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EE.UU. endurece su postura sobre Groenlandia y desafía a Dinamarca

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país “va a hacer algo con Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas”, al considerar que la isla del Ártico es un activo estratégico clave para la seguridad nacional estadounidense. Las declaraciones, realizadas en la Casa Blanca, reavivaron la tensión diplomática con Dinamarca, generaron preocupación en la OTAN y provocaron una reacción inmediata de los líderes políticos groenlandeses, que rechazaron cualquier intento de anexión y reivindicaron el derecho a la autodeterminación del territorio.

Seguridad, geopolítica y control territorial en el Ártico

Trump insistió ante la prensa en que Estados Unidos no permitirá que Rusia o China “ocupen Groenlandia”, y sostuvo que, de no intervenir, el territorio autónomo danés podría quedar bajo la influencia de esas potencias. En ese marco, justificó una eventual acción directa al afirmar que “ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes”.

El mandatario fue más allá al cuestionar la soberanía histórica de Dinamarca sobre la isla. “Admiro a Dinamarca, pero el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra”, expresó, reforzando su argumento de que Estados Unidos necesita controlar y poseer Groenlandia para poder defenderla eficazmente. “No se defienden los arrendamientos de la misma manera: hay que ser propietario”, afirmó, descartando cualquier esquema alternativo que no implique control directo.

La Casa Blanca no excluyó el uso de fuerzas armadas como parte de las opciones en análisis. Funcionarios del entorno presidencial, entre ellos el subjefe de Gabinete, Stephen Miller, y la portavoz Karoline Leavitt, señalaron esta semana que una acción militar no está descartada, pese a que Groenlandia ya manifestó que “no está en venta” frente a cualquier hipótesis de compra.

OTAN, diplomacia y advertencias cruzadas

Trump buscó despejar dudas sobre su relación con la OTAN, al asegurar que su postura sobre Groenlandia no implica un enfrentamiento con la Alianza Atlántica. “Estoy totalmente a favor de la OTAN. Yo salvé a la OTAN. Si no fuera por mí, ahora mismo no tendrían OTAN”, afirmó, en una declaración que apuntó tanto al frente interno como a los aliados europeos.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que abordaron “la importancia de la seguridad en el Ártico para todos los aliados”, según informó el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. En ese contacto también se discutieron los esfuerzos de Washington para impulsar una solución negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La diplomacia estadounidense anticipó además que Rubio se reunirá la próxima semana con diplomáticos daneses para conversar específicamente sobre Groenlandia, en un contexto de creciente inquietud internacional por el impacto que una acción unilateral de Estados Unidos podría tener sobre el futuro de la Alianza Atlántica y el equilibrio estratégico en el norte europeo.

La respuesta de Groenlandia: autodeterminación y rechazo a la anexión

Las declaraciones de Trump provocaron una reacción contundente en Groenlandia. Los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut, el Parlamento groenlandés, emitieron una declaración conjunta en la que defendieron el derecho del territorio a decidir su propio futuro.

“El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello”, señala el documento, que reclama que cualquier definición se adopte sin presiones externas y sin la “intromisión” de otras potencias.

En el texto, firmado por el presidente autonómico Jens-Frederik Nielsen y respaldado por Pelle Broberg, líder del partido Naleraq, los dirigentes subrayaron: “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”. Si bien ratificaron su disposición a cooperar diplomática y económicamente con Estados Unidos y otros aliados occidentales, dejaron en claro que la soberanía popular es un límite infranqueable.

Impacto político

Desde una perspectiva institucional, las advertencias de Trump introducen un factor de inestabilidad geopolítica en una región estratégica por sus recursos, su ubicación y su rol creciente en las rutas del Ártico. El planteo de una eventual acción “por las buenas o por las malas” tensiona los principios de derecho internacional, pone a prueba la cohesión de la OTAN y reactualiza el debate sobre la autonomía y la autodeterminación de territorios estratégicos en un escenario global marcado por la competencia entre grandes potencias.

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Trump impone una doctrina de fuerza global y Venezuela activa el estado de conmoción exterior

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La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos abrió un punto de inflexión en la política internacional. Mientras la Casa Blanca explicita una doctrina basada en fuerza y dominación, el Gobierno venezolano activó un estado de excepción con amplias facultades represivas. El episodio reconfigura el equilibrio político, jurídico y económico en el hemisferio occidental.

