SUBSIDIOS AL TRANSPORTE

Transporte en crisis: el costo real del colectivo cuadruplica la tarifa vigente en el AMBA

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Un informe privado advierte que el boleto de colectivo en el AMBA debería costar $1.713 sin subsidios, el sistema opera con una brecha de hasta 33%

El estudio de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) encendió alertas en el sector: el costo real del boleto mínimo de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubica en $1.713,6 —casi cuatro veces más que la tarifa vigente de $451— y expone una estructura de subsidios que sostiene el funcionamiento del transporte urbano más grande del país.

Un sistema que cuesta más de $350 mil millones al mes y opera con pérdida estructural

El trabajo presentado en el “Índice Bondi – AMBA Septiembre 2025” detalla con precisión los costos operativos que enfrenta la red de colectivos que conecta a la Ciudad de Buenos Aires con 40 municipios bonaerenses.

La Secretaría de Transporte reconoce que el mantenimiento mensual del sistema demanda $265.779,10 millones, pero las empresas relevadas por AAETA advierten que el costo real asciende a $351.910,05 millones.

La diferencia —$86.130,94 millones— se explica, según el informe, por factores como pérdida de calidad del servicio, disminución de frecuencias, mayores costos de seguridad y rezago en la renovación de flota.

El diagnóstico confirma un dato estructural: el sistema opera bajo un esquema financiero deficitario, incluso con subsidios, y la brecha condiciona la prestación.

Boleto real vs. boleto vigente: una brecha insostenible que alcanza los $1.262 por pasajero

El informe evidencia una distancia crítica entre lo que paga el usuario y lo que efectivamente cuesta mover cada colectivo en el AMBA.

  • Boleto mínimo actual (julio 2025): $451,01
  • Costo real del boleto sin subsidios (IVA incluido): $1.713,6
  • Costo real sin IVA: $1.550,75

La compensación estatal más la recaudación por boletos vendidos suman $1.092,28, dejando una diferencia estructural de $458,47 por boleto, que deben afrontar las empresas para sostener la operación diaria.

El sistema transporta en promedio 227.205.932 pasajeros (media móvil de seis meses), lo que magnifica la brecha mensual.

AAETA advierte que esta diferencia no solo presiona la ecuación económica, sino que compromete directamente la renovación de unidades, la seguridad operativa y la frecuencia del servicio.

Un gráfico incluido en el estudio muestra que la brecha entre costo real y costo reconocido —con IVA— oscila entre 27% y 33%, según la jurisdicción: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación.

Un espejo del 90% del país y un debate que vuelve al centro de la agenda

AAETA remarca en su informe que, sin subsidios, el boleto del AMBA debería ubicarse en niveles similares a los que ya pagan los usuarios del interior —un dato que vuelve a tensionar la histórica discusión sobre asimetrías regionales en el financiamiento del transporte público.

En varias capitales provinciales el boleto urbano supera los $1.500 desde mediados de 2025, mientras que en otras jurisdicciones ronda los $1.800 e incluso los $2.000. En ese sentido, el estudio señala que, sin aportes estatales, el AMBA no sería la excepción, sino que convergería a valores “similares al 90% del país”.

La advertencia se produce en un momento clave, cuando el Gobierno nacional evalúa cambios en los esquemas de compensaciones y las provincias reclaman mayor equidad en la distribución de los subsidios, un tema que impacta en costos, competitividad y en la movilidad urbana de millones de personas.

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Misiones ajustó tarifas de transporte urbano y media distancia, pero preserva la gratuidad del BEEG

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Misiones actualiza las tarifas del transporte público, el Gobierno dispuso un aumento del 30,77% y garantiza la continuidad del Boleto Estudiantil Gratuito.

El Gobierno de Misiones oficializó una actualización del 30,77% en las tarifas del transporte público de corta y media distancia, que incluye tanto los servicios urbanos y suburbanos como los valores que el Estado abona a las empresas por el Boleto Estudiantil Gratuito Misionero (BEEG). La medida, formalizada mediante las Disposiciones N.º 115 y 116 de la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación, busca compensar el aumento de los costos operativos del sector y garantizar la continuidad del servicio en toda la provincia.

