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El Gobierno unifica los subsidios energéticos y crea el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados desde 2026

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El Poder Ejecutivo Nacional formalizó una reforma estructural del esquema de subsidios a la energía mediante el Decreto 943/2025, publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de enero de 2026, que unifica todos los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y da nacimiento al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida elimina la segmentación por niveles de ingresos vigente desde 2022, crea un nuevo registro único de beneficiarios y redefine criterios de inclusión, bloques de consumo subsidiado y bonificaciones aplicables a la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y el gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas.

El nuevo esquema marca el cierre definitivo del Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, iniciado en junio de 2024, y se inscribe en la estrategia fiscal y macroeconómica del Gobierno orientada a la reducción del déficit, la baja de la inflación y la mejora en la eficiencia del gasto público. Según los considerandos del decreto, los subsidios energéticos pasaron de representar 1,42% del PIB en 2023 a 0,60% del PIB en 2025, en el marco de una política explícita de focalización del gasto.

Del esquema segmentado al padrón único: criterios de inclusión y nuevo registro

Uno de los cambios centrales del Decreto 943/2025 es la eliminación del esquema de segmentación en tres niveles de ingresos, establecido originalmente por el Decreto 332/2022. El Gobierno argumenta que ese sistema se mostró “complejo y poco transparente”, dificultando tanto la identificación de los hogares que realmente necesitan asistencia como la comprensión, por parte de los usuarios, de su elegibilidad al subsidio.

En su reemplazo, el decreto crea una única categoría de beneficiarios, integrada por los hogares que soliciten y requieran asistencia económica para acceder al consumo energético indispensable, conforme a criterios objetivos y verificables detallados en el Anexo I. El umbral de ingresos se fija en valores iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar 2, según el INDEC, considerando los ingresos netos del grupo familiar en su conjunto.

La reforma también da origen al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. El ReSEF se construirá sobre la base de datos existente del RASE, por lo que los usuarios ya inscriptos no deberán reinscribirse, aunque podrán actualizar su declaración jurada de ingresos, grupo conviviente y fuentes de suministro energético.

El decreto mantiene el acceso digital al registro y el canal presencial en ANSES, y prevé mecanismos de revisión de categorización a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Asimismo, se establece el cruce sistemático de información con bases de datos del SINTyS y otros organismos, junto con criterios de georreferenciación e indicadores patrimoniales, para reducir errores de inclusión y exclusión.

Bloques de consumo, bonificaciones y gradualidad del nuevo esquema

El régimen SEF redefine los bloques de consumo base subsidiado para la energía eléctrica: 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y 150 kWh en los meses de menor consumo. La Secretaría de Energía queda facultada a establecer consumos diferenciales para provincias más cálidas o zonas con particularidades bioambientales.

Para el gas natural, se mantienen los volúmenes base definidos en las Resoluciones 686/2022 y 91/2024, extendidos ahora también a los usuarios de gas propano indiluido por redes, que hasta el momento no estaban contemplados en el RASE. Los consumos que superen esos bloques no recibirán bonificación.

En materia de descuentos, el Anexo II fija una bonificación general del 50% sobre el consumo base de electricidad durante todo el año. En el caso del gas natural y del gas propano por redes, las bonificaciones se concentran en los meses de mayor consumo estacional. Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria adicional de hasta el 25%, decreciente a lo largo del año, con el objetivo de garantizar gradualidad y previsibilidad en las facturas.

El decreto establece que, para el gas natural, las bonificaciones se aplicarán exclusivamente sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) derivado del Plan Gas.Ar, excluyendo el gas natural licuado (GNL) y nuevos contratos fuera de ese esquema. Con ello, se busca atenuar el doble efecto estacional que combina mayores consumos y precios más altos en invierno.

Decreto 943/2025 Subsidios Energéticos by CristianMilciades

Unificación normativa, fin de la Tarifa Social y migración del Programa Hogar

La creación del SEF implica una reorganización integral de los regímenes vigentes. El decreto deja sin efecto la Tarifa Social Federal de Gas y dispone la derogación del Decreto 332/2022, que había instaurado la segmentación por niveles de ingresos. También establece la migración, en un plazo máximo de seis meses, de los beneficiarios del Programa Hogar al nuevo régimen de subsidios focalizados para usuarios de garrafas de GLP de 10 kilos, tras lo cual dicho programa será eliminado.

