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El Gobierno refuerza el presupuesto del RENAPER con más de $44.800 millones para 2025

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La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso una modificación del Presupuesto 2025 para reforzar los créditos de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con el objetivo de afrontar gastos impostergables de funcionamiento y financiar inversiones en bienes de uso. La medida, formalizada mediante la Decisión Administrativa 39/2025, implica una reasignación de partidas por más de $44.845 millones y se apoya en recursos propios del organismo y en financiamiento externo, en un contexto de prórroga presupuestaria y restricciones fiscales.

Adecuación presupuestaria en un esquema de prórroga

La Decisión Administrativa 39/2025, firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, fue dictada el 29 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre. La norma modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 2025, que se rige por la Ley N° 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada conforme al artículo 27 de la Ley N° 24.156 y al Decreto N° 1.131 del 27 de diciembre de 2024.

Según se desprende de los considerandos, la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de cubrir “gastos impostergables para su normal funcionamiento” del RENAPER, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior. La decisión se encuadra en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que habilita modificaciones presupuestarias para garantizar la continuidad operativa de los organismos del Estado.

Más de $44.845 millones para gastos corrientes y de capital

El detalle de las planillas anexas que integran la decisión administrativa muestra que el refuerzo presupuestario total para el RENAPER asciende a $44.845.288.142. De ese monto, $38.487.990.542 corresponden a gastos corrientes financiados con recursos propios, mientras que $6.357.297.600 se destinan a gastos de capital financiados mediante crédito externo.

En el rubro de gastos corrientes, la mayor parte se concentra en servicios no personales, con partidas relevantes para servicios básicos, correos y telégrafos, mantenimiento, limpieza, servicios técnicos y profesionales, informática, servicios comerciales y financieros, suscripciones a internet, viáticos, impuestos y otros servicios. Entre los conceptos destacados figuran $8.667.990.542 para servicios básicos vinculados a correos y telégrafos, $6.540 millones para mantenimiento y limpieza, y $7.400 millones para suscripciones adicionales a internet.

Por el lado de las inversiones, los $6.357.297.600 de gastos de capital se asignan íntegramente a bienes de uso, en particular a la adquisición de maquinaria y equipos, lo que apunta a sostener y actualizar la infraestructura tecnológica del organismo.

Recursos propios y financiamiento externo

En cuanto a las fuentes de financiamiento, el esquema aprobado combina ingresos propios del RENAPER con aportes de la Administración Central y crédito externo. Los recursos corrientes del organismo alcanzan los $38.487.990.542, provenientes mayormente de ingresos no impositivos. Dentro de ese rubro se destacan las tasas vinculadas a la expedición de pasaportes, en el marco del Decreto N° 261/2011, que suman $15.743.807.164, y otros ingresos varios por $19.174.370.070.

A ello se agregan $3.569.813.308 por venta de bienes y servicios de la administración pública. Para el financiamiento de las inversiones, la modificación presupuestaria contempla la obtención de préstamos del sector externo a largo plazo por $6.357.297.600, identificados como provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, junto con contribuciones figurativas de la Administración Central por el mismo monto.

Impacto institucional y operativo

La modificación presupuestaria tiene un impacto directo en la capacidad operativa del RENAPER, un organismo clave para la identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional. El refuerzo de partidas permite garantizar la continuidad de servicios esenciales como la emisión de documentos y pasaportes, en un contexto de alta demanda y costos crecientes asociados a tecnología, conectividad y logística.

Desde el punto de vista institucional, la medida refleja el uso de herramientas de gestión presupuestaria para sostener el funcionamiento de organismos descentralizados en un escenario de prórroga del presupuesto y de restricciones fiscales. Al mismo tiempo, la incorporación de financiamiento externo para inversiones en equipamiento plantea un esquema mixto de sostenimiento operativo y modernización, con impacto en la eficiencia administrativa y en la calidad del servicio al ciudadano.

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El Gobierno autoriza un crédito con Crédit Agricole para la compra de helicópteros navales de la Armada

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El Poder Ejecutivo nacional aprobó, mediante el Decreto 924/2025, un contrato de financiamiento por €71.676.175,26 con el Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), con cobertura de una Agencia de Crédito a la Exportación, destinado a ejecutar el Proyecto de Adquisición de Helicópteros Navales Livianos. La medida, publicada el 29 de diciembre de 2025, apunta a mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales y fue avalada tanto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como por la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía, que consideraron acotado su impacto macroeconómico y competitivo su costo financiero.

La operatoria se inscribe en la estrategia de reequipamiento de las Fuerzas Armadas y refuerza el rol del Ministerio de Defensa, que actuará como organismo ejecutor a través del Estado Mayor General de la Armada, en un contexto de revisión integral del gasto público y priorización de proyectos con impacto operativo concreto.