Nuevo cuadro tarifario y alcance de la medida

Desde el 4 de noviembre de 2025, rige el nuevo esquema tarifario para los servicios de transporte público de pasajeros de corta y media distancia en Misiones.
El ajuste, del 30,77%, fue dispuesto a partir del análisis técnico de costos que enfrentan las prestatarias —combustible, repuestos, mantenimiento y salarios— y responde a la necesidad de asegurar la sustentabilidad económica del sistema.

El nuevo cuadro tarifario quedó fijado de la siguiente manera:

  • Servicio común en caminos sin pavimento: $99,80 por kilómetro.
  • Servicio común o semi directo en caminos pavimentados: $91,00 por kilómetro.
  • Servicio directo expreso: $119,00 por kilómetro.
  • Servicio directo diferencial: $127,60 por kilómetro.
  • Cargo por uso de terminal: $367,30.
  • Tarifa mínima: $1.700.
  • Encomiendas y exceso de equipaje: $604,40.

Las empresas disponen de 15 días hábiles para presentar ante la Subsecretaría los cuadros tarifarios actualizados en carácter de declaración jurada. Además, las tarifas deberán redondearse al múltiplo de $0,10 más próximo, conforme al criterio técnico de aplicación uniforme en todo el territorio provincial.

El Boleto Estudiantil Gratuito se mantiene sin costo para los usuarios

De forma paralela, la Disposición N.º 116 establece un ajuste equivalente del 30,77% en el valor que el Estado provincial paga a las empresas de transporte por los viajes del Boleto Estudiantil Gratuito Misionero (BEEG).
Este beneficio —regulado por la Ley VI N.º 189— garantiza que los estudiantes de todos los niveles educativos puedan trasladarse de manera gratuita, y su financiamiento se mantiene íntegramente a cargo del Estado.

La medida abarca tanto el Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano del área Posadas–Garupá–Candelaria como a los municipios del interior adheridos al programa. De este modo, el aumento no afectará a los beneficiarios, sino que busca sostener la operatividad de las líneas de transporte ante el incremento de los costos de servicio y la inflación general.

En términos presupuestarios, el ajuste implica una actualización del subsidio provincial que se abona mensualmente a las empresas, con el objetivo de preservar la regularidad y cobertura del BEEG, un programa que en 2025 superó los 250 mil beneficiarios activos entre estudiantes de niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

Equilibrio entre accesibilidad y sostenibilidad del sistema

El Ministerio de Coordinación General de Misiones —a través de la Subsecretaría de Transporte— remarcó que la actualización tarifaria busca mantener el equilibrio entre la accesibilidad del servicio para los usuarios y la viabilidad económica de las prestatarias.
En un contexto nacional caracterizado por la reducción de subsidios al transporte y la suba sostenida de costos, la provincia optó por una medida de ajuste moderado, acompañada por la preservación de las tarifas sociales y programas de inclusión, como el BEEG.

De acuerdo con fuentes oficiales, esta política tarifaria “procura evitar la degradación del servicio público esencial y garantizar la conectividad de las comunidades urbanas y rurales”, preservando al mismo tiempo la sustentabilidad del sistema de transporte de pasajeros.

Impacto sectorial y proyección

El sector transportista misionero viene atravesando un proceso de readecuación económica, condicionado por el encarecimiento del combustible, la actualización salarial del personal y los costos de mantenimiento de unidades.
La nueva estructura tarifaria representa, según estimaciones del organismo provincial, una recomposición parcial de ingresos que permitirá sostener las frecuencias mínimas y los recorridos intermunicipales, particularmente en zonas rurales y de baja densidad poblacional.

El Gobierno provincial anticipó que continuará monitoreando la evolución de los costos operativos y la situación macroeconómica para definir futuros ajustes. Asimismo, reafirmó su compromiso con la planificación de un sistema de transporte eficiente, inclusivo y ambientalmente sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo provincial.

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El Gobierno logró un superávit financiero de $390.301 millones en agosto

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El Ministerio de Economía informó que en agosto de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit financiero de $390.301 millones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.166.564 millones. El resultado se sustentó en un superávit primario de $1.556.864 millones, consolidando el ancla fiscal que el Gobierno considera pilar de su programa económico.

Según los datos oficiales difundidos el 18 de septiembre, el resultado financiero acumulado hasta agosto equivale a 0,4% del PIB, mientras que el superávit primario se ubica en torno al 1,3% del PIB. Estas cifras permiten sostener la estrategia de consolidación fiscal, clave para la política económica actual y en línea con los compromisos de equilibrio de las cuentas públicas.