Según el texto oficial, esta unificación busca corregir inequidades horizontales derivadas de la superposición de esquemas como la segmentación, la Tarifa Social y el Régimen de Zona Fría, que generaban tratamientos dispares para hogares con condiciones socioeconómicas similares y confusión en las facturas de los servicios.

anexo 1 Subsidios Energéticos by CristianMilciades

La Secretaría de Energía fue designada Autoridad de Aplicación, con amplias facultades para ajustar volúmenes subsidiados, bonificaciones, mecanismos de compensación a prestadoras y acuerdos con proveedores, además de dictar normas complementarias. El ENARGAS y el ENRE deberán aplicar los nuevos criterios en cuadros tarifarios y facturación, mientras que se invita a provincias y entes reguladores locales a adherir al esquema para asegurar cobertura nacional.

anexo 2 Subsidios Energéticos by CristianMilciades

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Arranca 2026 con subas de servicios públicos: aumentan electricidad, gas y agua en todo el país

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El inicio de 2026 llegará con nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, agua y cloacas en todo el país, tras una serie de resoluciones oficiales que establecen ajustes de entre 2,5% y 4% promedio para los usuarios residenciales. Las subas, que ya fueron formalizadas en el Boletín Oficial y por los entes reguladores, no incluyen aún la eliminación de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional, una decisión que podría llevar los incrementos a porcentajes de dos dígitos, especialmente en el gas natural.

La política tarifaria combina actualizaciones mensuales indexadas por inflación, cambios en la segmentación de usuarios, un nuevo esquema de subsidios focalizados y señales de fondo orientadas a reducir el déficit fiscal, garantizar la sustentabilidad económica de los servicios públicos y avanzar en la reorganización regulatoria y empresarial del sector.

Electricidad y gas: subas moderadas en enero, con riesgo de mayores ajustes

En el caso de la energía eléctrica, el Gobierno confirmó que desde enero regirán nuevos cuadros tarifarios con un aumento promedio del 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, áreas bajo concesión de Edenor y Edesur. En términos precisos, el incremento será del 2,31% para Edenor y del 2,24% para Edesur, según lo establecido en las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Para el resto del país, la actualización del precio mayorista de la electricidad será del 3,2%, aunque el impacto final en las facturas dependerá de las decisiones que adopten provincias y municipios sobre el componente de distribución.

Las normativas explican que los ajustes surgen de la aplicación mensual de la fórmula prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE 304/2025, cuyo objetivo es garantizar que la remuneración de las distribuidoras conserve su valor real durante el período tarifario de cinco años. Para el cálculo se toman las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que en noviembre fueron del 1,59% y 2,47%, respectivamente. La fórmula pondera un 67% el IPIM y un 33% el IPC, lo que arroja un aumento del 1,88% en el Costo Propio de Distribución (CPD) antes de su traslado completo a las tarifas finales.

En cuanto al gas natural por redes, el incremento anunciado para enero oscila entre 2% y 3%. Sin embargo, el principal foco de atención está puesto en la quita de subsidios, ya que la actualización llevará el precio mayorista del gas a 3,79 dólares por millón de BTU, frente a los 2,95 dólares que paga actualmente Metrogas. De concretarse plenamente este ajuste, algunas regiones y categorías de consumo podrían enfrentar subas superiores al 10%.

Nuevo esquema de subsidios y cambios regulatorios desde 2026

A partir del 2 de enero de 2026, el Gobierno reemplazará el esquema de segmentación tarifaria vigente hasta 2025 por una clasificación de solo dos categorías de usuarios residenciales. Además, los bloques de consumo subsidiado variarán según la estación del año, lo que podría modificar de manera significativa la composición de las facturas y el acceso a los beneficios estatales.

En paralelo, comenzará a implementarse el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que establece un tope de ingresos equivalente a tres canastas básicas totales. Los hogares cuyos ingresos totales superen ese umbral perderán el subsidio, en caso de que aún lo estuvieran recibiendo.

