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El empleo público nacional cayó 7,2% interanual y cerró 2025 con 280.120 trabajadores

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El empleo en el sector público nacional volvió a retroceder y cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, lo que representa una caída interanual del 7,2% y una baja mensual del 0,6%, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La contracción se concentró principalmente en la Administración Pública Nacional, con un ajuste más marcado en la administración centralizada, que registró el mayor descenso porcentual del año.

El dato confirma una tendencia sostenida de reducción en la dotación estatal a lo largo de 2025 y tiene impacto directo sobre la estructura del gasto público, la organización administrativa del Estado nacional y el funcionamiento de áreas clave de gestión.

Fuerte ajuste en la Administración Pública Nacional

Del total de 280.120 empleados del sector público nacional, 190.936 correspondieron a la Administración Pública Nacional, que mostró una disminución interanual del 7,1%. En paralelo, las empresas y sociedades del Estado contabilizaron 89.184 trabajadores, lo que implica una caída del 7,4% respecto de diciembre de 2024.

Al desagregar la Administración Pública, el informe del INDEC revela que la administración centralizada fue la más afectada por el ajuste, con una contracción del 10,5% interanual, cerrando diciembre con 38.940 agentes. Este segmento concentra funciones estratégicas del Estado nacional, por lo que la magnitud de la caída adquiere relevancia institucional.

La administración descentralizada, en tanto, registró 116.222 empleados, con una reducción del 6,4% interanual. Por su parte, la administración desconcentrada alcanzó los 21.733 trabajadores, con una baja del 6,0%, mientras que los otros entes sumaron 14.041 agentes, lo que representa un descenso del 4,4% frente al mismo mes del año anterior.

Metodología, datos imputados y alcance del informe

El reporte oficial del INDEC precisó además que nueve entidades no informaron su dotación de personal en diciembre de 2025, motivo por el cual se imputaron 1.407 puestos de trabajo, equivalentes al 0,5% del total del empleo público nacional. Esta aclaración metodológica resulta clave para interpretar el alcance de las cifras publicadas y su comparabilidad interanual.

En términos técnicos, el informe consolida la evolución del empleo público nacional incluyendo tanto la Administración Pública como las empresas y sociedades del Estado, lo que permite observar el impacto agregado del ajuste sobre la estructura laboral del sector público.

Impacto económico e institucional del retroceso del empleo estatal

La caída del 7,2% interanual en el empleo público nacional refleja un proceso de reducción de la dotación estatal que tiene implicancias económicas e institucionales. En el plano fiscal, la disminución del número de trabajadores incide directamente sobre el gasto en personal, uno de los componentes más relevantes del presupuesto nacional.

Desde una perspectiva institucional, el ajuste se concentra con mayor fuerza en la administración centralizada, lo que puede impactar en la capacidad operativa de áreas clave del Estado. Al mismo tiempo, la reducción también alcanza a organismos descentralizados, entes desconcentrados y empresas públicas, configurando un recorte transversal en la estructura del sector público nacional.

Con estos datos, el cierre de 2025 deja un panorama de menor empleo estatal, con una contracción que se sostuvo tanto en la comparación interanual como en el último mes del año, y que marca un punto de referencia para el análisis del tamaño y funcionamiento del Estado nacional.

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El IMaC reduce 40% de su personal por el recorte de fondos nacionales

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El presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, informó la reducción de aproximadamente el 40% del personal contratado con relación de dependencia en el organismo. La decisión, comunicada a través de redes sociales, se enmarca en un contexto de fuerte restricción fiscal que, según explicó, afecta de manera directa a las provincias por la caída de transferencias nacionales, la merma de la recaudación y el desplome de la coparticipación. El ajuste refleja el impacto concreto del equilibrio fiscal nacional sobre la estructura del Estado provincial y sus organismos.

La medida alcanza exclusivamente a la planta de contratos con relación de dependencia, mientras que los recortes al personal sin relación contractual “quedaron sin efecto”, según aclaró el propio titular del instituto. Gervasoni vinculó la decisión con un escenario económico adverso que definió como “cada vez más duro”, y remarcó que no se trata de una decisión deseada sino forzada por la coyuntura.

Recortes nacionales y presión sobre las finanzas provinciales

En su mensaje, Gervasoni atribuyó el ajuste a las políticas fiscales del Gobierno nacional, al señalar que “el equilibrio fiscal de Nación lo logran con recortes durísimos a las provincias”. En ese sentido, detalló un recorte del 90% en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), junto con “una merma que llega a más del 40% en la recaudación y una fuerte caída en la coparticipación”, factores que, combinados, conforman “un cóctel totalmente destructivo en las economías provinciales”.

