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Posadas refuerza el combate contra incendios con camiones cisterna y maquinaria pesada

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Ante el incremento de incendios registrados en la ciudad, la Municipalidad de Posadas activó un esquema de refuerzo operativo para prevenir y responder a distintos tipos de siniestros, articulando recursos humanos, camiones cisterna y maquinaria pesada en coordinación con Bomberos de la Policía de Misiones y los Bomberos Voluntarios. La medida apunta a reducir riesgos para la población, proteger el ambiente urbano y forestal y evitar daños materiales en un contexto de altas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

La estrategia es coordinada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que puso a disposición equipamiento y personal capacitado para fortalecer las tareas de control, extinción y recuperación posterior a los incendios, priorizando la respuesta rápida y la asistencia permanente a los equipos de emergencia.

Apoyo operativo y coordinación interinstitucional

El despliegue municipal contempla una serie de acciones clave orientadas a sostener el trabajo de los bomberos en distintos escenarios. Entre las principales medidas se destaca el abastecimiento de agua, mediante camiones cisterna con capacidades que oscilan entre 10.000 y 16.000 litros, utilizados tanto para atacar focos activos como para recargar autobombas y garantizar un suministro constante durante las tareas de extinción.

A este esquema se suma el uso de maquinaria pesada, como retroexcavadoras, motoniveladoras y excavadoras, fundamentales para la apertura de cortafuegos, especialmente en incendios forestales. Estas tareas permiten frenar el avance de las llamas, remover el suelo y actuar sobre puntos críticos que representan un riesgo de propagación.

El trabajo se apoya además en cuadrillas integradas por operarios, supervisores y directores de distintas áreas municipales, que aportan logística, combustible y respaldo operativo. Los equipos cuentan con capacitación específica para colaborar con los bomberos, lo que optimiza la respuesta ante emergencias y mejora la coordinación en el terreno.

Una vez controlado el siniestro, el municipio interviene con tareas de limpieza y recolección de residuos, contribuyendo a la recuperación de las zonas afectadas y reduciendo la posibilidad de rebrotes o nuevos focos ígneos.

Tipos de incendios y riesgos asociados en el ámbito urbano

Desde el municipio recordaron que en la ciudad se registran incendios estructurales, que afectan viviendas, edificios y comercios; incendios forestales, que se producen en descampados; y quemas de residuos, una práctica expresamente prohibida por la normativa vigente. Todos estos eventos implican consecuencias graves para la seguridad de las personas, el ambiente y los bienes materiales.

En particular, se advirtió que una proporción significativa de los incendios estructurales tiene su origen en fallas de las instalaciones eléctricas, como conexiones precarias, sobrecarga de enchufes, cables en mal estado o intervenciones realizadas sin las condiciones de seguridad adecuadas. Frente a este escenario, se recomienda a los vecinos verificar periódicamente el estado de sus instalaciones, evitar extensiones múltiples, no manipular cables deteriorados y recurrir siempre a personal matriculado ante cualquier reparación.

Quema de residuos: prohibición vigente, impacto ambiental y alternativas

En Posadas, la Ordenanza VI – Nº 18 prohíbe la quema de residuos sólidos, restos de poda, pastizales y cualquier tipo de desecho en toda la jurisdicción municipal, tanto en áreas urbanas como suburbanas. La restricción también alcanza a otras actividades que impliquen el uso del fuego sin autorización, como fogatas recreativas o la cocción de alimentos en espacios no habilitados.

La combinación de sequedad del suelo, vegetación vulnerable y vientos intensos, especialmente durante períodos de altas temperaturas y sequía, genera condiciones propicias para que un foco ígneo de baja magnitud se convierta rápidamente en una amenaza significativa, con riesgo de derivar en incendios forestales o estructurales.

Estas prácticas tienen impactos ambientales severos, ya que afectan el suelo, la microfauna y la biodiversidad, además de deteriorar la calidad del aire por la emisión de partículas contaminantes que inciden directamente en la salud. También ponen en riesgo la infraestructura de servicios y a los barrios lindantes, incrementando la vulnerabilidad de la comunidad.

La normativa vigente prohíbe expresamente la quema al aire libre en espacios públicos y privados, salvo casos excepcionales vinculados al tratamiento de residuos agrícolas o forestales o situaciones de emergencia debidamente justificadas, que requieren autorización expresa de la autoridad competente y la aplicación de estrictas medidas de control ambiental. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones, reforzando el carácter preventivo y disuasivo de la regulación.

