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Juicio por el ARA San Juan: un ex jefe naval se declara inocente y cuestiona la acusación por el hundimiento

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El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, entró en una etapa clave con la declaración del capitán de navío destituido Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina. Durante la segunda audiencia del proceso que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal con asiento en Río Gallegos, el ex jefe naval rechazó las acusaciones, aseguró que son “injustas” y afirmó que el buque se encontraba en condiciones de navegar cuando inició su última misión.

La causa busca establecer responsabilidades penales dentro de la cadena de mando militar por el naufragio que provocó la muerte de 44 tripulantes, uno de los episodios más graves en la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas. En el centro del debate aparece una pregunta que atraviesa todo el proceso judicial: si la tragedia fue consecuencia de una falla imprevisible o de una cadena de decisiones operativas y deficiencias de mantenimiento.

El juicio y la reconstrucción de la cadena de mando

El proceso oral comenzó esta semana ante el tribunal integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez. La causa apunta a determinar eventuales responsabilidades dentro de la estructura naval que supervisaba la operación del submarino.

Villamide comparece como uno de los cuatro imputados en el expediente. Junto a él son juzgados Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, responsable del área de operaciones de comunicaciones submarinas.

La acusación es sostenida por el fiscal federal de Caleta Olivia Lucas Alberto Colla y por María Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Ambos atribuyen a los imputados los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Del otro lado del proceso participan dos querellas en representación de los familiares de las víctimas: una encabezada por la abogada Valeria Carreras y otra liderada por el abogado Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos.

La defensa de Villamide: “El submarino cumplió los requisitos para navegar”

Durante su extensa declaración indagatoria, Villamide sostuvo que el submarino había cumplido todos los procedimientos reglamentarios antes de zarpar.

“Los cargos que se me hacen son injustos, son falsos y yo soy inocente. Cumplí con mi deber, con la doctrina de submarinos, con los reglamentos y con los procedimientos”, afirmó ante el tribunal.

Según su versión, la información disponible en la Armada antes de la última misión no indicaba que el ARA San Juan debiera quedar fuera de servicio. También insistió en que ni la tripulación ni la conducción naval consideraban que la nave estuviera inhabilitada para navegar.

El ex comandante defendió además las decisiones operativas adoptadas durante la última misión del submarino y rechazó la hipótesis de que la embarcación hubiese salido al mar en condiciones deficientes.

Las horas previas al naufragio

En su exposición, Villamide reconstruyó las comunicaciones mantenidas con el submarino antes de que se perdiera contacto con la nave.

De acuerdo con su relato, el 14 de noviembre de 2017 la tripulación reportó un ingreso de agua de mar que provocó un cortocircuito en el sistema de baterías de proa. Sin embargo, sostuvo que la situación habría sido controlada en un primer momento.

Según explicó, el submarino emergió, ventiló el buque, cargó aire y luego volvió a inmersión para continuar su navegación hacia Mar del Plata.

Después de ese intercambio se produjo un período sin comunicaciones. Villamide describió un vacío informativo entre las 8:45 y las 10:51, momento en el que —según su reconstrucción— ocurrió el evento que terminó incapacitando a la tripulación.

El ex jefe naval planteó que, tras perder el control de la profundidad, el submarino habría descendido hasta superar su resistencia estructural.

“El buque alcanzó su profundidad de colapso y terminó implosionando a 907 metros de profundidad”, explicó.

La postura de la fiscalía: una cadena de fallas técnicas

La reconstrucción planteada por el Ministerio Público Fiscal difiere de la explicación presentada por el ex comandante.

Según la acusación, el hundimiento habría sido consecuencia de una cadena de fallas técnicas iniciada por el ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación del submarino.

Ese ingreso de agua habría alcanzado el tanque de baterías número tres, provocando un cortocircuito seguido de un principio de incendio. El proceso químico resultante habría liberado hidrógeno, un gas altamente explosivo que se acumuló dentro de la nave.

De acuerdo con esta hipótesis, la explosión interna habría dejado a la tripulación sin capacidad de ejecutar maniobras de emergencia. Sin control de profundidad, el submarino habría descendido hasta implosionar en aguas profundas.

Para la fiscalía, el siniestro también estaría vinculado con deficiencias operativas y retrasos en tareas de mantenimiento, entre ellas el incumplimiento del plazo reglamentario para ingresar a dique seco.

Incidentes previos y cuestionamientos de la querella

Durante la audiencia también se abordaron incidentes ocurridos en navegaciones previas del submarino.

El abogado Luis Alberto Tagliapietra preguntó por un episodio registrado en julio de 2017, cuando se produjo un ingreso de agua por el sistema de esnórquel.

Villamide respondió que ese incidente se debió a un error operativo vinculado con una válvula incorrectamente cerrada y aseguró que el problema había sido solucionado.

El querellante también interrogó al imputado sobre la reacción de la conducción naval tras el reporte de ingreso de agua durante la última navegación.

Villamide reconoció que no convocó a un comité de crisis ni a especialistas técnicos en ese momento, aunque explicó que decidió cancelar la patrulla y ordenar el regreso del submarino a base.

Según su relato, el comandante del buque no había declarado una emergencia ni calificó la situación como grave.

Las otras declaraciones del proceso

El tribunal también recibió la declaración de Luis López Mazzeo, quien negó todas las imputaciones en su contra y cuestionó la investigación judicial al considerar que fue acusado “sin pruebas”.

En su exposición, reconstruyó las comunicaciones previas a la desaparición del submarino y describió las gestiones de la Armada para activar la búsqueda.

Por su parte, Héctor Aníbal Alonso sostuvo que las acusaciones en su contra se apoyan en un reglamento orgánico de la fuerza de submarinos que calificó como desactualizado y caduco, elaborado en 1992.

El cuarto imputado, Hugo Miguel Correa, declarará cuando se reanude la audiencia tras el cuarto intermedio dispuesto por el tribunal.

Un juicio que busca reconstruir la tragedia

El debate oral intenta esclarecer uno de los episodios más dolorosos para la Armada y para el país.

La dotación del submarino estaba integrada por 44 tripulantes, entre oficiales, suboficiales y cabos. Todos murieron tras la implosión de la nave.

A casi una década del hundimiento, el proceso judicial enfrenta una dificultad central: la falta de certezas absolutas sobre el evento que desencadenó el naufragio.

Mientras la fiscalía sostiene que existió una cadena de fallas técnicas y deficiencias operativas, los imputados insisten en que el submarino cumplía los requisitos reglamentarios para navegar.

Un proceso que aún no define responsabilidades

El juicio recién comienza y todavía restan audiencias, testimonios y análisis técnicos que podrían aportar nuevos elementos.

El tribunal deberá evaluar si las decisiones adoptadas dentro de la cadena de mando militar constituyeron responsabilidades penales o si la tragedia respondió a un evento técnico imposible de prever.

El proceso, más allá de su desenlace judicial, mantiene abierta una cuestión que sigue atravesando a la sociedad argentina desde 2017: qué ocurrió realmente en las últimas horas del ARA San Juan y quién debía haber evitado ese final.

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