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Quita de subsidios: tarifas eléctricas podrían triplicarse y hay preocupación en cooperativas

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La presión sobre las facturas eléctricas no solo responde a la quita progresiva de subsidios nacionales que ya impacta de lleno en los hogares. Ahora se suma una decisión de alcance nacional que transformará por completo el sistema de asistencia energética desde 2026. En paralelo, las cooperativas provinciales advierten que el escenario actual ya es crítico: crecen los montos impagos, se duplican los cortes de servicio y el margen para sostener la infraestructura es cada vez menor.

La Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM) lo sintetiza con crudeza. Según su presidente, Ángel Kusuka, la distancia entre un usuario con subsidio y uno sin subsidio es abismal. Hoy, un hogar subsidiado paga entre $75 y $80 por kWh, mientras que un usuario sin subsidio abona entre $210 y $220, muchas veces sin saber que perdió el beneficio por cruces automáticos de información. “Mes a mes van bajando. Le dan de baja a gente que tenía el subsidio y pasa a tarifa plena”, explicó.

El cuadro se agrava en verano, cuando el consumo aumenta y los topes de subsidio se superan con facilidad. “Cuando ven la factura final, el resultado es abultado”, advirtió Kusuka. Las cooperativas se convirtieron así en un espacio de contención: atienden reclamos, acompañan trámites y reciben casos de usuarios que, pese a cumplir las condiciones, pierden el beneficio sin motivos claros.

Una morosidad que se dispara y compromete el servicio

El impacto económico en las familias ya se refleja en los indicadores: los cortes por falta de pago se duplicaron en los últimos meses. Antes, la mayoría pagaba entre el 5 y el 10 de cada mes; ahora abonan “cuando pueden”, y cada vez son más quienes recurren a tarjetas de crédito para cubrir la factura. “Tarjeta es pan para hoy y mañana vemos”, graficó Kusuka.

Aun así, no todos logran ponerse al día: solo el 90% se reconecta luego de un corte. El resto no puede afrontar ni la deuda acumulada ni los $30.000 a $35.000 que cuesta la reconexión en cooperativas como la de Dos de Mayo.

Las propias cooperativas operan sin margen. Los aumentos autorizados en el Valor Agregado de Distribución fueron mínimos, muy por debajo del incremento de salarios, cables, transformadores y materiales esenciales. “Estamos juntando plata y pagando, sin resto”, resumió Kusuka. Esa falta de recursos termina repercutiendo en la calidad del servicio y en la capacidad de mantenimiento preventivo.

Qué cambia en 2026: desaparecen N1, N2 y N3 y habrá solo dos categorías

A este panorama se suma un cambio profundo definido por Nación y que entrará en vigencia en 2026: la eliminación total del sistema de segmentación (N1, N2 y N3) y la creación de un nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según datos oficiales, el país pasará a tener únicamente dos tipos de usuarios residenciales:

  • Usuarios con subsidio, registrados y validados en el SEF.
  • Usuarios sin subsidio, que pagarán el costo pleno de la energía.

Los hogares N2 pasarán automáticamente al nuevo registro, mientras que los N3 atravesarán una revisión más estricta: ingresos, ubicación territorial, patrimonio y consistencia de datos serán determinantes para mantener -o perder- el subsidio.

El nuevo sistema define bloques de consumo más acotados y uniformes para todo el país:

  • 300 kWh mensuales en meses de calor o frío extremo (diciembre, enero, febrero, mayo, junio, julio y agosto).
  • Solo 150 kWh en meses “templados” (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre).

Esto puede ser especialmente problemático para Misiones y el NEA. Marzo, considerado “templado” por la normativa nacional, es uno de los meses históricamente más calurosos de la región. Con solo 150 kWh subsidiados, la mayor parte del consumo quedará automáticamente a tarifa plena, profundizando el salto en las facturas.

El objetivo fiscal del Gobierno es claro: bajar los subsidios de 1,5% del PBI en 2023 al 0,65% este año y al 0,5% en 2026. En paralelo, se busca que los usuarios asuman una proporción mayor del costo real de la energía, reservando la asistencia solo para consumos esenciales de hogares vulnerables.
Incluso se evalúa un “subsidio extraordinario transitorio” para amortiguar la transición, aunque no hay detalles confirmados.

