No hubo acuerdo en la segunda reunión entre productores e industriales tabacaleros para acordar un valor para el tabaco Burley. La empresas mantuvieron la propuesta de pagar 53 pesos promedio el kilo contra los 65 pesos que piden los colonos.
Si bien se esperaba un acercamiento en las propuestas que se plantearon en la mesas la semana pasada, productores e industriales tabacaleros no llegaron a un acuerdo y mantuvieron con firmeza las empresas con su intención de pagar en promedio 53 pesos por kilo de tabaco Burley contra los 65 pesos que pretenden los colonos.
La reunión se concretó en Posadas, en la sede del ministerio del Agro con la presencia de los principales referentes de las tres asociaciones que nuclean a los productores APTM, Cámara del Tabaco y ACTIM como de los compradores.
Las negociaciones continúa y los productores manifestaron que se volverán a reunir ni bien los industriales tengan una nueva propuesta.
“No se llegó a ni un acuerdo. Las empresas han mantenido sus posturas con la oferta original de un 48%, y las asociaciones también mantuvieron su pedido de 83%. Lamentablemente no se pudo avanzar. Nos reuniremos cuando las empresas tengan una mejor oferta”, expresó Omar Olson Secretario de Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones APTM.
El ministerio Agro convocaría nuevamente, en días para una nueva reunión con el fin de establecer el valor del tabaco y dar inicio al acopio.
Escriben Marcelo Capello Marcos Cohen Arazi Franco Vico, fundación Mediterránea. Esta semana el gobierno nacional realizó un anuncio relativo al adelantamiento de beneficios fiscales en materia de contribuciones patronales para paliar la situación de las empresas de algunos sectores productivos en el conjunto de provincias argentinas.
De acuerdo a la información oficial (ratificada hoy por la publicación del Decreto 128/2019), se realizará un adelantamiento de la aplicación del Mínimo No Imponible para las contribuciones patronales a partir de este año, específicamente para un grupo de actividades económicas características de las economías regionales de Argentina. Este mecanismo estaba previsto que se aplicara en forma gradual entre 2018 y 2022, con incidencia en todos los sectores económicos, dejando una porción de los salarios exceptuados del pago de cargas. El anuncio implica una nueva diferenciación sectorial de esta herramienta, ya que en semanas previas se había procedido en forma similar al adelantar la aplicación para otros sectores como Marroquinería, Textil y Calzado. La reforma en contribuciones que rige desde 2018
Es importante destacar que los cambios anunciados implican una modificación del cronograma anunciado en la reforma tributaria de 2017. Esta reforma, sancionada el 27/12/2017 por Ley 27.430, prevé cambios para una variedad de tributos, siendo uno de los componentes que exhibe mayores modificaciones el correspondiente a las obligaciones por contribuciones patronales. La aplicación completa de las modificaciones aprobadas sigue un sendero de ajuste gradual, en cinco años, con comienzo en 2018 y efecto pleno para 2022. Esta contribución cuenta con cambios en tres aspectos principales:
1. Introducción de un mínimo no imponible (MNI) exento del pago de contribuciones patronales de $2.400 en 2018. Este monto aumenta gradualmente hasta alcanzar los $12.000 en 2022. La reforma también prevé que este monto se actualizará por IPC desde enero de 2019.
2. Convergencia entre los dos tipos de alícuotas marginales previas. Hasta 2017 regían dos situaciones alternativas, alícuota de 17% ó 21%, según umbral de facturación (que remite en forma aproximada a la separación entre PyMEs y grandes empresas) y sector. A partir de la mencionada reforma, se establece un esquema de convergencia gradual entre las dos alícuotas hasta alcanzar una tasa única del 19,5% en 2022.
3. Extinción del esquema de pago de contribuciones patronales a cuenta de IVA según localización (Decreto 814/2001), que se irá eliminando paulatinamente desde 20191 .
