Sanidad Animal

La vacunación antiaftosa ya supera el 93% de cobertura en Misiones

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La provincia consolida una política pública de largo plazo basada en la prevención, el trabajo territorial y la articulación entre el Estado, el SENASA, los veterinarios y los productores. El objetivo trasciende la sanidad animal: proteger la producción, preservar mercados y fortalecer la economía rural.

La sanidad animal constituye uno de los principales pilares sobre los que se sostiene la producción ganadera. Detrás de cada campaña de vacunación existe mucho más que la aplicación de una dosis: hay planificación, presencia territorial, trabajo conjunto con los entes sanitarios, acompañamiento técnico y una política pública sostenida que busca proteger el patrimonio productivo de miles de familias rurales. Además, estas acciones se fortalecen a través de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), ámbito de articulación técnica en el que participan profesionales veterinarios del Ministerio del Agro y la Producción, SENASA, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la Provincia, referentes de los entes sanitarios y otras instituciones, donde se planifican estrategias y acciones conjuntas para el sostenimiento de la sanidad animal en Misiones.

En Misiones, esa estrategia comenzó hace años con un objetivo que iba mucho más allá de una campaña anual: construir una verdadera cultura sanitaria. El desafío era lograr que cada vez más productores comprendieran que vacunar no sólo protege a cada establecimiento, sino también al conjunto de la ganadería provincial. El resultado de ese proceso puede observarse hoy en la creciente adhesión a las campañas oficiales y en la consolidación del estatus sanitario de la provincia, condición indispensable para garantizar la seguridad productiva, facilitar el movimiento de hacienda y fortalecer la competitividad del sector.

La evolución de las campañas refleja el impacto de esta política sostenida. En la primera campaña de 2024 la provincia alcanzó una cobertura del 91,6% del stock bovino estimado y el 76,9% de las unidades productivas. Un año después, la primera campaña de 2025 superó el stock inicialmente previsto, alcanzando una cobertura del 101,1% y el 94,3% de las unidades productivas vacunadas. En la campaña 2026, actualmente en desarrollo, ya se registra un avance del 93% del stock previsto y del 88,5% de los establecimientos relevados, porcentajes que continúan creciendo a medida que avanza el operativo.

En términos absolutos, la magnitud del operativo también refleja el alcance de esta política sanitaria. Solo en la primera campaña de 2025 se vacunaron 344.957 bovinos distribuidos en 4.909 establecimientos ganaderos de toda la provincia. En la campaña 2026, aún en desarrollo, ya fueron inmunizados 324.550 animales en 4.462 unidades productivas, cifras que continúan incrementándose a medida que avanza el operativo.

La decisión de sostener campañas sanitarias de manera ininterrumpida responde a una visión estratégica del ejecutivo provincial que, encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua, consolidó la sanidad animal como una política pública permanente para fortalecer la producción, proteger el trabajo de las familias rurales y preservar uno de los principales activos de la ganadería provincial: su estatus sanitario. En ese sentido, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, sostuvo que “la sanidad animal no se construye en una sola campaña, sino con una política pública sostenida en el tiempo. Cada productor que vacuna está protegiendo su rodeo, pero también está cuidando el trabajo de toda la provincia”. Además, destacó que “estos resultados reflejan años de presencia territorial, diálogo y acompañamiento permanente. Cuando el Estado está presente y los productores hacen propia esta política sanitaria, toda la ganadería misionera se fortalece”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo y Producción Animal, Carlos Caraves, explicó que “la vacunación contra la fiebre aftosa constituye la principal herramienta preventiva para sostener el estatus sanitario alcanzado por la provincia. Mantener altas coberturas permite reducir riesgos sanitarios, evitar pérdidas económicas y brindar previsibilidad a toda la cadena ganadera”. Asimismo, remarcó que detrás de cada campaña existe “un importante trabajo de planificación, logística y acompañamiento técnico para llegar a cada establecimiento productivo”. Asimismo, remarcó que detrás de cada campaña existe “un importante trabajo de planificación, logística y acompañamiento técnico para llegar a cada establecimiento productivo”. En ese marco, Andrés Moletta, coordinador provincial de Vacunación Antiaftosa, articula el operativo junto a los entes sanitarios, veterinarios acreditados y equipos territoriales que llevan adelante las tareas en toda la provincia.

