Seguridad

ANAC redefine la regulación de drones en Argentina

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ANAC aprueba nuevo marco regulatorio para aeronaves no tripuladas y redefine las RAAC: foco en seguridad, libre competencia e innovación

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó este jueves 7 de agosto un nuevo marco regulatorio para la operación de aeronaves no tripuladas y sistemas pilotados a distancia, con un esquema adaptado a estándares internacionales y a los principios de desregulación y libre competencia impulsados por el Gobierno nacional. La medida, oficializada mediante la Resolución 550/2025 publicada en el Boletín Oficial, implica la derogación de normativas previas, la creación de tres nuevas partes de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) y la reestructuración de la normativa vigente para globos, cohetes y barriletes.

La reforma se enmarca en el proceso de actualización integral del Código Aeronáutico (Ley 17.285), iniciado tras el Decreto 70/23 que declaró la emergencia pública en varias áreas y advirtió sobre las limitaciones históricas que afectaron el desarrollo del transporte aéreo argentino.
En este contexto, el Gobierno instruyó a la ANAC —mediante el Decreto 663/2024— a adecuar el reglamento de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) aprobado en 2019, a fin de alinearlo con estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR).
El objetivo declarado es garantizar operaciones seguras, eficientes y económicamente viables, promoviendo la competitividad del sector y la llegada de inversiones privadas.

Contenido técnico de la Resolución 550/2025

La norma dispone:

  • Derogación de las Resoluciones ANAC Nº 880/2019, 885/2019, 319/2025 y 334/2025.
  • Aprobación de la Parte 100 RAAC: requisitos generales para la operación de aeronaves y sistemas pilotados a distancia (RPA y RPAS).
  • Renumeración de la actual Parte 101 (globos cautivos, barriletes, cohetes de aficionados y globos libres no tripulados) como Parte 32 RAAC.
  • Aprobación de la nueva Parte 101 RAAC: disposiciones para la operación de aeronaves no tripuladas en Categoría Abierta.
  • Aprobación de la Parte 102 RAAC: disposiciones para la operación en Categoría Específica, con mayores requisitos técnicos y de seguridad.
  • Instrucciones a áreas técnicas para adecuar normas complementarias y garantizar implementación armónica.
  • Intervención de la Unidad de Planificación y Control de Gestión para la corrección editorial y publicación de las nuevas secciones.

Fundamentos y actores involucrados

La ANAC argumenta que la actualización responde a:

  • El crecimiento sostenido del uso de RPAS para fines civiles, comerciales, científicos, recreativos y de seguridad.
  • La necesidad de un marco normativo simple, coherente y sin ambigüedades, que facilite la comprensión y el cumplimiento.
  • El compromiso con la seguridad operacional como eje central de la actividad aeronáutica, siguiendo las recomendaciones de la OACI.
  • La adopción de un enfoque basado en el riesgo, diferenciando entre categorías de operación para equilibrar flexibilidad y control.

En la elaboración participaron la Dirección Nacional de Seguridad Operacional, la Dirección Nacional de Inspección de Navegación Aérea, la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios y la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, además de organismos externos y representantes de la industria.

El nuevo esquema genera implicancias directas en varios frentes:

  • Fabricantes e importadores: mayor claridad regulatoria y eliminación de barreras que obstaculizaban la competencia.
  • Operadores y empresas de servicios con drones: reglas adaptadas a prácticas internacionales, que podrían facilitar exportación de servicios y homologación de licencias.
  • Centros de instrucción y mantenimiento: requerimientos más específicos, lo que fomenta la profesionalización.
  • Mercado: se espera que la reducción de trabas estimule la entrada de nuevos actores y la expansión de la aviación no tripulada en áreas como logística, monitoreo agrícola, seguridad y turismo.

La resolución entra en vigencia inmediata y marca un punto de inflexión en la regulación de la aviación no tripulada en Argentina.
En el corto plazo, se prevé que la ANAC publique guías complementarias para la interpretación de las nuevas partes RAAC y avance en capacitaciones para operadores y personal técnico.
A mediano plazo, el organismo buscará consolidar un ecosistema de aviación no tripulada más abierto, competitivo y seguro, con potencial para atraer inversiones y expandir la presencia argentina en mercados regionales.

