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Nación presentará proyecto de ley para eliminar impuestos municipales y provinciales a servicios públicos

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El proyecto de ley que el Gobierno nacional enviará en las próximas horas al Congreso sobre facturación de servicios públicos esenciales, pretende eliminar los impuestos provinciales y municipales en las boletas de tarifas de electricidad, gas y agua que llegan a los hogares de todo el país.
La iniciativa se llama “Ley de Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales”, tiene trece artículos e incluye sanciones a quienes incumplan con su articulado.
El punto central de la iniciativa es el artículo seis, que establece: “Las facturas de los servicios públicos esenciales” deberán “contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere”, incluyendo IVA e Ingresos Brutos “si correspondiere” también.
El artículo siete, en tanto, exige que “no se podrá incorporar a la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto ajeno a los expresados” en el párrafo anterior.
Además, para asegurar que el contribuyente pague sólo por lo que consume, el artículo octavo señala que “el usuario podrá hacer uso del derecho de pagar sólo el monto que totalicen los conceptos previstos en el artículo seis, imputándose válido el pago del servicio público en cuestión”.
Las sanciones ante el incumplimiento de la ley irán en forma creciente en el siguiente orden: apercibimiento, multa equivalente a multiplicar en 10 a 10 mil veces el monto facturado indebidamente o la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.
Además de invitar a las provincias, incluyendo a sus municipios, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley, el proyecto al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam subraya que el objeto “es garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales”.
Además, se busca evitar “distorsiones en la información el monto a abonar, producidos por conceptos ajenos a la prestación del servicio o improcedentes de ser incorporados en dicha factura”.
Más allá de la adhesión provincial, la iniciativa aclara que se trata de una ley de “carácter público nacional, siendo sus normas de carácter federal”.
Entre los sujetos obligados, el proyecto menciona a “los responsables de la facturación para el cobro de prestaciones de servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua, sean estos entes públicos o privados, independientemente de la figura jurídica que posean y el alcance territorial de la prestación de servicios”.
Finalmente, la autoridad de aplicación, o sea el Poder Ejecutivo Nacional, deberá notificar a los “sujetos obligados dentro de los veinte días posteriores a su promulgación”.

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Lifschitz: “Nos quieren hacer pagar el costo político”

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El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz también salió al cruce del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal por su estrategia de compartir el costo político del fuerte tarifazo, con un impuestazo encubierto: “Si queremos bajar impuestos, el primero que habría que reducir es el IVA a todos los servicios públicos (…) Últimamente pasa lo mismo, cuando se arma el lío parece que la culpa la tienen las provincias, la verdad es que la política tarifaria claramente la fija el gobierno nacional”.
Tras la embestida de Mauricio Macri (Nación), María Eugenia Vidal (Provincia de Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires) contra los goberadores del interior por, supuestamente, ser responsables del aumento en las tarifas, Miguel Lifschitz (Santa Fe) se sumó a los dichos del ex gobernador correntino Ricardo Colombi: “Últimamente pasa lo mismo, cuando se arma el lío parece que la culpa la tienen las provincias, la verdad es que la política tarifaria claramente la fija el gobierno nacional, primero porque es el que fija el precio de la energía mayorista”.
Al aire radio La Ocho, Lifschitz volvió a la carga: “El impuesto más importante que tienen los servicios es el IVA, que es un impuesto nacional, que impacta en un 21 por ciento. Si queremos bajar impuestos el primero que habría que red ucir es el IVA a todos los servicios públicos”.
“Este gobierno tiene mucha habilidad para trasladarle el costo político a los gobernadores y provincias. Lo hizo con la reforma previsional y lo hicieron ahora con las tarifas”, sostuvo luego a radio La Red.
En este sentido, apuntó contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien decretó una reducción del 25% entre agua, gas y electricidad: “No tenemos los impuestos que tiene Vidal. Lo que (Buenos Aires) pierde por un lado, lo recibe por otro lado”, en referencia al Fondo por Coparticipación que recibirá.
En tanto, Horacio Rodríguez Larreta (CABA) acaba de dejar trascender que “en nuestro caso, (la rebaja impositiva) será en agua y gas, porque con la luz no tenemos los impuestos a los que se refirió María Eugenia. Por eso el análisis lleva más tiempo”, según Clarín.