El beneficio que establecía este régimen (Decreto 814/2001) no era simétrico entre jurisdicciones, ya que existían diversos niveles de reducción de carga laboral en función de los niveles de pobreza y la distancia a la CABA desde cada jurisdicción. Para tomar una dimensión de estas divergencias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía asignado 0 pp. como crédito fiscal a cuenta de IVA, mientras que regiones como el interior de Salta, Jujuy y Misiones contaban con la posibilidad de tomar 10,75 pp a cuenta de dicho impuesto. A su vez, se aplicaban distintos créditos fiscales para diferentes regiones dentro de una misma provincia.
Volviendo al desarrollo de los cambios que implica la reforma, el primer punto, al ser un componente homogéneo a aplicarse en todo el territorio y para todo sector de actividad, el salario formal promedio inicial vigente en cada sector resulta relevante para determinar la significatividad del beneficio y su impacto sobre la alícuota final efectiva tributada. Aquellas provincias con salarios formales más bajos o sectores de actividad con remuneraciones más modestas asumirán un efecto de mayor cuantía en relación al mínimo no imponible, resultando en una alícuota efectiva menor, con relación a otras provincias/sectores con retribuciones más altas. Esto por cuanto el monto del MNI resulta homogéneo entre todas las provincias, cuando los salarios no lo son.
En relación a la segunda modificación, es claro el efecto sobre la alícuota efectiva final: empresas grandes del sector servicios o comercios tendrán una reducción de alícuota de 1,5 pp. cuando se complete la aplicación de la reforma (de 21% en 2017 a 19,5% en 2022); en el otro extremo, PyMEs del sector servicios o empresas en general (PyMEs o grandes) que no desarrollen actividades en el sector servicios/comercios, sufrirán un incremento de la alícuota legal base (17% en 2017 a 19,5% en 2022).
Por último, la tercera modificación, que consiste en la extinción de los beneficios previstos como crédito fiscal para el IVA en el decreto 814/2001, tendrá un efecto negativo sobre aquellas jurisdicciones que contaban con mayores créditos fiscales, es decir las que mostraban mayor NBI y/o mayor distancia a la CABA.
A continuación, se presenta en una tabla el efecto de la reforma en contribuciones patronales, para las actividades que no fueron incluidas en la reforma anunciada esta semana, ni forman parte de Textiles y Calzado. Para su construcción, se trabaja con el salario formal promedio correspondiente a cada provincia. Adicionalmente, con el objetivo de facilitar el examen de casos extremos, se escogen tres áreas del decreto 814 por provincia: aquella que contaba con mayores beneficios fiscales según el mencionado decreto, la que gozaba de menores créditos fiscales y la jurisdicción correspondiente a la capital provincial (si ésta comparte alguna de dos características anteriores, se presentarán dos casos por provincia). Alícuota efectivas de contribuciones patronales para jurisdicciones provinciales seleccionadas
A partir del examen de la tabla, la reforma tributaria implica importantes y heterogéneos cambios de carga tributaria laboral hacia 2022. Las empresas situadas en provincias que eran más beneficiadas por el régimen del Dec. 814/01, enfrentarán un sustancial incremento en la carga tributaria laboral. Además, tendrán un aumento de carga impositiva las empresas de menor envergadura (PyMEs). En el otro extremo, las empresas localizadas en CABA y Gran Buenos Aires son las más beneficiadas por la reforma. Asimismo, el beneficio será mayor entre las empresas grandes del sector servicios, mientras que las PyMEs serán perjudicadas o menos beneficiadas (con diferencias según su localización).
En esta sección, se consideran casos testigo por provincia para ilustrar cómo operaría la modificación recientemente anunciada. Se consideran actividades típicas en las 23 provincias del país, como ejemplo del efecto que tendría el anuncio realizado. Se tuvieron en cuenta los niveles salariales y las cargas impositivas en los últimos años, y se realizó una proyección de acuerdo a cómo evolucionarán las alícuotas efectivas que pesan sobre los empleadores.
