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Tarifas de energía: el Gobierno avanza con la reducción de subsidios y nuevos aumentos desde febrero

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Las tarifas de los servicios públicos registrarán nuevos aumentos a partir del 1º de febrero de 2026, como resultado de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno nacional para avanzar en la reducción de subsidios y sostener el esquema de actualización de precios del sector energético. El ajuste más significativo se verificará en el gas natural, con una suba promedio del 16,86% en todo el país, mientras que en el caso de la energía eléctrica el incremento autorizado será del 2,55% en Misiones, según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para la empresa LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA (LITSA).

Las decisiones se formalizaron a través de la Resolución ENRE 38/2026, publicada en el Boletín Oficial el 30 de enero, y se inscriben en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto 55/2023 y prorrogada sucesivamente hasta el 9 de julio de 2026.

Gas natural: suba promedio del 16,86% y cambios en el esquema de precios

El aumento más relevante se producirá en la tarifa de gas, que registrará un incremento promedio del 16,86% como consecuencia de la combinación de varios factores regulatorios y económicos. Entre los motivos del ajuste se encuentran la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, el aumento mensual por fórmula de actualización basada en el IPIM y el IPC para evitar el deterioro real de las tarifas, la aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF y la implementación de un precio de gas unificado y fijo para todo el año.

Según explicaron desde el Gobierno nacional, este último punto genera un salto tarifario puntual en febrero, pero se aplica en un mes de bajo consumo. En ese sentido, la interpretación oficial sostiene que “se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio”, y que de esta manera “se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”.

El enfoque apunta a reducir la volatilidad estacional del costo del servicio y a profundizar el proceso de corrección de los precios relativos de la economía, en línea con los objetivos planteados por el Ministerio de Economía en el marco de la emergencia energética.

Electricidad en Misiones: ajuste del 2,55% para LITSA

En el caso de la energía eléctrica, el incremento autorizado será del 2,55% en Misiones, correspondiente al segmento de transporte bajo jurisdicción federal. El ajuste fue aprobado por el ENRE mediante la Resolución 38/2026 y alcanza a LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA (LITSA), en su carácter de transportista independiente.

El aumento surge de la aplicación del mecanismo de actualización de la remuneración aprobado por el ENRE en la Resolución 320/2025, rectificada por la Resolución 591/2025, que establece una fórmula de ajuste basada en la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el INDEC.

Para diciembre de 2025, el IPIM registró una variación del 2,40% y el IPC del 2,85%. Dadas las ponderaciones definidas en el esquema regulatorio —67% IPIM y 33% IPC—, el porcentaje de actualización resultante fue del 2,55%, con vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.

El objetivo explícito del mecanismo es que la remuneración de las transportistas se mantenga en términos reales durante todo el período tarifario de cinco años, conforme a lo establecido en el marco de la Revisión Quinquenal Tarifaria.

Marco normativo, fundamentos y alcance institucional

La resolución del ENRE se apoya en una extensa base normativa, que incluye la Ley 24.065 de Energía Eléctrica, la Ley 27.742, el Decreto 55/2023 que declaró la emergencia energética, sus prórrogas posteriores, y las instrucciones impartidas por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía mediante notas fechadas el 26 de enero de 2026.

En ese contexto, el organismo regulador aprobó los valores horarios a aplicar al equipamiento regulado de LITSA, detallados en el anexo de la resolución, que incluyen remuneraciones por conexión y por capacidad de transporte, con montos expresados en pesos por hora según nivel de tensión y tipo de equipamiento.

La medida fue notificada a las principales asociaciones del sector eléctrico y a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), y forma parte del proceso más amplio de actualización tarifaria que el Gobierno impulsa para reducir subsidios, ordenar las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad del sistema energético.

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La economista Dal Poggetto alertó por el impacto del programa económico en la clase media

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La economista Marina Dal Poggetto sostuvo que, en el actual programa económico, “la variable de ajuste es el salario de la clase media” y remarcó que el Gobierno prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad. En un diagnóstico crítico, advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del consumo y las dificultades crecientes del sector industrial, en un contexto de apertura comercial, tarifas elevadas y competencia importada.

Salarios, tarifas y consumo: el nuevo eje del ajuste

En declaraciones a Radio Rivadavia, la directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, trazó un análisis del actual esquema económico y afirmó que “la variable de ajuste es el salario de la clase media”, en contraste con el modelo anterior, donde el control de tarifas funcionaba como amortiguador del impacto inflacionario sobre los ingresos.

