tarifazos

¿Vuelven a aumentar los combustibles?

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Desde el 1º de enero el Gobierno dejó de intervenir oficialmente en la conformación de los precios de los combustibles los cuales a partir de esa fecha, son determinados “libremente” por las petroleras en función de dos variables fundamentales: la cotización internacional del petróleo y el valor del dólar.
Por esta causa las nafta y el gasoil aumentaron alrededor del 13 por ciento este año, casi el mismo porcentaje de inflación estimado para todo 2018. Qué sucederá en los próximos meses es una incógnita, sin embargo dos especialistas de reconocida trayectoria analizaron para Surtidores las perspectivas del mercado en un contexto de marcada incertidumbre.
Cristian Folgar, ex Subsecretario de Combustibles de la Nación en dos oportunidades, opina que el conflicto bélico que involucra a países árabes influirá para agregar incertidumbre en la oferta de crudo.
El mundo en general está creciendo, con lo cual la demanda estará firme y acompañando el crecimiento. Si hay dudas sobre la oferta, eso presionará los precios del crudo al alza. ¿Cómo seguirá el conflicto en Siria? Pocos lo saben. ¿Cuál será el impacto en los precios? Tampoco lo podemos medir hoy. Si podemos decir que el contexto actual sostiene o empuja precios para arriba”, pronostica.
A su turno, Daniel Gerold, Director de G&G Energy Consultants, puso en duda una nueva suba por el momento, especialmente por la intervención oficiosa del Gobierno a pesar de la desregulación.
No obstante, admite que en nuestro país los valores de las naftas están retrasados. Folgar en tanto puntualiza que todavía tendrían margen “aritmético” para subir si se tienen en cuenta la evolución del crudo en los últimos meses, el tipo de cambio y la inflación local.
“Más allá de cualquier frío cálculo matemático hay un mercado que no parece poder absorber un incremento posible de los combustibles en el poste. Ahí, las políticas comerciales de las refinerías serán importantes, fundamentalmente las de YPF”, considera Folgar.
En este orden  reconoce que la actividad de refinación está operando con buenos márgenes, y no hay perspectivas que estos se reduzcan a corto plazo. Gerold, sin embargo, juzga que no le resulta un retorno atractivo. “Es inferior al rendimiento de un bono del Estado”, concluyó.
 
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En tres años, las facturas de luz aumentaron 26 veces en la Ciudad de Buenos Aires

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Desde las tarifas excesivamente subsidiadas del Gobierno anterior se pasó en sólo tres años, a valores que resultan muy caros para las familias de clase media. Entre el primer bimestre de 2015 y el de este año, las facturas de electricidad en Capital Federal aumentaron 26 veces.
Están llegando en esta semana las boletas con los consumos de verano que son en general las más altas del año por el uso de aparatos de aire acondicionado. En esas facturas, hay días de enero calculados con los cuadros tarifarios aprobados el 1 de diciembre, y días de febrero y marzo con las tarifas que rigen desde el 1 de febrero, según publicó el diario Ámbito Financiero.
Esto significa que la boleta actual que contempla los días de enero será menor a la que se deberá pagar en abril. Una familia de clase media con dos aparatos de aire gastó en el primer mes $757,21 y en el segundo recibirá una factura de $877,52, sumando $1.634.73 por un consumo de 770 kilovatios.
Este mismo usuario que utilizó 751 kilovatios en el primer bimestre de 2015 pagó $62,28, lo que implica que el valor actual es 26 veces superior. En la boleta de 2015 hay bonificaciones por ahorro que regían en ese momento y por el llamado factor de estabilización por $28,57.
Si no se consideran esas bonificaciones y se suma lo que en la factura de esa época se diferenciaba como subsidio a cargo del Estado nacional por $238,71, la boleta hubiera ascendido a $329,56, unas cinco veces menos que la actual, consignó el matutino.
La comparación de los últimos tres años, muestra que el mismo usuario residencial, dentro de igual escala tarifaria (R3) y con un consumo muy parecido, si se consideran los días facturados en cada caso, pagó los siguientes importes:
Primer bimestre de 2015: por 751 kilovatios en 63 días $62,28.
Primer bimestre de 2016: por 743 kilovatios en 58 días $339,61.
Primer bimestre de 2017: por 814 kilovatios en 65 días $804,95.
Primer bimestre de 2018: por 770 kilovatios en 61 días $1.634,73.
De este modo, ya en 2016, con un solo mes de aumento porque el primer ajuste empezó a regir en febrero de ese año, pagó 5 veces y media más que en el año anterior. En 2017, pagó un 137% más que en 2016, y este año un poco más del doble que en el anterior.
Esa progresión es lo que crea malestar en los consumidores y afecta los índices de inflación. Se explica porque el Gobierno actual fijó un precio de la energía en dólares que resulta de considerar el costo de generar con combustibles líquidos en el invierno (el más caro del año), de modo que el valor del megavatio pasó de alrededor de $48 hasta enero de 2016 a $ 1.077 en la actualidad.
No obstante, el precio de la energía todavía no llegó a la meta fijada por el Ministerio de Energía en u$s74,8 y también puede sufrir aumentos en dólares debido al alza en el precio internacional del petróleo, además del impacto por la variación en el tipo de cambio.
A esto se sumó la recomposición de los márgenes para las distribuidoras Edenor y Edesur y para el transporte en alta tensión. Esta revisión está terminada y regirá hasta 2021, pero entretanto, en cada semestre habrá una adecuación de los ingresos de esas compañías según una fórmula que contempla los índices de inflación.