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El Gobierno aprueba la actuación de agentes encubiertos digitales para investigar delitos online

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El Ministerio de Seguridad aprueba el protocolo para agentes encubiertos digitales y refuerza la lucha contra el crimen en entornos virtuales. Con un nuevo protocolo, la cartera conducida por Patricia Bullrich formaliza la actuación de agentes encubiertos y reveladores digitales, adaptando las investigaciones criminales a los desafíos del ciberespacio.

El Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó, mediante la Resolución 828/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el “Protocolo Particular para la Actuación de los Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales”. La medida busca institucionalizar las herramientas de investigación criminal en entornos digitales, en respuesta al crecimiento exponencial de delitos cometidos a través de redes sociales, plataformas de mensajería y sitios web.

El nuevo marco normativo complementa la Ley 27.319, que desde 2016 habilita figuras como el agente encubierto y el agente revelador, ahora extendidas al plano digital. La resolución instruye a todas las fuerzas federales —Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal— a capacitar e implementar estos mecanismos de manera segura y controlada.

Un protocolo para adaptarse al crimen cibernético

La normativa detalla los pasos para la selección, designación, documentación, protección y uso de identidades ficticias digitales, denominadas “avatares”. Estas serán utilizadas exclusivamente en investigaciones penales autorizadas por el Poder Judicial, bajo estricta custodia de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos.

Entre los puntos centrales del protocolo se establece:

  • La creación y resguardo de identidades digitales ficticias, que podrán incluir documentación física o digital provista por el RENAPER.
  • El deber de confidencialidad y resguardo de datos por parte de todos los funcionarios involucrados en las investigaciones.
  • La prohibición de reutilización de identidades, salvo en condiciones específicas que garanticen la seguridad del agente.
  • La posibilidad de extender el uso del avatar más allá del cierre del caso si fuese necesario para proteger al agente o continuar una nueva investigación.

Desde la cartera liderada por Patricia Bullrich se destacó que “la digitalización del delito requiere respuestas legales y operativas acordes”, y que el nuevo protocolo “refuerza la capacidad del Estado para anticipar, investigar y neutralizar amenazas complejas, tanto en el mundo físico como en el virtual”.

Con este paso, el Ministerio de Seguridad ratifica su política de actualización tecnológica e institucional frente a fenómenos como el grooming, la trata online, la pornografía infantil, el narcotráfico digital y las estafas virtuales, entre otros delitos emergentes.

La formalización de las figuras de agente encubierto y revelador digital coloca a Argentina entre los países de la región que incorporan herramientas procesales avanzadas para investigar delitos complejos. En un contexto donde la tecnología redefine las modalidades delictivas, esta medida apunta a fortalecer el accionar del Estado en la protección de la ciudadanía, el orden público y el Estado de derecho.

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El Gobierno crea una Mesa Interministerial para combatir vuelos ilegales en zonas de frontera

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La resolución conjunta apunta a reforzar la cooperación entre Defensa, Seguridad, Economía y autoridades aeronáuticas para enfrentar el narcotráfico y delitos conexos. Tendrá sede en el Ministerio de Seguridad.

Con el objetivo de intensificar la lucha contra el narcotráfico en el espacio aéreo argentino, el Gobierno nacional creó formalmente la Mesa de Trabajo sobre Tránsito Aéreo Irregular (TAI), un nuevo espacio de coordinación interministerial orientado a investigar, prevenir y reprimir vuelos ilegales que operan principalmente en zonas de frontera.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 1/2025, firmada por los titulares de los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional y Economía, junto a las autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.) y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). El nuevo cuerpo funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad.

Según establece la normativa publicada este 11 de julio en el Boletín Oficial, la Mesa TAI tendrá como principal competencia definir lineamientos estratégicos de actuación y coordinación operativa entre todos los organismos involucrados en el control y fiscalización del espacio aéreo nacional, especialmente en lo relativo a actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando transnacional.

Estará integrada por representantes de:

  • Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina
  • Ministerio de Seguridad Nacional: Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria
  • Ministerio de Economía: Subsecretaría de Transporte Aéreo, ANAC y EANA

La coordinación estará a cargo de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que será responsable de definir la estrategia de intervención y garantizar la periodicidad de reuniones para la articulación operativa entre jurisdicciones.

