Sandra Pettovello

El Gobierno oficializó bono extraordinario de $70.000 para jubilados con haberes mínimos

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El Gobierno otorgará un bono extraordinario de $70.000 a jubilados y pensionados en noviembre.

El beneficio alcanzará a titulares de haberes contributivos, no contributivos y PUAM. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los sectores de menores ingresos durante la vigencia de la anterior fórmula de movilidad.

Un refuerzo para los haberes más bajos en noviembre

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso, a través del Decreto 771/2025, el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que será abonado por única vez en el mes de noviembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como finalidad compensar el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de menores ingresos, afectado por el desfase de la anterior fórmula de movilidad establecida por la Ley N° 27.609.

El decreto —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello— abarca a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y otras prestaciones a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El bono será liquidado por titular y tendrá un carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuentos ni será computable para ningún otro concepto. En el caso de pensiones compartidas, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, el beneficio se considerará como un único pago.

Quiénes lo cobrarán y en qué condiciones

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 4° del decreto, el Bono Extraordinario Previsional alcanzará a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA y regímenes transferidos a la Nación.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Ley N° 27.260).
  • Titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o maternidad de siete hijos o más, y pensiones graciables administradas por ANSES.

El monto total a percibir dependerá del nivel de ingresos del beneficiario:

  • Quienes perciban un haber igual o menor al haber mínimo previsional recibirán el bono completo de $70.000.
  • Aquellos que superen el haber mínimo obtendrán un monto variable, que ajustará su ingreso total hasta el equivalente al haber mínimo más el bono máximo establecido.

En todos los casos, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mes de liquidación.

Compensación por los efectos de la fórmula anterior

El decreto fundamenta la medida en la necesidad de reparar los efectos adversos que generó la fórmula de movilidad jubilatoria de la Ley N° 27.609, en vigencia desde marzo de 2021, la cual —según el texto oficial— “no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los haberes de los adultos mayores”, al no contemplar la variación de los precios y presentar un “gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes”.

En ese contexto, el Gobierno recuerda que desde enero de 2024 se implementaron distintos bonos compensatorios mensuales para mitigar el impacto en los sectores previsionales más vulnerables. La política se complementó con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria mediante el Decreto N° 274/2024, que dispuso la actualización mensual de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, a partir de julio de 2024.

Con este nuevo bono, el Ejecutivo busca sostener el poder de compra de jubilaciones y pensiones, manteniendo la pauta de asistencia transitoria a los haberes más bajos mientras se consolida el esquema de movilidad ajustado a la inflación.

Implementación y financiamiento

El decreto faculta a la ANSES a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación, liquidación y control del bono, así como para la recuperación de percepciones indebidas.

La Jefatura de Gabinete de Ministros deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la medida, cuyo costo fiscal se enmarca dentro de las partidas previsionales vigentes.

El beneficio entrará en vigencia a partir del mismo día de su dictado, es decir, el 27 de octubre de 2025.

Políticas de refuerzo

El Bono Extraordinario Previsional de $70.000 se suma a las políticas de refuerzo que el Gobierno viene aplicando desde 2024 para atenuar los efectos de la inflación en los ingresos de los jubilados y pensionados. En un contexto de alta sensibilidad social y ajuste fiscal, la medida apunta a preservar la capacidad de consumo de un sector que concentra más del 40% de los beneficiarios del sistema previsional nacional.

Si bien el decreto no establece nuevas fórmulas de cálculo, su implementación ratifica la continuidad del esquema de compensaciones directas como herramienta de contención económica, mientras se consolida la actualización automática por inflación dispuesta en 2024.

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El Gobierno habilitó el ingreso de personal al Renaper

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La medida se enmarca en la Decisión Administrativa 20/2025, que habilita la incorporación de personal pese a la vigencia de la Ley de Presupuesto y las restricciones sobre vacantes en el sector público.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, oficializó el traslado de una agente desde el Ministerio de Capital Humano hacia la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo descentralizado bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. La decisión, publicada el 5 de septiembre en el Boletín Oficial, se adoptó mediante la Decisión Administrativa 20/2025 y constituye una excepción al congelamiento de cargos vigente en la administración pública nacional.

Desde la sanción de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada por el Decreto 1131/2024, rige la prohibición de cubrir cargos vacantes en las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, salvo autorización expresa de la Jefatura de Gabinete. El objetivo de esta política es contener el gasto público y limitar el crecimiento de la planta estatal.

En este caso, el traslado responde a la necesidad de cubrir un puesto clave en el Renaper con un perfil específico. La agente Florencia Carla Castro Novoa (DNI 38.293.132), quien se desempeñaba en la planta permanente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, pasa a ocupar un cargo de Nivel B, Grado 4, del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) en el organismo encargado de la identificación ciudadana.

El Gobierno fundamentó la decisión en que la funcionaria “posee un perfil que responde a las necesidades propias de los objetivos asignados al organismo de destino”. Asimismo, se aclaró que la medida “no implica menoscabo moral ni económico alguno para la agente mencionada, quien ha prestado conformidad”.

Detalles técnicos de la Decisión Administrativa

La norma establece:

  • Excepción al artículo 7° de la Ley 27.701, que restringe la cobertura de cargos, únicamente para habilitar el traslado al Renaper.
  • Descongelamiento de un cargo vacante Nivel B del SINEP, homologado por el Decreto 2098/2008, en la estructura del organismo.
  • Financiamiento del gasto con partidas específicas del Renaper, bajo la Entidad 200 de la Administración Nacional.

La resolución contó con la intervención de los servicios jurídicos de ambas jurisdicciones y se dictó en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución Nacional (art. 100 inciso 1) y la normativa presupuestaria vigente.

La decisión marca un precedente relevante en la política de recursos humanos del Estado en un contexto de restricciones severas sobre el empleo público. La autorización a favor del Renaper refleja la prioridad estratégica que el Gobierno asigna a la gestión de la identidad ciudadana y la emisión de documentación oficial como DNI y pasaportes.

Analistas advierten que este tipo de excepciones podrían multiplicarse en áreas sensibles vinculadas a servicios esenciales, seguridad documental y digitalización de trámites. Al mismo tiempo, el caso ilustra la tensión entre la política de ajuste fiscal y la necesidad de garantizar operatividad administrativa en organismos críticos.

De cara a los próximos meses, se espera que la Jefatura de Gabinete reciba más pedidos de excepción, lo que podría reabrir el debate parlamentario sobre el alcance de la Ley de Presupuesto y el uso de las Decisiones Administrativas como herramienta de flexibilidad en la gestión pública.

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