Como alternativa, la Municipalidad dispone de servicios y espacios habilitados para la correcta gestión de residuos y restos de poda, entre ellos nueve Puntos Limpios, el Centro Verde Municipal ubicado en Nemesio Parma y los servicios municipales de recolección, que pueden coordinarse a través de las delegaciones barriales.

Responsabilidad ciudadana y canales de denuncia

Desde el Ejecutivo municipal subrayaron que la prevención es clave para reducir riesgos y evitar siniestros que pueden poner en peligro vidas humanas, bienes materiales y el ambiente. En ese marco, la responsabilidad individual de cada vecino impacta de manera directa en la seguridad colectiva, especialmente durante la temporada de calor extremo.

Ante la detección de focos ígneos o quemas ilegales, se solicita realizar la denuncia al 0800-888-2483 o al 376-4680021. En situaciones de emergencia, se debe comunicar de inmediato al 911.

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Tarifas de energía: el nuevo sistema de subsidios regirá desde febrero y cambia el criterio de acceso

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El Ejecutivo nacional demoró la puesta en marcha del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de gas, electricidad y garrafas, que finalmente entraría en vigencia en febrero. La postergación responde a pasos administrativos pendientes y trasladará el impacto en las boletas recién a marzo, en el marco de un rediseño profundo del sistema de asistencia energética que elimina la segmentación por ingresos y avanza hacia un modelo focalizado.

La decisión introduce un compás de espera en una de las reformas clave de la política energética, con impacto directo sobre hogares, empresas distribuidoras y las cuentas públicas. Si bien el nuevo régimen ya fue definido por decreto, su aplicación efectiva quedó sujeta a la reglamentación y a la actualización formal de los precios mayoristas de la energía.

Demoras administrativas y nuevo cronograma de aplicación

Según confirmaron fuentes oficiales, la implementación del nuevo esquema de subsidios se retrasó debido a que aún resta la publicación de un decreto reglamentario y, posteriormente, la Secretaría de Energía debe oficializar los nuevos precios del gas y de la generación eléctrica. La falta de cumplimiento de esos pasos administrativos impidió que el régimen entre en vigencia en enero, como se preveía inicialmente.

Con ese escenario, el Gobierno ahora apunta a que el nuevo sistema comience a regir en febrero, mientras que el impacto en las facturas se reflejaría recién a partir de marzo, una vez que los cuadros tarifarios actualizados lleguen a los usuarios finales.

En el Ejecutivo confían en completar el proceso normativo en las próximas semanas para evitar nuevas dilaciones, en un contexto de fuerte presión fiscal y de revisión integral de los subsidios económicos.

Fin de la segmentación y nacimiento de los Subsidios Energéticos Focalizados

Aunque su aplicación quedó demorada, el nuevo esquema ya fue establecido por el Decreto 943, publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial, y marcó un punto de inflexión en la política tarifaria. La norma puso fin al sistema de segmentación por ingresos vigente desde 2022, que dividía a los usuarios residenciales en tres niveles, y lo reemplazó por un modelo simplificado de dos grupos: hogares que reciben subsidios y hogares que pagan el costo pleno de la energía.

El régimen fue denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y tiene como objetivos centrales trasladar de manera gradual los costos reales de la energía, promover un consumo más eficiente y garantizar un acceso básico para los sectores más vulnerables.

Según el decreto, el acceso a la asistencia estatal quedará limitado a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), tomando como referencia los valores del Indec a noviembre de 2025. Este criterio redefine el universo de beneficiarios y apunta a concentrar el gasto público en los sectores de menores recursos.

Topes de consumo, control y un registro unificado de beneficiarios

Además de redefinir quiénes acceden al subsidio, el nuevo esquema introduce bloques de consumo base diferenciados para la electricidad. Durante los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el consumo subsidiado será de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales. En cambio, en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el tope se reducirá a 150 kWh mensuales.

La normativa también habilita a la Secretaría de Energía a fijar consumos diferenciados para zonas frías y regiones más cálidas, reconociendo las particularidades climáticas del país. Asimismo, la autoridad energética podrá revisar periódicamente los volúmenes subsidiados y las bonificaciones, con el objetivo de sostener la gradualidad del esquema y acompañar la adopción de hábitos de consumo más eficientes.