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Misiones oficializó el convenio para las excursiones náuticas en Moconá y actualizó el cuadro tarifario

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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones formalizó la ratificación del Convenio de Permiso de Uso Precario con la Cooperativa de Trabajo de Turismo Moconá Limitada, entidad encargada de prestar los servicios de excursiones náuticas en el Parque Provincial Moconá y en el tramo del río Uruguay comprendido entre los Saltos del Moconá y el límite físico de la Reserva de Biosfera Yabotí.

La medida quedó establecida mediante resolución ministerial y publicada en el Boletín Oficial Nº 16.490, donde también se incorporó el nuevo cuadro de tarifas autorizadas para la actividad, que regirá bajo un esquema de actualización trimestral.

Tarifas autorizadas para excursiones náuticas en Moconá

Categoría Monto ($) Observaciones
Tarifa General 64.000 Precio pleno para visitantes nacionales e internacionales.
Tarifa Nacional con bonificación 45.000 Residentes argentinos, con acreditación.
Tarifa Provincial con bonificación 34.000 Residentes de Misiones, con acreditación.
Tarifa Promocional
(lunes a viernes, excluidos feriados)
26.900 No acumulable con otras promociones.
Tarifa Educativa 13.450 Instituciones educativas en actividades oficiales o guiadas.

Las tarifas se actualizan cada tres (3) meses conforme al valor oficial de la Nafta Súper informado por el Automóvil Club Argentino u organismo competente.

El acuerdo -firmado el 17 de noviembre de 2025 por el ministro de Ecología, Martín Recamán, y las autoridades de la cooperativa, encabezadas por Marcelo Alcides Poletti– establece un marco regulatorio integral para la operación turística en una de las áreas más sensibles y estratégicas del sistema de áreas naturales protegidas de Misiones.

El convenio, con vigencia de doce meses, establece un conjunto de obligaciones estrictas para la cooperativa, entre ellas:

  • Uso exclusivo de comprobantes oficiales provistos por el Ministerio.
  • Mantenimiento del camino entre el Centro de Visitantes y los embarcaderos Piedra Bugre y El Golfito, así como de sus áreas de estacionamiento.
  • Limpieza y retiro diario de residuos hasta los puntos de recolección municipales.
  • Cumplimiento de toda la normativa náutica aplicable a embarcaciones, tripulación y seguridad.
  • Respeto a la supervisión del Jefe de Parque y de los guardaparques en todas las actividades ordinarias y extraordinarias.
  • Obligación de operar con socios de la cooperativa debidamente registrados.
  • Contratación obligatoria de Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura en todo el recorrido.
  • Límite máximo de seis embarcaciones habilitadas hasta tanto existan estudios de capacidad de carga que permitan modificaciones.

El convenio también establece restricciones operativas sensibles para resguardar la seguridad y la preservación ambiental, como:

  • Cupo máximo simultáneo de tres embarcaciones en el canal de los saltos y en el tramo Piedra Bugre–Yabotí.
  • Navegación unitaria en zonas de alto riesgo como el Canal Falso y “las eses”.
  • Duración obligatoria de cada excursión:
    • 20 a 25 minutos en el tramo hacia los saltos.
    • 40 a 60 minutos aguas abajo, hacia la desembocadura del Yabotí.
  • Suspensión automática de los paseos cuando el nivel del río Uruguay supere:
    • 7,20 metros para excursiones hacia los saltos.
    • 8,50 metros para los paseos aguas abajo.

Además, se fija el horario de operación:

  • Verano: 8.00 a 18.30
  • Invierno: 9.00 a 17.30

Canon y fiscalización permanente

La cooperativa deberá abonar al Ministerio un canon equivalente a:

  • 10% del valor del pasaje para turistas nacionales.
  • 15% para extranjeros.
  • 2% para excursiones educativas con tarifa bonificada al 50%.

Las rendiciones mensuales deberán realizarse dentro de los primeros diez días hábiles en la cuenta correspondiente al Fondo de Fomento de Áreas Naturales Protegidas, creado por la Ley XVI Nº 29.
La fiscalización será permanente y estará a cargo del cuerpo de guardaparques, que podrá exigir documentación, impedir operaciones o suspender actividades ante cualquier irregularidad.


