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Salarios: arranca el año con paritarias por debajo de la inflación y señales mixtas del mercado laboral

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El índice de salarios creció 2,5% en enero de 2026, según el informe oficial del INDEC, pero volvió a quedar por debajo del 2,9% que marcó el IPC en el mismo período. La cifra, publicada este 25 de marzo, confirma una tensión persistente en el esquema económico: la recomposición salarial no logra todavía acompañar la dinámica de precios. ¿Se trata de un desfasaje transitorio o de un nuevo piso para la negociación paritaria?

El dato no es menor. Marca el inicio del año con una pérdida de poder adquisitivo en términos agregados, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar expectativas de desaceleración inflacionaria sin habilitar aumentos que presionen sobre los precios.

Un mapa desigual: el informal le gana a la inflación y el registrado pierde terreno

El informe muestra una estructura fragmentada. El crecimiento del 2,5% mensual se explica por subas de 2,1% en el sector privado registrado, 1,8% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado .

Ese último dato introduce una señal relevante: el único segmento que superó la inflación fue el empleo informal. No es un dato menor en términos políticos ni económicos. Mientras el empleo formal —tanto público como privado— queda rezagado, el sector no registrado aparece como el que ajusta más rápido, aunque sin garantías de estabilidad ni derechos laborales.

En términos interanuales, el índice de salarios acumula una suba del 37,7%, con diferencias marcadas: 28,5% en el sector privado registrado, 30,0% en el sector público y 80,6% en el no registrado . La brecha refleja no solo velocidades distintas de actualización, sino también un reordenamiento de incentivos dentro del mercado laboral.

Paritarias bajo presión y equilibrio fiscal en juego

El dato impacta de lleno en la discusión política sobre ingresos. Con salarios formales corriendo detrás de los precios, el margen para reabrir paritarias o acelerar acuerdos se vuelve un terreno sensible para el Gobierno.

Por un lado, una mayor recomposición salarial podría tensionar la estrategia antiinflacionaria. Por otro, la continuidad de esta dinámica erosiona el poder adquisitivo y puede trasladarse a consumo, conflictividad y negociación sindical.

En ese equilibrio, el sector público aparece particularmente condicionado: registró un aumento de 1,8% mensual, por debajo del promedio general . La política salarial estatal queda así atada no solo a la inflación, sino también a las restricciones fiscales.

Señales cruzadas y lo que viene

El inicio de 2026 deja una foto ambigua. Los salarios crecen en términos nominales, pero no logran consolidar una recuperación real. Al mismo tiempo, el dinamismo del sector informal introduce una variable difícil de ordenar dentro de una estrategia económica más amplia.

La clave estará en los próximos meses. Si la inflación desacelera, el actual esquema podría empezar a recomponer ingresos sin necesidad de fuertes correcciones. Si no lo hace, la presión sobre paritarias, gasto público y consumo interno podría intensificarse.

En ese cruce, la política económica vuelve a enfrentar su dilema clásico: cuánto ajustar hoy para estabilizar, y cuánto ceder para sostener el tejido social en el corto plazo.

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Precarización laboral: ya hay 2 millones entre desocupados y trabajadores en negro en Argentina

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La foto laboral empezó a mostrar algo más profundo que un aumento de la desocupación. En la Argentina, los desocupados o trabajadores no registrados ya suman 2 millones de personas, en un escenario en el que el empleo formal retrocede, la informalidad gana terreno y el mercado laboral absorbe la crisis con ocupaciones más frágiles. El dato condensa una tensión política que el Gobierno no puede esquivar: el ajuste no solo impacta en la actividad, también modifica la calidad del trabajo disponible. Y esa deriva, aunque todavía no se traduzca en un colapso abierto, empieza a perforar uno de los frentes más sensibles de la gobernabilidad.

En los últimos dos años, el empleo no registrado creció en 376.000 puestos, mientras la tasa de desocupación pasó de 5,7% a 7,5%. Eso equivale, según el INDEC, a 1,7 millones de personas desocupadas. A la vez, la tasa de empleo bajó de 45,8% a 45%, y la informalidad trepó a 43% de la población ocupada. Proyectado a todo el país, el cuadro deja una estructura laboral partida: 13 millones de trabajadores registrados frente a unos 9 millones en negro. No se trata solo de menos empleo de calidad. Se trata de un mercado que, aun cuando sigue generando alguna ocupación, lo hace cada vez más fuera de los márgenes de protección.

