Shell y QP se retiran de CAN_107 y el Gobierno recupera un bloque offshore
El Gobierno nacional decidió dar por terminado el permiso de exploración hidrocarburífera en el área offshore CAN_107 y recuperar su control directo, tras la renuncia de las empresas adjudicatarias. La medida quedó formalizada el 18 de marzo de 2026 a través de la Resolución 73/2026 de la Secretaría de Energía, que declara extinguida la concesión otorgada en 2019 a SHELL ARGENTINA S.A. y QP OIL AND GAS S.A.U.
El dato central no es solo administrativo. La decisión implica que el Estado vuelve a tener disponibilidad plena sobre un bloque adjudicado en la primera ronda offshore, luego de que las compañías resolvieran no avanzar al segundo período exploratorio. En un contexto donde la política energética busca maximizar renta y actividad, la salida abre una incógnita: ¿se trata de una retirada puntual o de una señal más amplia sobre los riesgos y tiempos del offshore argentino?
De la adjudicación al repliegue: un ciclo completo en CAN_107
El área CAN_107 forma parte del paquete de bloques licitados en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1 (Ronda 1), convocado en 2018 bajo el régimen de la Ley 17.319. En 2019, el Gobierno adjudicó ese bloque a un consorcio integrado por SHELL ARGENTINA y QP OIL AND GAS.
Desde entonces, el proyecto atravesó distintas etapas. El primer período exploratorio fue extendido en dos oportunidades: primero por dos años en 2022 y luego por doce meses en 2025. Esa secuencia ya reflejaba que los plazos originales no alcanzaban para completar las tareas previstas.
Finalmente, el 4 de diciembre de 2025, las empresas notificaron su decisión de no avanzar al segundo período exploratorio y renunciar al permiso. La Secretaría de Energía evaluó el cumplimiento de las obligaciones asumidas y confirmó que: Se realizaron la totalidad de las inversiones comprometidas. Se abonó el canon de exploración 2025 por $383.036.825,91. Y no se registraron observaciones ambientales
Con esos elementos, el Gobierno aplicó los artículos 81 y 85 de la Ley 17.319, que habilitan la extinción del permiso y la reversión del área al Estado.
Un retiro ordenado, pero con impacto en la política energética
La resolución describe un proceso sin incumplimientos. No hubo sanción ni conflicto contractual: las empresas cumplieron con sus compromisos y decidieron no continuar.
Sin embargo, el dato político es otro. CAN_107 era parte del núcleo de la estrategia offshore lanzada en 2018, que buscaba posicionar a la Argentina en la exploración en aguas profundas.
La salida de dos actores relevantes del proyecto —tras completar la primera fase— introduce una señal que no pasa desapercibida: el desarrollo offshore sigue enfrentando incertidumbres operativas, económicas o estratégicas que condicionan las decisiones de inversión.
Al mismo tiempo, el Estado recupera un activo que puede volver a licitar, reasignar o mantener bajo evaluación. Esa capacidad de decisión reabre el juego, pero también obliga a redefinir los próximos pasos.
Reconfiguración de actores y margen de decisión estatal
La reversión del área CAN_107 fortalece la posición del Estado en un punto específico del mapa energético: recupera control directo sin conflicto y con cumplimiento previo de obligaciones por parte de los privados.
En términos institucionales, la Secretaría de Energía reafirma su rol como autoridad de aplicación, ejecutando el marco previsto en la ley de hidrocarburos y cerrando el ciclo administrativo del permiso.
Pero la salida también reordena el tablero. Sin adjudicatarios en ese bloque, el Gobierno queda frente a varias alternativas: Relanzar el área en futuras rondas offshore. Redefinir condiciones de exploración. Y reconfigurar el esquema de incentivos
Cada opción tiene implicancias distintas en términos de atracción de inversiones, tiempos de desarrollo y perfil del sector.
Un punto de inflexión en el offshore argentino
El caso CAN_107 no es aislado dentro de la dinámica de proyectos exploratorios, donde es habitual que las empresas evalúen resultados antes de avanzar a etapas más costosas. Pero sí funciona como un indicador.
La política energética argentina, según la Ley 17.319 y la Ley 26.741, busca maximizar la renta de los recursos y garantizar el abastecimiento. En ese equilibrio, el offshore aparece como una apuesta de largo plazo, con altos niveles de inversión y riesgo.
La decisión de las empresas de no continuar —pese a haber cumplido con las obligaciones— sugiere que ese equilibrio todavía está en construcción.
Mientras tanto, el Gobierno recupera el área y mantiene la potestad de decidir su destino. Lo que ocurra con CAN_107 en los próximos meses será una señal relevante para el mercado: no solo por el activo en sí, sino por lo que refleje sobre las condiciones reales del offshore argentino.