El Ejecutivo ratificó que la actualización tarifaria mensual indexada por inflación se mantendrá al menos hasta abril de 2030, con el argumento de preservar la capacidad de inversión de las empresas y evitar nuevos atrasos tarifarios. En ese marco, se prevé que durante el primer trimestre de 2026 se avance en la fusión de los entes reguladores del gas y la electricidad en un único organismo, con directorio y control parlamentario, para unificar la regulación y la supervisión del sector energético.

Agua y cloacas: AySA tendrá aumentos del 4% mensual hasta abril

El servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también registrará subas relevantes. La Resolución 53 del ERAS habilitó a AySA a aplicar aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril de 2026, en reemplazo del ajuste del 1% mensual que rigió durante 2025.

El cambio busca compensar un retraso tarifario acumulado del 21,05%, asociado a incrementos que no se aplicaron el año pasado, lo que derivó en una caída de ingresos estimada en 95.000 millones de pesos para la empresa. Ese desfasaje fue absorbido mediante la postergación de gastos e inversiones, en un contexto donde el Gobierno evalúa la privatización de la compañía.

Con la nueva escala, la factura promedio antes de impuestos se ubicará en 30.489 pesos para el valor zonal “alto”, 27.689 pesos para el “medio” y 22.248 pesos para el “bajo”. De mantenerse el ajuste del 4% mensual durante los primeros cuatro meses del año, el incremento acumulado alcanzará aproximadamente el 17%.

Pese a que se esperaba la realización de una audiencia pública en 2025 para definir un criterio uniforme de actualización tarifaria, el proceso no se concretó, dejando pendiente la discusión sobre el mecanismo definitivo que regirá los futuros aumentos.

Un inicio de año con mayor presión sobre los ingresos familiares

Las subas de luz, gas y agua que entran en vigencia desde enero se suman en un contexto de reordenamiento fiscal y reducción de subsidios, con un impacto directo sobre el presupuesto de los hogares y sobre la estructura de costos de comercios e industrias. Aunque los aumentos iniciales son moderados, el verdadero desafío estará en cómo evolucionen las tarifas una vez que se profundice la quita de subsidios y se consolide el nuevo esquema regulatorio.

El Gobierno sostiene que estas decisiones son necesarias para asegurar la sustentabilidad de los servicios públicos, reducir el déficit y avanzar con la desregulación de los mercados, pero el efecto social y político de los ajustes marcará buena parte de la agenda económica del primer tramo de 2026.

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Marcelo Zbikoski: el transporte público enfrenta el fin del modelo de subsidios y tarifas irreales

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El empresario del transporte Marcelo Zbikoski trazó un diagnóstico crudo sobre el presente y el futuro del transporte público en la Argentina, al advertir que el modelo económico y regulatorio vigente “cambió la música y los pasos de baile” para empresas, usuarios y el propio Estado. En una extensa entrevista en Radio Republica, sostuvo que el país atraviesa el fin de un esquema sostenido por subsidios generalizados y atraso tarifario, con impactos directos en la sustentabilidad del servicio, la calidad de la flota y la viabilidad de las empresas, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde su mirada, el escenario actual obliga a revisar costos, decisiones de inversión y expectativas sobre el rol estatal. “El servicio de transporte público es apenas eso: un servicio. A tarifa de transporte público”, afirmó, al tiempo que remarcó que las empresas fueron contratadas para prestar un servicio específico, condicionado por ingresos reales que hoy no alcanzan a cubrir la estructura de costos.

Fin del modelo de subsidios: costos reales, tarifas y un sistema en deterioro

Zbikoski explicó que el sistema de transporte urbano funcionó de manera autosustentable hasta 2002, cuando “se sostenía solo con tarifa como único ingreso”. A partir de ese momento, y durante más de dos décadas, se consolidó un esquema de subsidios crecientes, que primero incentivó inversiones en flota y luego derivó en un proceso de congelamiento y atraso de compensaciones.

“El Estado no compensa, y cuando compensa lo hace con cinco meses de atraso y con una inflación del 211%”, señaló, al describir un proceso que, según su análisis, degradó progresivamente el servicio. Como resultado, se redujeron frecuencias, envejeció el parque automotor y aumentaron los reclamos de los usuarios. En el AMBA, precisó, la antigüedad promedio de la flota ronda los nueve años, con unidades que llegan a los 18 años de uso, una señal clara de descapitalización.