“El gobierno anterior pisaba las tarifas para que la gente pagara bienes caros. Ahora, con tarifas altas, si los precios de los bienes no comprimen, la variable de ajuste termina siendo el salario de la clase media”, explicó. En ese sentido, ejemplificó que algunos precios mostraron caídas significativas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —como los electrodomésticos, que retrocedieron 45%, o los textiles, con una baja del 20%—, pero advirtió que esa corrección no alcanza para compensar el aumento de los servicios regulados.

Según Dal Poggetto, esta dinámica impacta directamente en la capacidad de consumo de los hogares: “El salario ya no alcanza para cubrir prepagas o colegios”, señaló, al describir el efecto combinado de tarifas más altas y salarios reales en retroceso.

Actividad económica, industria y apertura comercial

En su análisis, la economista subrayó que el Gobierno “prioriza el ancla cambiaria y la desinflación por sobre la tasa de interés y el nivel de actividad”, una decisión que condiciona el desempeño de amplios sectores productivos. Si bien reconoció que la economía crecerá 4,3% este año, aclaró que ese resultado responde principalmente al arrastre estadístico, más que a una recuperación homogénea.

“La actividad en noviembre estaba en los mismos niveles que el año anterior. Hay sectores ganadores y perdedores, y la industria es uno de los más rezagados”, afirmó. En ese marco, recordó que la Argentina atraviesa ciclos recurrentes de ajuste y expansión sin resolver problemas estructurales: “Argentina es pendular y siempre discutimos lo mismo”.

Dal Poggetto describió el cambio de escenario para el entramado industrial: “Antes jugaban en Disneylandia. Podían fijar precios y cantidades con pesos baratos y protección. Ahora tienen competencia importada y un fuerte aumento de costos por las tarifas y servicios indexados”. Según su diagnóstico, esta combinación está detrás del aumento de cierres de fábricas y despidos, que comenzaron a multiplicarse en distintos rubros.

Además, remarcó que el Gobierno avanza en una mayor apertura de la economía “en parte con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con la baja de aranceles”, lo que refuerza la presión competitiva sobre la producción local.

Inflación, metodología del INDEC y perspectivas

En relación con la inflación, la economista señaló que, de acuerdo con los relevamientos de su consultora, “en las primeras tres semanas el ritmo viene en la zona del medio punto semanal”. Si bien reconoció que se trata de un nivel todavía elevado, destacó que es inferior al de meses anteriores.

“El dato de diciembre fue muy alto y dejó un arrastre importante para enero; estamos en la zona del 2,4%, después del 2,8% de diciembre”, precisó. En este punto, recordó que a partir de enero el INDEC implementa un cambio en la metodología del índice, con nuevos ponderadores y una estructura de consumo basada en 2017.

No obstante, relativizó el impacto de esta modificación estadística: “Dado que el ajuste tarifario fuerte se hizo principalmente en 2024, no debería haber casi diferencia entre un índice y otro; es probable que el número final esté en esa zona del 2,4%”.

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Fracaso salarial entre la UTA y las empresas en AMBA: audiencia clave el 30 de enero

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La negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte volvió a fracasar este martes en la Secretaría de Trabajo. El gremio rechazó la propuesta salarial presentada por las empresas, la consideró insuficiente y advirtió que, si no hay acuerdo en la próxima audiencia convocada para el viernes 30 de enero a las 11 horas, anunciará medidas de fuerza. El conflicto se da en un contexto de restricciones financieras del sistema de transporte, debate por subsidios y cambios recientes en la conducción del área laboral.

El salario básico del sector se ubica actualmente en $1.370.000, aunque se compone de distintos adicionales. El reclamo sindical apunta a elevar ese piso por encima de los $1.550.000, mientras que la oferta empresaria, que ronda el 1%, fue descartada de plano por la UTA por no cubrir la pérdida de poder adquisitivo ni la situación económica de los trabajadores.

Un nuevo fracaso paritario y una audiencia clave el 30 de enero

El encuentro desarrollado desde las 14:30 horas constituyó la tercera reunión paritaria entre las partes y concluyó sin avances. Desde la UTA confirmaron que, si bien se postergó un paro inmediato, la tregua está atada al resultado de la próxima audiencia fijada para el viernes 30 de enero a las 11 horas.

En un comunicado difundido tras la reunión, el sindicato advirtió que “resulta imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura”, y remarcó que esta realidad “no admite más dilaciones ni respuestas evasivas”.