La construcción de una cultura sanitaria constituye hoy uno de los mayores logros de este proceso. Más allá de los porcentajes alcanzados en cada campaña, el cambio más significativo es que la prevención pasó a formar parte de las decisiones cotidianas de los productores. Esa apropiación colectiva de la sanidad como herramienta de desarrollo es la que hoy permite a Misiones fortalecer su ganadería y sostener en el tiempo un patrimonio estratégico para toda la provincia.

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Aprueban un manual de bienestar equino y buscan ordenar al sector hípico

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El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal, aprobó el 17 de abril de 2026 un “Manual de Recomendaciones de Buenas Prácticas para el Manejo de Equinos Estabulados”, formalizado mediante la Disposición 3/2026. El dato clave no está solo en el contenido técnico, sino en el formato elegido: un instrumento de aplicación optativa. En un contexto donde crecen las demandas por bienestar animal y estándares productivos, la decisión plantea una tensión de fondo: ¿es un primer paso hacia una regulación más exigente o una estrategia para ordenar sin confrontar?

Un marco institucional que prioriza consenso sobre imposición

La medida se inscribe en las competencias asignadas por el Decreto 50/2019, que habilita a la Subsecretaría a diseñar políticas vinculadas a la producción animal y al desarrollo de la actividad hípica. Sin embargo, el Gobierno optó por un enfoque no coercitivo.

El manual funciona como guía técnica y herramienta de consulta para criadores, clubes, hipódromos y profesionales. No establece obligaciones ni sanciones. Tampoco modifica el marco normativo vigente. Su valor radica en ordenar criterios dispersos y consolidar una “mirada común” sobre el manejo de equinos estabulados.

El proceso de elaboración incluyó la participación de entidades públicas y privadas del sector, lo que le otorga legitimidad técnica y política. Ese dato no es menor: el Gobierno busca construir estándares con respaldo sectorial, evitando resistencias que suelen aparecer cuando las regulaciones se imponen sin acuerdos previos.

Bienestar animal, imagen sectorial y competitividad

El documento pone el foco en cuatro ejes: bienestar animal, sanidad, cuidado ambiental y seguridad. La incorporación de estos conceptos responde a una agenda que ya no es exclusivamente local. El bienestar animal se convirtió en un criterio creciente en mercados internacionales y en la percepción pública.

En ese sentido, la medida tiene una doble lectura. Por un lado, apunta a mejorar prácticas dentro del sector hípico. Por otro, busca fortalecer su posicionamiento frente a la sociedad y potenciales mercados, en un contexto donde la trazabilidad y los estándares éticos ganan peso.

El Gobierno introduce así una lógica de “regulación por recomendación”, donde el incentivo no es la sanción sino la reputación y la mejora continua. La expectativa es que los actores adopten voluntariamente las prácticas para no quedar rezagados.

Equilibrio entre Estado y sector privado

La decisión evita abrir un frente de conflicto con los actores del sector. Al mantener el carácter optativo, el Gobierno preserva margen de diálogo y evita tensiones regulatorias. Al mismo tiempo, fija un piso conceptual que puede condicionar comportamientos.

Los sectores más organizados, con mayor capacidad técnica, aparecen mejor posicionados para adoptar el manual y capitalizar sus beneficios. En cambio, quienes operan con menor nivel de formalización podrían quedar expuestos a una presión indirecta para adecuarse.

Desde el punto de vista político, la medida refuerza un esquema de intervención gradual. El Estado no se retira, pero tampoco avanza con regulaciones duras. Marca estándares, construye consenso y deja abierta la posibilidad de futuros pasos.

Un punto de partida más que un cierre

El manual no altera de inmediato las reglas del juego. Pero introduce un marco que puede escalar en el tiempo. Su carácter optativo no impide que, en una etapa posterior, algunos de sus lineamientos se transformen en requisitos más formales.

En las próximas semanas, el foco estará en el nivel de adopción real dentro del sector. También en cómo las distintas entidades incorporan —o no— estas recomendaciones en sus prácticas cotidianas.