En paralelo, el Gobierno creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que dependerá del Ministerio de Economía y se apoyará en la base de datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), vigente desde 2022. Las personas que ya estaban inscriptas no deberán realizar un nuevo trámite, ya que la información será migrada automáticamente, aunque podrán actualizar sus datos mediante una declaración jurada.

Impacto esperado y señales al mercado energético

La postergación del nuevo esquema introduce una breve tregua para los usuarios residenciales, pero mantiene latente el debate sobre el impacto en las boletas y la reducción del gasto en subsidios, uno de los objetivos centrales de la política económica. Para las empresas del sector energético, la definición de los nuevos precios mayoristas será clave para recomponer ingresos y previsibilidad, mientras que para el Estado el desafío pasa por sostener la asistencia sin profundizar el desequilibrio fiscal.

Con la mira puesta en febrero y marzo, el Gobierno busca avanzar en un rediseño estructural de los subsidios energéticos, en un contexto de ajuste gradual, revisión del rol del Estado y presión sobre los ingresos de los hogares.

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Eldorado extiende la concesión del transporte urbano y evita cortes del servicio tras licitaciones fallidas

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A horas del vencimiento de la prórroga excepcional del contrato de concesión, la Municipalidad de Eldorado confirmó un acuerdo con la empresa ETCE SRL para extender la prestación del transporte urbano de pasajeros. La decisión permite asegurar el funcionamiento normal del servicio desde este jueves 15 de enero y evitar interrupciones en un contexto marcado por licitaciones fallidas, tensiones económicas y reclamos de los usuarios.

El anuncio oficial busca llevar tranquilidad a la comunidad en una ciudad que atraviesa desde hace varios meses un escenario complejo en materia de transporte público. La continuidad del servicio se vuelve clave no solo por su impacto social directo, sino también por su relevancia económica e institucional, al tratarse de un servicio esencial para miles de vecinos que dependen del colectivo para trabajar, estudiar y realizar actividades cotidianas.

Licitaciones fallidas y un escenario sin margen para cortes

El sistema de transporte urbano de Eldorado arrastra dificultades desde 2025. En octubre del año pasado, el Municipio impulsó un primer proceso licitatorio que quedó desierto, al no presentarse oferentes. Posteriormente, en diciembre, se avanzó con un segundo llamado que fue declarado económicamente no conveniente, lo que obligó al Ejecutivo local a descartar esa alternativa.

En ese marco, la concesión vigente se sostuvo mediante una prórroga excepcional, cuyo vencimiento estaba previsto para este jueves 15 de enero. La proximidad de esa fecha encendió señales de alerta entre los usuarios y generó incertidumbre sobre la continuidad del servicio.

Ante ese escenario, el Municipio informó que alcanzó un acuerdo con ETCE SRL para extender la concesión y garantizar que los recorridos habituales continúen operando con normalidad, evitando cualquier interrupción abrupta del sistema.

Costos operativos, subsidios y reclamos de los usuarios

La decisión de prorrogar el contrato se adopta en un contexto de fuerte tensión económica. Por un lado, la empresa prestataria viene advirtiendo dificultades para sostener los costos operativos del servicio sin un esquema de subsidios adecuado. La estructura de gastos —combustible, mantenimiento de unidades y salarios— presiona sobre la ecuación económica del sistema.

Por otro lado, los usuarios reclaman mejoras en la calidad del servicio y en las unidades, pero sin que ello se traduzca en aumentos significativos del boleto, en un contexto de ingresos ajustados y caída del poder adquisitivo. Esa combinación limita el margen de maniobra tanto del Municipio como de la empresa concesionaria.

Desde el Ejecutivo local reconocen que la situación exige decisiones de corto plazo para sostener el servicio, pero también una mirada estratégica que permita evitar la reiteración de prórrogas sin una solución estructural.

Previsibilidad a corto plazo y búsqueda de una salida de fondo

Desde la Municipalidad de Eldorado remarcaron que el objetivo central de la prórroga es priorizar el interés general, garantizar la continuidad de un servicio esencial y aportar previsibilidad y calma a la comunidad, mientras se trabaja en alternativas de fondo para el sistema de transporte urbano.

“El transporte público cumple un rol fundamental para miles de vecinos”, señalaron desde el Ejecutivo, al destacar que la prioridad es no afectar la vida diaria de los eldoradenses en un contexto complejo. En paralelo, el Municipio continúa evaluando esquemas que permitan mejorar la prestación y asegurar su sostenibilidad a largo plazo, contemplando tanto la viabilidad económica como la calidad del servicio.