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El 95% de subsidios en transporte va a Buenos Aires

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Los avances en la normalización de tarifas y la modernización del esquema tarifario organizándolo en formato de red de transporte van en el sentido correcto. Pero no son las autoridades nacionales las que deben tomar estas decisiones y menos financiarlas. Es hora que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, por el conurbano, asuman sus competencias. 
El Ministerio de Transporte de la Nación anunció los incrementos programados para el año 2018 en colectivos, trenes y subtes de la región metropolitana. En el caso de los colectivos, la tarifa básica pasará gradualmente de $6 a $10 en junio. En los trenes pasará de $4 a $6,75 y en algunas líneas el incremento será de $2 a $3,25. El subte lo hará de $7 a $12,50.
Una innovación que se introduce en el diseño tarifario es la articulación de los tres tipos de transporte en un mismo instrumento de pago (la tarjeta SUBE). Esto permitirá que una persona que use colectivos, trenes y subtes dentro de las 2 horas que tome el primer medio de transporte tenga descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% en los viajes subsiguientes hasta 5 viajes. Este es un esquema muy utilizado en los países avanzados donde la finalidad es incentivar el uso del sistema público de transporte por encima de la movilidad en vehículos particulares.
Las medidas, además de mejorar los servicios, ayudan a reducir los subsidios económicos y, con ello, contribuir al equilibrio fiscal. De todas formas, no resuelve un tema institucional central que es el de las competencias. Según datos de ASAP a noviembre del 2017 los subsidios al transporte que financia la Nación ascendieron a $70 mil millones de los cuales:
  • Unos $37 mil millones fueron a pasajes de colectivos fundamentalmente de la región metropolitana.
  • Otros $29 mil millones fueron a trenes de la región metropolitana.
  • Esto significa que el 95% de los subsidios nacionales van a la región metropolitana.
Estos datos muestran la enorme magnitud de recursos nacionales usados en beneficio del área metropolitana y explican el hecho de que las tarifas en Buenos Aires sean sustancialmente más bajas que en el resto del país, aun considerando los aumentos anunciados. Se trata de una irritante discriminación contra los más de 2.000 centros urbanos que tiene la Argentina. Por eso, si bien los anuncios van en el sentido correcto cabe advertir que quién debe tomar estas decisiones, financiarlas, ejecutarlas, monitorearlas y perfeccionarlas son las autoridades locales y no el gobierno nacional. 
La distorsión es una herencia de la transferencia inconclusa de los servicios luego de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el año 1996. Como ocurre en el resto del país, donde los servicios públicos son responsabilidad de los gobiernos sub-nacionales, debería CABA en coordinación con la Provincia de Buenos Aires asumir enteramente el financiamiento, la regulación y la gestión del transporte en la región metropolitana. Sólo a modo de ejemplo, CABA y la Provincia de Buenos Aires podrían constituir un consorcio como es el “Metro” de Washington donde el Distrito de Columbia y los estados de Virginia y Maryland conforman un consorcio llamado “Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington” para planificar, financiar, desarrollar y operar la red de transporte de la capital de Estados Unidos. Esto es lo que evita que el presidente de Estados Unidos tenga que ocuparse de los temas del transporte urbano de Washington.   
Concluir con la transferencia de todos los servicios públicos de la región metropolitana es una reforma institucional de alta trascendencia. Por un lado, libera al Ministerio de Transporte de la Nación de tareas de “intendente”. No es una cuestiona menor cuando el desarrollo del país necesita con urgencia construir autovías en las rutas nacionales, modernizar las hidrovías, mejorar la eficiencia de los puertos, revitalizar el transporte ferroviario de carga y desarrollar una densa red de vuelos de bajo costo que una los diferentes destinos del país sin tener que hacer escala en Buenos Aires. Por otro lado, disminuye los riesgos y las tentaciones de que futuros gobiernos hagan demagogia en beneficio de la región metropolitana usando fondos y funcionarios nacionales, como ocurrió en la gestión pasada.   
El Consenso Fiscal corrigió la discriminación que sufría la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de la no actualización del tope en el Fondo del Conurbano. Pero para que esto no derive en una injustica contra el resto del país es fundamental que la Provincia de Buenos Aires y CABA se hagan cargo de los servicios públicos del área metropolitana. 
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Energía soberana o negocio corporativo

