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Temer remata Brasil en nueva ola de privatizaciones

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El gobierno de Brasil puso a disposición del sector privado un paquete de 57 activos que serán incluidos en el Programa de Asociaciones en Inversiones (PPI, por sus siglas en portugués) para ser vendidos o concesionados.

La medida busca estimular la economía y obtener ganancias para solventar las cuentas públicas. El gobierno informó que espera inversiones privadas de, por lo menos, 44 billones de reales (US$ 14.000 millones) con las concesiones, y la mitad de ese valor deberá llegar en los primeros cinco años.

En la lista de los activos figuran 14 aeropuertos -incluido el de Congonhas, en Sao Paulo, el segundo del país en número de pasajeros-, 11 bloques de líneas de transmisión eléctricas, 15 terminales portuarios, autopistas y empresas públicas, como la Casa de Moneda, Compañías Portuarias de Espírito Santo, Casemg y CeasaMinas.

También en el sector aéreo, el gobierno pretende vender la participación accionarial del 49 % de la Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero) en los aeropuertos de Guarulhos (Sao Paulo), Confins (Belo Horizonte), Brasilia y Galeao (Río de Janeiro).

En este caso, el dinero deberá quedarse en la empresa estatal en compensación por la entrega de Congonhas, el aeropuerto más rentable de la red. La expectativa es recaudar cerca de 6 billones de reales (US$ 1.900 millones), como mínimo, con la concesión de Congonhas el próximo año.

La estrategia de privatizaciones y concesiones es uno de los pilares de la agenda del Presidente Michel Temer, en el poder desde el año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff, pues al poco de asumir definitivamente el cargo anunció la apertura al capital nacional y extranjero de una treintena de activos con los que reducir el tamaño del estado brasileño.

La lista para la concesión de los aeropuertos incluye a los de Vitória, Macaé, Campina Grande, Maceió, Joao Pessoa, Aracaju, Recife, Juazeiro del Norte, Várzea Grande, Rondonópolis, Alta Floresta, Sinop y Barra de Garça. La idea es concesionar esos aeropuertos de aquí al tercer trimestre de 2018.

Generación de empleo

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Moreira Franco, destacó que el objetivo del gobierno con las concesiones y privatizaciones es generar empleo y renta, y que “también es garantizar la calidad del servicio prestado”, no solo la recaudación.

Otra novedad de la cartera de proyectos es la licitación de 11 lotes de líneas de transmisión de energía eléctrica en nueve estados (Bahía, Ceará, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande del Norte, Minas Gerais y Tocantins), una inversión estimada en 10 billones de reales (US$ 3.200 millones) en cinco años.

También se decidió relicitar la autopista BR-153, en el tramo entre Goiás y Tocantins, que estaba en manos del Grupo Galvao, de Galvao Engenharia. Además, se va a conceder la BR-364, en el trecho entre Mato Grosso y Rondonia. Las inversiones en las dos carreteras están proyectadas en 12 millones de reales (US$ 3.800 millones), beneficiando sobre todo al sector agrícola.

Además, serán licitados 15 terminales portuarios de Belém, Vila del Conde, Paranaguá y Vitória. El gobierno también definió nuevos parámetros para la Lotex (lotería conocida como “Raspadinha”), de la Caja Económica Federal. El banco se quedará fuera del negocio y se hará una concesión por un plazo de 30 años. La estimación es obtener 1 billón de reales (US$ 320 millones) con la venta.

El anuncio fue realizado por el secretario general de la presidencia, Wellington Moreira Franco, durante una conferencia de prensa en Brasilia, luego de que el gobierno anunciara el lunes la privatización de la gigante Eletrobras, la mayor empresa de energía de Latinoamérica.

“Existe la intención de llevar adelante el plan sugerido por el Ministerio de Economía sobre la Casa de Moneda, en virtud del aumento de las pérdidas de este órgano por función del avance de la tecnología, debido a que cada vez menos se usa el papel moneda y la moneda en sí”, explicó Moreira Franco.