Según explicó, ese escenario dejó al IMaC sin margen financiero para sostener su estructura actual, lo que derivó en la decisión de avanzar con la reducción del personal contratado. “Hoy el ajuste también golpea las puertas de mi oficina”, expresó, al tiempo que reconoció que la situación genera un fuerte costo humano e institucional.

El impacto del ajuste y el mensaje político

Gervasoni fue explícito al referirse al alcance social de la medida: “No quisiera dejar a nadie sin trabajo”, afirmó, y reconoció que “un recorte del 40% aproximadamente en la planta de contratos con relación de dependencia está en marcha”. En un tono crítico, sostuvo que “gran parte de ellos inclusive votó este modelo libertario que asfixia”, aunque aclaró que eso no vuelve menos dolorosa la decisión.

El titular del IMaC señaló que recibe “felicitaciones en varios idiomas” en referencia a las reacciones que generó el anuncio, y agregó: “Con el dolor a flor de piel, no tengo respuestas para dar, solo pedir perdón a quienes afecta la medida”. En ese marco, extendió el pedido de disculpas “en nombre mío y de los trabajadores del IMaC que continúan, en nombre de cada referente que tuvo que tomar la medida con su gente”.

También remarcó que, de existir otra alternativa, “seguramente el señor Gobernador la hubiera utilizado”, y anticipó que el proceso de ajuste podría extenderse a otras áreas del Estado provincial: “Creería que los demás ministerios también tendrán ajustes, no solo el IMaC”.

Sin nuevas altas y advertencia institucional

En su mensaje, Gervasoni subrayó que el contexto obliga a extremar los controles internos y advirtió que no deberían producirse nuevas incorporaciones: “Quiero creer que no habrá más altas nuevas hasta nuevo aviso, caso contrario yo mismo denunciaré si existe alguna maniobra”.

Finalmente, aclaró que, en un intento por amortiguar el impacto social, “los recortes sin relación quedaron sin efecto”, y agradeció “al Sr. Gobernador por el enorme esfuerzo” para sostener el funcionamiento del organismo en un escenario de restricción extrema.

La reducción del 40% del personal contratado en el IMaC se convierte así en una señal concreta del traslado del ajuste fiscal nacional a las estructuras provinciales, con consecuencias directas sobre el empleo público y la capacidad operativa de los institutos descentralizados.

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El Gobierno prorrogó las pautas salariales para el sector público nacional

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El Poder Ejecutivo Nacional resolvió extender durante todo 2026 los lineamientos de negociación salarial para el Sector Público Nacional, mediante la Decisión Administrativa 43/2025, firmada el 31 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. La medida prorroga la vigencia de la Decisión Administrativa 28/2024, que fija pautas uniformes para las negociaciones colectivas, con el objetivo explícito de optimizar los recursos del Estado, reducir el gasto público y mantener criterios homogéneos en materia salarial.

La decisión se inscribe en la política de administración del gasto y ordenamiento fiscal impulsada por el Gobierno y alcanza a las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional comprendidos en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

Antecedentes normativos y objetivos de la prórroga

Los lineamientos salariales que ahora se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026 fueron establecidos originalmente por la Decisión Administrativa 28 del 1° de febrero de 2024, en el marco de las facultades conferidas por la Ley 18.753, que asigna a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público la responsabilidad de estudiar y coordinar una política salarial armónica en el ámbito estatal.

Posteriormente, la Decisión Administrativa 1 del 6 de enero de 2025 prorrogó esas pautas durante todo el ejercicio presupuestario 2025, con el argumento de avanzar en la reducción del gasto público y la eficiencia en la administración estatal. Según se desprende de los considerandos de la nueva norma, desde su implementación “se ha logrado avanzar de manera ininterrumpida hacia el logro de los objetivos señalados, manteniendo durante el Ejercicio Presupuestario 2025 parámetros homogéneos para la negociación de salarios”.

La Decisión Administrativa 43/2025 sostiene que, en virtud de esos resultados, resulta “pertinente prorrogar los lineamientos oportunamente establecidos […] para el Ejercicio Presupuestario 2026”, reforzando la continuidad de un esquema centralizado de pautas salariales para todo el sector público nacional.