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Tarifas: Vidal, en sintonía con el pedido de Macri

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En sintonía con el pedido del Gobierno, María Eugenia Vidal anunció una rebaja impositiva para los servicios en Provincia. De esta manera, la gobernadora bonaerense anunció que en promedio la reducción en la factura de luz será del 15,5%, del 6,3% en la tarifa del gas y el 6,2% en la boleta del agua.
“Decidimos aceptar el pedido del Presidente de eliminar los impuestos provinciales que recaudan fondos que no van a pagar el servicio de la factura, sino que van al gobierno provincial o municipal”, indicó Vidal en conferencia de prensa.
En ese sentido, subrayó: “Esa es nuestra ayuda para que las familias estén más aliviadas”, mientras aclaró que el beneficio se pondrá en marcha tras firmar un decreto “en las próximas horas”.
Junto al ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró: “Vamos a asumir el costo de eliminar estos impuestos, vamos a tomar decisiones que van a impactar en otros temas, pero va a servir para aliviar las facturas de la provincia de Buenos Aires”. Además, indicó: “Entendemos que es un esfuerzo que no puede hacer sólo la gente, también tenemos que sumarnos los gobiernos”.
De acuerdo al anuncio de Vidal, el beneficio impositivo se hará efectivo desde la próxima factura luego que la Legislatura provincial apruebe los cambios propuestos por La Plata. La decisión de Vidal llega luego que el propio presidente Mauricio Macri solicitara a los mandatarios provinciales eliminar impuestos en servicios públicos.
• Con la oposición a favor
Desde el massismo, el diputado nacional del Frente Renovador José de Mendiguren y su par bonaerense Lisandro Bonelli valoraron lo que consideran como una “decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de imitar un proyecto del bloque massista para atenuar el impacto de los tarifazos sobre los consumidores”, y reclamaron que el presidente Mauricio Macri tome la misma política a nivel nacional. “Hace años que presentamos los proyectos para frenar estos tarifazos y ahora hacen un uso político de un problema que ellos generaron”, señaló Bonelli.
Luego de que la gobernadora Vidal anunciara las reducciones en los impuestos provinciales sobre las facturas de los servicios, el diputado provincial Lisandro Bonelli sostuvo: “A pesar de que Macri y Vidal se negaron a debatir un freno al tarifazo en el Congreso y en la Legislatura, es bueno que la gobernadora haya tomado las propuestas del massismo y elimine los impuestos provinciales de las facturas de luz y gas”.
“Es una lástima que Vidal haya tardado dos años en darse cuenta y ahora haga un uso político con un problema que ellos mismos crearon. Nosotros hace dos años presentamos un proyecto para eliminar los impuestos; y en esos dos años, la Gobernadora no hizo nada”, aseguró el legislador.
En el mismo sentido, de Mendiguren expresó: “Sería bueno que Macri también haga como Vidal y siga las ideas del massismo, para sacarle la soga del cuello a la gente con las tarifas”.

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Frigerio defendió la suba en luz, gas y agua y aclaró: “Las tarifas todavía no cubren el costo de producción”

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El ministro del Interior explicó que recién en cinco años se llegará a equilibrar las facturas de los servicios públicos. Afirmó que “el aumento de tarifas duele, pero es lo que nos va a sacar adelante”
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que la tarifas de servicios públicos todavía no cubren el costo de producción y reafirmó la meta anual del 15% de inflación fijada por el gobierno nacional para este año.
“Las tarifas y los servicios básicos tienen un costo y ese costo por supuesto que hay que pagarlo. Estábamos con tarifas muy lejanas a ese costo y por eso tenemos que hacerlo de manera gradual”, manifestó.
“Recién al cuarto o quinto año de este camino las tarifas van a llegar al nivel de su costo de producción. No hay otro camino que el que está llevando adelante el presidente (Mauricio Macri)”, añadió el declaraciones publicadas por el diario El Tribuno de Salta.
El ministro aseguró que durante la gestión kirchnerista, los servicios de agua potable, gas, electricidad y transporte se abonaban con una tarifa que no cubría el costo de producción.
“Eso es mentirle a la gente, porque si uno hubiese continuado por ese camino nos hubiera pasado lo que le pasó a Venezuela. Hoy Venezuela, que era una de las principales productoras de energía en el mundo, se quedó sin energía”, señaló.
“Este (equiparación de tarifas con costos de producción) es el único camino posible para que la Argentina se ponga de pie y para resolver los problemas que llevan demasiado tiempo”, agregó.

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De cada $100 que se pagan por luz o gas, $27 son impuestos indirectos