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Menos subsidios y más gasto, la canasta de servicios públicos del AMBA llegó a $173.480 en noviembre

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El costo de la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en noviembre los $173.480, sin subsidios, lo que implica un incremento mensual del 1,8%. En términos interanuales, el gasto creció 30% respecto de noviembre de 2024 y acumula un aumento del 23% en lo que va de 2025, según el Reporte de Tarifas y Subsidios N.º 32 del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET). El ajuste se explica por aumentos tarifarios en electricidad, gas y transporte, sumados a variaciones en los niveles de consumo energético.

Tarifas en alza: energía, gas y transporte impulsan la suba mensual

El incremento del 1,8% en la canasta se originó en una combinación de movimientos tarifarios y cambios en la demanda de los hogares. En particular:

  • Gas natural: Cargo fijo: +3,5% y Cargo variable: +4% promedio
  • Energía eléctrica: Cargo fijo: +3,6% y Cargo variable: +3,8%
  • Transporte público: Boleto de colectivos (promedio ponderado): +6,6%

El informe detalla que, en el caso de la electricidad, el gasto total también se vio afectado por un aumento en las cantidades consumidas, mientras que en gas natural se registró una disminución en la demanda.

A nivel interanual, la canasta trepó 30% frente a noviembre de 2024, en un contexto donde las tarifas registraron sucesivas correcciones y los consumos se adaptaron a las variaciones estacionales.

Menos subsidios y mayor costo para los usuarios: el Estado cubre el 48% de los servicios

El Reporte N.º 32 subraya que la reducción real de subsidios alcanzó el 44% en el conjunto de los servicios analizados. Esta caída se desagrega en: Transporte público: recorte real de 20% y Energía: reducción real de 44%

Como resultado, los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren, en promedio, el 52% de los costos, mientras que el Estado financia el 48% restante. La retracción en la asistencia fiscal modifica la estructura del gasto familiar y redefine la política de subsidios como variable macroeconómica central.

El recorte en subsidios, sumado a los aumentos tarifarios y a la recomposición parcial de los costos energéticos, explica la aceleración del gasto de los hogares a lo largo del año, con un acumulado del 23% en 2025.

Presión sobre el ingreso y redefinición de la política tarifaria

El encarecimiento de la canasta de servicios públicos tiene un impacto directo en los niveles de consumo del AMBA, la región más densamente poblada del país y donde las tarifas reguladas condicionan la evolución del ingreso disponible.

Los incrementos en electricidad, gas y transporte no solo afectan a los hogares, sino que también repercuten en sectores productivos intensivos en servicios públicos.
En paralelo, la reducción de subsidios apunta a disminuir el gasto fiscal, aunque tensiona el equilibrio entre sostenibilidad económica y accesibilidad tarifaria.

El comportamiento observado en noviembre refleja una tendencia que continuará sujeta a: cambios regulatorios del esquema de subsidios, evolución de los costos energéticos, estacionalidad en el consumo de electricidad y gas, y eventuales actualizaciones tarifarias durante el verano.

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AySA: Milei oficializó el nuevo marco legal que habilita su privatización

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El Gobierno aprobó el nuevo marco regulatorio del agua y saneamiento, paso clave en la privatización de AySA. Con la entrada en vigencia del nuevo Marco Regulatorio, el Ejecutivo avanza un paso más en la reconfiguración del sistema de agua y saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Decreto 805/2025, publicado este miércoles 12 de noviembre en el Boletín Oficial, aprueba el texto ordenado del Marco Regulatorio de la Ley 26.221. La medida da sustento jurídico al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), y redefine los parámetros técnicos, económicos y ambientales del servicio público de agua potable y cloacas en el AMBA.

El DNU 805/2025 no sólo ordena un entramado normativo disperso, sino que sienta las bases legales para la transición de AySA hacia un esquema de gestión privada, bajo principios de eficiencia, transparencia y rentabilidad, en un sector clave para la infraestructura y la salud pública.

Un nuevo marco legal para la prestación del servicio

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, aprobó el texto ordenado del “Marco Regulatorio” de la Ley 26.221, que regula la concesión y el control del servicio público de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

La decisión se enmarca en el proceso de privatización de AySA, declarado por la Ley 27.742 —Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos—, que habilitó al Poder Ejecutivo a transferir al sector privado empresas estatales, bajo los principios de transparencia, competencia y eficiencia.

