIPYVN#ANPYN).

Esa audiencia, realizada de manera virtual el 3 de noviembre de 2025, se implementó bajo las reglas del Decreto 1172/2003, que regula la participación ciudadana en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. La Gerencia de Coordinación Técnica fue designada como Área de Implementación, según el artículo 6° de la Resolución 48/2025.

Posteriormente, el Área de Implementación publicó el informe correspondiente a la realización del procedimiento en el Boletín Oficial del 14 de noviembre de 2025 (IF-2025-129214748-APN-GCT#ANPYN) y elevó el Informe Final o de cierre (IF-2025-126399269-APN-GCT#ANPYN), que reúne y referencia todas las manifestaciones ciudadanas, incluidas aquellas sin contenido ambiental o de naturaleza ideológica o política.

La nueva resolución no constituye una declaración de impacto ambiental ni autoriza obras nuevas. Su finalidad es formalizar la instancia participativa previa, conforme al artículo 3° de la Ley 25.831 y al Acuerdo de Escazú (Ley 27.566). Que obligan al Estado a garantizar acceso a la información y participación efectiva en decisiones que puedan impactar en el ambiente.

La Vía Navegable Troncal como activo estratégico: obligaciones internacionales y continuidad operativa

El texto de la Resolución 59/2025 reafirma que la Vía Navegable Troncal constituye una obra pública de “singular magnitud”. Indispensable para la navegación interjurisdiccional e internacional, así como para el desarrollo del comercio exterior y el bienestar general.

Se enfatiza que el dragado es un “servicio público esencial” y que su ejecución regular resulta necesaria para mantener la navegabilidad. La seguridad náutica y la operatividad de los puertos vinculados al sistema.

En el marco del proceso de transición hacia una nueva concesión —que será otorgada al sector privado “a riesgo empresario y sin aval de Estado”—, la Agencia remarca que su criterio se concentró en garantizar la continuidad del servicio mientras fortalece el control ambiental y la mejora continua de la gestión.

El Informe de Gestión y Evaluación Ambiental presentado a la ciudadanía constituye el punto de partida para definir acciones futuras de prevención y mitigación de potenciales afectaciones ambientales. Además, la ANPYN anticipa que, ante mejoras o ampliaciones en la Vía Navegable Troncal, corresponderá desarrollar los procesos de evaluación de impacto ambiental asociados.

Finalmente, la resolución aclara que se desestiman las objeciones y “discrepancias subjetivas” contrarias a la política portuaria vigente. Definida por los Decretos 699/2024, 709/2024 y 3/2025, que guían los planes y programas de la Agencia.

Insumos para la futura licitación

El resultado de la Audiencia Pública y la aprobación del Informe Final se incorporarán al diseño de los pliegos de bases y condiciones para la licitación. Que adjudicará la operación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal.

El texto establece que los aportes ciudadanos serán considerados en función del alcance de la convocatoria. Mientras que aquellas intervenciones alejadas del objetivo ambiental quedan desestimadas.

La Resolución 59/2025 constituye, así, un paso obligatorio dentro del procedimiento administrativo previo al llamado licitatorio. Y consolida un esquema de gobernanza alineado con estándares internacionales de transparencia y participación pública.

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Nación oficializó nuevas compensaciones millonarias para colectivos del Conurbano

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, publicó en el Boletín Oficial las Resoluciones 58/2025 y 59/2025, que disponen la asignación de fondos de compensación tarifaria para empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El paquete de transferencias alcanza cifras millonarias y se enmarca en el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio en un contexto de presión inflacionaria y reclamos del sector.

Según el Anexo I de la Resolución 58/2025 (IF-2025-63973077-APN-DST#MTR), la Secretaría de Transporte detalló los desembolsos efectuados entre febrero y agosto de 2024 en concepto de estímulos, subsidios y anticipos a las empresas del AMBA.

Los montos son significativos. En total, se asignaron más de $122.065 millones en subsidios y compensaciones durante el período. Solo en la partida del 15 de marzo de 2024, se giraron $37.651 millones destinados al pago de estímulos y al sostenimiento de la oferta de servicios. En febrero, se registraron transferencias por $60.818 millones, mientras que en agosto se liquidaron $3.316 millones.

A su vez, el Anexo II (Res. 59/2025) desglosa la liquidación pendiente a empresas de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a grandes operadores del conurbano como La Perlita, Almafuerte, Transporte Ideal San Justo, Micro Ómnibus Quilmes, Autobuses Buenos Aires SRL y Nuevo Ideal S.A., entre otras.
Los registros muestran compensaciones que en algunos casos superan los $1.000 millones por compañía, como el caso de Nuevo Ideal S.A. ($1.054 millones a compensar, con $1.051 millones ya abonados y apenas $3,1 millones pendientes).

Las medidas se dictaron en el marco de la Ley 27.467 de Presupuesto Nacional y el Decreto 1122/2017, que regulan el SISTAU y el esquema de subsidios al transporte automotor de pasajeros.
El documento oficial destaca que las compensaciones buscan “garantizar la cobertura de costos operativos, preservar la integridad del sistema de transporte público y asegurar la accesibilidad del boleto para los usuarios”.

En los considerandos, se recuerda además que la política de subsidios tiene carácter transitorio, pero resulta esencial en un contexto en el que las tarifas cubren menos del 20% del costo real del pasaje en el AMBA. De allí la necesidad de sostener las transferencias mientras se avanza en un esquema de revisión integral del sistema.

La decisión tiene repercusiones en varios frentes: Para las empresas de transporte, implica oxígeno financiero en medio de una crisis de costos impulsada por el aumento del combustible, los insumos importados y la paritaria de la UTA. Para el Gobierno nacional, supone una erogación multimillonaria que tensiona las cuentas fiscales, pero que evita un conflicto social mayor derivado de posibles paros o reducción de servicios. En el plano político, la medida busca contener la conflictividad en el Conurbano bonaerense, donde la movilidad diaria de millones de personas depende de estos subsidios.

En paralelo, los gobiernos provinciales y municipales presionan por un esquema de distribución más equitativo entre el AMBA y el interior del país, donde los subsidios per cápita son notablemente menores. Este punto podría convertirse en uno de los principales ejes de debate en el Congreso durante la discusión del próximo Presupuesto.

El Ministerio de Economía dejó abierta la posibilidad de nuevas asignaciones durante el último trimestre de 2025, en la medida en que la recaudación lo permita. Mientras tanto, se espera que las cámaras empresarias del sector (AAETA, CEAP y CETUBA) reclamen una revisión tarifaria para complementar las compensaciones y reducir la dependencia de las transferencias estatales.

En conclusión, las Resoluciones 58/2025 y 59/2025 ratifican la continuidad de una política que, aunque cuestionada, resulta estructural para la movilidad del AMBA y se proyecta como un tema central de la agenda política y económica de los próximos meses.

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