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Clase media: 53% debió usar ahorros o deuda para llegar a fin de mes

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La presión sobre la clase media se profundiza, el 53% tuvo que usar ahorros o endeudarse para llegar a fin de mes

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que en el segundo trimestre de 2025 más de la mitad de los hogares de ingresos medios debió recurrir a ahorros, ventas de pertenencias o endeudamiento para cubrir gastos básicos. Según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), este segmento social –tradicional motor del consumo interno– enfrenta el mayor deterioro en su capacidad de pago desde que se tiene registro comparable.

La mitad del país adopta estrategias de supervivencia económica: 53% de la clase media y 48% del total de hogares

El análisis del IAG sostiene que el 48% de los hogares argentinos tuvo que desplegar alguna estrategia complementaria para llegar a fin de mes, aunque el impacto es más pronunciado en los deciles de ingresos medios, donde el porcentaje asciende al 53%.

Los datos provienen del segundo trimestre de 2025 y muestran que, por primera vez, los hogares de ingresos medios superan a los sectores bajos en el uso de mecanismos extraordinarios para cubrir necesidades básicas. La dinámica revela un proceso sostenido de erosión del ingreso real y una creciente fragilidad financiera en el núcleo de la estructura social argentina.

Endeudamiento, ahorros y ventas: cómo se ajusta la clase media para sostener el mes

El informe detalla tres estrategias predominantes entre los hogares medios:

Uso de ahorros y venta de bienes

  • 35% de los hogares argentinos utilizó ahorros para alcanzar el fin de mes.
  • Entre los hogares medios, la proporción sube al 40%.
  • 9% de las familias debió vender pertenencias para obtener liquidez inmediata.

Endeudamiento récord

  • 25% de los hogares se endeudó para cubrir gastos básicos.
  • Es la única variable peor que en 2024, considerado el año pico de la serie.
  • La morosidad de los créditos personales alcanzó el 9,1%, el nivel más alto desde que existen registros.

Avance del crédito bancario en los ingresos medios

  • El 18% de los hogares medios tomó deuda con entidades financieras.
  • En contraste, solo el 12% de los hogares de menores ingresos recurrió a crédito bancario.

El informe interpreta este comportamiento como un signo de estrechez: la clase media, con acceso formal al sistema crediticio, utiliza endeudamiento como válvula de supervivencia, incrementando su vulnerabilidad a futuro.

El peso de los servicios públicos explica parte del deterioro: de 4% a 11% del salario mediano

La presión creciente sobre los ingresos medios se vincula directamente con el cambio en los precios relativos asociado a la reducción de subsidios.

Según el informe: en noviembre de 2023, los servicios públicos (agua, gas, electricidad) consumían 4% del salario mediano. En 2025, pasaron a representar 11% del mismo salario.

Este aumento de siete puntos porcentuales altera el presupuesto mensual de los hogares, especialmente en aquellos sin margen de ahorro y con gastos fijos estructurales como alquileres, cuotas escolares o transporte.

Un impacto estructural: riesgo para el consumo, las pymes y la recuperación económica

La pérdida de margen financiero en la clase media tiene efectos directos en:

El consumo interno: Menor capacidad de gasto en bienes no esenciales y servicios recreativos.

La solvencia del sistema financiero: La morosidad creciente presiona la cartera de créditos personales y puede restringir la oferta crediticia.

Las pymes y comercios: La caída del gasto discrecional reduce ventas y limita la recuperación de sectores intensivos en demanda doméstica.

La estabilidad social: El deterioro del “colchón” de ingresos medios es un indicador crítico para los niveles de conflictividad futura y para la sostenibilidad política de reformas en curso.

El informe del IAG pone en evidencia que las medidas de recomposición fiscal y la quita de subsidios están generando un reacomodamiento profundo en los hogares, con particular tensión sobre quienes no acceden a asistencia social pero tampoco poseen ingresos altos para absorber incrementos de tarifas y costos.

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Menos subsidios y más gasto, la canasta de servicios públicos del AMBA llegó a $173.480 en noviembre

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El costo de la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en noviembre los $173.480, sin subsidios, lo que implica un incremento mensual del 1,8%. En términos interanuales, el gasto creció 30% respecto de noviembre de 2024 y acumula un aumento del 23% en lo que va de 2025, según el Reporte de Tarifas y Subsidios N.º 32 del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET). El ajuste se explica por aumentos tarifarios en electricidad, gas y transporte, sumados a variaciones en los niveles de consumo energético.