Es importante primero analizar cuál había sido el cambio en la carga impositiva en 2018, cuando se empezó a aplicar la reforma tributaria. Para dicho año, se advierte una reducción en la carga impositiva laboral en la mayoría de las jurisdicciones analizadas (a excepción de provincias patagónicas) debido a la incorporación del mínimo no imponible de $2.400 y el mantenimiento inalterado de los beneficios fiscales previstos en el Decreto 814 (recién se comenzaría su derogación gradual en 2019)
Por otra parte, con el adelantamiento del mínimo no imponible en su totalidad a 2019, con un valor actual de $17.509, se observa una fuerte baja en las alícuotas efectivas que pesan sobre el salario. Ello ocurre incluso a pesar que de manera paralela este año aumentó la alícuota legal a 18% (como preveía le reforma de 2017, cuando se trata de empresas de menor facturación y las de sectores que no corresponden a comercio y servicios) y además se comenzaron a extinguir los puntos porcentuales a cuenta de IVA que podían tomarse las empresas, que regían a partir del citado decreto del año 2001.
Por caso, en la fabricación de muebles en Formosa, con salarios relativamente bajos (por debajo del mínimo no imponible, de acuerdo a cifras oficiales y estimaciones), la alícuota efectiva en 2019 caería a cero. Ya se había reducido la carga en 2018, en ese caso particular, debido a que la introducción del mínimo no imponible había tenido un efecto más significativo que la suba anual de alícuotas.
En el caso de Córdoba, para la misma actividad económica, en 2019 se experimentaría una reducción importante, al pasar la alícuota efectiva de 12,9% a 5,8% (se ha supuesto una ubicación fuera del Gran Córdoba y sin que se trate de una región sumamente favorecida por el decreto 814/01). Sin embargo, en este caso, luego con el devenir de la aplicación del cronograma de la reforma tributaria, que implicará la suba de la alícuota legal progresivamente hasta 2022, y en que decaerán los beneficios del citado Decreto, la alícuota efectiva volverá a crecer hasta 7,1%, quedando en un nivel mayor al que regirá en 2019.
Los otros casos pueden analizarse en el mismo sentido. En la mayor parte de las situaciones examinadas se reduciría la carga en contribuciones patronales en 2019, salvo para provincias patagónicas, que parten de salarios formales elevados y resultan perjudicadas por la extinción gradual de los altos beneficios asignados por el decreto 814. En el conjunto de casos analizados, en general la alícuota efectiva se reduce entre 1 y 8 puntos porcentuales en 2019, pero volvería a incrementarse hacia 2022. Al final del periodo de análisis la situación es heterogénea, la mayor parte de los casos planteados quedará con alícuotas más bajas en comparación con las de 2018, pero en gran parte de los casos serán superiores a las de 2019. La excepción, en esta lista de casos ilustrativos, la constituye las provincias patagónicas, al ser una región de altos niveles salariales, el efecto del mínimo no imponible será sobre-compensado por la suba de alícuotas que prevé la reforma y la eliminación de los beneficios del decreto 814/01, resultando en alícuotas “altas” en 2022, inclusive en comparación con 2017.
Estos casos ilustrativos ponen de manifiesto la fuerte diversidad de situaciones que podrán presentarse en función de la implementación final la norma anunciada. Pero puede concluirse que la reforma anunciada esta semana resulta muy favorable para las actividades incluidas en el beneficio, pero que hacia 2022 ese beneficio puede perderse total o parcialmente, de modo que desde la política pública queda pendiente aún morigerar estos efectos para los próximos años, para que la reforma resulte del todo favorable para las pymes y las economías regionales.
