Seguridad

Samsa advierte por estafas en redes sociales

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www.samsa.com.ar

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Rescataron en Córdoba a una misionera secuestrada por su expareja, detenido por trata de personas

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Un operativo conjunto de fuerzas provinciales y federales permitió rescatar en las últimas horas a una joven de 21 años oriunda de Misiones que permanecía secuestrada en una zona rural de la provincia de Córdoba. La víctima fue hallada con signos de deshidratación, golpes y afectación psicológica, mientras que su expareja, también misionero y de la misma edad, quedó detenido e imputado por trata de personas.

El procedimiento se llevó a cabo en un predio rural de la localidad de Saturnino María Laspiur, a casi 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Allí, efectivos de la Policía de Córdoba, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y unidades especiales irrumpieron durante la madrugada en un galpón donde la joven se encontraba cautiva.

La investigación se inició días atrás, tras una denuncia presentada por la familia de la víctima, que alertó a las autoridades luego de recibir un llamado desesperado de la joven pidiendo ayuda. En esa breve comunicación, la joven relató que había sido secuestrada por su expareja, trasladada por la fuerza a Córdoba y sometida a maltratos constantes. Según indicó, el agresor la golpeaba, le quitaba el teléfono para impedir el contacto con su familia y la privaba de alimentos.

Ese llamado fue clave para orientar la búsqueda. Aunque la víctima no pudo precisar el lugar exacto donde se encontraba, alcanzó a describir una zona rural aislada y, en los últimos instantes de la comunicación, los investigadores lograron identificar la mención de “Villa María”. A partir de ese dato tomó intervención la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de la fiscal Guadalupe Riera.

Con el avance de la investigación, las fuerzas de seguridad identificaron al menos dos posibles domicilios en la zona de Saturnino María Laspiur. El primer allanamiento resultó negativo, aunque permitió recolectar prendas de vestir y otros elementos que fortalecieron la hipótesis. En el segundo procedimiento, finalmente, dieron con la joven y con el sospechoso.

Al momento del rescate, la víctima presentaba un cuadro de deshidratación, lesiones físicas compatibles con golpes y un fuerte impacto psicológico, en línea con lo relatado en su pedido de auxilio. Fue trasladada de inmediato al Hospital Regional J.B. Iturraspe, en la ciudad de San Francisco, donde recibió atención médica y contención.

El detenido quedó imputado por el delito de trata de personas y fue alojado en la Unidad Penitenciaria N°5 de Villa María. La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía Federal local.

Tras el operativo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó la articulación entre fuerzas provinciales y federales. “Se trató de una colaboración solicitada desde la Fiscalía Federal de Villa María para reforzar los rastrillajes en la zona de Laspiur, basados en los indicios de la investigación”, señaló. Y agregó: “La movilización de todo el personal permitió encontrar con vida a la joven y detener a la persona que la mantenía cautiva”.

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Monteoliva impulsa un sistema unificado de información para medir la gestión en seguridad

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El Ministerio de Seguridad avanzó en la creación de un nuevo sistema de información que amplía las responsabilidades operativas de las fuerzas federales más allá del combate directo contra el delito. A partir de la Resolución 108/2026, publicada en el Boletín Oficial, cada fuerza policial y de seguridad deberá relevar, clasificar y cargar datos de su gestión en siete categorías obligatorias, que luego serán procesadas con fines estadísticos. La medida apunta a unificar criterios, mejorar la comparabilidad de la información y fortalecer la toma de decisiones, aunque también incorpora nuevas cargas administrativas para el personal operativo.

Un sistema estadístico centralizado para la gestión de la seguridad

La resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, crea el Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS), que funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Estadística Criminal. El objetivo formal es ordenar y sistematizar la información vinculada a la gestión de la seguridad en distintos niveles, ante la falta de estándares comunes que caracterizaba hasta ahora a la provisión de datos por parte de las fuerzas.

Según se establece en la norma, el SIEFFSS deberá contener al menos siete componentes de información, cuya carga quedará a cargo de las distintas reparticiones de las fuerzas federales. Entre ellos se incluyen las intervenciones ordinarias y extraordinarias realizadas en tareas de prevención del delito, respuesta ante hechos delictivos, mantenimiento del orden público y acciones de contención o rescate. En la práctica, esto implica que cada procedimiento ejecutado por personal de seguridad federal deberá ser informado y clasificado dentro del sistema.

A ese núcleo operativo se suman otros ejes relevantes: recursos humanos disponibles y su condición actual, cantidad y tipo de incautaciones, capacidades logísticas y materiales, agentes fallecidos o heridos en servicio y cantidad de civiles abatidos y terceros damnificados en procedimientos. La amplitud de las categorías refleja un enfoque integral de la gestión, que excede la estadística criminal tradicional y abarca dimensiones operativas, humanas y materiales.