En términos de estructura de costos, detalló que entre el 51% y el 53% del valor del boleto corresponde a salarios, mientras que el combustible representa entre el 19% y el 20%. El resto se distribuye entre impuestos, mantenimiento y amortización. Bajo esas condiciones, estimó que el costo real de transportar a un pasajero debería ubicarse entre $4.000 y $5.000, según el tipo de servicio y la demanda de cada línea.

La conclusión es contundente: “No hay garantía de supervivencia del sistema hacia adelante. La idea del gobierno es que sobreviva el mejor”.

Misiones como excepción y el debate por la equidad del subsidio

En contraste con el AMBA, Zbikoski destacó que Misiones presenta una dinámica diferente. Según explicó, allí existe un esfuerzo compartido entre usuarios, gobierno provincial y municipios para sostener “la mejor calidad de servicio posible dentro del precio más razonable”. Sin embargo, reconoció que el margen es cada vez más estrecho y que ningún esquema puede escapar al impacto del costo del combustible y la presión impositiva.

El empresario cuestionó además el carácter regresivo del subsidio generalizado, al señalar que hoy el sistema subsidia por igual “a quien gana dos o tres millones de pesos y al desocupado”. Recordó que ya en 2012 y 2013 se planteó la idea de subsidios a la demanda a través de la tarjeta SUBE, pero nunca se implementó de manera efectiva. “Hoy sería más fácil que antes”, afirmó, aunque aclaró que todo depende del modelo de servicio público que definan las autoridades.

En ese marco, advirtió que el transporte perdió cerca de un 40% de pasajeros, desplazados hacia alternativas como Uber, Uber Moto y motos particulares, una tendencia que, según subrayó, tiene un fuerte impacto social y sanitario. “La gente que se sube a una moto está poniendo en riesgo su vida”, alertó, al vincular el crecimiento de estas modalidades con el aumento de accidentes y secuelas graves.

Infraestructura pendiente, ferrocarril y reforma laboral

Zbikoski también se refirió a proyectos inconclusos que podrían aliviar la presión sobre el transporte urbano, como el tren Posadas–Garupá. Aseguró que el material rodante está disponible y que las vías y estaciones fueron reparadas en 2020, pero que el servicio nunca se puso en marcha por la falta de una autorización formal de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, dependiente de la Secretaría de Transporte. “Falta solo un papel”, resumió, y sostuvo que el tren tendría impacto favorable en términos de movilidad y costos, siempre que se defina una tarifa viable.

En cuanto al uso de gas natural en colectivos, recordó que Misiones es la única provincia sin gasoducto, lo que obliga a transportar el combustible desde Córdoba. Señaló que hay cuatro colectivos a gas en etapa de prueba, bajo regulación de ENARGAS y la Secretaría de Energía, aunque el proceso demandará varios meses antes de una eventual expansión.

Finalmente, el empresario abordó el debate sobre la reforma laboral, al plantear que la rigidez actual encarece el servicio. Citó como ejemplo que un conductor que trabaja media hora debe cobrar ocho horas completas, aun cuando la demanda efectiva sea menor. “Tal vez no se necesita ocho horas de trabajo”, sostuvo, y propuso esquemas más flexibles que permitan contratar por horas reales, en blanco y con cobertura plena, reduciendo costos sin precarizar.

Un cambio estructural en marcha

El diagnóstico de Zbikoski se inscribe en un contexto más amplio de redefinición del rol del Estado y del financiamiento de los servicios públicos. Para el empresario, el mundo avanza hacia un modelo en el que “el adulto debe ser tratado como adulto”: quien quiere un mejor servicio, debe pagar por él. En ese escenario, el transporte público enfrenta una encrucijada: redefinir tarifas, subsidios y reglas laborales, o profundizar un deterioro que ya impacta en usuarios, trabajadores y empresas.

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El IPC aceleró en noviembre, pero el pass-through cambiario volvió a ser limitado

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La inflación de noviembre se ubicó en 2,5% mensual, según el IPC Nacional del INDEC, con una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a octubre y cuatro meses consecutivos de subas. El dato, analizado por la consultora Ecolatina, confirmó una dinámica inflacionaria aún contenida, pero con señales de tensión en algunos precios clave, especialmente alimentos regulados por la estacionalidad y el impacto tarifario. En términos acumulados, el índice alcanzó 27,9% en los primeros once meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,4%.