Tarifas en alza: energía, gas y transporte impulsan la suba mensual

El incremento del 1,8% en la canasta se originó en una combinación de movimientos tarifarios y cambios en la demanda de los hogares. En particular:

  • Gas natural: Cargo fijo: +3,5% y Cargo variable: +4% promedio
  • Energía eléctrica: Cargo fijo: +3,6% y Cargo variable: +3,8%
  • Transporte público: Boleto de colectivos (promedio ponderado): +6,6%

El informe detalla que, en el caso de la electricidad, el gasto total también se vio afectado por un aumento en las cantidades consumidas, mientras que en gas natural se registró una disminución en la demanda.

A nivel interanual, la canasta trepó 30% frente a noviembre de 2024, en un contexto donde las tarifas registraron sucesivas correcciones y los consumos se adaptaron a las variaciones estacionales.

Menos subsidios y mayor costo para los usuarios: el Estado cubre el 48% de los servicios

El Reporte N.º 32 subraya que la reducción real de subsidios alcanzó el 44% en el conjunto de los servicios analizados. Esta caída se desagrega en: Transporte público: recorte real de 20% y Energía: reducción real de 44%

Como resultado, los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren, en promedio, el 52% de los costos, mientras que el Estado financia el 48% restante. La retracción en la asistencia fiscal modifica la estructura del gasto familiar y redefine la política de subsidios como variable macroeconómica central.

El recorte en subsidios, sumado a los aumentos tarifarios y a la recomposición parcial de los costos energéticos, explica la aceleración del gasto de los hogares a lo largo del año, con un acumulado del 23% en 2025.

Presión sobre el ingreso y redefinición de la política tarifaria

El encarecimiento de la canasta de servicios públicos tiene un impacto directo en los niveles de consumo del AMBA, la región más densamente poblada del país y donde las tarifas reguladas condicionan la evolución del ingreso disponible.

Los incrementos en electricidad, gas y transporte no solo afectan a los hogares, sino que también repercuten en sectores productivos intensivos en servicios públicos.
En paralelo, la reducción de subsidios apunta a disminuir el gasto fiscal, aunque tensiona el equilibrio entre sostenibilidad económica y accesibilidad tarifaria.

El comportamiento observado en noviembre refleja una tendencia que continuará sujeta a: cambios regulatorios del esquema de subsidios, evolución de los costos energéticos, estacionalidad en el consumo de electricidad y gas, y eventuales actualizaciones tarifarias durante el verano.

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Transporte en crisis: el costo real del colectivo cuadruplica la tarifa vigente en el AMBA

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Un informe privado advierte que el boleto de colectivo en el AMBA debería costar $1.713 sin subsidios, el sistema opera con una brecha de hasta 33%

El estudio de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) encendió alertas en el sector: el costo real del boleto mínimo de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubica en $1.713,6 —casi cuatro veces más que la tarifa vigente de $451— y expone una estructura de subsidios que sostiene el funcionamiento del transporte urbano más grande del país.

Un sistema que cuesta más de $350 mil millones al mes y opera con pérdida estructural

El trabajo presentado en el “Índice Bondi – AMBA Septiembre 2025” detalla con precisión los costos operativos que enfrenta la red de colectivos que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con 40 municipios bonaerenses.

La Secretaría de Transporte reconoce que el mantenimiento mensual del sistema demanda $265.779,10 millones, pero las empresas relevadas por AAETA advierten que el costo real asciende a $351.910,05 millones.

La diferencia —$86.130,94 millones— se explica, según el informe, por factores como pérdida de calidad del servicio, disminución de frecuencias, mayores costos de seguridad y rezago en la renovación de flota.

El diagnóstico confirma un dato estructural: el sistema opera bajo un esquema financiero deficitario, incluso con subsidios, y la brecha condiciona la prestación.

Boleto real vs. boleto vigente: una brecha insostenible que alcanza los $1.262 por pasajero

El informe evidencia una distancia crítica entre lo que paga el usuario y lo que efectivamente cuesta mover cada colectivo en el AMBA.

  • Boleto mínimo actual (julio 2025): $451,01
  • Costo real del boleto sin subsidios (IVA incluido): $1.713,6
  • Costo real sin IVA: $1.550,75

La compensación estatal más la recaudación por boletos vendidos suman $1.092,28, dejando una diferencia estructural de $458,47 por boleto, que deben afrontar las empresas para sostener la operación diaria.

El sistema transporta en promedio 227.205.932 pasajeros (media móvil de seis meses), lo que magnifica la brecha mensual.

AAETA advierte que esta diferencia no solo presiona la ecuación económica, sino que compromete directamente la renovación de unidades, la seguridad operativa y la frecuencia del servicio.

