Salariazo selectivo: los ministros de Milei recibieron aumentos de 123% desde diciembre
La política salarial del Gobierno nacional volvió al centro de la escena tras conocerse la evolución de los ingresos de la alta función pública durante los primeros meses de 2026. De acuerdo con datos oficiales, los ministros y principales funcionarios del Ejecutivo registraron incrementos acumulados que alcanzan el 123% desde diciembre.
El punto de partida fue el decreto 931/2025, publicado a comienzos de año, que dejó sin efecto el congelamiento salarial que regía para el Gabinete. A partir de esa decisión, los sueldos comenzaron a actualizarse en una secuencia que los llevó a duplicarse en pocos meses.
En términos concretos, un ministro que percibía $3,58 millones en diciembre pasó a cobrar más de $7,27 millones en febrero y proyecta superar los $8 millones en mayo. La dinámica se replica en otros niveles jerárquicos: los secretarios evolucionaron desde $3,28 millones a más de $6,5 millones en enero, mientras que los subsecretarios pasaron de $2,98 millones a cerca de $6 millones en el mismo período.
La actualización salarial se da en un contexto macroeconómico marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos en el sector privado y público, con salarios promedio que se ubican en torno a $1,6 millones mensuales según los últimos registros disponibles. La brecha entre los ingresos de la alta función pública y el resto de los trabajadores se amplía en este escenario.
Desde el oficialismo, la recomposición se vincula con la necesidad de sostener equipos técnicos y perfiles competitivos dentro de la administración pública. Sin embargo, el timing de los aumentos -en paralelo a un ajuste del gasto en otras áreas- alimenta el debate sobre la consistencia del discurso fiscal.
En particular, el contraste se vuelve más visible frente a recortes en programas sociales y restricciones presupuestarias en áreas sensibles como educación, salud y asistencia directa. La discusión, en definitiva, no se limita al nivel de los salarios, sino al esquema de prioridades en la asignación de recursos públicos.
El tema suma tensión en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal como eje central de su programa económico, mientras enfrenta crecientes cuestionamientos por el impacto social del ajuste.