Con esta decisión, Eldorado evita quedarse sin transporte urbano, sostiene la prestación en el corto plazo y reafirma el compromiso institucional de garantizar servicios esenciales, mientras se busca una solución definitiva para un sistema que combina restricciones fiscales, demandas sociales y desafíos operativos.

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Boleto urbano: empresas y municipio expusieron la situación económica del transporte

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Representantes del transporte urbano, autoridades municipales, empresas, organizaciones y usuarios participaron este martes de la audiencia pública convocada para analizar una posible actualización del boleto de transporte urbano de pasajeros en el Área Metropolitana. El encuentro expuso el escenario económico y operativo del sistema, marcado por la caída de la demanda y el aumento sostenido de los costos, y puso en foco el rol de los aportes provinciales y municipales para garantizar su continuidad.

La audiencia se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Parque de la Ciudad y se realizó conforme a lo establecido por decreto, en cumplimiento de la Carta Orgánica Municipal, como instancia previa y obligatoria para el análisis de modificaciones tarifarias en servicios públicos.

Diagnóstico del sistema: costos en alza y menor demanda

Durante la jornada, los distintos sectores vinculados al transporte urbano expusieron los parámetros necesarios para el sostenimiento del sistema, que incluyen la infraestructura, las unidades en circulación y el personal en actividad. En ese marco, se presentó un diagnóstico que evidenció una caída en la demanda del servicio, combinada con un incremento sostenido de los costos operativos.

Según se explicó en la audiencia, el valor actual del boleto resulta insuficiente para cubrir integralmente los costos del sistema. Por ese motivo, el funcionamiento del transporte urbano se mantiene a través de aportes provinciales y municipales, además de inversiones en infraestructura, flota y mecanismos de control.

El análisis planteado remarcó que estas herramientas permiten sostener la continuidad del servicio, preservar la cobertura territorial y mantener el carácter social del transporte público, en un contexto económico desafiante para el sector.

Marco institucional y actores involucrados

La audiencia pública se desarrolló mediante la exposición de los distintos actores vinculados al sistema de transporte urbano, en un marco institucional previsto por la normativa municipal. Participaron del encuentro el secretario de Gobierno Municipal, José Amable, el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, autoridades de la Defensoría del Pueblo y representantes de EUTA, junto a organizaciones y usuarios del servicio.

La instancia permitió dejar constancia de las posiciones del sector empresario, de las autoridades y de los usuarios, y constituye un paso formal dentro del proceso de evaluación de una eventual actualización tarifaria.

Próximos pasos

El debate sobre la tarifa del transporte urbano impacta de manera directa tanto en los usuarios del servicio, para quienes el boleto representa un componente relevante del gasto cotidiano, como en las empresas prestatarias, que enfrentan un escenario de costos crecientes y menor demanda.

En el plano institucional, la audiencia pública cumple una función central al transparentar la información económica y operativa del sistema y habilitar la participación ciudadana antes de cualquier decisión administrativa. El análisis expuesto en esta instancia será un insumo clave para las definiciones que adopten las autoridades municipales respecto del esquema tarifario.

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Arranca 2026 con subas de servicios públicos: aumentan electricidad, gas y agua en todo el país

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El inicio de 2026 llegará con nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, agua y cloacas en todo el país, tras una serie de resoluciones oficiales que establecen ajustes de entre 2,5% y 4% promedio para los usuarios residenciales. Las subas, que ya fueron formalizadas en el Boletín Oficial y por los entes reguladores, no incluyen aún la eliminación de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional, una decisión que podría llevar los incrementos a porcentajes de dos dígitos, especialmente en el gas natural.

La política tarifaria combina actualizaciones mensuales indexadas por inflación, cambios en la segmentación de usuarios, un nuevo esquema de subsidios focalizados y señales de fondo orientadas a reducir el déficit fiscal, garantizar la sustentabilidad económica de los servicios públicos y avanzar en la reorganización regulatoria y empresarial del sector.