De acuerdo con la información oficial, la medida alcanzaría a 232.500 empleados correspondientes a 23.700 establecimientos productivos en todo el territorio nacional. Se considera que este sería el impacto inmediato, sobre puestos de trabajo formales existentes. Además, podrían existir más beneficiarios en la medida que el nuevo programa consiga mayor formalización de actividades económicas que actualmente se estén realizando sin el adecuado cumplimiento de cargas impositivas.
El total de establecimientos alcanzados representa el 4,4% del total de empresas dadoras de empleo formal. Por su parte, los empleos alcanzados representan el 2,7% de los empleos registrados privados (según la información oficial, incluyendo empleo en casas de familia y autónomos) y apenas 2% del total de empleos registrados en sector público y privado.
Es oportuno destacar la fuerte disparidad que involucraría la medida, ya que Mendoza sería la provincia más beneficiada, representando 21% de los empleados para los cuales se aplicaría el adelantamiento del MNI. En segundo lugar, la provincia de Buenos Aires representaría 17% de los empleos alcanzados. Luego, en menor orden de importancia, se presentarían beneficios en el resto del país. También se destacan algunas particularidades, ya que provincias con alguna similitud económica, tendrían beneficios muy diferentes a partir de esta medida. Solo a título de ejemplo, Río Negro representaría 8% de los empleos alcanzados, mientras que Neuquén apenas el 2%. Las provincias de Córdoba y Santa Fe, por su parte representarían 5% de los empleos alcanzados cada una.
En lo que hace a los establecimientos alcanzados por la medida, según el anuncio oficial, se concentrarían los beneficios principalmente en las regiones Centro (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos) y Cuyo (San Juan, San Luis y Mendoza).
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación informa que a través de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, autoridad de aplicación y control de la Ley N°9.643, referente a warrants y certificados de depósito, verificó que en base al relevamiento anual de 2018, se han emitido warrants por la suma de $5.206.160.672,10 y USD923.140.281,22, correspondientes a dicho ejercicio, lo que representa un aumento del 15,43% y del 4,07% respectivamente en comparación con el año 2017.
Cabe señalar que warrants es un título de crédito que permite el acceso al financiamiento, siendo de alto impacto en el desarrollo de las económicas regionales.
Los meses de mayor emisión de warrants en dólares fueron los de octubre, noviembre y diciembre, destacándose noviembre como el de mayor emisión de warrants, por un valor de USD 108.138.432; y diciembre como el de la suba más importante respecto al mismo mes del año anterior, con un aumento del 125%
Dichas emisiones se han realizado sobre depósitos principalmente en Buenos Aires con un total de emisiones de warrants en $122.539.273 y en USD137.671.833, en por $246.860.364 y USD110.802.293, y en Tucumán por $3.061.518.938 y USD143.779.090
Destacándose entre los principales productos el azúcar, la yerba y el alcohol para lo que serían emisiones de warrants en pesos.
Y siendo, para el caso de las emisiones de warrants en dólares, los productos con mayor porcentaje de participación el Tabaco, Trigo, Soja y Azúcar.