Financiamiento externo, impacto acotado y aval técnico del Estado

El decreto aprueba el Modelo de Contrato de Financiamiento con CACIB, que contempla la cobertura de una Agencia de Crédito a la Exportación, una modalidad habitual para operaciones de equipamiento estratégico. Según consta en los considerandos, el BCRA evaluó el efecto de la operación sobre la balanza de pagos y concluyó que la dimensión del préstamo “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos” y resulta “consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

En la misma línea, la Oficina Nacional de Crédito Público informó que no formuló objeciones al financiamiento requerido, al entender que “el costo financiero del préstamo es inferior al que la República podría obtener en el mercado”. Este punto resulta central desde el enfoque fiscal y financiero, ya que refuerza la decisión de recurrir a crédito externo con condiciones preferenciales en lugar de alternativas más onerosas.

La normativa se apoya en el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, y en los artículos 53 de la Ley N° 11.672 y 60 de la Ley N° 24.156, que regulan el endeudamiento público y los sistemas de control del sector público nacional.

Objetivo estratégico: control marítimo y capacidades de la Armada

El Proyecto de Adquisición de Helicópteros Navales Livianos tiene como objetivo general fortalecer la vigilancia y el control de los espacios marítimos jurisdiccionales, mediante la incorporación de medios aéreos embarcados modernos y versátiles. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor General de la Armada, designado formalmente como organismo ejecutor.

Desde el punto de vista institucional, la decisión refuerza la planificación de capacidades operativas en el ámbito naval y se articula con la necesidad de contar con equipamiento adecuado para tareas de control, patrullaje y apoyo logístico en áreas marítimas estratégicas.

El decreto también faculta al Ministro de Economía —o a los funcionarios que designe— y al Secretario de Finanzas, en forma indistinta, a suscribir el contrato de financiamiento, su documentación adicional y las solicitudes de desembolso. Asimismo, habilita a acordar modificaciones operativas necesarias para la ejecución del proyecto, siempre que no alteren el objeto, el destino de los fondos ni el monto total, ni modifiquen la prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros ya acordada.

Repercusiones y proyección institucional

La aprobación del financiamiento tiene implicancias directas en varios planos. En el económico-financiero, consolida una operación de crédito externo considerada eficiente en términos de costo y de impacto macroeconómico. En el institucional, fortalece el rol coordinador del Ministerio de Economía y del Ministerio de Defensa en proyectos de inversión estratégica. Y en el operativo, sienta las bases para una mejora concreta en las capacidades de la Armada Argentina.

En el corto plazo, se espera la instrumentación del contrato y la puesta en marcha de los desembolsos conforme al cronograma que se establezca en la documentación aprobada como Anexos I y II del decreto, publicados en la edición web del Boletín Oficial.

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El índice de salarios del INDEC superó a la inflación en octubre y acumula 33,7% en 2025

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Los salarios volvieron a ganarle a la inflación en octubre: el índice subió 2,5% y acumuló 33,7% en 2025

El índice de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró en octubre de 2025 un incremento mensual del 2,5%, superando levemente a la inflación del período, que fue del 2,3%. De esta manera, los ingresos laborales retomaron una dinámica de recuperación real en el corto plazo, aunque con fuertes diferencias entre sectores y con un desempeño que todavía muestra tensiones frente al nivel general de precios acumulado en el año.

En términos acumulados, los salarios crecieron 33,7% en los primeros diez meses de 2025, mientras que en la comparación interanual mostraron un avance del 43,1%, por encima de la inflación del período, que se ubicó en 31,3%. El dato refuerza la señal de mejora relativa del poder adquisitivo, especialmente traccionada por el sector informal, aunque con rezagos persistentes en el empleo público y en el sector privado registrado.

Una mejora heterogénea: el sector informal lideró la recuperación

El informe del INDEC correspondiente a octubre expone con claridad la disparidad entre los distintos segmentos del mercado laboral. El sector privado no registrado fue el único que logró superar con holgura la inflación mensual: los salarios informales subieron 4,2% en octubre, consolidándose como el principal motor del índice general.

En contraste, el sector privado registrado mostró un incremento mensual del 2,1%, mientras que el sector público avanzó apenas 1,9%. En este último caso, el aumento se explicó por una suba del 1,2% en el ámbito nacional y del 2,1% a nivel provincial, lo que evidencia una dinámica salarial más contenida en el empleo estatal.

La brecha se amplía al observar la variación interanual. En octubre de 2025, los salarios crecieron 43,1% respecto del mismo mes del año anterior, impulsados por un aumento del 113,2% en el sector privado no registrado, frente a subas del 30,5% en el sector privado registrado y del 31,9% en el sector público. Estos datos reflejan un proceso de recomposición más acelerado en los ingresos informales, aunque partiendo de niveles históricamente más bajos y con mayor volatilidad.