Según el decreto, el nuevo texto “brinda certeza jurídica al contexto normativo que rige la prestación del servicio público a cargo de esa sociedad”, un paso considerado indispensable para avanzar con la licitación prevista en un plazo de ocho meses desde el inicio formal del proceso (agosto de 2025, según la Resolución 1198/25 del Ministerio de Economía).

Redefinición institucional y corrección técnica del régimen tarifario

El Anexo I del decreto —de más de 120 artículos y cinco anexos complementarios— actualiza la estructura normativa que define el funcionamiento del sistema, los derechos y obligaciones de la concesionaria, y el rol de los organismos de control.

El texto reafirma que el acceso al agua es un “derecho humano esencial”, aunque subraya que la prestación deberá garantizarse bajo criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad económica. Establece además un régimen tarifario basado en el equilibrio económico-financiero de la concesión, con revisiones periódicas, incentivos a la inversión y un sistema de subsidios focalizados para sectores vulnerables.

Una de las modificaciones técnicas más relevantes recae sobre el Artículo 20 del Anexo E (Cargo por Construcción), donde se corrige un error material del Decreto 493/25 que había invertido los criterios de cálculo para usuarios con medidor y sin medidor. La nueva redacción restituye la fórmula anterior, que establece que el monto a facturar será “equivalente al valor del cargo fijo más el cargo variable en régimen no medido, y sólo al cargo fijo en régimen medido, calculado en ambos casos para 180 días”.

El objetivo, según la Secretaría de Obras Públicas, es “restablecer la coherencia técnica del esquema tarifario previo” y evitar “criterios contrarios al espíritu de la norma que distorsionen los costos reales del servicio”.

Hacia un nuevo modelo de concesión

El nuevo marco consolida el rol de tres entidades clave:

  • El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS): encargado del control tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos de usuarios.
  • La Agencia de Planificación (APLA): responsable de los planes de expansión, inversiones y planificación estratégica.
  • El Ministerio de Economía: autoridad concedente y órgano rector del proceso de privatización.

En su preámbulo, el texto establece que “la eficiencia deberá entenderse de forma complementaria con la equidad”, y que las tarifas “deben ser justas y razonables, permitiendo a la concesionaria cubrir costos operativos e inversiones con una rentabilidad comparable a otras actividades de riesgo similar”.

La reglamentación también delimita con precisión el ámbito territorial de la concesión —Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano—, aunque habilita futuras ampliaciones mediante convenios con municipios que adhieran al régimen.

En términos ambientales, el decreto reafirma las obligaciones de la concesionaria en materia de tratamiento de efluentes, control de vertidos industriales y protección de las fuentes de agua cruda, con la intervención de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Subsecretaría de Ambiente.

Contexto político y proyecciones del proceso de privatización

El DNU 805/2025 se dicta en un momento clave del plan de transformación de empresas públicas impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que ya avanzó con la venta o reestructuración de más de una decena de sociedades estatales. AySA, por su magnitud —con más de 15 millones de usuarios y un presupuesto anual superior a 300 mil millones de pesos—, constituye una de las operaciones más sensibles en términos económicos, políticos y sociales.

La Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente del Ministerio de Economía, deberá concretar la venta de AySA antes de abril de 2026. El proceso contempla distintas modalidades, incluyendo la posibilidad de participación mixta con capital privado nacional o extranjero, bajo licitación internacional.

Desde el punto de vista institucional, la aprobación del marco regulatorio ordenado era condición previa para la valuación y el diseño del nuevo contrato de concesión.
El Gobierno sostiene que la medida “fortalece la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria”, mientras que fuentes del sector sindical y técnico advierten que el traspaso al sector privado podría implicar “ajustes tarifarios significativos” y redefinición de planteles laborales.

La decisión, en última instancia, será evaluada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre la validez del decreto conforme a la Ley 26.122, en un plazo de diez días hábiles.

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Misiones ajustó tarifas de transporte urbano y media distancia, pero preserva la gratuidad del BEEG

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Misiones actualiza las tarifas del transporte público, el Gobierno dispuso un aumento del 30,77% y garantiza la continuidad del Boleto Estudiantil Gratuito.