El reporte del Palacio de Hacienda destaca que los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11,366 billones (+29,9% interanual), impulsados principalmente por tributos vinculados a la actividad económica y al comercio exterior.

Entre los impuestos con mayor crecimiento se encuentran:

  • Derechos de Importación: +81,3% interanual.
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social: +41,4% i.a.
  • Impuesto a las Ganancias: +40,3% i.a.
  • Impuesto a los Débitos y Créditos: +35,7% i.a.
  • IVA neto de reintegros: +34,5% i.a.

Ingresos, gastos y asignaciones prioritarias

Del lado del gasto, los gastos primarios alcanzaron en agosto los $9,809 billones (+25% interanual), creciendo nuevamente por debajo de los ingresos, lo que permitió sostener el resultado positivo.

  • Prestaciones sociales: sumaron $6,281 billones (+37,5% i.a.), con una suba real del 2,9%. Dentro de este rubro, jubilaciones y pensiones junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) crecieron 9% en términos reales, en línea con la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 y el DNU 274/24.
  • Remuneraciones: $1,292 billones (+24,3% i.a.), en el marco de aumentos salariales pactados y reducción de la planta estatal.
  • Transferencias a universidades: $341.231 millones, con una expansión del 45,9% i.a., lo que implica una mejora real del 9,2%.
  • Transferencias corrientes: $3,122 billones (+17,3% i.a.), con un incremento de 20,8% al sector privado y 2% al sector público.
  • Subsidios económicos: registraron una caída de 18,8% i.a., con reducciones de $166.107 millones en subsidios energéticos (-19,1%) y $52.231 millones en transporte (-19,4%).

El Ministerio de Economía remarcó que el resultado fiscal positivo refleja una política de ordenamiento de las cuentas públicas con dos pilares centrales:

  1. Contención del gasto corriente mediante reducción de subsidios y racionalización de la planta estatal.
  2. Fortalecimiento de los ingresos vía recuperación de la actividad formal y mayor recaudación tributaria.

“El cumplimiento de las metas fiscales es la base de la estabilización macroeconómica”, señalaron desde la cartera que conduce el ministro de Economía, subrayando que el resultado de agosto “ratifica el rumbo del programa económico”.

Impacto político y económico

El superávit financiero llega en un momento en el que el Gobierno busca consolidar credibilidad en los mercados y sostener la estabilidad cambiaria. Para los analistas, la reducción de subsidios en transporte y energía, aunque fiscalmente positiva, puede abrir frentes de tensión social y política por el traslado de costos a usuarios y empresas.

Asimismo, el incremento real en prestaciones sociales y en las transferencias a universidades busca equilibrar la consolidación fiscal con señales de protección social y sostenimiento educativo.

De cara a los últimos meses del año, el desafío será sostener el superávit en un contexto de desaceleración económica y presiones sociales. El Gobierno confía en que la combinación de recaudación creciente y ajuste de subsidios permita mantener la tendencia positiva.

La continuidad de la disciplina fiscal será clave tanto en la renovación de compromisos financieros internacionales como en la discusión política interna, donde el equilibrio entre orden fiscal y contención social seguirá siendo el eje de debate.

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Jorge Macri y Axel Kicillof reclaman mantener privilegios en los subsidios al transporte de pasajeros

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El Gobierno nacional intimó a las jurisdicciones para que se hagan cargo de las subvenciones en sus jurisdicciones, al igual que sucede en el interior. Buenos Aires y CABA quieren evitar el costo político de un nuevo golpe al bolsillo.

La tensión entre el gobierno nacional, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el de la provincia de Buenos Aires por los subsidios al transporte sumó nuevos capítulos en las últimas horas. La intención de la gestión de Javier Milei es equiparar el trato de ambas jurisdicciones con el que recibe el interior, aunque ese proceso puede traer un impacto en los bolsillos y problemas en el servicio, además de que ya refleja una disputa política.

Axel Kicillof amenazó en las últimas horas con un posible reclamo ante la Corte Suprema si Nación deja de financiar el descuento por boleto integrado de la Red Sube en los colectivos que transitan exclusivamente en territorio bonaerense. Jorge Macri, por su parte,responsabilizó al gobierno nacional por algún eventual conflicto con las líneas porteñas si dejan de enviar las compensaciones para cubrir costos de mantener sin nuevos aumentos la tarifa. Son respuestas a las intimaciones que envió en las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, a ambas jurisdicciones.