El registro de noviembre resulta relevante porque se produce en un contexto de corrección del tipo de cambio real, actualización de tarifas y menor nivel de actividad, factores que históricamente presionan sobre los precios. Sin embargo, el pass-through cambiario volvió a mostrarse acotado, reforzando la expectativa de que el proceso de desinflación continúe, aunque con una velocidad menor hacia 2026.

Tarifas, carne y alimentos: los principales motores del mes

Desde el punto de vista de las categorías, el IPC Regulados encabezó las subas con un aumento de 2,9% mensual, acumulando 29,9% hasta noviembre, impulsado principalmente por la actualización de tarifas de electricidad y gas, que registraron un incremento promedio de 4,4% a nivel nacional.

El IPC Núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, avanzó 2,6% en noviembre, mostrando una desaceleración de 0,4 p.p. respecto a octubre y acumulando 29,2% en el año. No obstante, al interior del núcleo sobresalió la fuerte aceleración del precio de la carne vacuna (+6,2%), que tuvo un peso determinante en el resultado general. Según el análisis de Ecolatina, sin el aumento de la carne el IPC general habría sido de 2,3% y el IPC Núcleo de 2,1%, lo que evidencia el carácter puntual del shock.

En contraste, el IPC Estacionales subió apenas 0,4% en el mes, con un acumulado de 16,1%, ubicándose 11,7 puntos porcentuales por debajo del nivel general. Dentro de este grupo se destacó la caída de las verduras (-5,2%), mientras que prendas de vestir y calzado mostraron un incremento mínimo de 0,3%, explicado por factores estacionales. De este modo, el IPC general sin estacionales se ubicó en 2,7% en noviembre.

En términos de bienes y servicios, la brecha se mantuvo, aunque más acotada que en meses previos: los bienes subieron 2,3%, mientras que los servicios avanzaron 2,9%, reflejando el impacto tarifario y la inercia de algunos costos regulados.

Divisiones, tipo de cambio y señales de desinflación

Por divisiones, el mayor incremento se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), como consecuencia directa del ajuste tarifario. Le siguió Transporte (+3,0%), impulsado por la suba en adquisición de vehículos (+3,9%) y combustibles (+3,6%). Alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,8%) también mostraron una aceleración, explicada por el aumento de carnes y derivados (+6,2%) y frutas (+8,5%), parcialmente compensado por la baja en verduras. En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado (+0,5%) fue la división de menor variación mensual.

A once meses del año, Ecolatina destacó el limitado pass-through de la corrección del tipo de cambio real durante 2025. Entre abril y noviembre —período posterior a la implementación del esquema de bandas— el tipo de cambio registró una variación promedio de 4,3%, mientras que los precios de los bienes aumentaron en promedio 1,8% y el IPC Núcleo 2,2%, confirmando un traslado acotado a precios.

La consultora explicó este comportamiento por tres factores centrales: una política fiscal y monetaria más restrictiva que alineó expectativas, la apertura comercial que redujo márgenes al incrementar la competencia con productos importados, y la debilidad del consumo, que limitó la capacidad de las empresas para trasladar costos a precios finales, aun resignando márgenes de rentabilidad.

Perspectivas para diciembre y el arrastre hacia 2026

De cara al cierre del año, Ecolatina advirtió que en diciembre será clave monitorear el impacto del aumento en la carne vacuna y en las frutas cítricas, en un contexto de mayor demanda estacional por las fiestas. No obstante, señaló que, de registrarse una leve aceleración inflacionaria, respondería a factores puntuales y transitorios, lo que permitiría iniciar el próximo año con un sendero de desinflación aún vigente.

En ese marco, la consultora proyectó que la desinflación continuaría durante 2026, aunque de manera más lenta, con registros que podrían arrancar en torno al 2% mensual en el corto plazo y difícilmente perforar el 1% mensual a lo largo del año. El desafío central será compatibilizar el objetivo de acumulación de reservas internacionales con la reducción de la inflación, una tensión que podría moderar la velocidad del proceso. Aun así, el equilibrio fiscal y monetario, sumado a un ancla salarial y a una mayor estabilidad cambiaria vía ingreso de dólares financieros, podría contribuir a contener expectativas e inercia inflacionaria.