La mayor parte de los procesos de privatización y concesiones deberá ser realizada en el último semestre de 2018, en los últImos meses del gobierno de Michel Temer, que terminará el 31 de diciembre del próximo año. El plan forma parte del Programa de Sociedad de Inversión (PPI) que administra Moreira Franco, y pretende inyectar en la economía aportes por unos 17.000 millones de dólares.

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Temer privatizará Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de la región

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El gobierno del presidente Michel Temer espera recaudar unos 20 mil millones de reales (unos 6.300 millones de dólares) con la apertura de capital de Eletrobras.

El modelo que será adoptado para la privatización del gigante eléctrico es similar al utilizado en la década del noventa para la venta de la constructora de aviones Embraer y la minera Vale.

El gobierno de Temer aumentó de 44.000 a 52.000 millones de dólares la meta de déficit fiscal de este año y de 2018, con el riesgo de que varios organismos oficiales pudieran dejar de operar debido a la falta de recursos. La baja de la recaudación fiscal de este año llevó al gobierno a revisar la meta y aumentar los combustibles.

La propuesta partió formalmente del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, aunque su difusión dejó en claro que el plan debe ser aprobado aún por el presidente Michel Temer.

En un comunicado difundido ayer, el ministerio dijo que informó a la empresa Eletrobras del plan, que a su vez será enviado al consejo para la venta de activos estatales que funciona en la órbita de la Presidencia. Si bien tanto el modelo de privatización como los términos aún no se han decidido, el gobierno brasileño mantendrá el derecho de vetar algunas decisiones estratégicas, agregó el comunicado.

Dado que Eletrobras cotiza en San Pablo, Nueva York y Madrid y cuenta con un número significativo de accionistas no gubernamentales, el plan “exige un análisis cuidadoso”, precisó la cartera de Minas y Energía.

 

La compañía también se ocupó de informar a la bolsa esta medida, aclarando que por ser una sociedad mixta debe contar con autorizaciones legales y regulatorias previas como paso previo a la instrumentación.

Al vender el control a inversionistas privados, la empresa de servicios públicos atraerá capital con mayor facilidad y podrá invertir sin los “límites a que las empresas estatales a menudo se enfrentan”, agregó.

Eletrobras, que tiene un valor de mercado cercano a los 30.000 millones de reales (u$s 9500 millones) y en la que el gobierno posee más de un 80%, lleva años luchando contra fuertes deudas, dificultades operativas y una capacidad insuficiente para invertir.

La empresa eléctrica, que tiene su sede en Río de Janeiro, es una de las compañías controladas por el Estado que se ha visto involucrada en hechos de corrupción, al igual que la estatal Petrobras.

La empresa Centrais Elétricas Brasileiras (el nombre formal de Eletrobras) es dueña, opera y mantiene activos de generación, transmisión y distribución de electricidad en todo Brasil. También actúa como agente del Poder Ejecutivo para administrar e invertir fondos públicos ligados al sector energético.

Los papeles de Centrais Eletricas Brasileiras (Eletrobras) treparon 49,30 por ciento, a 21,20 dólares por acción, y lideraron los avances dentro del Ibovespa, el principal indicador de la bolsa paulista, luego que el gobierno brasileño confirmara que planea privatizar el holding eléctrico.

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La reforma laboral de Brasil aumenta la brecha competitiva con Argentina

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La reforma laboral recientemente aprobada en Brasil aumenta el desafío de competitividad en Argentina. El país acumula un rezago competitivo con nuestro vecino producto en gran medida de la diferencia existente en términos de costos laborales, tanto aquellos vinculados al salario como otros que no (ausentismo, vacaciones). Este diferencial se  ampliaría con la nueva reforma, principalmente en sectores transables y mano de obra intensivos, según un informe de la consultora ABECEB.

 

Por ejemplo, el costo de indemnización en nuestro país es 2,5 veces más caro que el de nuestro socio. Este costo en promedio equivale a 23,1 semanas de salarios en nuestro país, mientras que en Brasil totaliza 8,9 semanas, de acuerdo a los datos relevados por el Doing Business del Banco Mundial.