El acumulado del año y el desafío de sostener la recuperación real

En lo que va de 2025, los salarios acumularon una suba del 33,7%, como resultado de incrementos del 22,9% en el sector privado registrado, del 26,2% en el sector público y del 84,5% en el sector privado no registrado. El dato confirma que la mejora del promedio general está fuertemente influenciada por el desempeño del empleo informal, que explica una parte significativa de la variación total.

Sin embargo, el contexto macroeconómico introduce matices. Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que el dato positivo de octubre debe leerse con cautela: “Hay que tener en cuenta que en noviembre la inflación es 2,5%, con lo cual habrá que ver si los salarios de noviembre logran avanzar a una velocidad que supere a la inflación de noviembre. Si bien el dato es bueno, la inflación mensual en los últimos meses también fue alta; entonces está medio empardado el tema”.

El economista señaló además que el salario “empezó a recuperar rápido, pero quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el Gobierno”, lo que sugiere que la recomposición del ingreso real aún enfrenta límites estructurales, especialmente en los sectores más formalizados de la economía.

Impacto económico y perspectivas

La evolución del índice de salarios tiene implicancias directas sobre el consumo interno, la recaudación tributaria y la negociación salarial en curso. La mejora del ingreso real, aunque moderada, podría aportar cierto sostén a la demanda, mientras que la heterogeneidad sectorial anticipa tensiones en paritarias y reclamos salariales diferenciados.

En el plano institucional, los datos del INDEC vuelven a poner en agenda el desafío de consolidar una recuperación salarial sostenible, en un contexto de inflación aún elevada y con un mercado laboral fragmentado. La clave hacia fin de año estará en si los salarios logran mantener una dinámica que no solo iguale, sino que supere de manera consistente al índice de precios, evitando que la mejora observada en octubre quede como un alivio transitorio.

salarios_12_25 INDEC by CristianMilciades

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El Ejecutivo dispuso asueto administrativo para las vísperas de las fiestas en 2025

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El Poder Ejecutivo Nacional oficializó el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025 en todo el ámbito de la Administración Pública Nacional, mediante el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial el 15 de diciembre. La medida busca facilitar la organización familiar y los traslados vinculados a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, sin afectar la prestación de servicios esenciales ni generar impacto presupuestario para el Estado.

El decreto se apoya en la Ley N° 27.399, que establece como feriados nacionales inamovibles los días 25 de diciembre y 1° de enero, y se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas al Presidente por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional. El asueto alcanza exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional y excluye expresamente a las instituciones bancarias y entidades financieras.

Fundamentos culturales, sociales y de gestión administrativa

En los considerandos del Decreto 883/2025, el Gobierno remarca que las festividades de Navidad y Año Nuevo poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina. En ese marco, se destaca que los días 24 y 31 de diciembre, como vísperas de esas celebraciones, suelen destinarse a los preparativos y a los desplazamientos necesarios para el encuentro familiar.

El texto oficial sostiene que otorgar asueto administrativo en esas fechas permite “facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades”, garantizando un tiempo razonable para concretar actividades vinculadas a dichas conmemoraciones. Además, se subraya que la decisión responde a razones de conveniencia, oportunidad y buena administración, criterios habituales en este tipo de medidas de carácter excepcional.

Desde el punto de vista fiscal, el decreto aclara que la medida no implica erogación presupuestaria alguna para el Estado Nacional, un aspecto relevante en un contexto donde la gestión del gasto público y la eficiencia administrativa ocupan un lugar central en la agenda económica.

Servicios esenciales, turismo y alcance de la medida

El artículo 2° del decreto instruye a los distintos organismos del Estado a adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales, evitando interrupciones que puedan afectar a la población. De este modo, el asueto no supone una paralización total de la actividad estatal, sino una reorganización operativa para garantizar funciones críticas.

En paralelo, el Poder Ejecutivo señala que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico, al facilitar los traslados internos y la planificación de viajes en una de las épocas de mayor movimiento del año. Si bien el asueto alcanza únicamente al sector público nacional, su efecto indirecto puede extenderse a actividades vinculadas al turismo, el transporte y los servicios, especialmente en destinos con alta demanda estacional.

El decreto también establece un límite claro: las instituciones bancarias y entidades financieras no están alcanzadas por el asueto, por lo que mantendrán su régimen habitual de funcionamiento conforme a su normativa específica. Esta aclaración busca evitar confusiones operativas y asegurar previsibilidad en el sistema financiero durante las jornadas previas a las fiestas.

Con la firma del Presidente de la Nación y del vocero presidencial, el Decreto 883/2025 entra en vigencia a partir de su dictado y se suma a una práctica recurrente en la administración pública argentina, que combina criterios culturales y organizativos con la necesidad de sostener la actividad estatal esencial en fechas clave del calendario.