La administración de Donald Trump explicitó esta semana un cambio estructural en el papel global de Estados Unidos, al asumir abiertamente una estrategia de poder basada en la fuerza, la coerción y el dominio directo. La definición quedó en boca de Stephen Miller, uno de los principales asesores presidenciales, tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.

“Vivimos en un mundo que está gobernado por la fuerza, por el poder, por la autoridad. Éstas son las leyes de hierro del mundo”, sostuvo Miller en declaraciones televisivas. Y fue más allá: “Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”.

Las declaraciones se produjeron luego de una incursión militar que, según funcionarios estadounidenses, involucró a casi 200 efectivos en territorio venezolano y derivó en un enfrentamiento armado. Trump justificó la operación al presentar a Maduro como el jefe de un cártel de narcotráfico y a Venezuela como una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.

Una doctrina de fuerza sin control legislativo

El episodio dejó al descubierto un aspecto central del segundo mandato de Trump: el desplazamiento del Congreso en materia de política exterior y uso de la fuerza. La Casa Blanca rechazó la necesidad de autorización legislativa para la captura de un jefe de Estado extranjero, al calificar la incursión como una “misión de aplicación de la ley”.

La posición fue avalada por los líderes republicanos del Congreso. El jefe de la mayoría en el Senado, John Thune, sostuvo que informar previamente al Capitolio habría sido “desaconsejable”, argumentando que el Poder Legislativo “no es el mejor para guardar secretos”.

La operación abrió interrogantes clave: si existe un plan viable para la transición venezolana, cómo se financiará una eventual administración indirecta del país, si habrá nuevas acciones militares y cuál será el costo fiscal para los contribuyentes estadounidenses. Todo esto ocurre mientras la aprobación presidencial de Trump cae por debajo del 40% y persisten tensiones internas por inflación y precios elevados.

En paralelo, el discurso de la Casa Blanca se expandió más allá de Venezuela. Trump lanzó advertencias directas a Colombia, exigió a México “ponerse las pilas” y amenazó a Irán con represalias. Miller incluso deslizó la posibilidad de que Estados Unidos incorpore Groenlandia, al sostener que “para asegurar la región ártica, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”.

Venezuela responde con un estado de conmoción exterior

Frente a la ofensiva estadounidense, el Gobierno venezolano activó un Estado de Conmoción Exterior, una figura constitucional inédita desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por Nicolás Maduro —capturado horas antes— y refrendado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene rango de ley y regirá por 90 días, prorrogables por otros 90.

El texto ordena a los cuerpos de seguridad nacionales, estadales y municipales la búsqueda y captura de toda persona que promueva o apoye el ataque armado de Estados Unidos, con miras a su juzgamiento. Además, dispone la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de las industrias básicas del Estado, sometiendo temporalmente a su personal al régimen militar.

El decreto habilita también la requisición de bienes para la defensa nacional, la suspensión del derecho a reunión y manifestación y la adopción de “cualquier otra medida necesaria para proteger al pueblo”, aunque mantiene formalmente las garantías a la vida, la libertad personal, el debido proceso y la prohibición de tortura.

Según explicó el jurista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, el estado de conmoción exterior implica “la restricción de garantías constitucionales” y otorga al presidente “las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico y social”. Aunque el decreto puede ser revertido por la Asamblea Nacional o la Justicia, Apitz subrayó que en Venezuela “no hay contrapesos” efectivos al Poder Ejecutivo.

Impacto político, económico e institucional

La escalada redefine el escenario regional. En términos institucionales, Estados Unidos avanza hacia una doctrina que relativiza la soberanía de otros Estados y el derecho internacional, pilares del orden construido tras la Segunda Guerra Mundial y de los tratados fundacionales de la ONU y la OTAN.

En el plano económico, la militarización de la industria petrolera venezolana y la concentración de poder en el Ejecutivo anticipan mayor incertidumbre para la producción, las inversiones y el comercio exterior. A nivel social, el decreto habilita un endurecimiento represivo con impacto directo sobre derechos civiles y políticos.

Desde Washington, el mensaje es claro: Estados Unidos utilizará su poder de forma más abierta y unilateral en defensa de sus intereses. Desde Caracas, la respuesta es el cierre del sistema político y la criminalización de cualquier apoyo interno a la ofensiva extranjera.

El choque de estrategias no solo define el futuro inmediato de Venezuela, sino que proyecta un cambio profundo en el equilibrio político del hemisferio occidental, con efectos que podrían extenderse mucho más allá de la coyuntura actual.

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