El Gobierno de Misiones oficializó una actualización del 30,77% en las tarifas del transporte público de corta y media distancia, que incluye tanto los servicios urbanos y suburbanos como los valores que el Estado abona a las empresas por el Boleto Estudiantil Gratuito Misionero (BEEG). La medida, formalizada mediante las Disposiciones N.º 115 y 116 de la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación, busca compensar el aumento de los costos operativos del sector y garantizar la continuidad del servicio en toda la provincia.

Nuevo cuadro tarifario y alcance de la medida

Desde el 4 de noviembre de 2025, rige el nuevo esquema tarifario para los servicios de transporte público de pasajeros de corta y media distancia en Misiones.
El ajuste, del 30,77%, fue dispuesto a partir del análisis técnico de costos que enfrentan las prestatarias —combustible, repuestos, mantenimiento y salarios— y responde a la necesidad de asegurar la sustentabilidad económica del sistema.

El nuevo cuadro tarifario quedó fijado de la siguiente manera:

  • Servicio común en caminos sin pavimento: $99,80 por kilómetro.
  • Servicio común o semi directo en caminos pavimentados: $91,00 por kilómetro.
  • Servicio directo expreso: $119,00 por kilómetro.
  • Servicio directo diferencial: $127,60 por kilómetro.
  • Cargo por uso de terminal: $367,30.
  • Tarifa mínima: $1.700.
  • Encomiendas y exceso de equipaje: $604,40.

Las empresas disponen de 15 días hábiles para presentar ante la Subsecretaría los cuadros tarifarios actualizados en carácter de declaración jurada. Además, las tarifas deberán redondearse al múltiplo de $0,10 más próximo, conforme al criterio técnico de aplicación uniforme en todo el territorio provincial.

El Boleto Estudiantil Gratuito se mantiene sin costo para los usuarios

De forma paralela, la Disposición N.º 116 establece un ajuste equivalente del 30,77% en el valor que el Estado provincial paga a las empresas de transporte por los viajes del Boleto Estudiantil Gratuito Misionero (BEEG).
Este beneficio —regulado por la Ley VI N.º 189— garantiza que los estudiantes de todos los niveles educativos puedan trasladarse de manera gratuita, y su financiamiento se mantiene íntegramente a cargo del Estado.

La medida abarca tanto el Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano del área Posadas–Garupá–Candelaria como a los municipios del interior adheridos al programa. De este modo, el aumento no afectará a los beneficiarios, sino que busca sostener la operatividad de las líneas de transporte ante el incremento de los costos de servicio y la inflación general.

En términos presupuestarios, el ajuste implica una actualización del subsidio provincial que se abona mensualmente a las empresas, con el objetivo de preservar la regularidad y cobertura del BEEG, un programa que en 2025 superó los 250 mil beneficiarios activos entre estudiantes de niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

Equilibrio entre accesibilidad y sostenibilidad del sistema

El Ministerio de Coordinación General de Misiones —a través de la Subsecretaría de Transporte— remarcó que la actualización tarifaria busca mantener el equilibrio entre la accesibilidad del servicio para los usuarios y la viabilidad económica de las prestatarias.
En un contexto nacional caracterizado por la reducción de subsidios al transporte y la suba sostenida de costos, la provincia optó por una medida de ajuste moderado, acompañada por la preservación de las tarifas sociales y programas de inclusión, como el BEEG.

De acuerdo con fuentes oficiales, esta política tarifaria “procura evitar la degradación del servicio público esencial y garantizar la conectividad de las comunidades urbanas y rurales”, preservando al mismo tiempo la sustentabilidad del sistema de transporte de pasajeros.

Impacto sectorial y proyección

El sector transportista misionero viene atravesando un proceso de readecuación económica, condicionado por el encarecimiento del combustible, la actualización salarial del personal y los costos de mantenimiento de unidades.
La nueva estructura tarifaria representa, según estimaciones del organismo provincial, una recomposición parcial de ingresos que permitirá sostener las frecuencias mínimas y los recorridos intermunicipales, particularmente en zonas rurales y de baja densidad poblacional.

El Gobierno provincial anticipó que continuará monitoreando la evolución de los costos operativos y la situación macroeconómica para definir futuros ajustes. Asimismo, reafirmó su compromiso con la planificación de un sistema de transporte eficiente, inclusivo y ambientalmente sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo provincial.

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