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El Gobierno nacional reglamentó los planes de retiro voluntario en el Estado

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El Gobierno reglamentó los planes de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional: Economía y Transformación del Estado controlarán cada programa antes de su aprobación

La resolución conjunta fija el procedimiento obligatorio para toda dependencia estatal que impulse planes de retiro voluntario o desvinculación. Busca garantizar la sustentabilidad fiscal y la coherencia con la política de reforma y desregulación del Estado.

Mediante la Resolución Conjunta 50/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública —dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado— y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía establecieron un nuevo procedimiento obligatorio para la implementación de planes de retiros voluntarios o otras formas de desvinculación laboral voluntaria en la Administración Pública Nacional y en las empresas con participación estatal.

El objetivo central de la medida es ordenar y fiscalizar los procesos de reducción de personal en el sector público, garantizando que cada iniciativa cuente con viabilidad económica, previsión presupuestaria y justificación funcional, en el marco de la política de reforma del Estado y reducción del gasto público que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.

Supervisión dual: control presupuestario y modernización administrativa

La normativa dispone que ningún organismo descentralizado, entidad estatal o empresa con mayoría accionaria del Estado podrá implementar planes de retiro voluntario o mecanismos similares sin la intervención previa y favorable de dos áreas clave: La Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (Ministerio de Economía), encargada de evaluar el impacto presupuestario. La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, responsable de analizar la viabilidad organizacional y la coherencia con las políticas de recursos humanos del Estado.

En el caso de la Administración Pública Nacional centralizada, la resolución establece que el diseño y aprobación de los regímenes de retiro voluntario quedarán bajo la órbita directa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, con la participación de la Secretaría de Hacienda en materia presupuestaria.

De esta manera, el Gobierno busca evitar la proliferación de programas aislados o discrecionales, alineando cada medida de reducción de personal con los lineamientos de la reforma estructural del Estado y el control del gasto salarial, uno de los componentes centrales del ajuste fiscal previsto para 2025-2026.

Requisitos estrictos y trazabilidad administrativa

El artículo 3° de la resolución detalla la información mínima que deberá incluirse en los expedientes antes de aprobar un plan de retiros voluntarios. Cada propuesta deberá incorporar:

  • La fundamentación técnica y económica de la medida.
  • El detalle de la dotación alcanzada, condiciones de acceso y modalidad de pago.
  • La base de cálculo utilizada para determinar los montos, beneficios adicionales y estimaciones de costo total.
  • La certificación de suficiencia presupuestaria emitida por el área competente del Ministerio de Economía.

Asimismo, el artículo 4° impone un régimen de información y seguimiento obligatorio. Todos los organismos deberán notificar en un plazo máximo de cinco días hábiles la aprobación de cada plan a la Dirección Nacional de Sistemas y Estadísticas de Empleo Público y a la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional.

Deberán además remitir —en formato electrónico— los datos detallados de cada agente adherente, incluyendo nombre, CUIL, categoría, antigüedad, monto total, cuotas de pago y fecha efectiva del retiro, garantizando la trazabilidad y control estadístico de cada desvinculación.

Reforma del Estado: racionalización del empleo público y control del gasto

La resolución se enmarca en el proceso de reorganización y redimensionamiento del Estado Nacional, orientado a reducir estructuras administrativas, eliminar superposiciones y optimizar recursos humanos.

Según el texto oficial, el Poder Ejecutivo promueve “medidas tendientes a la simplificación y reducción del Estado, asegurando la concreción de los objetivos impuestos y la mejora sustancial en la calidad de vida de los argentinos”.

El documento también señala que los planes de retiro voluntario constituyen “una herramienta transversal y articulada para alcanzar un nivel adecuado y racional de dotación en la Administración Pública Nacional”.

Con este nuevo marco normativo, el Gobierno busca compatibilizar los objetivos de modernización administrativa con la consolidación fiscal, garantizando que toda política de reducción de personal sea evaluada técnica y financieramente antes de su implementación, tanto en el sector público central como en empresas estatales y sociedades mixtas.

La medida implica un reordenamiento del circuito decisorio en materia de recursos humanos del Estado, centralizando la supervisión técnica en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el control fiscal en el Ministerio de Economía.

En la práctica, los organismos públicos y empresas estatales que pretendan implementar planes de retiros voluntarios deberán someter sus propuestas a doble evaluación, lo que podría ralentizar la aprobación de programas individuales, pero al mismo tiempo asegurar coherencia, previsibilidad presupuestaria y transparencia administrativa.

El nuevo esquema también permitirá al Estado construir una base unificada de datos sobre las desvinculaciones laborales, herramienta clave para el seguimiento del impacto de las políticas de reforma y ajuste en el empleo público nacional.

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