El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, y a ex funcionarios nacionales por “defraudación contra la administración pública” en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la aplicación del programa Sueños Compartidos, de construcción de viviendas sociales. En cambio, dictó el sobreseimiento de Humberto Schiavoni, actual director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, imputado inicialmente por viviendas de la Corporación Sur, en Buenos Aires y dictó la falta de mérito para el ex gobernador Maurice Closs y el ex jefe de Gabinete, Ricardo Escobar, aunque seguirán supeditados a la causa.
El magistrado los procesó por el delito de defraudación en contra de la administración pública y sostuvo que fueron responsables del desvío de más de 200 millones de pesos que debieron ser aplicados a la construcción de viviendas, según consta en el fallo de 552 páginas al que accedió esta agencia.
Entre los principales ex funcionarios procesados se encuentran el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y su ex subsecretario, Abel Fatala, quienes fueron acusados de haber posibilitado la adjudicación de fondos públicos a la fundación que tenía como apoderados a los Schoklender.
Martínez de Giorgi sostuvo que Bonafini -a quien durante todo el fallo trata como Pastor, por su apellido de soltera- “conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación (los hermanos Schoklender) que ella misma había instituido, y que, en tal sentido, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución”.
Sobre los hermanos Schoklender aseguró que, “en connivencia con funcionarios públicos nacionales, se valieron del ‘prestigio’ de la fundación en materia Derechos Humanos para conseguir los fondos públicos y gestionarlos de manera indebida sin despertar sospechas”.
Se consideró probado en el expediente que los hermanos Schoklender, en su calidad de apoderados de la FMPM, tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución, y que con posterioridad, una vez ingresados los montos correspondientes a esas obras en las arcas de la institución, desviaron la suma de $ 206.438.454,04, que canalizaron a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias (“Meldorek S.A.” y “Antártica Argentina S.A.”, entre otras), o bien, a través de interpósitas personas y compañías que percibieron valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad propia de la Fundación y, a través de su cobro, imposibilitaron seguir su rastro (como, por ejemplo, “Cabaña Agropecuaria Del Zonda S.A.” y “Agropecuaria Monte León S.A.”, vinculadas a Guillermo Alejandro Greppi).
En ese orden, se señaló que el éxito de la maniobra fue posible gracias a la utilización del prestigio y la trayectoria que la “Asociación Madres de Plaza de Mayo” cuenta en el área de la defensa de los Derechos Humanos, y al infiel desempeño de José Francisco López y Abel Caludio Fatala –quienes tenían a cargo la asignación de los recursos del Estado- quienes, amparándose también en la notoria trascendencia de la institución, articularon los mecanismos para que las construcciones de vivienda cuya financiación requerían las jurisdicciones provinciales y municipales fueran adjudicadas en forma directa a la FMPM.
Por el mismo hecho se dispuso también el procesamiento sin prisión preventiva de Hebe María Pastor, a quien se consideró partícipe necesaria de la maniobra, en tanto se valoró que conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la FMPM que ella misma había instituido, y que, en esa línea, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa “Meldorek S.A.” de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación.
Por otra parte, se sometió a proceso a Alejandro Abraham Gotkin, Gustavo Adrián Serventich, José Fernando Caparrós Gómez, Enrique Osvaldo Rodríguez, Hugo Omar Gallardo, Manuel Camet, Daniel Laurenti, Mariano Moncada, Pablo Javier Sette, Adolfo Daniel Bus, Christian Ariel Terdjanian, Emilio Mauro Gutiérrez y Guillermo Alejandro Greppi, por el delito de lavado de activos, en la inteligencia de que las distintas operaciones financieras, inmobiliarias y comerciales acreditadas en la causa y en las que éstos tomaron intervención, tuvieron como finalidad la de dar apariencia lícita al dinero espuriamente obtenido.
Finalmente, se dispuso la falta de mérito de Julio Miguel De Vido y de los funcionarios provinciales y municipales indagados, porque se entendió que existían circunstancias aun no esclarecidas en el expediente que resultaban determinantes para analizar sus situaciones en el proceso.