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Parafraseando a Bill Clinton, se podría titular “es la energía, estúpido”.
La Historia Económica enseña y los datos duros de la realidad corroboran que el estratégico Sector Energético es un factor clave de la soberanía nacional, o en su defecto, es mero coto de depredación mega corporativo.
Dicho de otra forma, la Energía asumida en su rol estratégico es un poderoso factor de desarrollo socio económico, mientras que librada al arbitrio de los grandes jugadores internacionales y sus socios menores o meros subordinados locales, convierte a la nación en objeto de ordeñe de riquezas que se vuelcan rápidamente al exterior, dejándonos sin los recursos y sin las cuantiosas divisas que su manejo irrestricto les permite depredar a los poderes corporativos usufructuarios del libertinaje del “libre mercado”; más aun cuando esos poderes cuentan con plenos respaldos de funcionarios del riñón de la CEOcracia, que desinhibidamente operan “de los dos lados del mostrador”, con la cobertura de silencios cómplices de las corporaciones mediáticas oligopólicas, que responden a los mismos intereses o directamente son asociados a los mismos; con organismos de control oficial que más parecen entes de coberturas de latrocinios; y con un Poder Judicial “domesticado”, cómplice o temeroso.
La definición de “países de ordeñe”, o “elegantemente” “países ‘milk’ “, fue la que no tuvo más alternativa que expresar, si bien en voz muy baja y casi con vergüenza, un profesor de la Maestría en Gestión de la Energía, buen docente en lo técnico, pero operador neoliberal al fin, que “deschavó” la política de saqueo del petróleo y el gas argentinos, perpetrada en los apátridas años ’90; con la española Repsol como mascarón de proa. Hoy ese modelo se profundizó y se perpetra sin recato alguno, bajo la cobertura mediática y la casi total suma del poder público.
Fue en esos deplorables años ‘90, en los que sin ninguna restricción por parte del Estado Argentino, cooptado por personeros neoliberales (igual que ahora), las empresas extranjeras se dedicaron frenéticamente a vaciar nuestras reservas de gas y petróleo, enviándolas presuras al mercado externo para “hacer Caja”, divisas que con la cómplice permisividad de esos años, no tenían ninguna obligación de traer al país. O sea que nos quedamos sin los hidrocarburos y sin las divisas de las
incontroladas exportaciones. ¡El saqueo perfecto! Mientras construyeron 10 gasoductos al exterior, para vaciar más rápidamente nuestras reservas trabajosamente conseguidas por la petrolera estatal, ni les importó nada abastecer a amplias regiones de nuestro territorio que no contaban con el servicio de gas natural. Hoy existe “libertad” (linda palabreja) para exportar e importar gas, pero poco o nada importa abastecer a los usuarios argentinos…allí “la libertad” es la de no contar con gas natural (o que sea carísimo), o reemplazarlo por cualquier otro combustible, o “libertad” de no consumirlo y pasar frío o no poder cocinar, así de simple.
Con la soberbia muy propia de la oligarquía unitaria, clasista y racista, un joven profesional de apellido germánico invitado a una cátedra, al opinar sobre el Gasoducto del NEA, dijo tajantemente que la traza debía ir directamente a Santa Fe, sin interconectar a las cuatro provincias por entonces excluidas (Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones), rematando con la brutal expresión “total para que necesitan gas natural allá”, como si fuésemos infrahumanos (pudiendo hacerse un paralelismo con el racista calificativo que los nazis aplicaban a los pueblos eslavos); concepto unitario recalcitrante que contesté con vehemencia, poniendo paños fríos el titular de la cátedra. Apostillas del cursado de la Maestría.
Como La Historia enseña, no puede omitirse que en el siglo XIX teníamos una dependencia total del carbón británico, dependencia que luego mutó al petróleo importado provisto básicamente por Shell y Esso entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, cuando machaconamente los medios adocenados repetían que “en Argentina no hay petróleo”, tapando la realidad de algunos yacimientos ya detectados y modestamente explotados en Salta.