Electricidad y gas: subas moderadas en enero, con riesgo de mayores ajustes

En el caso de la energía eléctrica, el Gobierno confirmó que desde enero regirán nuevos cuadros tarifarios con un aumento promedio del 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, áreas bajo concesión de Edenor y Edesur. En términos precisos, el incremento será del 2,31% para Edenor y del 2,24% para Edesur, según lo establecido en las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Para el resto del país, la actualización del precio mayorista de la electricidad será del 3,2%, aunque el impacto final en las facturas dependerá de las decisiones que adopten provincias y municipios sobre el componente de distribución.

Las normativas explican que los ajustes surgen de la aplicación mensual de la fórmula prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE 304/2025, cuyo objetivo es garantizar que la remuneración de las distribuidoras conserve su valor real durante el período tarifario de cinco años. Para el cálculo se toman las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que en noviembre fueron del 1,59% y 2,47%, respectivamente. La fórmula pondera un 67% el IPIM y un 33% el IPC, lo que arroja un aumento del 1,88% en el Costo Propio de Distribución (CPD) antes de su traslado completo a las tarifas finales.

En cuanto al gas natural por redes, el incremento anunciado para enero oscila entre 2% y 3%. Sin embargo, el principal foco de atención está puesto en la quita de subsidios, ya que la actualización llevará el precio mayorista del gas a 3,79 dólares por millón de BTU, frente a los 2,95 dólares que paga actualmente Metrogas. De concretarse plenamente este ajuste, algunas regiones y categorías de consumo podrían enfrentar subas superiores al 10%.

Nuevo esquema de subsidios y cambios regulatorios desde 2026

A partir del 2 de enero de 2026, el Gobierno reemplazará el esquema de segmentación tarifaria vigente hasta 2025 por una clasificación de solo dos categorías de usuarios residenciales. Además, los bloques de consumo subsidiado variarán según la estación del año, lo que podría modificar de manera significativa la composición de las facturas y el acceso a los beneficios estatales.

En paralelo, comenzará a implementarse el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que establece un tope de ingresos equivalente a tres canastas básicas totales. Los hogares cuyos ingresos totales superen ese umbral perderán el subsidio, en caso de que aún lo estuvieran recibiendo.

El Ejecutivo ratificó que la actualización tarifaria mensual indexada por inflación se mantendrá al menos hasta abril de 2030, con el argumento de preservar la capacidad de inversión de las empresas y evitar nuevos atrasos tarifarios. En ese marco, se prevé que durante el primer trimestre de 2026 se avance en la fusión de los entes reguladores del gas y la electricidad en un único organismo, con directorio y control parlamentario, para unificar la regulación y la supervisión del sector energético.

Agua y cloacas: AySA tendrá aumentos del 4% mensual hasta abril

El servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también registrará subas relevantes. La Resolución 53 del ERAS habilitó a AySA a aplicar aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril de 2026, en reemplazo del ajuste del 1% mensual que rigió durante 2025.

El cambio busca compensar un retraso tarifario acumulado del 21,05%, asociado a incrementos que no se aplicaron el año pasado, lo que derivó en una caída de ingresos estimada en 95.000 millones de pesos para la empresa. Ese desfasaje fue absorbido mediante la postergación de gastos e inversiones, en un contexto donde el Gobierno evalúa la privatización de la compañía.

Con la nueva escala, la factura promedio antes de impuestos se ubicará en 30.489 pesos para el valor zonal “alto”, 27.689 pesos para el “medio” y 22.248 pesos para el “bajo”. De mantenerse el ajuste del 4% mensual durante los primeros cuatro meses del año, el incremento acumulado alcanzará aproximadamente el 17%.

Pese a que se esperaba la realización de una audiencia pública en 2025 para definir un criterio uniforme de actualización tarifaria, el proceso no se concretó, dejando pendiente la discusión sobre el mecanismo definitivo que regirá los futuros aumentos.

Un inicio de año con mayor presión sobre los ingresos familiares

Las subas de luz, gas y agua que entran en vigencia desde enero se suman en un contexto de reordenamiento fiscal y reducción de subsidios, con un impacto directo sobre el presupuesto de los hogares y sobre la estructura de costos de comercios e industrias. Aunque los aumentos iniciales son moderados, el verdadero desafío estará en cómo evolucionen las tarifas una vez que se profundice la quita de subsidios y se consolide el nuevo esquema regulatorio.

El Gobierno sostiene que estas decisiones son necesarias para asegurar la sustentabilidad de los servicios públicos, reducir el déficit y avanzar con la desregulación de los mercados, pero el efecto social y político de los ajustes marcará buena parte de la agenda económica del primer tramo de 2026.

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