Más responsabilidades sin costo fiscal y con exigencias de resguardo

La resolución aclara que la creación del SIEFFSS no implica erogaciones para el Estado Nacional, ya que la implementación recae exclusivamente sobre las propias fuerzas de seguridad. En ese marco, cada organismo deberá adecuar sus procedimientos y normativas internas y designar un área de referencia única encargada de poner en funcionamiento el sistema.

El esquema incorpora obligaciones concretas para el personal: resguardar la información por un plazo mínimo de 20 años, establecer procedimientos específicos para la obtención y carga de datos, monitorear desvíos o errores en la información registrada y garantizar la disponibilidad periódica y oportuna de los datos. De este modo, a las tareas operativas habituales se suma una capa administrativa y técnica que busca sostener la calidad y consistencia de la información.

Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad recibía datos producidos bajo criterios clasificatorios heterogéneos, lo que dificultaba su agregación y comparación. Ese diagnóstico quedó explicitado en la resolución, donde se señala que “el relevamiento de dicha información presenta criterios clasificatorios heterogéneos, lo cual dificulta su agregación y comparabilidad”, fundamento central para avanzar hacia un sistema unificado.

En cuanto al acceso, la norma establece que la información será confidencial y de manejo interno, aunque podrá utilizarse para presentaciones estadísticas que disponga la propia gestión, dejando en manos del Ministerio la decisión sobre su eventual difusión pública.

Seguridad, datos y territorio: el respaldo político al Plan Bandera

La creación del SIEFFSS se inscribe en un contexto de fuerte énfasis del Gobierno nacional en la gestión de la seguridad, con foco territorial en zonas críticas. En ese marco, Monteoliva mantuvo una reciente visita a Rosario, uno de los principales ejes de la estrategia libertaria en la materia, donde participó de un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y acompañó la entrega de nuevos vehículos a las fuerzas en el marco del Plan Bandera.

Durante esa actividad, la ministra remarcó que “Rosario y Santa Fe siguen siendo una prioridad” y sostuvo que “enero fue el mes menos violento desde la implementación del Plan Bandera”, atribuyendo los resultados a la intensificación de los operativos y a una mayor coordinación entre Nación y provincia.

En ese sentido, el nuevo sistema estadístico aparece como una herramienta complementaria: ordenar datos, medir resultados y sostener con información la narrativa de gestión en un área políticamente sensible. Al mismo tiempo, abre interrogantes sobre el impacto operativo de sumar tareas de carga y control de información a fuerzas que ya enfrentan una alta demanda en el territorio.

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El 65 % de las empresas apuesta por más tecnología para fortalecer su seguridad

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Con las vacaciones, los hogares, al quedar inusualmente vacíos, se vuelven blancos fáciles para la delincuencia, mientras que las empresas afrontan un aumento en crímenes cada vez más sofisticados impulsados por la efervescencia en la actividad comercial. 

Durante el período de vacaciones, incrementa la vulnerabilidad corporativa. Los líderes de seguridad deben salvaguardar activos, maquinaria e información sensible ante la “desaceleración” de actividades, protegiendo también a colaboradores. Los riesgos incluyen desde crímenes físicos (robos, vandalismo), accidentes, emergencias naturales y hasta ciberdelitos (como la extorsión, el fraude o el ransomware), que buscan colapsar operaciones y exigir rescates.

Proteger a las personas, la propiedad y los lugares se posiciona como una prioridad para todo empresario que necesita asegurar la continuidad del negocio. No sorprende que el sector de la seguridad privada, según analistas, haya logrado un “crecimiento explosivo” en su valoración proyectada del mercado de seguridad física que podría superar los $16 mil millones de dólares para 2030 en América Latina. La inversión en seguridad se consolida como un pilar para la continuidad del negocio y se convierte en una inversión esencial, impulsada por un aliado clave: la tecnología.

Ante esto, la prevención y la anticipación son el camino a seguir. La columna vertebral es la comunicación instantánea y clara. Soluciones como la próxima generación de radios, que cuentan con interoperabilidad y supresión de ruido asistida por inteligencia artificial (IA), permiten que un mensaje de emergencia en un ambiente ruidoso (por ejemplo, un aeropuerto o un almacén) se reciba con total nitidez. Esta confiabilidad es crítica cuando cada segundo cuenta para neutralizar amenazas.

