Manaos lleva a la Corte Suprema un fallo laboral de $807 millones
La disputa judicial entre la empresa fabricante de la gaseosa Manaos y un viajante de comercio de San Rafael, Mendoza, entró en una fase decisiva. Tras la confirmación de una indemnización por $807 millones más intereses por parte de la Suprema Corte de Mendoza, la compañía decidió acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal para frenar la ejecución del fallo.
La cifra, una de las más elevadas registradas en un litigio laboral reciente, convirtió el expediente en un caso de alto impacto dentro del sistema judicial argentino. El conflicto no sólo enfrenta a una empresa con un ex trabajador: también abre una discusión más amplia sobre fraude laboral, cálculo de intereses en indemnizaciones y validez de acuerdos de desvinculación.
En términos institucionales, la decisión que adopte el máximo tribunal nacional podría definir si el fallo provincial queda firme o si el caso vuelve a revisarse. La pregunta que atraviesa el expediente es clara: ¿se trata de una indemnización desproporcionada o de una sanción judicial frente a una maniobra destinada a reducir costos laborales?
El origen del conflicto: una simulación de despido según la Justicia
El caso comenzó con un reclamo laboral presentado por un viajante de comercio oriundo de San Rafael, Mendoza, que denunció haber sido víctima de una maniobra fraudulenta vinculada a su relación contractual con la empresa.
Los tribunales mendocinos determinaron que en 2018 la compañía simuló un despido con el objetivo de modificar el encuadre laboral del trabajador. La estrategia, según la sentencia, buscaba retirarlo del convenio de viajantes de comercio, que otorgaba condiciones salariales más favorables, para registrarlo bajo otro esquema contractual con menores costos laborales.
La clave del caso fue un dato que la Justicia consideró determinante: tras el supuesto despido el trabajador continuó realizando exactamente las mismas tareas durante cuatro años.
Para los jueces, esa continuidad demostró que el despido había sido una formalidad administrativa destinada a encubrir la relación laboral real.
El tribunal concluyó entonces que existió una maniobra irregular que afectó derechos laborales, lo que habilitó el reconocimiento de una indemnización de gran magnitud.
De $1.500 millones a $807 millones: cómo se definió el monto
En primera instancia, el tribunal laboral había fijado una indemnización cercana a $1.500 millones. Posteriormente, la Suprema Corte de Mendoza revisó el cálculo de los intereses aplicados y redujo el monto final a $807 millones.
Sin embargo, el tribunal provincial mantuvo intacto el núcleo de la sentencia: la existencia de fraude laboral.
El fallo también anuló el acuerdo firmado en 2018 entre la empresa y el trabajador. En ese documento se había pagado $236.000 en concepto de liquidación, cifra que la empresa sostiene que debía considerarse válida para cerrar el conflicto.
Para la Justicia mendocina, ese acuerdo no podía tener efecto legal porque formaba parte de una estrategia para encubrir la verdadera relación laboral.
El recurso ante la Corte Suprema y la batalla por los intereses
Ante la confirmación del fallo provincial, la empresa decidió presentar un recurso extraordinario federal para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La defensa legal, encabezada por el abogado Diego Díaz, argumenta que la sentencia es “arbitraria” y que el monto de la indemnización resulta desproporcionado.
El planteo se sostiene principalmente sobre dos ejes: La tasa de interés aplicada en el cálculo de la indemnización. Según la empresa, ese criterio genera un monto “confiscatorio” que afectaría su derecho de propiedad. La validez del acuerdo firmado en 2018, mediante el cual el trabajador recibió $236.000 en concepto de liquidación.
La empresa sostiene que ese documento debería ser reconocido por la Justicia y que el conflicto debió considerarse cerrado en ese momento.
El plazo de cinco días y la intervención pendiente de la Corte
Mientras avanza el recurso ante el máximo tribunal, la empresa solicitó que se suspenda la ejecución del fallo.
La Suprema Corte de Mendoza había establecido un plazo de cinco días hábiles para que la compañía depositara el monto de la indemnización.
La decisión ahora depende de si la Corte Suprema de Justicia de la Nación acepta tratar el caso.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán determinar si el recurso presentado cumple con los requisitos formales para ser analizado.
Si el máximo tribunal decide intervenir, el expediente podría revisarse y eventualmente modificarse el monto de la indemnización. Si, en cambio, el recurso es rechazado, el fallo quedará firme y la empresa deberá afrontar el pago completo.
Un caso con impacto en el sistema laboral
Más allá del conflicto puntual, el expediente tiene implicancias más amplias dentro del sistema judicial y laboral argentino.
El monto de la indemnización reaviva el debate sobre cómo se calculan los intereses en los juicios laborales, una cuestión que en distintos tribunales del país ha generado fallos con cifras muy elevadas.
Al mismo tiempo, la sentencia provincial refuerza un criterio judicial que observa con especial atención las maniobras destinadas a modificar el encuadre laboral de los trabajadores.
En ese terreno, la resolución de la Corte Suprema podría marcar un precedente relevante para futuros litigios.
Lo que se jugará en el máximo tribunal
La intervención del máximo tribunal no sólo definirá si la empresa debe pagar $807 millones.
También pondrá bajo examen tres cuestiones centrales: la interpretación del fraude laboral en relaciones contractuales prolongadas. La validez de acuerdos de desvinculación firmados entre empresas y trabajadores. Y el cálculo de intereses en indemnizaciones laborales de larga duración
La Corte aún debe decidir si abre o no el expediente.
Hasta entonces, el caso permanece en una zona de incertidumbre judicial donde el desenlace puede alterar el resultado económico del litigio y, al mismo tiempo, enviar una señal institucional sobre cómo se resolverán conflictos similares en el futuro.