El movimiento del Gobierno parece responder a una lógica de construcción progresiva: primero ordenar, luego consensuar y, eventualmente, regular. La velocidad de ese proceso dependerá tanto de la respuesta del sector como de la presión que ejerzan los estándares internacionales y la agenda pública local.

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CRA anuncia Jonagro, impulsa el debate por la ley de semillas y lanza formación para dirigentes del agro

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En el escenario político y productivo de la Expoagro 2026, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) activó una agenda que excede la lógica de una exposición rural: anunció una nueva edición de Jonagro, confirmó el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal y lanzó la tercera cohorte de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

Las definiciones se presentaron durante una conferencia de prensa realizada el miércoles en la muestra agroindustrial de Expoagro, donde la dirigencia de CRA combinó anuncios institucionales con señales políticas hacia el Gobierno nacional.

El dato más inmediato es el calendario: Jonagro se realizará el 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mientras que el Congreso de Entes Sanitarios tendrá lugar el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

Detrás de esa agenda aparece una estrategia más amplia: reposicionar al agro como actor político en la discusión sobre competitividad, sanidad animal y regulación productiva. Y, al mismo tiempo, sostener canales de diálogo con el Ejecutivo en temas sensibles como la ley de semillas, un debate que lleva años sin resolución legislativa.

La pregunta que empieza a emerger es si el movimiento del ruralismo organizado busca influir en la agenda de políticas públicas del sector o si se trata de un intento por ordenar al propio entramado agropecuario frente a un contexto económico y regulatorio todavía incierto.

Jonagro, el foro político del agro

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue el encargado de confirmar la nueva edición de Jonagro, el encuentro que la entidad define como la “jornada nacional del campo argentino”.

El congreso tendrá como lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia” y convocará a productores, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para debatir el posicionamiento del agro en los mercados internacionales.

Según adelantó Castagnani, cinco gobernadores provinciales ya confirmaron su presencia, un dato que anticipa que el evento volverá a funcionar como espacio de articulación entre el sector productivo y la política territorial.

Jonagro se ha convertido en los últimos años en uno de los ámbitos donde el ruralismo intenta instalar agenda. Allí suelen discutirse cuestiones estructurales como competitividad, infraestructura, presión impositiva y acceso a mercados.

La elección de la Bolsa de Cereales como sede también tiene una lectura institucional: el evento se realiza en uno de los centros históricos de representación del comercio agrícola argentino.

Sanidad animal y estructura federal del agro

El vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, presentó otro de los encuentros clave del calendario rural: el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal.

El evento se realizará el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú y reunirá a las organizaciones que gestionan programas sanitarios ganaderos en todo el país.

Colombatto subrayó que estos encuentros cumplen una función federal dentro del sistema agropecuario. Según explicó, permiten intercambiar experiencias, revisar avances y proyectar el futuro de la sanidad animal en Argentina.

El sistema de entes sanitarios es una estructura particular dentro del modelo agropecuario argentino: combina organismos públicos y organizaciones del sector privado para ejecutar políticas de control sanitario en el territorio.

Por eso, cada congreso se convierte también en un espacio donde se revisan los equilibrios institucionales entre productores, entidades y organismos estatales vinculados a la sanidad animal.

La ley de semillas vuelve al centro del debate

En paralelo a los anuncios, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, reveló que la entidad y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias mantuvieron una reunión con el secretario de Agricultura para discutir el futuro de la ley de semillas.

La dirigencia rural presentó un documento elaborado desde noviembre e invitó al Gobierno a participar de una mesa técnica para avanzar en el tema.

“Encontramos muy buena predisposición para continuar trabajando y encontrar puntos en común”, señaló Luna Vázquez.

El punto es relevante porque la normativa sobre semillas permanece en debate desde hace años. La dificultad para alcanzar una síntesis refleja tensiones entre productores, empresas biotecnológicas y el propio Estado respecto a la regulación del uso de semillas y los derechos asociados a su desarrollo.

CRA planteó que el objetivo debe ser una política pública construida por consenso, una señal de que el sector busca influir en el proceso legislativo antes de que cualquier iniciativa avance en el Congreso.