En este ecosistema tecnológico, las cámaras corporales (body cameras) también ocupan un lugar particularmente relevante. Si bien ayudan a fomentar el comportamiento apropiado tanto de individuos como de guardias, reducen conflictos y facilitan la reconstrucción fáctica de los eventos. En sectores como el retail, la seguridad bancaria, los eventos masivos o en la protección de infraestructura crítica, su uso contribuye a reducir pérdidas, apoyar decisiones operacionales y fortalecer la confianza con clientes, comunidad y autoridades.

Asimismo, los sistemas de videoseguridad inteligente y administración unificada (video management software o VMS) integran analíticas de IA que permiten procesar miles de horas de video ininterrumpidamente, alertando solo ante anomalías reales. Esto transforma el rol de los analistas de video en elementos proactivos y estratégicos, eliminando las limitaciones humanas (como fatiga visual o distracción) y acelera drásticamente el tiempo de respuesta y la mitigación de pérdidas.

Hoy en día, es posible que todas estas tecnologías se integren. Por ejemplo, los sensores de intrusión pueden enviar una alerta directa y silenciosa al radio del guardia, convirtiendo el dispositivo de comunicación en un centro de control del Internet de las Cosas (IoT). Esto permite al personal tomar medidas inmediatas y activar protocolos como el bloqueo de accesos o la alerta a las autoridades de manera coordinada.

Sin duda, la temporada de vacaciones es un momento para capitalizar la alta demanda comercial; sin embargo, también representa un pico de riesgo que ninguna compañía puede ignorar. Invertir en soluciones tecnológicas enfocadas en seguridad que promuevan la comunicación clara, herramientas ágiles para la comunicación segura, administración remota, video inteligente y la integración total con los dispositivos de la empresa no es solo una medida de precaución; es una declaración de resiliencia hacia el futuro.

Priorizar la continuidad operativa con tecnología hoy, mientras el mundo celebra, permitirá a su negocio mantenerse seguro y listo para competir en el nuevo año, y, por qué no, evolucionar el rol del guardia de seguridad de un vigía a agente empoderado por la tecnología para lograr una mejor y más rápida toma de decisiones y acciones.

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El Gobierno incorporó la baja de la edad de imputabilidad al temario de las sesiones extraordinarias

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El Poder Ejecutivo amplió formalmente el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el tratamiento del Régimen Penal Juvenil. La decisión quedó plasmada en el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2026, y establece que, a partir del 2 de febrero, el Parlamento podrá debatir los proyectos vinculados a la baja de la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años. La medida ordena el marco institucional para un debate que el Presidente había anticipado horas antes en Mar del Plata, con fuerte impacto político y social.

El decreto, firmado por el Presidente y por Manuel Adorni, amplía el alcance de las sesiones extraordinarias convocadas bajo las facultades de los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional, y formaliza un eje central de la agenda de seguridad y justicia del Gobierno.

Marco legal y alcance del Decreto 53/2026

El texto normativo es breve y preciso. En su Artículo 1°, dispone: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”. El Artículo 2° ordena su publicación y archivo.

La ampliación del temario resulta clave desde el punto de vista institucional: sin esta inclusión expresa, el Congreso no podía abordar el tema durante el período extraordinario. Con el decreto, el Ejecutivo habilita el debate legislativo y traslada la discusión al ámbito parlamentario, donde deberán definirse los alcances, consensos y eventuales modificaciones al régimen vigente.

Antecedentes, fundamentos y señal política

La iniciativa apunta a modificar el régimen actual, vigente desde la última dictadura militar, que establece en 16 años el piso de punibilidad. El proyecto que el Ejecutivo prevé enviar —impulsado por las áreas de Seguridad y Justicia— propone reducir esa edad para permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados bajo un nuevo esquema penal juvenil.

El decreto llega pocas horas después de un anuncio político realizado en Mar del Plata, donde el Presidente sintetizó el enfoque del Gobierno con una consigna que busca marcar rumbo: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”. Esa definición discursiva encuentra ahora respaldo jurídico-administrativo, al abrir formalmente el debate legislativo.

Repercusiones y escenarios de debate

La inclusión del tema en extraordinarias anticipa un debate de alto voltaje político e institucional. Por un lado, coloca a la seguridad y al sistema penal juvenil en el centro de la agenda parlamentaria del inicio de 2026. Por otro, reabre una discusión histórica sobre responsabilidad penal, derechos de los menores y eficacia del sistema de justicia.

El tratamiento en el Congreso permitirá medir alineamientos, resistencias y posibles consensos, además de definir si la reforma avanza durante el período extraordinario o si queda sujeta a un debate más prolongado. En términos prácticos, el decreto no modifica por sí mismo el régimen vigente, pero habilita el escenario para una discusión que puede derivar en un cambio estructural del marco penal juvenil en la Argentina.

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