Tales eran las presiones desde adentro y afuera del gobierno nacional para impedir la exploración petrolífera del vasto territorio nacional, que la importación de un moderno y poderoso equipo de perforación, de industria y tecnología alemana (o sea no británica), tuvo que ser encubierta como destinado a buscar agua subterránea. Ese equipo, trabajando en cercanías de Comodoro Rivadavia, en 1907 detectó el primer gran yacimiento petrolífero científicamente comprobado.
Desde antes, con lógica y bases geológicas, algunas voces –muy acalladas por el coro “bienpensante”- de varios patriotas suponían la existencia de vastos yacimientos de hidrocarburos. Pero afirmar la existencia de petróleo era “políticamente incorrecto”, pues afectaba intereses británicos y los de la oligarquía vacuna, socia menor y cómplice del viejo imperio.
Descubierto el gran yacimiento de Comodoro Rivadavia, previsoramente el Estado Nacional reservó una gran área cercana al mismo para ser manejada o explotada en beneficio nacional. Pero rápidamente, las presiones del establishment influenciado por las petroleras anglosajonas lograron reducir la vasta área originalmente protegida para el Estado.
Todas las necesidades de combustibles de Argentina estaban bajo manejo de las petroleras británica y norteamericana, incluso afectando severamente toda acción soberana, como lo pudo constatar el patriota General Mosconi, cuando una de esas empresas extranjeras negó suministro para unas maniobras del Ejército Argentino, el cual por entonces incluía a la novel Fuerza Aérea.
Yrigoyen, en 1922, al término de su primer mandato, creó YPF, la primera petrolera estatal del mundo, nombrando al frente de la misma al General Ingeniero Enrique Mosconi y a su principal colaborador, el también General Ingeniero Alonso Baldrich.
Rápidamente YPF pasó a ser la principal petrolera de Argentina, bajando sensiblemente los precios de los combustibles, pues su referencia eran los costos nacionales de producción, mucho menores a los del Medio Oriente, que regían el mercado mundial; además de lo cual se preocupó por abastecer a todo el territorio continental nacional, a diferencia de las anglosajonas, que solo se interesaban por priorizar la rentabilidad, concentrándose en los puntos más rentables de nuestra enorme superficie.
No sorprende entonces que el golpe de Estado de 1930, orquestado tras bambalinas por liberales anglófilos, para lo cual usaron a supuestos “patriotas” uniformados “al estilo Lavalle” (por aquello de ser “la espada sin cabeza”), sea considerado “un golpe con olor a petróleo”, pues además de volver a imponer el liberalismo a ultranza, si bien “matizado” con medidas para favorecer intereses oligárquicos y extranjeros, con la sumisión explícita a Gran Bretaña y la desarticulación de las parciales mejoras y cambios sociales y económicos que pudo implementar el yrigoyenismo; esa toma por asalto del poder tuvo como objetivo principal descabezar la conducción de YPF, erosionar su rol de regulador del mercado de combustibles al haber priorizado su implementación como ente estratégico promotor del desarrollo nacional, y echar por tierra el criterio de fijar precios de combustibles según los costos reales nacionales, tomando como referencia falaz los costos internacionales; maniobra que buscó maximizar abusivamente las utilidades de las dos petroleras extranjeras. Casi un calco de las medidas del accionista de Shell Aranguren, actual Ministro de Energía.
Golpe de Estado que castigó con severas persecusiones a Mosconi, y con la cárcel a Yrigoyen y a Baldrich, entre otros, con procesos prearmados, que en realidad castigaban su patriotismo. Se pueden analizar paralelismos con los “encarcelamientos preventivos” de la actualidad…
En lo referente al servicio eléctrico, que comenzó en Argentina muy parcialmente a fines del siglo XIX, con los esfuerzos de algunos pequeños empresarios argentinos, en plena época del contubernio ultra liberal del medio siglo largo mitrista; pasó prontamente a ser copado por empresas extranjeras, básicamente británicas y alemanas, más alguna suiza.