Formación política para el sector agropecuario

Otro de los anuncios estuvo a cargo del economista Ernesto O’Connor, quien presentó la edición 2026 de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

La capacitación es organizada en conjunto por Universidad Católica Argentina, CRA y la Fundación CRA.

El programa abrirá su tercera edición con el objetivo de formar dirigentes agropecuarios con formación en economía, políticas públicas y desarrollo territorial.

La iniciativa refleja una tendencia creciente dentro del sector rural: profesionalizar el vínculo entre producción y política pública.

En otras palabras, no se trata solo de representar intereses sectoriales, sino de formar cuadros capaces de intervenir en el diseño de políticas agrícolas.

Una agenda que mezcla institucionalidad y poder sectorial

Más allá de los anuncios formales, la presencia de CRA en Expoagro incluyó reuniones con organismos y actores clave del sistema agropecuario.

Durante los cuatro días de la muestra, la dirigencia rural mantuvo encuentros con SENASA, la Secretaría de Agricultura de la Nación, legisladores nacionales y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, además de reuniones comerciales con empresas del sector.

Ese despliegue confirma que Expoagro funciona no solo como feria productiva, sino también como plataforma política del agro argentino, donde se negocian agendas regulatorias, se construyen alianzas y se marcan posiciones frente al Gobierno.

Lo que se jugará en los próximos meses

La agenda presentada por CRA deja abiertos varios frentes.

Jonagro podría convertirse nuevamente en un escenario de definiciones políticas si los gobernadores y dirigentes del sector utilizan el encuentro para fijar posiciones sobre competitividad, regulación o impuestos.

El debate por la ley de semillas, en tanto, seguirá siendo una prueba para medir hasta dónde el Gobierno está dispuesto a construir consensos con las entidades agropecuarias.

Y la diplomatura impulsada junto a la UCA introduce otra dimensión: la formación de dirigentes con capacidad de intervenir en la discusión de políticas públicas.

En conjunto, los anuncios realizados en Expoagro sugieren que el ruralismo organizado intenta reforzar su peso institucional en un momento donde las decisiones regulatorias y productivas vuelven a ocupar el centro del debate económico.

La incógnita es si esa estrategia logrará traducirse en incidencia concreta sobre la agenda legislativa y las políticas agropecuarias del país.

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Misiones activa la campaña obligatoria contra aftosa y brucelosis y fija un precio de $3.200 por dosis

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Desde este 2 de marzo, el Gobierno de Misiones puso en marcha una nueva etapa del calendario obligatorio de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis. La Comisión Provincial de Sanidad Animal estableció un precio máximo de referencia de $3.400 por dosis y la Fundación Asuntos Agrarios fijó su valor operativo en $3.200. La decisión refuerza el estatus sanitario provincial y ordena costos en un contexto donde la sanidad define competitividad.

La medida no es meramente técnica. En una provincia con fuerte impronta productiva, sostener el esquema sanitario impacta de forma directa en la rentabilidad de los establecimientos ganaderos y en la estabilidad de la cadena cárnica y láctea. El dato concreto —fecha de inicio y precio por dosis— marca el ritmo de la agenda rural en las próximas semanas.

Calendario obligatorio y marco institucional

La campaña alcanza a todas las categorías de bovinos y bubalinos en el caso de la fiebre aftosa. Para brucelosis, la vacunación se concentra en terneras de entre 3 y 8 meses de edad, conforme a la normativa vigente. El encuadre no deja margen de discrecionalidad: se trata de un calendario obligatorio que integra el esquema sanitario anual.

La Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) fijó un precio máximo de referencia de $3.400 por dosis. Dentro de ese techo, cada ente sanitario define su valor operativo. La Fundación Asuntos Agrarios —ente ejecutor vinculado al Ministerio del Agro y la Producción— estableció el precio en $3.200, con opciones de pago al contado o mediante cheque a 15 o 20 días.

Esa diferencia de $200 respecto del máximo autorizado introduce un mensaje político: el Gobierno provincial interviene para ordenar el costo sanitario sin desbordar el marco fijado por la COPROSA. No modifica la norma, pero administra su implementación.