“Nosotros vamos a agotar la vía administrativa y luego iremos con un recurso a la Corte”, afirmó esta mañana, en declaraciones a Canal E, el ministro de Transporte de Buenos Aires Jorge D´Onofrio.

El gobierno bonaerense paga el 100% de las compensaciones por $70.000 millones que reciben las líneas de colectivos que circulan exclusivamente por su jurisdicción. Esos son los fondos con los que se cubre la diferencia entre el precio del boleto, actualmente en $270 para el mínimo, y el precio “real” del pasaje para sostener el sistema, calculado en unos $860 por viaje. El pasaje mínimo pasará a $370 desde el lunes.

La disputa con Nación tiene que ver con la intención de Caputo de que la provincia afronte, en las líneas numeradas del 200 para arriba que circulan en Buenos Aires, el costo por el descuento de la Red SUBE que se aplica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de forma automática solo para las tarjetas registradas. El primer viaje se paga el boleto pleno, el segundo con descuento del 50% y el tercero con 75% de rebaja.

La visión de la Secretaría de Transporte de la Nación que dirige Franco Mogetta es que se debe equiparar el trato que reciben Buenos Aires y la Ciudad con el que se le da al interior, donde en algunos casos existe el boleto integrado pero es financiado por las provincias.

“Contestamos la carta de Caputo diciendo que el boleto integrado es un programa nacional que cuenta con partidas y fuentes de financiamiento previstas en la Ley de Presupuesto. Nuestra Ley de Presupuesto no establece ese costo, por lo que es totalmente inviable hacer un traspaso en un contexto en el que se pisaron otros fondos. Pedimos que revisen la medida porque va a recaer en los usuarios. Hablamos de 3,5 millones de usuarios con entre 2,5 y tres operaciones por tarjeta de ida y de vuelta, que representan $5.000 millones mensuales”, explicó D´Onofrio.

en la Secretaría de Transporte de la Nación aclararon que con el último aumento de boletos anunciado, Buenos Aires pasaría de poner $70.000 millones a $56.000 millones mensuales para subsidiar la tarifa, mientras que con el traspaso del boleto integrado el costo total sería de $62.000 millones. “Son casi $10.000 millones menos de lo que venían pagando”, apuntaron.

La cuestión con CABA es un poco más compleja. Mogetta, ante la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, blanqueó que el plan inmediato es abandonar cualquier tipo de subsidios para las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño. El Gobierno de Milei avisa que podría realizar por decreto ese traspaso, que quedó pendiente desde 2012 cuando fue el traspaso del subte. Sin embargo, fuentes que conocen el sector destacaron a este medio que ese proceso debe realizarse a partir de un “acta acuerdo” entre las partes.

Actualmente el financiamiento es mixto: el 55% desde CABA y el 45% del Tesoro nacional. Pasado a números: el costo que Transporte nacional quiere dejar de cubrir son los $7.000 millones que destina a subsidiar ese 45% que le toca a la Nación. Las líneas que atraviesan la avenida General Paz y que además de la Ciudad recorren municipios del Conurbano bonaerense tienen subsidios cubiertos enteramente por la Nación y la idea es que eso continúe de la misma manera.

Sobre el final de un día complicado, Mogetta, señaló en LN+ que la Ciudad de Buenos Aires es la única de la Argentina que no administra su transporte. “Lo administra el Estado Nacional, que solventamos todos los argentinos. Hay una larga historia desde el 2012. Hay una ley que establece que el transporte del subte, premetro y automotor de pasajeros debe pasar a CABA en un plazo de 90 días. El Subte y el Premetro se transfirieron; se firmó un acta, pero los colectivos quedaron pendientes”, señaló.

“Venimos en diálogo permanente con el gobierno de la Ciudad, en charlas técnicas, avanzando en la posibilidad de que tomen la competencia de regular horarios, establecer las habilitaciones de cada una de las empresas, tarifas, recorridos y demás”, agregó.

A través de una carta enviada este miércoles a Caputo, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, sostuvo que es Nación quien regula y controla el servicio, y define la estructura de costos del sistema, al tiempo que advirtió por eventuales problemas con las operadoras. “Mediante la presente se informa que, en el caso de que el Estado Nacional no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias del transporte público automotor”, consignó la carta.

Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA y perderán el subsidio son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Este tema genera desconcierto en las cámaras empresarias de colectivos, que reclaman a la Ciudad que postergan el traspaso de la competencia para pagar el 45% de los fondos para sostener el sistema mientras que en paralelo anuncian la construcción de un sistema eléctrico de pasajeros que se llamará “MIMUBE”. De hecho, en junio enviaron una carta dirigida al Jefe de Gobierno Jorge Macri.

Las empresas que continuarán recibiendo subvenciones tanto por boleto integrado como por tarifa por parte de la Nación son las 123 de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA y el interior del país.

  • Dentro del AMBA siguen con subvenciones las líneas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195.
  • En el interior del país: Línea 906 Santa Fe – Paraná; Línea 907 Santa Fe – Paraná; Línea 902 Chaco – Corrientes; Línea 904 Chaco – Corrientes; Línea 908 Viedma – Patagones; Línea 911 Neuquén – Río Negro; Línea 912 Apóstoles – Colonia Liebig; Línea 914 Neuquén – Río Negro; Línea 915 Buenos Aires – Santa Fe; TP 249 Buenos Aires – Santa Fe.

El Gobierno Nacional además seguirá subsidiando a los 5,3 millones de pasajeros que reciben la Tarifa Social con $25.000 millones por mes. Esta implica un descuento del 55% en el precio del boleto a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en las 60 localidades de todo el país en las que está implementado el sistema SUBE.

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A partir de mañana se automatiza la renuncia a subsidios y el abono de la tarifa plena

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Mañana entrará formalmente en vigencia la renuncia opcional al pago con subsidio del pasaje del transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional, que permitirá a los usuarios que lo deseen pagar la tarifa plena, permitiendo que los montos que el Estado dispone para ese fin sean derivados a los sectores de mayores necesidades.

La medida había sido anunciada formalmente el 16 de octubre por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y desde el viernes 20 está disponible el formulario para formalizar la opción en el sitio web oficial argentina.gob.ar/sube.

Hasta el momento, la cantidad de usuarios que hicieron uso de la opción es marginal y, según las primeras informaciones Transporte, sólo la habían ejercido 133 personas.

En el caso específico del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), el pasaje de colectivo para los usuarios que decidan renunciar a los subsidios pasaría a ser de $ 700 por viaje, una opción que hasta el momento puede tomarse a bordo de los colectivos, previa información al chofer de la unidad.

Giuliano había señalado hace diez días que la medida entrará formalmente en vigencia a partir del 27 de octubre y con ella se busca “lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.

En la conferencia de prensa, el ministro recordó que “algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte”.

Por tal razón se habilitó la opción para que “cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse”, explicó.

Al respecto, aclaró que “quien quiera seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada”.

Giuliano remarcó que “el subsidio al transporte es una política de Estado a la que nosotros adherimos y llevamos adelante en todo este tiempo y queremos sostenerlo fuertemente porque tiene efectos en el salario, achatando los costos de las tarifas, permitiendo que los trabajadores puedan ser asistidos por el Estado”.

Asimismo, formalizó la invitación a las provincias a adherirse a la opción.

Para efectuar la renuncia al subsidio, es necesario tener la SUBE registrada con los datos correspondientes,

Luego, debe completar el formulario de renuncia al subsidio – que tiene validez como declaración jurada- que se encuentra en la web de SUBE (www.argentina.gob.ar/SUBE).

La medida alcanza a los usuarios de transporte automotor de las líneas de jurisdicción nacional y de transporte ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por donde circulan diariamente más de 4 millones de personas.

Comprende también a los usuarios de líneas de urbanas interjurisdiccionales de jurisdicción nacional.

En base a los números informados por el ministro, en el caso de los trenes los valores del actuales de los pasajes con subsidio son de entre $ 11,57 y $ 52,95 en el AMBA; de $ 79 en el caso de Salta; $ 105 en el circuito Resistencia-Los Amores, en Chaco; $ 180 en Rosario-Cañada de Gómez, Santa Fe.

En estos casos, los usuarios que renuncien a los subsidios deberán abonar pasajes que van desde $ 655 hasta $ 1.100 por viaje.

En lo que respecta al servicio de colectivos, puntualmente en el AMBA, el valor del pasaje con subsidio en la actualidad va de $ 52,96 (mínima) hasta $ 72,61 (máximo) y quienes renuncien a los subsidios deberán abonar una tarifa de $ 700, precisó Giuliano.

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