La organización gremial también cuestionó la postura empresaria al señalar que “las entidades empresarias conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacerle frente”. No obstante, aclararon que, “al solo efecto conciliatorio y en la búsqueda de mantener la paz social”, aceptaron concurrir a una nueva audiencia, aunque dejaron explícito que, de no alcanzarse un acuerdo, “se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”.

Empresas sin margen financiero y el debate por subsidios y tarifas

Del lado empresario, las cámaras reiteraron que no cuentan con fondos para afrontar el aumento salarial solicitado. Según sostienen, una mejora de ese nivel solo sería posible mediante un incremento de los subsidios al transporte o una actualización de las tarifas, dos variables que dependen de definiciones oficiales.

En la mesa de negociación participaron representantes de la UTA y de las principales cámaras del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

La falta de acuerdo expone la tensión estructural del sistema de transporte de pasajeros, atravesado por costos crecientes, discusión salarial y una fuerte dependencia del esquema de subsidios. En este marco, las empresas advierten que cualquier recomposición salarial sin respaldo financiero pone en riesgo la sostenibilidad operativa del servicio.

Cambios en Trabajo y una negociación bajo presión política e institucional

Las negociaciones se desarrollan, además, en un contexto de cambios recientes en la Secretaría de Trabajo. El pasado miércoles, el arquitecto Fernando Herrmann reemplazó a Luis Pierrini y quedó como la nueva cara visible del organismo en la conducción de las discusiones salariales con los gremios del transporte y en el reclamo empresario por la actualización de subsidios.

Este recambio institucional agrega un componente adicional de expectativa y presión sobre la audiencia del 30 de enero, que aparece como un punto de inflexión. De no destrabarse el conflicto, el anuncio de un paro por parte de la UTA podría afectar de manera directa la movilidad urbana y el funcionamiento cotidiano de millones de usuarios, con impacto económico y social inmediato.

Mientras tanto, el escenario permanece abierto: las empresas sostienen que no tienen margen financiero, el gremio considera insuficiente la oferta del 1%, y el Gobierno deberá arbitrar entre la contención del conflicto, la política de ingresos y la sustentabilidad del sistema de transporte.

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Subsidios energéticos, quiénes podrán mantenerlos tras el nuevo régimen del Gobierno

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El Gobierno nacional avanzó en la redefinición del esquema de subsidios a la energía con la publicación de las condiciones formales para acceder y permanecer en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas en una única categoría de usuarios residenciales. La medida, formalizada mediante las Disposiciones 1/2026 y 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético del Ministerio de Economía, establece nuevos criterios de inclusión, exclusión y control patrimonial, con impacto directo sobre millones de hogares y sobre el esquema fiscal y tarifario.

Las normas fueron publicadas en el Boletín Oficial con fecha 20 de enero de 2026 y constituyen el marco operativo del régimen creado por el Decreto 943/2025, que dio por concluido el período de transición iniciado en 2024 y consolidó un modelo de subsidios focalizados, con fuerte énfasis en la capacidad de pago y la trazabilidad de la información.

Unificación del régimen y creación del ReSEF: cómo funcionará el nuevo sistema

El Decreto 943 del 31 de diciembre de 2025 creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y unificó los subsidios de jurisdicción nacional aplicables a la energía eléctrica, gas natural, gas propano por redes y Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas de 10 kilos, bajo una sola categoría de usuarios residenciales.

En ese marco, se dispuso también la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y se conformará inicialmente con la información existente en dicho padrón.

La Disposición 1/2026 (DI-2026-1-APN-SSTYPE#MEC) aprobó formalmente el Formulario de Declaración Jurada para que los usuarios residenciales completen sus datos personales a fin de incorporarse o actualizar su situación en el ReSEF. El formulario podrá completarse a través del sitio web oficial argentina.gob.ar/subsidios o de manera presencial ante la ANSES para quienes no cuenten con acceso a herramientas digitales.

La normativa establece que los datos tendrán el tratamiento previsto en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, y que los interesados podrán consultar su situación ante el SEF mediante la plataforma Mi Argentina o solicitar revisión a través de Trámites a Distancia (TAD), conforme al procedimiento aprobado por la Resolución 218/2025 de la Secretaría de Energía.

Desde el punto de vista institucional, la Secretaría de Energía fue designada Autoridad de Aplicación del régimen, con facultades para dictar las normas necesarias para su implementación, mientras que la gestión operativa del ReSEF fue delegada a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético por Resolución 13/2026.