El Ministerio del Agro y la Producción articula la ejecución territorial. La estructura combina decisión política, regulación técnica y operadores sanitarios. En términos institucionales, la campaña refleja un modelo de gestión compartida entre Estado y entes ejecutores.

Sanidad como variable económica

Sostener altos estándares sanitarios no responde solo a una obligación normativa. La prevención de fiebre aftosa y brucelosis evita pérdidas productivas, reduce riesgos comerciales y protege la calidad sanitaria de carne y leche.

En ese punto, el Gobierno provincial introduce una lectura estratégica: la sanidad animal funciona como infraestructura invisible. No genera titulares diarios, pero condiciona mercados y competitividad. Un rodeo protegido preserva rentabilidad y previsibilidad.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, definió la sanidad como “una inversión estratégica” y vinculó cada campaña con la construcción de una ganadería competitiva. En la misma línea, el subsecretario de Desarrollo y Producción Animal, Carlos Caraves, subrayó que cumplir el calendario resulta clave para preservar el estatus sanitario alcanzado por la provincia.

Detrás de esas definiciones hay una señal política hacia el sector: el Gobierno sostiene reglas claras y acompaña la ejecución. En un escenario económico donde los costos productivos se monitorean con precisión, el valor fijado por dosis adquiere peso concreto.

Correlación productiva y gobernabilidad rural

La campaña impacta directamente en productores ganaderos, entes sanitarios y en la cadena de comercialización. Al fijar un precio operativo por debajo del máximo de referencia, el Ejecutivo provincial se posiciona como árbitro entre regulación y costos reales.

La decisión fortalece la relación institucional con el sector agropecuario, un actor clave en la estructura económica misionera. También ordena la agenda productiva en un momento donde la previsibilidad sanitaria incide en la planificación anual de los establecimientos.

No hay cambios normativos de fondo, pero sí una ratificación política de prioridades: sostener el estatus sanitario como política de Estado provincial. En términos de gobernabilidad, la señal apunta a evitar tensiones por costos y a consolidar la cooperación público-privada en territorio.

Lo que viene en el calendario sanitario

El inicio de la campaña abre una etapa operativa que se extenderá durante las próximas semanas. El nivel de cumplimiento del calendario será el primer indicador a observar. También el impacto real del esquema de precios en la adhesión de los productores.

La sanidad animal rara vez se discute en clave política, pero define escenarios productivos de largo plazo. Si la campaña avanza sin desvíos, el Gobierno consolidará una política sostenida en el tiempo. Si aparecen tensiones en costos o logística, la discusión podría trasladarse al plano institucional.

Por ahora, la provincia activa su calendario y refuerza su estatus sanitario. El desafío no termina con la resolución administrativa: comienza en el territorio.

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SENASA flexibiliza el régimen sanitario para ovinos de pedigrí en zonas libres de sarna

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de la Disposición 2/2026, publicada en el Boletín Oficial el 23 de enero de 2026, introdujo una modificación clave en el régimen sanitario aplicable a ovinos puros de pedigrí destinados a exposiciones y remates en zonas oficialmente libres de sarna ovina. La norma establece una excepción al baño acaricida preventivo obligatorio, sustituyéndolo por un esquema de inspecciones sanitarias oficiales y controles cuarentenarios, con el objetivo de reducir costos y perjuicios productivos sin comprometer el estatus sanitario alcanzado.

La medida impacta directamente en cabañas ovinas registradas y en la operatoria comercial de reproductores de alto valor genético, al tiempo que refuerza el rol del SENASA y de las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal (COPROSA) en la fiscalización sanitaria. El cambio se inscribe en el marco de la Ley N° 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y asigna al SENASA la autoridad de aplicación.

De la obligatoriedad del baño a un esquema de control sanitario reforzado

Hasta ahora, el ingreso de ovinos a provincias declaradas libres de sarna ovina —como Chubut y Santa Cruz— exigía de manera ineludible la aplicación de dos baños acaricidas por inmersión, con intervalos mínimos de 10 días y máximos de 12 días, y con el último baño realizado dentro de las 72 horas previas a la carga, según lo establecido en la Resolución 23/2016 y la Resolución RESOL-2023-1142-APN-PRES#SENASA.