Un gráfico incluido en el estudio muestra que la brecha entre costo real y costo reconocido —con IVA— oscila entre 27% y 33%, según la jurisdicción: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación.

Un espejo del 90% del país y un debate que vuelve al centro de la agenda

AAETA remarca en su informe que, sin subsidios, el boleto del AMBA debería ubicarse en niveles similares a los que ya pagan los usuarios del interior —un dato que vuelve a tensionar la histórica discusión sobre asimetrías regionales en el financiamiento del transporte público.

En varias capitales provinciales el boleto urbano supera los $1.500 desde mediados de 2025, mientras que en otras jurisdicciones ronda los $1.800 e incluso los $2.000. En ese sentido, el estudio señala que, sin aportes estatales, el AMBA no sería la excepción, sino que convergería a valores “similares al 90% del país”.

La advertencia se produce en un momento clave, cuando el Gobierno nacional evalúa cambios en los esquemas de compensaciones y las provincias reclaman mayor equidad en la distribución de los subsidios, un tema que impacta en costos, competitividad y en la movilidad urbana de millones de personas.

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Samsa capacitó a 30 futuros ingenieros en los procesos de agua potable de Posadas y Garupá

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Samsa abrió sus plantas a estudiantes de Ingeniería y reforzó la formación técnica sobre el servicio de agua potable en Posadas y Garupá

En una nueva edición del Programa de Puertas Abiertas, 30 estudiantes avanzados de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Misiones recorrieron las instalaciones de Samsa para conocer en detalle los procesos de captación, potabilización, control de calidad y telemetría del servicio de agua potable. La actividad, vigente desde hace 26 años, apunta a integrar formación académica con experiencia operativa en uno de los sistemas sanitarios más complejos del NEA.

Un programa histórico: 26 años de integración entre la UNaM y el sistema de agua potable metropolitano

La visita formó parte del Programa de Puertas Abiertas, una iniciativa que Samsa sostiene desde hace más de 26 años y que permite que estudiantes de carreras técnicas se familiaricen con el funcionamiento real del sistema de provisión de agua potable. En esta ocasión, participaron 30 estudiantes próximos a egresar de Ingeniería Civil de la UNaM, acompañados por el docente Héctor Casale.

El objetivo del programa es integrar conocimientos teóricos —sanidad del agua, procesos de potabilización, micromedición, análisis de uso, control sanitario y principios de operación— con la dimensión operativa de un servicio esencial en la región metropolitana. La actividad forma parte del esquema formativo que la empresa mantiene para capacitar a futuros profesionales en infraestructura sanitaria.

Tecnología, control de calidad y operación en tiempo real: los ejes del recorrido técnico

Durante el recorrido guiado, los estudiantes observaron cada una de las etapas que componen el servicio de agua potable:

  • Captación de agua cruda en el río Paraná.
  • Procesos de potabilización, desde la decantación hasta la filtración y desinfección.
  • Producción y distribución, con atención a los parámetros de eficiencia energética e hidráulica.
  • Control de calidad, realizado bajo estándares internacionales, con análisis sistemáticos en todas las etapas del proceso.
  • Nueva sala de telecontrol, que centraliza información en tiempo real sobre el comportamiento de la red, caudales, presiones y estado operativo de las estaciones.

La empresa explicó los avances tecnológicos implementados en los últimos años, que permiten optimizar la gestión, reducir pérdidas y fortalecer la trazabilidad de los parámetros sanitarios.

Los participantes también recibieron material técnico para complementar los contenidos abordados durante la visita.

Formación de profesionales para un servicio esencial

El programa, según destacan desde Samsa, cumple un rol clave en el fortalecimiento de capacidades locales en materia de infraestructura sanitaria. La formación práctica de ingenieros y especialistas resulta crítica en un contexto de demanda creciente y necesidad de inversiones en sistemas urbanos de agua.

Además, la política de puertas abiertas se articula con universidades y organismos técnicos para promover criterios de sostenibilidad, eficiencia operativa y seguridad sanitaria, pilares que rigen la prestación del servicio en Posadas y Garupá.

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AySA: Milei oficializó el nuevo marco legal que habilita su privatización

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El Gobierno aprobó el nuevo marco regulatorio del agua y saneamiento, paso clave en la privatización de AySA. Con la entrada en vigencia del nuevo Marco Regulatorio, el Ejecutivo avanza un paso más en la reconfiguración del sistema de agua y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Decreto 805/2025, publicado este miércoles 12 de noviembre en el Boletín Oficial, aprueba el texto ordenado del Marco Regulatorio de la Ley 26.221. La medida da sustento jurídico al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), y redefine los parámetros técnicos, económicos y ambientales del servicio público de agua potable y cloacas en el AMBA.