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Quita de subsidios: tarifas eléctricas podrían triplicarse y hay preocupación en cooperativas

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La presión sobre las facturas eléctricas no solo responde a la quita progresiva de subsidios nacionales que ya impacta de lleno en los hogares. Ahora se suma una decisión de alcance nacional que transformará por completo el sistema de asistencia energética desde 2026. En paralelo, las cooperativas provinciales advierten que el escenario actual ya es crítico: crecen los montos impagos, se duplican los cortes de servicio y el margen para sostener la infraestructura es cada vez menor.

La Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM) lo sintetiza con crudeza. Según su presidente, Ángel Kusuka, la distancia entre un usuario con subsidio y uno sin subsidio es abismal. Hoy, un hogar subsidiado paga entre $75 y $80 por kWh, mientras que un usuario sin subsidio abona entre $210 y $220, muchas veces sin saber que perdió el beneficio por cruces automáticos de información. “Mes a mes van bajando. Le dan de baja a gente que tenía el subsidio y pasa a tarifa plena”, explicó.

El cuadro se agrava en verano, cuando el consumo aumenta y los topes de subsidio se superan con facilidad. “Cuando ven la factura final, el resultado es abultado”, advirtió Kusuka. Las cooperativas se convirtieron así en un espacio de contención: atienden reclamos, acompañan trámites y reciben casos de usuarios que, pese a cumplir las condiciones, pierden el beneficio sin motivos claros.

Una morosidad que se dispara y compromete el servicio

El impacto económico en las familias ya se refleja en los indicadores: los cortes por falta de pago se duplicaron en los últimos meses. Antes, la mayoría pagaba entre el 5 y el 10 de cada mes; ahora abonan “cuando pueden”, y cada vez son más quienes recurren a tarjetas de crédito para cubrir la factura. “Tarjeta es pan para hoy y mañana vemos”, graficó Kusuka.

Aun así, no todos logran ponerse al día: solo el 90% se reconecta luego de un corte. El resto no puede afrontar ni la deuda acumulada ni los $30.000 a $35.000 que cuesta la reconexión en cooperativas como la de Dos de Mayo.

Las propias cooperativas operan sin margen. Los aumentos autorizados en el Valor Agregado de Distribución fueron mínimos, muy por debajo del incremento de salarios, cables, transformadores y materiales esenciales. “Estamos juntando plata y pagando, sin resto”, resumió Kusuka. Esa falta de recursos termina repercutiendo en la calidad del servicio y en la capacidad de mantenimiento preventivo.

Qué cambia en 2026: desaparecen N1, N2 y N3 y habrá solo dos categorías

A este panorama se suma un cambio profundo definido por Nación y que entrará en vigencia en 2026: la eliminación total del sistema de segmentación (N1, N2 y N3) y la creación de un nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según datos oficiales, el país pasará a tener únicamente dos tipos de usuarios residenciales:

  • Usuarios con subsidio, registrados y validados en el SEF.
  • Usuarios sin subsidio, que pagarán el costo pleno de la energía.

Los hogares N2 pasarán automáticamente al nuevo registro, mientras que los N3 atravesarán una revisión más estricta: ingresos, ubicación territorial, patrimonio y consistencia de datos serán determinantes para mantener -o perder- el subsidio.

El nuevo sistema define bloques de consumo más acotados y uniformes para todo el país:

  • 300 kWh mensuales en meses de calor o frío extremo (diciembre, enero, febrero, mayo, junio, julio y agosto).
  • Solo 150 kWh en meses “templados” (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre).

Esto puede ser especialmente problemático para Misiones y el NEA. Marzo, considerado “templado” por la normativa nacional, es uno de los meses históricamente más calurosos de la región. Con solo 150 kWh subsidiados, la mayor parte del consumo quedará automáticamente a tarifa plena, profundizando el salto en las facturas.

El objetivo fiscal del Gobierno es claro: bajar los subsidios de 1,5% del PBI en 2023 al 0,65% este año y al 0,5% en 2026. En paralelo, se busca que los usuarios asuman una proporción mayor del costo real de la energía, reservando la asistencia solo para consumos esenciales de hogares vulnerables.
Incluso se evalúa un “subsidio extraordinario transitorio” para amortiguar la transición, aunque no hay detalles confirmados.

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