Impacto en las negociaciones colectivas y el gasto público

La medida tiene incidencia directa sobre las negociaciones colectivas de trabajo en el ámbito estatal, reguladas por la Ley 14.250 (t.o. 2004), y sobre el funcionamiento de las comisiones negociadoras definidas por los Decretos 183/1988 y 322/2017. En particular, reafirma la representación del sector empleador del Estado nacional en las discusiones paritarias y la aplicación de criterios comunes en organismos centralizados, descentralizados, instituciones de seguridad social y entes estatales comprendidos en la Ley 24.156.

Desde el punto de vista fiscal, la prórroga busca preservar previsibilidad presupuestaria y consolidar un esquema de control del gasto salarial, uno de los componentes más relevantes del gasto corriente del Estado. En ese sentido, la norma aclara que todas las referencias previas a la Ley de Presupuesto 27.701 y al Decreto 88/2023 deberán entenderse realizadas al instrumento que apruebe el Presupuesto 2026, alineando las pautas salariales con el marco presupuestario vigente.

Alcance institucional y continuidad de la política salarial

La decisión fue adoptada por el Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1, 2 y 7 de la Constitución Nacional, y contó con la intervención de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, así como de los servicios jurídicos competentes.

En términos institucionales, la prórroga consolida una política salarial coordinada y centralizada dentro del Sector Público Nacional, reforzando el rol de los organismos rectores en la definición de pautas comunes y limitando la dispersión de criterios entre jurisdicciones. La continuidad de este esquema durante 2026 anticipa un escenario de negociaciones salariales condicionadas por parámetros fiscales y presupuestarios uniformes, en línea con la estrategia general de ordenamiento del gasto público.

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INDEC: el empleo en la administración pública nacional bajó 7,8% interanual en noviembre

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La dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo a 281.785 personas en noviembre de 2025, según datos oficiales del INDEC, y acumuló una pérdida de 59.688 empleos desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei. La cifra consolida el ajuste sobre el sector público como uno de los ejes centrales de la política económica y administrativa del Gobierno nacional, con impacto directo en el funcionamiento del Estado, el mercado laboral y la estructura institucional.

En el último mes relevado, noviembre de 2025, el empleo público cayó 0,3% respecto de octubre (785 puestos menos) y 7,8% en la comparación interanual, lo que equivale a 22.322 trabajadores menos frente a noviembre de 2024. Los datos surgen del informe técnico “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, publicado el 30 de diciembre de 2025 por el INDEC.

Un ajuste sostenido en la administración pública nacional

El recorte se verifica en casi todos los segmentos del Estado nacional. La Administración Pública Nacional (APN) cerró noviembre con 192.219 empleados, una baja mensual de 0,2% y una caída interanual del 7,1%. Dentro de ese universo, la administración centralizada pasó de 39.272 a 39.011 trabajadores, lo que implicó una reducción mensual del 0,7% y una caída interanual del 10,7%.

La administración descentralizada, que concentra el mayor volumen de personal, también mostró una contracción: bajó 0,3% mensual, de 116.960 a 116.571 empleados, mientras que la administración desconcentrada fue el único segmento que registró una suba en noviembre, con 22.534 trabajadores, un incremento del 1,3% mensual (284 puestos más). En tanto, los otros entes redujeron su dotación 0,3%, al pasar de 14.148 a 14.103 empleados.

Si se toma el acumulado de enero a noviembre de 2025, la APN perdió 18.178 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 6,06% en lo que va del año. El contraste es más marcado al comparar con el inicio de la actual gestión: en enero de 2024, la administración pública nacional contabilizaba 333.784 puestos, por lo que el retroceso acumulado alcanza el 15,57%.

Empresas y sociedades del Estado: menos personal y menor estructura

El ajuste también se extendió a las empresas y sociedades del Estado, que en noviembre registraron 89.566 empleados, con una caída mensual de 374 puestos (-0,4%) y una reducción interanual del 7,8%. Este segmento explica una parte relevante del recorte total, en un contexto de revisión del rol del Estado empresario y de los costos operativos de las compañías con participación estatal.

En conjunto, la dotación total del sector público nacional —administración central, organismos descentralizados, entes y empresas— pasó de casi 300 mil trabajadores a comienzos de 2025 a los 281.785 actuales, consolidando una tendencia de reducción sostenida mes a mes. El informe oficial detalla que la medición incluye a 125 entidades, aunque en noviembre 10 empresas y sociedades no informaron su dotación, por lo que 5.194 personas (1,8% del total) fueron imputadas estadísticamente.