Quiénes pueden acceder: ingresos, condiciones sociales y criterios de inclusión

La Disposición 2/2026 (DI-2026-2-APN-SSTYPE#MEC) detalla los criterios concretos de elegibilidad al régimen SEF, retomando lo establecido en el Anexo I del Decreto 943/25.

En primer lugar, califican como beneficiarios los hogares inscriptos en el ReSEF cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar 2, según los valores publicados por el INDEC.

Adicionalmente, la normativa incorpora criterios de inclusión social automática, independientemente del nivel de ingresos monetarios:

  • Hogares con al menos un integrante con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP).
  • Hogares con un integrante titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a evaluación de necesidad económica por parte de la Secretaría de Energía.

Estos parámetros consolidan un esquema que busca articular la variable ingreso con condiciones estructurales de vulnerabilidad, orientando el subsidio hacia los hogares con mayor necesidad efectiva.

Exclusiones, control patrimonial y cruce de datos: el corazón del nuevo modelo

Más allá de los ingresos declarados, el nuevo régimen introduce un elemento central: la evaluación de la capacidad económica real mediante indicadores de exteriorización patrimonial.

La normativa faculta a la Autoridad de Aplicación a rechazar o excluir del beneficio a hogares que, aun cumpliendo el requisito de ingresos, presenten signos objetivos de capacidad de pago. En este sentido, se consideran motivos de exclusión:

  • Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años, salvo que exista un integrante con CUD.
  • Hogares con tres o más inmuebles en conjunto.
  • Hogares con al menos un integrante propietario de una embarcación de lujo.
  • Hogares con al menos un integrante titular de una aeronave.
  • Hogares con integrantes que posean activos societarios.

El control de estas condiciones se realizará mediante cruces de información con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), ANSES, ARCA, ENARGAS, ENRE y otras bases oficiales, además de criterios de georreferenciación y verificación patrimonial.

La Disposición 2/2026 subraya que estos mecanismos buscan reducir errores de inclusión y garantizar una asignación más justa de los recursos públicos, preservando principios de razonabilidad, gradualidad y previsibilidad, en línea con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “CEPIS c/ Ministerio de Energía y Minería”.

Desde el punto de vista fiscal e institucional, este giro implica un endurecimiento del control sobre los subsidios, con potencial impacto sobre la cantidad de beneficiarios efectivos y sobre el gasto público en energía.

Sectores afectados y proyección

El nuevo esquema de subsidios focalizados tiene implicancias directas en varios planos:

  • Hogares: quienes no cumplan con los criterios patrimoniales o no actualicen su información podrían perder el beneficio, lo que impactará sobre sus facturas de electricidad, gas y garrafas.
  • Sector energético: una mayor focalización reduce distorsiones de precios relativos y contribuye a una señal tarifaria más alineada con costos reales.
  • Estado nacional: el rediseño apunta a mejorar la eficiencia del gasto público, reducir filtraciones y ordenar una de las partidas más sensibles del presupuesto.
  • Sistema tributario y de datos públicos: se profundiza la interoperabilidad entre organismos, consolidando un modelo de control cruzado y administración basada en información integrada.

En términos políticos e institucionales, la puesta en marcha del SEF marca el cierre definitivo del esquema transitorio de subsidios masivos y abre una etapa de administración más selectiva y tecnificada de la asistencia energética.

A futuro, el alcance real del impacto dependerá de la capacidad del Estado para sostener los controles, garantizar instancias de revisión y evitar errores de exclusión, especialmente en un contexto de heterogeneidad social y territorial.

Modelo de formulario:

FORMULARIO DE SOLICITUD ReSEF by CristianMilciades

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El costo de la construcción cerró 2025 con un alza del 22,9% interanual, según el INDEC

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El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires registró en diciembre de 2025 un incremento del 1,4% respecto de noviembre y una variación interanual del 22,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato confirma la persistencia de presiones inflacionarias en uno de los sectores más sensibles para la inversión, la obra pública y el mercado inmobiliario, con impacto directo sobre los costos de edificación y los precios finales de la vivienda.

La información surge del Índice del Costo de la Construcción (ICC) correspondiente a diciembre de 2025, difundido oficialmente el 19 de enero de 2026, dentro de los informes técnicos del organismo estadístico nacional.

Composición del aumento: materiales, salarios y gastos generales

De acuerdo con el informe, el aumento mensual del 1,4% del nivel general fue consecuencia de alzas en los tres capítulos que integran el indicador: Materiales (+1,6%), Mano de obra (+1,3%) y Gastos generales (+1,3%).