La nueva disposición reconoce que los ovinos puros de pedigrí, registrados ante la Sociedad Rural Argentina y las asociaciones de criadores correspondientes conforme a la Resolución 188/1999, y mantenidos en condiciones de estabulación y aislamiento, presentan un menor riesgo sanitario frente a la sarna ovina causada por el ácaro Psoroptes ovis.

En ese contexto, el SENASA resolvió exceptuar del baño preventivo a aquellos animales que cumplan simultáneamente con tres condiciones:

  • ser puros de pedigrí registrados;
  • pertenecer a cabañas ovinas inscriptas en el SENASA, con animales estabulados y aislados del resto de la majada;
  • participar en exposiciones rurales y/o remates de reproductores realizados en zonas libres de sarna y autorizados por la COPROSA correspondiente.

El fundamento técnico apunta a reemplazar una exigencia sanitaria uniforme por un modelo de control basado en inspecciones oficiales en origen, durante el evento y al retorno, evitando daños productivos asociados al baño sin debilitar la vigilancia epidemiológica.

Requisitos, inspecciones y cuarentenas: el nuevo circuito operativo

La disposición no elimina controles, sino que los reordena y refuerza. Las cabañas que soliciten la excepción deberán estar registradas ante el SENASA y contar con infraestructura mínima obligatoria, que incluye alambrado perimetral, galpón, brete, depósitos de alimentos y herramientas, sala veterinaria y baño para ovinos.

Además, se exige la realización de dos inspecciones sanitarias anuales destinadas a la detección de ectoparásitos, efectuadas por personal oficial del SENASA, veterinarios acreditados en enfermedades de pequeños rumiantes o personal designado por la COPROSA, todos debidamente registrados en los sistemas sanitarios del organismo.

Previo al envío de animales a exposiciones en zonas libres, el productor deberá solicitar una inspección sanitaria de predespacho con al menos siete días de antelación. Si no se detecta ectoparasitosis, se habilitará la emisión del Documento de Tránsito electrónico (DT-e). Los costos de estas inspecciones quedan a cargo del solicitante.

El control se mantiene también en destino: al ingreso al remate o exposición se realizará una inspección sanitaria oficial obligatoria, y ante la detección de ectoparásitos se ordenará el retorno inmediato de los animales al establecimiento de origen, junto con medidas de higiene y desinfección.

En el egreso, la norma diferencia escenarios. Los ovinos de pedigrí provenientes de zonas endémicas o en alerta sanitaria que permanezcan en zonas libres deberán cumplir una cuarentena de 24 días, seguida de una nueva inspección sanitaria antes de su liberación. A su vez, los animales que salgan de zonas libres hacia eventos en zonas no libres y regresen deberán someterse a inspección de despacho, cuarentena de 24 días y control final.

Impacto productivo, comercial e institucional

Desde el punto de vista económico, la flexibilización del régimen sanitario representa un alivio de costos y riesgos productivos para las cabañas ovinas de pedigrí, especialmente en el circuito de exposiciones y remates, donde el baño acaricida puede afectar la condición física y el valor comercial de los reproductores.

En términos institucionales, la disposición consolida un enfoque de gestión sanitaria basada en riesgo, apoyado en registros, inspecciones oficiales y trazabilidad, sin modificar el carácter obligatorio de la lucha contra la sarna ovina establecida por el Decreto-Ley N° 7.383/1944, ratificado por las Leyes 12.979 y 14.305.

El esquema también refuerza el rol del SENASA como autoridad de aplicación y de las COPROSA como instancias clave de articulación territorial, al tiempo que mantiene un régimen sancionatorio claro: el incumplimiento será penado conforme al Capítulo V de la Ley N° 27.233 y su Decreto Reglamentario N° 776/2019.

La norma, que entró en vigencia al día siguiente de su publicación, busca equilibrar sanidad, competitividad y previsibilidad regulatoria, en un sector donde la condición sanitaria es un activo estratégico tanto para el mercado interno como para la credibilidad del sistema agropecuario argentino.

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