El Gobierno ajusta la privatización de ENARSA y redefine el cronograma para vender Transener
El Gobierno nacional volvió a intervenir en el proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA) y dio una nueva señal sobre el ritmo y las condiciones de la venta de activos estratégicos del sistema energético. A través de la Resolución 364/2026, firmada el 19 de marzo, el Ministerio de Economía aprobó la incorporación de nuevas modificaciones al pliego del concurso público que busca desprenderse de la participación estatal en CITELEC S.A., controlante de Transener.
La decisión no introduce un cambio de rumbo, pero sí recalibra el procedimiento: suma dos nuevas circulares modificatorias (N° 3 y 4), ajusta el cronograma y retoca condiciones del pliego. En un proceso que ya venía siendo intervenido con correcciones previas, el movimiento abre un interrogante: ¿se trata de una optimización técnica para atraer inversores o de una señal de dificultades en la ejecución del plan original?
Una privatización por etapas con foco en el corazón del sistema eléctrico
La venta de CITELEC es el primer paso concreto dentro de la estrategia de privatización total de ENARSA, definida en la Ley 27.742 y reglamentada por el Decreto 286/2025, que dispuso avanzar por etapas para garantizar la continuidad de los servicios y las obras en curso.
No es un activo menor. CITELEC controla el 52,65% de Transener, la empresa que opera la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión en todo el país. A su vez, ese entramado societario incluye participaciones indirectas en Transba S.A., responsable del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires, y en Transener Internacional Ltda., con operaciones en Brasil.
En términos de poder real, lo que está en juego no es solo una empresa, sino el control de la infraestructura crítica que sostiene el sistema eléctrico nacional.
El mecanismo elegido es un concurso público con base, de alcance nacional e internacional, sin programas de propiedad participada ni preferencias para sectores específicos, lo que confirma una decisión política: priorizar la competencia abierta por sobre esquemas de distribución accionaria más amplios.
Cambios sobre la marcha: cronograma, pliegos y señales al mercado
La Resolución 364/2026 se inscribe en una secuencia de ajustes. El proceso había sido formalmente lanzado en diciembre de 2025 con la Resolución 2090/2025, que aprobó el pliego, convocó al concurso (N° 504/2-0002-CPU25) y fijó las primeras fechas.
Días antes de esta nueva medida, la Resolución 281/2026 ya había introducido modificaciones a través de una circular previa. Ahora, con las circulares 3 y 4, el Ministerio de Economía vuelve a intervenir sobre dos ejes: Reprogramación del cronograma del proceso. Cambios en artículos del pliego para “mejorar, ampliar y corregir” condiciones
El argumento formal apunta a garantizar los principios de la contratación administrativa y del proceso de privatización, en línea con la Ley 23.696. Pero en clave política, los ajustes sucesivos muestran que el diseño original del proceso sigue en revisión.
La intervención de la Secretaría de Energía y de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” refuerza la idea de que se trata de un proceso central dentro de la agenda económica del Gobierno.
Impacto político y económico: entre la señal pro-mercado y la ejecución real
La privatización de ENARSA —y en particular de su participación en el sistema de transporte eléctrico— tiene una doble lectura.
Por un lado, consolida una señal pro-mercado alineada con el marco legal vigente: avanzar en la desinversión estatal en empresas estratégicas y abrir el juego a capitales privados, incluso internacionales.
Por otro, la necesidad de ajustar pliegos y cronogramas introduce un matiz: la ejecución del proceso no es lineal.
Cada modificación puede leerse como una instancia de adaptación para mejorar condiciones y atraer oferentes, pero también como un indicio de que el proceso requiere calibración constante para sostener su viabilidad.
En ese equilibrio se juega parte de la credibilidad del esquema: no alcanza con la decisión política de privatizar, también importa cómo se implementa.
Además, el hecho de que no se contemplen mecanismos de propiedad participada ni preferencias específicas delimita el tipo de actores que podrán competir, lo que impacta directamente en la configuración futura del sector.
Un proceso abierto, con variables en movimiento
La resolución entra en vigencia de inmediato y ordena la publicación de las nuevas circulares en los canales oficiales, incluyendo plataformas nacionales e internacionales.
Pero más allá del acto administrativo, el proceso sigue abierto. Las próximas semanas estarán marcadas por dos variables clave: la respuesta del mercado a las nuevas condiciones y la capacidad del Gobierno para sostener el cronograma ajustado.
En un contexto donde la infraestructura energética es un activo estratégico, cada modificación del proceso no solo ordena un expediente, sino que también redefine expectativas sobre el futuro del sector eléctrico y el rol del Estado en su gestión.
Por ahora, el Gobierno avanza. Pero lo hace corrigiendo sobre la marcha, en un proceso donde la letra de los pliegos y los tiempos del mercado todavía están buscando un punto de equilibrio.