En términos interanuales, la evolución muestra una dispersión significativa entre los componentes: Materiales: +21,3%. Mano de obra: +23,7%. Gastos generales: +25,5%

Este comportamiento revela que los mayores aumentos se concentraron en los costos indirectos y de operación, por encima incluso de los materiales y los salarios directos, lo que introduce un factor adicional de presión estructural sobre los presupuestos de obra.

La incidencia mensual sobre el nivel general fue liderada por Materiales (0,68 puntos porcentuales) y Mano de obra (0,63 p.p.), mientras que Gastos generales aportó 0,14 p.p., según el cuadro de incidencia elaborado por el INDEC.

Factores explicativos: acuerdos salariales y actualizaciones tarifarias

El informe identifica con precisión los factores que explican la dinámica de diciembre. En el capítulo Mano de obra, el INDEC señala que el incremento refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), fechado el 14 de noviembre de 2025 y homologado mediante la Resolución DI-2025-2639-APN-DNRYRT#MCH el 20 de noviembre de 2025, aplicable a las categorías laborales del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde diciembre, junto con una asignación no remunerativa y extraordinaria derivada de dicha resolución.

El mismo documento aclara que el aumento en las categorías laborales también impactó en el capítulo Gastos generales, dado que este incluye el ítem “Sereno”, alcanzado por la normativa salarial.

En cuanto a los Gastos generales, el INDEC detalla que el capítulo incorpora: Los nuevos valores tarifarios aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para Edenor y Edesur desde el 1° de diciembre, en el marco de las revisiones tarifarias integrales, conforme a las resoluciones ENRE 798/25 y 797/25. Una actualización autorizada por la Resolución RESOL 2025-11-APN-SOP#MEC de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca. Una actualización dispuesta por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de conexión de gas.

Este entramado normativo confirma que una parte relevante del aumento del ICC responde a decisiones regulatorias y tarifarias, además de la negociación colectiva salarial, lo que refuerza el carácter institucional del proceso de formación de costos en el sector.

Dinámica sectorial y repercusiones en la actividad

El capítulo Materiales, que representa el 46% de la ponderación total del índice, mostró aumentos destacados en insumos clave. Entre los mayores incrementos mensuales se observaron: Artefactos de iluminación y portero eléctrico: +3,6%. Cemento, cal y yeso: +2,9%. Mesadas de granito: +2,9%. Hierro para la construcción: +2,8%. Piezas de carpintería y cables eléctricos: +2,2%.

En contraste, algunos rubros registraron bajas o subas marginales, como muebles de madera para cocina (-0,7%) o productos de cobre, plomo y estaño (+0,2%), lo que evidencia una dinámica heterogénea dentro del universo de insumos.

Por ítem de obra, los mayores aumentos mensuales se verificaron en Ascensores (+1,9%), Yesería (+1,9%), Pintura (+1,7%), Instalación eléctrica (+1,6%) y Vidrios (+1,6%), mientras que las menores variaciones se dieron en Carpintería metálica y herrería (+0,4%) y Movimiento de tierra (+1,1%).

Desde el punto de vista económico, esta estructura de aumentos impacta directamente en: La viabilidad financiera de proyectos inmobiliarios privados. Los presupuestos de obra pública y su actualización contractual. La dinámica de precios del mercado de vivienda nueva.

Asimismo, la persistencia de aumentos por encima del 20% interanual en todos los capítulos sugiere que el sector continúa operando bajo un esquema de costos elevados, con potencial traslado a precios finales y efectos sobre la accesibilidad habitacional.

Relevancia institucional del ICC y proyección

El INDEC recuerda que el ICC se utiliza como referencia para la actualización de contratos de obra pública en el marco del Decreto 1.295/02, lo que convierte a este indicador en una variable clave para la gestión fiscal, la ejecución presupuestaria y la planificación de infraestructura.

Metodológicamente, el índice mide la variación mensual del costo de la construcción privada de viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense, excluyendo terreno, derechos de construcción, honorarios profesionales, IVA, gastos financieros y beneficio empresario.

En este marco, el cierre de 2025 con una suba interanual del 22,9% consolida al costo de la construcción como uno de los componentes más persistentes de la inflación sectorial, con implicancias directas sobre inversión, empleo y política habitacional.

Costo Construcción INDEC by CristianMilciades

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