Impacto económico e institucional del recorte

La caída de casi 60 mil empleos públicos en dos años refleja el alcance del proceso de reorganización y reducción del Estado impulsado por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. En términos económicos, el ajuste contribuye a la reducción del gasto corriente, especialmente en salarios, uno de los componentes más relevantes del presupuesto nacional. En el plano institucional, sin embargo, plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de áreas clave del Estado, en particular en organismos con funciones regulatorias, técnicas o de prestación de servicios.

La evolución del empleo público se convirtió así en un indicador central para seguir la estrategia de desregulación y transformación del Estado, en un contexto de fuerte debate político sobre el tamaño del sector público, la eficiencia administrativa y el impacto social del ajuste. Con los datos de noviembre, el INDEC confirma que la tendencia descendente se mantiene y que el redimensionamiento del Estado sigue siendo uno de los pilares de la política económica vigente.

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El Gobierno refuerza el presupuesto del RENAPER con más de $44.800 millones para 2025

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La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso una modificación del Presupuesto 2025 para reforzar los créditos de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con el objetivo de afrontar gastos impostergables de funcionamiento y financiar inversiones en bienes de uso. La medida, formalizada mediante la Decisión Administrativa 39/2025, implica una reasignación de partidas por más de $44.845 millones y se apoya en recursos propios del organismo y en financiamiento externo, en un contexto de prórroga presupuestaria y restricciones fiscales.

Adecuación presupuestaria en un esquema de prórroga

La Decisión Administrativa 39/2025, firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre. La norma modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2025, que se rige por la Ley N° 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada conforme al artículo 27 de la Ley N° 24.156 y al Decreto N° 1.131 del 27 de diciembre de 2024.

Según se desprende de los considerandos, la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de cubrir “gastos impostergables para su normal funcionamiento” del RENAPER, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior. La decisión se encuadra en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que habilita modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad operativa de los organismos del Estado.

Más de $44.845 millones para gastos corrientes y de capital

El detalle de las planillas anexas que integran la decisión administrativa muestra que el refuerzo presupuestario total para el RENAPER asciende a $44.845.288.142. De ese monto, $38.487.990.542 corresponden a gastos corrientes financiados con recursos propios, mientras que $6.357.297.600 se destinan a gastos de capital financiados mediante crédito externo.

En el rubro de gastos corrientes, la mayor parte se concentra en servicios no personales, con partidas relevantes para servicios básicos, correos y telégrafos, mantenimiento, limpieza, servicios técnicos y profesionales, informática, servicios comerciales y financieros, suscripciones a internet, viáticos, impuestos y otros servicios. Entre los conceptos destacados figuran $8.667.990.542 para servicios básicos vinculados a correos y telégrafos, $6.540 millones para mantenimiento y limpieza, y $7.400 millones para suscripciones adicionales a internet.

Por el lado de las inversiones, los $6.357.297.600 de gastos de capital se asignan íntegramente a bienes de uso, en particular a la adquisición de maquinaria y equipos, lo que apunta a sostener y actualizar la infraestructura tecnológica del organismo.

Recursos propios y financiamiento externo

En cuanto a las fuentes de financiamiento, el esquema aprobado combina ingresos propios del RENAPER con aportes de la Administración Central y crédito externo. Los recursos corrientes del organismo alcanzan los $38.487.990.542, provenientes mayormente de ingresos no impositivos. Dentro de ese rubro se destacan las tasas vinculadas a la expedición de pasaportes, en el marco del Decreto N° 261/2011, que suman $15.743.807.164, y otros ingresos varios por $19.174.370.070.

A ello se agregan $3.569.813.308 por venta de bienes y servicios de la administración pública. Para el financiamiento de las inversiones, la modificación presupuestaria contempla la obtención de préstamos del sector externo a largo plazo por $6.357.297.600, identificados como provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, junto con contribuciones figurativas de la Administración Central por el mismo monto.

Impacto institucional y operativo

La modificación presupuestaria tiene un impacto directo en la capacidad operativa del RENAPER, un organismo clave para la identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. El refuerzo de partidas permite garantizar la continuidad de servicios esenciales como la emisión de documentos y pasaportes, en un contexto de alta demanda y costos crecientes asociados a tecnología, conectividad y logística.

Desde el punto de vista institucional, la medida refleja el uso de herramientas de gestión presupuestaria para sostener el funcionamiento de organismos descentralizados en un escenario de prórroga del presupuesto y de restricciones fiscales. Al mismo tiempo, la incorporación de financiamiento externo para inversiones en equipamiento plantea un esquema mixto de sostenimiento operativo y modernización, con impacto en la eficiencia administrativa y en la calidad del servicio al ciudadano.

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