Hasta bien avanzada la primera mitad del siglo XX, las concesiones a las empresas generadoras eran atribuciones municipales. Tan alevosas y desvergonzadas llegaron a ser las maniobras para otorgar concesiones, y para renovarlas, que los involucrados eran llamados ”concejales chadistas”, por su sumisión explícita a los dictados de la CHADE, una de las principales empresas generadoras, de capitales extranjeros. Algún autor menciona que incluso una céntrica sede partidaria en Buenos Aires, prohijada por el alvearismo (radicalismo oligárquico) fue adquirida mediante una “donación” de esos orígenes.
Tan prolongadas fueron esas influencias impresentables (pero nunca judicialmente condenadas), que comenzando en los albores del pasado siglo, llegaron hasta “el proceso” (1976), en el cual Martínez De Hoz, “atendiendo desde los dos lados del mostrador” instrumentó una “nacionalización” de la CIADE (la Ítalo), pagando mucho más que lo que sus desvencijados y obsoletos equipos de generación valían, y que por caducidad de la concesión, en poco tiempo debían pasar al Estado Nacional. Infame negociado consumado con el beneplácito y complicidad de la Junta de Comandantes y las cúpulas cívico – militares que gobernaban en esos oprobiosos años.
Otra característica constante de los gobiernos liberales que manejaron a Argentina casi sin solución de continuidad, ha sido la de oponerse y poner innumerables e interminables trabas, cuando no alentar maliciosas campañas de desprestigio, para oponerse a la generación hidroeléctrica, de forma tal de mantener la dependencia argentina respecto a la generación termoeléctrica (la que antes quemaba carbón, luego petróleo, y hoy principalmente gas).
El mismo tipo de oposición de parte del establishment, vinculado fuertemente a la generación termoeléctrica (quemando petróleo y gas), soportó desde sus inicios el Sector Nuclear Argentino. Pero cabe destacar positivamente que La Armada, más allá del ultra liberalismo que la caracterizó, tuteló a la actividad nuclear, incluso con varios altos oficiales recibidos de Ingenieros Nucleares, de los cuales el más conocido fue Castro Madero, que llegó a ser presidente de la CNEA y gran impulsor de su desarrollo, si bien ciertos actos represivos instrumentados en su época, aun hoy son muy controversiales.
Desde la década del ’80 del siglo XX, surgieron “como de la nada” pero prohijados por los anglosajones y principalmente por Gran Bretaña, nuevos actores de poder, que contando con generosas financiaciones y fortísimos respaldos publicitarios, operaron desde entonces y con creciente fuerza, apelando a argumentaciones básicamente emotivas y dudosos o nulos argumentos científicos, para desde “la ecología” atacar el desarrollo nacional y oponerse a toda competencia seria a la generación termoeléctrica, o sea montando feroces y falaces campañas contra la generación hidroeléctrica y la nuclear.
En su momento, los gobiernos de Perón, Frondizi, y de Onganía impulsaron fuertemente las energías hidroeléctrica y nuclear. Analizado con rigor histórico, el golpe de Estado de 1966 tuvo características atípicas, que no lo encuadran dentro del habitual ultra liberalismo y antiindustrialismo que caracterizó a los golpes cívico militares de la segunda mitad del siglo XX. Posiblemente mucho de su mérito corresponda al patriota General Guglialmelli.
En cambio, los gobiernos que se asumieron como “de libre mercado”, que exaltaron “la ciudadanía” pero nunca “al pueblo”, siempre fueron funcionales a los intereses petrolíferos – gasíferos, y paralizaron, trabaron, achicaron o postergaron los proyectos hidroeléctricos y nucleares. Particularmente nefastos fueron el menemato y el delarruato, que conformaron los tristemente célebres años ’90, particularmente agresivos en contra de los proyectos y las tecnologías hidro y nuclear. Entre otras aberraciones perpetradas, se destacan el achicamiento presupuestario y el congelamiento total de vacantes en la Comisión Nacional de Energía Atómica; y el desguace rápido y total de Agua y Energía Eléctrica, ente señero que entre otros activos, atesoraba muy valiosos archivos con datos técnicos de casi todos los cursos de agua de nuestro país, los cuales con notable sadismo antinacional se destruyeron o perdieron casi totalmente.