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Un nuevo análisis del IARAF tiene por objeto describir las características de la mochila tributaria que tienen los servicios públicos y posteriormente medir el impacto de cambios en el peso de la mochila sobre el valor total de la factura actual
La quita de subsidios al gas y a la energía eléctrica está generando una suba importante del valor de las facturas.
Esta realidad pone nuevamente en la superficie la discusión sobre el impacto de la carga tributaria en el valor de la factura.
Un nuevo análisis del IARAF tiene por objeto describir las características de la mochila tributaria que tienen los servicios públicos mencionados y posteriormente medir el impacto de cambios en el peso de la mochila sobre el valor total de la factura actual.
La carga tributaria indirecta que recae sobre el consumo final tanto de energía eléctrica como de gas natural se compone, en su esencia, de Impuesto al valor agregado (21%), Impuesto a los ingresos brutos provincial (5%), tasa municipal general (1%) y tasa municipal específica (10% en el caso de la ciudad de Córdoba, por ejemplo).
Esta carga tributaria representa el 37% del valor de la tarifa (aquí se denomina tarifa al costo del servicio antes de impuestos). Es decir que la mochila tributaria es de este orden.
Desde el punto de vista del consumidor, lo relevante es saber cuánto de la factura, es decir, lo que paga por el servicio, son impuestos. El cálculo sería en consecuencia 37/137. Es decir que de cada $100 que se pagan por energía eléctrica o por gas natural por redes $27 son impuestos indirectos.
No se consideran impuestos directos como el impuesto a las ganancias ni impuestos al trabajo. Solamente la mochila indirecta que recae sobre estos servicios.
Si la carga tributaria no cambia, el aumento porcentual de la factura es igual al aumento porcentual de la tarifa. Si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura es menor al aumento porcentual de la tarifa.
Mientras menor es el aumento de la tarifa, más potente es la reducción de la carga tributaria. Esto obedece al hecho de que la carga tributaria sobre la tarifa original es relativamente significativa en comparación con la carga tributaria total de la nueva tarifa.
A mayor aumento de tarifa menos potente es la reducción de la carga tributaria. Teniendo en cuenta el funcionamiento de la carga tributaria sobre las tarifas y el objetivo de disminuir el impacto en las facturas de los cambios tarifarios, el IARAF propone lo siguiente:
Para lograr el menor impacto de la suba de tarifas en las facturas que paga el consumidor,
– Poner en 0% la alícuota del IVA por dos años (2018 y 2019). A partir del tercer año iniciar el restablecimiento gradual de la alícuota. Una posibilidad sería que en 2020 el IVA sea del 5%, en 2021 del 10%, en 2022 del 15% y retorne al 21% recién en 2023.
De esta manera la alícuota de IVA empezaría su restablecimiento en años donde la inflación haya llegado a un dígito y la suba de tarifas solamente necesite seguir a la inflación (no recuperar atraso).
– Poner en 0% la alícuota del IVA a consumidores finales a priori no debería generar problemas a las empresas prestadoras, dado que seguirían facturando a empresas y profesionales inscriptos en IVA con alícuota del 27%.
En el caso de empresas distribuidoras que pudieran llegar a tener saldo a favor de IVA, la AFIP debería instrumentar los mecanismos necesarios para que sean devueltos en tiempo y forma al igual que ocurre con otras actividades, como las de exportación.
– Reformar el Consenso Fiscal recientemente firmado entre la Nación y las Provincias estableciendo la exención a nivel provincial y municipal del impuesto a los ingresos brutos que recae sobre la distribución de energía eléctrica, gas y agua (a nivel municipal formalmente se le llama tasa de seguridad e higiene) a partir de este año.
En la actualidad se establece un cronograma en el que la exención se alcanza recién para el año 2020.
– Implementar desde este año 2018 la eliminación de tasas municipales específicas a la distribución de servicios públicos como energía eléctrica y gas natural por redes en todo el país.
Esta propuesta es la de mayor costo fiscal directo, dado que elimina toda la carga tributaria.
Con la reducción de impuestos indirectos se establece un nuevo subsidio a la energía. La particularidad es que se lo brindaría resignando recaudación.
A nivel de provincias y municipios el Consenso ya establecía la eliminación. A nivel nacional el cambio de IVA es transitorio. Se entiende que se debe avanzar con el sinceramiento tarifario, por eso se considera que esta propuesta es más pertinente que atrasar la corrección tarifaria. Debe tenerse en cuenta que es un subsidio transitorio y claramente determinado.
El costo fiscal no es todo efectivo, ya que una parte es recaudación que todavía no se tiene. Es decir que habría una resignación de recaudación efectiva y otra de recaudación potencial.
Debe resaltarse que el Consenso Fiscal ya establecía la exención para el año 2022, lo que para las provincias y municipios significa que tendrían que adelantar ese año a hoy.
Para financiar la pérdida de recaudación es necesario disminuir otros gastos de los tres niveles de gobierno.
La ley de responsabilidad fiscal vigente brinda un marco adecuado para la baja del peso del gasto público en la economía. Resulta importante aclarar que para el caso de empresas o profesionales responsables inscriptos la baja posible de carga tributaria se reduce a los impuestos provinciales y tasas municipales.
“Esto obedece a que el IVA no es un costo, sino un crédito fiscal. La disminución de la carga provincial y municipal debería hacerse con igual criterio que para consumidores finales”, concluyen desde el IARAF.

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