Un mercado laboral que ajusta por precariedad

El dato central no es únicamente que subió la desocupación. También cambió la composición del empleo. El retroceso del trabajo registrado y el avance del no registrado indican que el ajuste del mercado laboral no opera solo expulsando trabajadores, sino empujándolos hacia formas más inestables y sin cobertura social.

Esa dinámica aparece con claridad en los números sectoriales citados por la consultora Invecq en base a cifras del INDEC. Según ese relevamiento, el comercio sumó 210.000 puestos informales, mientras los registrados privados en ese rubro apenas crecieron 4.000. En la industria manufacturera, en tanto, se agregaron 87.000 trabajadores no registrados al tiempo que se perdieron 63.000 puestos formales. La señal es nítida: incluso sectores tradicionales de la economía están reemplazando empleo estable por inserciones laborales más débiles.

Ese punto importa porque desarma una lectura simplista que atribuye la expansión de la informalidad solo a las nuevas plataformas o a formas emergentes del trabajo. Lo que muestran los datos es algo más estructural. La precarización no está contenida en un nicho; se extiende sobre actividades clásicas de la economía y altera el corazón mismo del empleo urbano.

La caída del empleo registrado golpea al sector privado y también al público

El deterioro tampoco queda circunscripto a un solo segmento del mercado laboral. Los asalariados registrados del sector privado disminuyeron en 182.000 puestos, mientras en el sector público hubo una caída de 80.000 empleos registrados. En total, son 262.000 puestos formales menos.

En términos institucionales, ese dato tiene peso propio. Cuando caen al mismo tiempo el empleo privado registrado y el empleo público formal, se angosta el colchón que suele amortiguar las crisis laborales. La consecuencia es doble: menos aportes al sistema, menos cobertura social y más presión sobre ingresos que ya venían deteriorados.

Ahí aparece una dimensión política más delicada. La discusión sobre el empleo deja de girar únicamente en torno a cuántos puestos se crean o se destruyen, y pasa a enfocarse en qué tipo de trabajo sobrevive. Un mercado que reemplaza empleo formal por ocupaciones en negro puede evitar, por un tiempo, un salto todavía mayor en la desocupación abierta. Pero ese “amortiguador” tiene un costo: deteriora ingresos, reduce derechos y vuelve más inestable la base social sobre la que se sostiene cualquier programa económico.

Repercusiones: más tensión social y menos margen para administrar el ajuste

La expansión de la informalidad fortalece, en lo inmediato, una lógica de supervivencia laboral que contiene parcialmente el desempleo abierto, pero condiciona la sustentabilidad social del esquema económico. El problema no se limita a la falta de trabajo. También afecta la calidad del empleo existente y su capacidad para garantizar ingresos, aportes previsionales y cobertura médica.

En la correlación de fuerzas, este proceso deja al Gobierno frente a una tensión difícil de administrar. Puede exhibir orden fiscal o desaceleración en otros frentes, pero si el mercado laboral consolida una salida por precariedad, el costo social del ajuste cambia de forma, no desaparece. Y esa mutación tiene efectos políticos concretos: erosiona ingresos, amplía la vulnerabilidad y vuelve más sensibles los reclamos sectoriales y territoriales.

También condiciona la agenda pública. Un mercado laboral donde 43% de los ocupados está en la informalidad no solo expone problemas de empleo; pone en discusión el alcance real de la recuperación, si es que aparece. Porque incluso un repunte parcial de la actividad puede convivir con trabajos de baja calidad, sin derechos y con salarios insuficientes. La mejora cuantitativa, en ese contexto, no necesariamente corrige el deterioro social.

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Misiones lanza línea de alivio financiero para estatales y jubilados con alta carga de deuda

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El Gobierno de Misiones, en articulación con el Banco Macro, puso en marcha una nueva operatoria destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, así como a jubilados, pensionados y retirados, que presenten un alto nivel de endeudamiento en relación a sus ingresos.

La medida está dirigida específicamente a aquellos casos en los que las cuotas de créditos vigentes alcanzan hasta el 50% del sueldo neto, un umbral que refleja el creciente peso de las obligaciones financieras sobre la economía familiar en el actual contexto macroeconómico.

“En el actual contexto económico por todos conocido, donde el crédito se ha encarecido y las obligaciones financieras pesan cada vez más en la economía familiar, esta medida busca ofrecer una herramienta concreta para que cada beneficiario pueda, si desea usarla, reorganizar sus compromisos, cancelando saldos de préstamos y tarjetas de crédito mediante una financiación con tasa bonificada y plazos acordes a su situación”, detalló el gobernador Hugo Passalacqua.