Claramente, los operadores de los años ’90, se reciclaron en su casi totalidad, en una versión recargada, en el actual gobierno neoliberal, como los impresentables “8 exsecretarios de energía”, de negativas gestiones en aquellos años, hoy en puestos importantes avalando los tarifazos, los frenos de obras públicas ya comenzadas, y las políticas “libremercadistas” pro termoeléctricas además de pro eólicas y solares a ultranza; estas últimas con condiciones prebendarias contrarias al Interés Nacional, conformando un verdadero “salvavidas de plomo” que suministrará energía de muy baja calidad (por sus oscilaciones e imprevisibilidades que caracterizan a las “renovables”), y por las tarifas dolarizadas e indexadas, amén de un sinnúmero de otros privilegios que serán solventados por el Estado Nacional y los consumidores.
Los doce años del peronismo kirchnerista muestran logros notables junto con algunas dilaciones complejas de justificar
La exitosa terminación de la gigantesca Central Hidroeléctrica Yacyretá, hoy la principal usina que abastece a Argentina, además de parcialmente a Paraguay, fue un hecho muy destacado, saliendo de años de parálisis e indefiniciones; se suma al fuerte relanzamiento del Plan Nuclear, incrementándose 11 veces su presupuesto, terminándose la muy postergada Atucha II, volviéndose a trabajar en el Proyecto de centrales modulares CAREM, y articulando un ambicioso plan de tres nuevas grandes centrales nucleares, dos con asistencia tecnológica y apoyo financiero de China, y otra con similares condiciones acordadas con Rusia.
Otros logros considerables fueron aumentar 60 % la Potencia Instalada del sistema eléctrico nacional, ampliar considerablemente la Red de Alta Tensión, con 5.500 Km. nuevos construidos más inversiones considerables en Redes de Media Tensión; ampliaciones de las redes de gasoductos y comienzo de la construcción del Gasoducto del NEA; reestatización de YPF que posibilitó aumentar las producciones de hidrocarburos.
En mérito a la brevedad, en artículo separado se analizarán los dos últimos años, de retorno al neoliberalismo en su versión más cruda y recargada.
Para más datos históricos, consultar el libro “El Sector Eléctrico – Análisis Histórico, Situación Actual y Proyecciones a Dos Décadas”, y a su amplia bibliografía. Libro disponible gratuitamente en el blog.

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Reclaman que las tarifas públicas en Misiones no puedan aumentar por encima de los incrementos salariales

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El diputado Hugo Escalada presentó un proyecto de ley para que los ajustes tarifarios de gas, luz, agua y transporte en Misiones vayan en consonancia con los incrementos salariales para evitar que se pierda poder adquisitivo.

La iniciativa contiene a los usuarios particulares, MIPYMES, cooperativas y clubes de barrios.

El diputado de Vanguardia Radical, integrante del interbloque Avancemos, sostiene que “en el caso de los usuarios particulares, los aumentos no pueden exceder el Coeficiente de Variación Salarial; en el de la Pymes y cooperativas, no deben ser superiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) y para los clubes de barrio, debe fijarse una tarifa diferencial consistentes en una reducción del 50%”.

“Desde que asumió Mauricio Macri, tenemos un millón y medio de nuevos pobres y creció la indigencia; la industria y las pymes, se derrumbaron, con caída de ventas y presión impositiva creciente; el aumento de los precios no cesa y tenemos problemas de empleo y mayor precarización”, argumentó Escalada.

El diputado basa su proyecto en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que reza que “los Consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.

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