La resolución cita como antecedentes la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Navegación Aérea y diversos decretos que en los últimos años establecieron mecanismos para enfrentar el Tránsito Aéreo Irregular (TAI), entre ellos el Decreto 228/2016, que declaró la emergencia en seguridad pública, y su modificación por el Decreto 1.054/2018, que optimizó las reglas de protección aeroespacial.

Desde el Ejecutivo se enfatiza que el narcotráfico no solo representa un riesgo para la seguridad y salud pública, sino también una “violación a la soberanía nacional” en tanto modalidad delictiva transnacional. En ese marco, se reafirma la voluntad de extremar el uso de todos los recursos del Estado Nacional para hacer frente a esta amenaza, reforzando la vigilancia y el control del espacio aéreo en zonas críticas.

La norma aclara que la creación de la Mesa no implicará erogación presupuestaria adicional, ya que funcionará con personal, estructuras y medios ya existentes en los organismos intervinientes. Se busca así maximizar la eficiencia institucional sin afectar el equilibrio fiscal, en línea con la política de racionalización del gasto vigente.

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Oficializaron la reestructuración de las fuerzas federales

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El Gobierno comunicó modificaciones en el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería. Las reformas apuntan a reorganizar funciones y ampliar las competencias operativas

El Gobierno confirmó el inicio de una profunda reestructuración de las fuerzas federales. Los cambios, oficializados esta madrugada a través de la publicación de una serie de decretos en el Boletín Oficial, están relacionados con un rediseño de las estructuras orgánicas y funcionales de organismos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Esta decisión afecta a las principales instituciones encargadas de la seguridad interior, incluyendo al Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La reforma se enmarca dentro del objetivo de optimizar los recursos disponibles, fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante los desafíos que plantea la criminalidad actual. Según los textos oficiales, la reorganización responde a la necesidad de garantizar la protección de los ciudadanos y adaptarse a contextos dinámicos que requieren estructuras flexibles y eficientes.

Las modificaciones no solo afectan la designación de funciones y responsabilidades, sino que también introducen novedades en la administración interna y los procedimientos de actuación. La publicación de los nuevos organigramas representa un cambio significativo en la gestión del sistema federal de seguridad.

Por ejemplo, la PSA podrá cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario, es decir, en otros medios de transporte; mientras que en el SPF reactivaría la función de auxiliar del poder Judicial más allá del cuidado de los presos como estrategia del combate integral y coordinado contra la criminalidad organizada.

Servicio Penitenciario Federal

En el caso del SPF, la reforma más relevante es su traspaso del Ministerio de Justicia al de Seguridad. El cambio responde a la necesidad de coordinar una estrategia más eficaz contra el delito complejo, con foco en la criminalidad organizada que opera, incluso, desde el interior de los penales. Un ejemplo que abordaron las fuentes consultadas fue el uso de celulares por parte de jefes narcos detenidos, como en el caso de “Los Monos”.

Además del cambio de dependencia, el SPF tiene un nuevo estatuto para reemplazar el que estaba vigente desde 1967. Aunque mantiene gran parte del contenido original, la nueva normativa incorpora una estructura más moderna, que incluye una Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, y otra de Personal, Formación y Bienestar.

Se introducen reformas al régimen de carrera, con un esquema de capacitación actualizado y un mayor control institucional mediante mecanismos de transparencia e integridad.

Prefectura Naval Argentina

En paralelo, el decreto sobre la Prefectura Naval Argentina modifica la Ley sancionada en 1969, pero sin reemplazarla. Se trata de una fuerza que, históricamente, dependió de la Armada, aunque actualmente actúa como una fuerza de seguridad federal bajo conducción civil.

El nuevo marco legal actualizaría las competencias de la Prefectura y eliminaría funciones obsoletas, como el juzgamiento de contravenciones o el otorgamiento de beneficios postales, que habían quedado anacrónicas. También se reorganiza su estructura, profesionalizando su planta y unificando competencias dispersas relacionadas con la pesca, el control ambiental en el mar y el sistema guardacostas.

Así, se fortalecen sus funciones como Policía de Prevención de la Contaminación proveniente de buques, y se precisan sus potestades de investigación y participación internacional.

Policía de Seguridad Aeroportuaria

En cuanto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la intervención modificó artículos de la ley aprobada en 2005, año en que la fuerza fue trasladada del Ministerio de Defensa al de Seguridad.