El DNU 805/2025 no sólo ordena un entramado normativo disperso, sino que sienta las bases legales para la transición de AySA hacia un esquema de gestión privada, bajo principios de eficiencia, transparencia y rentabilidad, en un sector clave para la infraestructura y la salud pública.

Un nuevo marco legal para la prestación del servicio

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, aprobó el texto ordenado del “Marco Regulatorio” de la Ley 26.221, que regula la concesión y el control del servicio público de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

La decisión se enmarca en el proceso de privatización de AySA, declarado por la Ley 27.742 —Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos—, que habilitó al Poder Ejecutivo a transferir al sector privado empresas estatales, bajo los principios de transparencia, competencia y eficiencia.

Según el decreto, el nuevo texto “brinda certeza jurídica al contexto normativo que rige la prestación del servicio público a cargo de esa sociedad”, un paso considerado indispensable para avanzar con la licitación prevista en un plazo de ocho meses desde el inicio formal del proceso (agosto de 2025, según la Resolución 1198/25 del Ministerio de Economía).

Redefinición institucional y corrección técnica del régimen tarifario

El Anexo I del decreto —de más de 120 artículos y cinco anexos complementarios— actualiza la estructura normativa que define el funcionamiento del sistema, los derechos y obligaciones de la concesionaria, y el rol de los organismos de control.

El texto reafirma que el acceso al agua es un “derecho humano esencial”, aunque subraya que la prestación deberá garantizarse bajo criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad económica. Establece además un régimen tarifario basado en el equilibrio económico-financiero de la concesión, con revisiones periódicas, incentivos a la inversión y un sistema de subsidios focalizados para sectores vulnerables.

Una de las modificaciones técnicas más relevantes recae sobre el Artículo 20 del Anexo E (Cargo por Construcción), donde se corrige un error material del Decreto 493/25 que había invertido los criterios de cálculo para usuarios con medidor y sin medidor. La nueva redacción restituye la fórmula anterior, que establece que el monto a facturar será “equivalente al valor del cargo fijo más el cargo variable en régimen no medido, y sólo al cargo fijo en régimen medido, calculado en ambos casos para 180 días”.

El objetivo, según la Secretaría de Obras Públicas, es “restablecer la coherencia técnica del esquema tarifario previo” y evitar “criterios contrarios al espíritu de la norma que distorsionen los costos reales del servicio”.

Hacia un nuevo modelo de concesión

El nuevo marco consolida el rol de tres entidades clave:

  • El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS): encargado del control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos de usuarios.
  • La Agencia de Planificación (APLA): responsable de los planes de expansión, inversiones y planificación estratégica.
  • El Ministerio de Economía: autoridad concedente y órgano rector del proceso de privatización.

En su preámbulo, el texto establece que “la eficiencia deberá entenderse de forma complementaria con la equidad”, y que las tarifas “deben ser justas y razonables, permitiendo a la concesionaria cubrir costos operativos e inversiones con una rentabilidad comparable a otras actividades de riesgo similar”.

La reglamentación también delimita con precisión el ámbito territorial de la concesión —Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano—, aunque habilita futuras ampliaciones mediante convenios con municipios que adhieran al régimen.

En términos ambientales, el decreto reafirma las obligaciones de la concesionaria en materia de tratamiento de efluentes, control de vertidos industriales y protección de las fuentes de agua cruda, con la intervención de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Subsecretaría de Ambiente.

Contexto político y proyecciones del proceso de privatización

El DNU 805/2025 se dicta en un momento clave del plan de transformación de empresas públicas impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que ya avanzó con la venta o reestructuración de más de una decena de sociedades estatales. AySA, por su magnitud —con más de 15 millones de usuarios y un presupuesto anual superior a 300 mil millones de pesos—, constituye una de las operaciones más sensibles en términos económicos, políticos y sociales.

La Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente del Ministerio de Economía, deberá concretar la venta de AySA antes de abril de 2026. El proceso contempla distintas modalidades, incluyendo la posibilidad de participación mixta con capital privado nacional o extranjero, bajo licitación internacional.

Desde el punto de vista institucional, la aprobación del marco regulatorio ordenado era condición previa para la valuación y el diseño del nuevo contrato de concesión.
El Gobierno sostiene que la medida “fortalece la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria”, mientras que fuentes del sector sindical y técnico advierten que el traspaso al sector privado podría implicar “ajustes tarifarios significativos” y redefinición de planteles laborales.

La decisión, en última instancia, será evaluada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre la validez del decreto conforme a la Ley 26.122, en un plazo de diez días hábiles.

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