“De esta manera, seguimos acompañando a las familias misioneras con herramientas reales, pensadas para cuidar su economía y brindar alivio dentro de las posibilidades de la Provincia”, señaló el gobernador.

Según se informó, la operatoria permitirá a los beneficiarios reorganizar sus compromisos mediante la cancelación de saldos de préstamos personales y tarjetas de crédito, accediendo a una nueva financiación con tasa bonificada y plazos adaptados a su capacidad de pago.

La iniciativa surge en un escenario donde el crédito se ha encarecido de manera significativa, lo que ha derivado en un deterioro de la relación entre ingresos y deuda, especialmente en sectores con ingresos fijos como el empleo público y el sistema previsional.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es ofrecer una herramienta concreta que permita aliviar la carga financiera de los hogares misioneros, brindando previsibilidad y evitando situaciones de sobreendeudamiento más severas.

La operatoria ya se encuentra vigente y estará disponible hasta el 23 de abril de 2026, en lo que se configura como una ventana acotada para acceder a este esquema de refinanciación con condiciones preferenciales.

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En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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Argentina cayó cinco puestos en el ranking global de corrupción durante el segundo año de Javier Milei

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En el segundo año de gestión del presidente Javier Milei, Argentina retrocedió cinco lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional. El país se ubicó en el puesto 104 sobre 182 naciones, con un puntaje de 36 sobre 100, un punto menos que en la medición previa.

El índice -uno de los indicadores de gobernanza más utilizados a nivel global por inversores, organismos multilaterales y analistas institucionales- ordena a los países desde los más transparentes hasta los más afectados por prácticas corruptas en el sector público. En 2024, Argentina había ocupado el puesto 99 entre 180 países relevados.

La edición 2025 incorporó a Belice y Brunei, ampliando la base de comparación internacional. Aun así, el desempeño argentino mostró un deterioro relativo tanto en el ranking como en el puntaje absoluto, lo que la dejó por debajo del promedio continental, que se ubicó en 42 puntos.

Señales institucionales y agenda anticorrupción

Desde Poder Ciudadano, capítulo local de Transparencia Internacional, atribuyeron el retroceso a la falta de avances en políticas anticorrupción. Su director ejecutivo, Pablo Secchi, sostuvo que durante los dos primeros años de gobierno “no se impulsaron medidas para prevenir ni sancionar la corrupción”, y mencionó casos como Libra y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como episodios que no tuvieron respuestas institucionales contundentes.

El resultado deja a Argentina en una posición similar a la de países como Belice y Ucrania, y por debajo de naciones con menor peso económico global como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana, lo que refuerza las alertas sobre la calidad institucional y el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.

Comparación regional y global

En América, Argentina se ubicó en el puesto 19 sobre 33 países. Canadá (75 puntos) y Uruguay (73) encabezaron la región, mientras que Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10) mostraron los peores desempeños.

A nivel global, el ranking fue liderado por Dinamarca (89 puntos) y Finlandia (88), mientras que Sudán del Sur y Somalia cerraron la lista con apenas 9 puntos. Venezuela quedó en el puesto 180, con 10 puntos.

El presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, advirtió que “el desarrollo económico sostenido requiere políticas de integridad estables en el tiempo” y señaló que la falta de avances en esta agenda constituye “una deuda institucional cada vez más urgente”.

Impacto económico e institucional

Desde Transparencia Internacional remarcaron que la corrupción no es solo un problema ético, sino un factor que incide directamente en la calidad de los servicios públicos, la seguridad jurídica y la competitividad económica. En su informe regional, la organización alertó que la inacción estatal permitió en varios países de América Latina la expansión del crimen organizado y la erosión de la confianza en las instituciones.

El presidente global de la ONG, François Valérian, sostuvo que “la corrupción no es inevitable” y llamó a fortalecer la rendición de cuentas, la supervisión independiente y el rol de la sociedad civil como pilares de una estrategia anticorrupción sostenible.

Cómo se elabora el índice

El Índice de Percepción de la Corrupción mide la percepción de empresarios y expertos sobre la corrupción en el sector público. Se construye a partir de entre tres y trece fuentes internacionales -como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Economist Intelligence Unit- y no releva la opinión del público general.

En el caso argentino, el puntaje surge del promedio de ocho encuestas internacionales, y su metodología permite la comparación interanual. Transparencia Internacional aclara que, dado el carácter oculto de muchas prácticas corruptas, la percepción de actores especializados sigue siendo el mejor proxy disponible para medir la integridad del Estado.

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