Si bien su función principal sigue siendo la protección de aeropuertos y operaciones aeronáuticas, el nuevo texto amplía el alcance operativo para que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, pueda cumplir tareas fuera del entorno aeroportuario e intervenir en tareas de seguridad interior, por ejemplo, en otros medios de transporte.

Entre los cambios figura la creación de un escalafón técnico profesional, la inclusión de la figura del cadete, y un sistema disciplinario mejorado, con control externo y un tribunal de disciplina. También se jerarquizan los cargos para equipararlos al resto de las fuerzas.

Gendarmería Nacional Argentina

Finalmente, en el caso de la Gendarmería Nacional Argentina, se derogó la ley sancionada en 1972, y se la remplazó por un nuevo estatuto. El texto eliminó referencias al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa, y las sustituyo por menciones al Ministerio de Seguridad, consolidando así su carácter civil.

Se redujo la estructura organizativa para hacerla más eficiente y se actualizó todo el régimen de personal: jerarquías, incorporaciones, formación, carrera, retiro. Además, se reforzó el control interno, se revisó el sistema disciplinario y se estableció normas orientadas a la lucha contra la corrupción dentro de la fuerza.

Se clasificaron sus funciones en investigación y prevención de delitos dentro de su jurisdicción y se habilitó su participación en misiones internacionales.

En suma, el Gobierno busca un rediseño transversal de las fuerzas de seguridad federales. Lejos de limitarse a ajustes formales, las reformas afectarían desde la estructura jerárquica hasta los regímenes de incorporación, el alcance territorial de sus funciones y la articulación con otras instituciones del Estado.

“La idea de una seguridad pública integrada, con reglas homogéneas para las distintas fuerzas, emerge como uno de los ejes más nítidos del paquete normativo”, explicaron.

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El mapa del delito: Misiones entre las provincias con menor índice de robos

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Posadas. En un contexto nacional en el que la seguridad es una preocupación creciente, Misiones se posiciona como una de las provincias con menor incidencia de robos y tentativas de robo del país. Según datos oficiales, publicados por el Ministerio de Seguridad de la Nación a través del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en 2024 la provincia registró una tasa de 475 robos cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 1.068.

Con estos números, Misiones se ubica en el sexto lugar entre las jurisdicciones con menor índice de robos. Las provincias que presentan tasas inferiores —Tierra del Fuego, La Pampa, Chubut, La Rioja y Chaco—, salvo esta última, tienen poblaciones considerablemente menores. Este dato otorga mayor relevancia al índice de Misiones, especialmente si se considera que otras provincias con menor densidad poblacional, como Neuquén, muestran cifras alarmantes: 1.505 robos cada 100.000 habitantes.

En contraste, distritos como Buenos Aires (2.529), Córdoba (1.797) o Mendoza (1.505) evidencian tasas significativamente más altas, lo que refuerza el desempeño de Misiones en materia de seguridad pública.

Sobre estos indicadores, el ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, expresó: “Estos indicadores son el resultado de un trabajo planificado, profesional y con fuerte inversión en tecnología, capacitación policial permanente y presencia territorial. Hemos trabajado para anticiparnos al delito, no sólo reaccionar ante él”.

El titular de la cartera de Gobierno también subrayó el valor del compromiso ciudadano: “La seguridad no es una tarea exclusiva del Estado. Es una construcción colectiva. El trabajo articulado con los municipios, las fuerzas federales, el Poder Judicial y, sobre todo, con la comunidad, fue clave”.

Ante esta realidad Misiones reforzó el uso de la tecnología, como es el caso de las cámaras de videovigilancia que, por ejemplo, ubican Posadas en el primer lugar nacional con 5,4 cámaras cada 1.000 habitantes, tótems con botones antipánicos y videocámaras, móviles con cámaras inteligentes y sistemas de monitoreo en tiempo real. Además, se priorizó la formación profesional de las fuerzas y el trabajo territorial con enfoque preventivo.

El reconocimiento nacional, sustentado en datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, fortalece la imagen de Misiones como una provincia confiable y segura, con condiciones propicias para el desarrollo social, turístico y productivo. Y su valor es mayor si se tiene en cuenta el resto del país en el que, día a día, la ola de inseguridad crece.

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