Aunque era esperada, la noticia resultó más preocupante que en las estimaciones. El nuevo Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para reemplazar al Estimador Mensual Industrial (EMI) debutó con un dato de espanto. La producción industrial registró en diciembre un desplome del 14,7% en comparación con el mismo mes del año anterior y acumuló en 2018 una contracción de 5%, su peor caída en la era Macri. Los dieciséis sectores relevados en el IPI manufacturero tuvieron caída en diciembre, con algunos sectores mostrando variaciones negativas muy importantes en términos interanuales, como Productos textiles (36,3%); Muebles y colchones (31,1%): Maquinaria y equipos (29,4%) – aquí sobresale el desplome de 48,3% en maquinaria agrícola-, y Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (25,1%), que recoge la baja del 31% en automóviles. En el acumulado del año la caída del conjunto de los sectores alcanzó el 5%, superando por cuatro décimas porcentuales el 4,6% de baja registrado en 2016. “El análisis de los números es siniestro, de los 16 sectores sólo tres presentan variaciones positivas respecto del 2017 y son variaciones muy cercanas a cero, con 0,2% en cemento, 2,9% automóviles y cerca de 3% metales básicos”, señaló Ariel Schale, director Ejecutivo de la Fundación Pro Tejer y ex subsecretario de Industria, Comercio y Minería. En ese mapa “siniestro”, los productos misioneros no tuvieron mejor suerte, salvo el sector de la yerba mate y el té, que creció 7,5 en diciembre y cerró el año con un crecimiento de 0,5. En cambio, la madera, papel, edición e impresión tuvo un diciembre pésimo, con una caída de 13.8 y un acumulado en el año de 3.1 en negativo. Los productos derivados del tabaco tuvieron un diciembre negro, con una caída del 11.4 y un 7.9 por ciento en rojo en el acumulado anual. Un informe de Ecolatina lo explicó de este modo. “Las turbulencias cambiarias y la sequía que tuvo lugar durante el primer semestre del año habían comenzado a afectar negativamente a la industria a tal punto que el acumulado ya se había vuelto negativo en agosto de 2018”. Pero todo se complicó a partir de la devaluación. “El abrupto salto cambiario al cierre de ese mes, junto a la aceleración de la inflación, el deterioro del salario real y la consecuente incertidumbre económica sepultaron cualquier intento de recuperación en los últimos cuatro meses del año”, precisó Ecolatina.
Las entidades tabacaleras de Misiones se reunirán este miércoles 23 de enero con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para avanzar en temas que preocupan al sector, como el impacto que tienen en la recaudación impositiva las medidas cautelares que eximen del pago de impuestos a determinadas empresas compradoras, entre otras inquietudes relacionadas a los recursos del Fondo Especial del Tabaco.
Héctor “Cacho” Bárbaro, presidente de Actim y uno de los referentes que impulsa la unificación del sector para que los planteos tengan la fuerza ante las autoridades de la Nación, recordó que Misiones recibió en noviembre a todas las entidades tabacaleras del país que acordaron solicitar esta audiencia. “La idea es expresar nuestra preocupación y la necesidad de que se corrijan situaciones que hoy ponen en peligro al sector, con impactos sociales que queremos evitar. Hay tabacaleras que tienen a favor una medida cautelar judicial que les exime de pagar impuestos, y eso les permite vender cigarrillos baratos. Esto perjudica a los productores al no tributar lo que corresponde a los recursos del FET” refirió.
Por reglamentación del nuevo monotributo
Bárbaro también solicitó audiencia en la AFIP con responsables técnicos de la aplicación del nuevo régimen de monotributo que rige por Ley 27470 para tabacaleros, yerbateros, tealeros y cañeros, norma que fue promulgada el 4 de diciembre de 2018 pero que todavía no fue reglamentada. El retraso en la reglamentación preocupa particularmente a los tabacaleros que no han podido realizar su reinscripción, por lo que se les complicará la entrega del producto cuando empiece el acopio, en el mes de marzo.
El nuevo esquema entró en vigencia el 1º de enero de 2019, contemplando varios beneficios para los pequeños productores, con un límite de 322 mil pesos en su facturación anual, la bonificación del 100% del componente impositivo del monotributo y el pago del 50% del componente de obra social y jubilación. Además establece una retención anual al momento de la entrega del producto y es compatible con las asignaciones familiares y pensiones que perciban.
“Vamos a insistir con la urgencia en la reglamentación y en la emisión de las Resoluciones de AFIP que van a posibilitar las inscripciones de nuestros productores. Hoy, esta situación es la que más preocupa en las chacras tabacaleras y por eso vamos a manifestarnos todos los gremios de Misiones, brindando el apoyo que sea necesario para que esta reglamentación se agilice y también, haciendo respetar el espíritu de la norma” finalizó el dirigente.