 

En lo que hace a la flexibilidad en la determinación del salario, es decir el margen de maniobra de negociación entre las partes, Argentina es menos competitiva que Brasil. De acuerdo al Reporte de Competitividad 2016-2017 del Foro Económico Mundial (WEF), Argentina se ubica en el puesto 133 de un ranking que finaliza en el 138 y Brasil, en el 119.

 

Si se analiza algunos sectores de gran intercambio entre los dos socios, el diferencial de costos asciende al 25% en el de maquinaria agrícola, del 35% en el sector automotriz y llega hasta el 50% en el calzado.

 

A su vez, la reforma laboral se suma a una serie de cambios estructurales en curso con alto impacto en las perspectivas de crecimiento del país vecino: congelaron el gasto en términos reales por veinte años, lograron acuerdos con estados endeudados e instrumentaron desregulaciones y privatizaciones en sectores claves (Oil&gas, Minería, Telecom e Infraestructura), entre otras definiciones. A este escenario podemos sumar las iniciativas de reformas previsional e impositiva que ya se encuentran en la agenda parlamentaria.

 

En el marco de la apertura gradual de la economía argentina, esta creciente brecha de competitividad con Brasil es una señal de alarma, especialmente para la industria y los servicios que deberán competir por inversiones frente a un vecino más grande y barato.

 

“Argentina ya parte con desventaja debido al diferencial de tamaño entre las dos economías y el mayor margen de crecimiento del mercado doméstico brasileño. Un mayor diferencial de costos del actual, podría ser claramente perjudicial para nuestro país” afirmó Dante Sica, director de ABECEB.

 

“A pesar de una fuerte crisis política que no encuentra se cauce, Brasil ha logrado avanzar en importantes reformas y amplió la brecha de competitividad con nuestro país lo que le permitirá exhibir una mejor rentabilidad y ocupar el escenario central en el radar de los inversores. Argentina deberá mostrar una determinación similar y lograr la aprobación de una batería de medidas que permita dar señales de sustentabilidad fiscal, fundamentalmente, mejorar su competitividad para atraer inversiones productivas, que son las que generan empleo”, subrayó.

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La Amazonía está de remate

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Por RÍO DE JANEIRO, New York Times – Los grupos de presión ruralista de Brasil ya no necesitan presionar tanto al gobierno. En buena medida, han conseguido lo que tanto han buscado: ocupar importantes cargos de poder en Brasilia. En 2014, los brasileños eligieron no solo el congreso más conservador del país desde el fin de la dictadura, sino también el más dominado por el frente parlamentario agropecuario –suma 230 de los 513 diputados–, la más eficiente de las agremiaciones legislativas.

Tras apoyar el proceso de destitución de Dilma Rousseff y con Michel Temer como presidente, ese sector conservador dominó por completo el gobierno. Desde entonces, hemos asistido a una ofensiva contra las conquistas sociales –y ahora ambientales– de la última década.  El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, ganador en 2005 del premio Motosierra de Oro –entregado por Greenpeace en protesta contra la destrucción medioambiental–, es considerado el mayor productor individual de soja del mundo. Y el de Medioambiente, Sarney Filho, quien debería ser su contrapeso en el gobierno, ha dicho recientemente, sin el menor pudor, que “solo Dios” –no las políticas públicas– puede frenar la deforestación de la Amazonía.

Temer, quien ha sido evaluado como malo o pésimo por el 69 por ciento de los brasileños en encuestas recientes, ya enfrentaba dificultades para negociar apoyo parlamentario para sus reformas laboral y de pensiones, demasiado impopulares para ser aprobadas a solo un año del inicio de la campaña presidencial de 2018. Ahora, a causa del agravamiento de la crisis política y arrinconado por denuncias de corrupción, el presidente paga cada vez más caro el apoyo para sustentarse. Y parte del precio ha sido rematar la selva amazónica a los parlamentarios ruralistas que dominan el congreso.

En diciembre, el gobierno de Temer firmó una medida provisoria (una suerte de decreto presidencial que debe ser ratificado por el congreso) transformando 305.000 hectáreas de la Floresta Nacional de Jamanxim, en Pará, en un Área de Protección Ambiental, o APA. Aunque el nombre suene promisorio, la medida esconde un retroceso. La calificación de floresta nacional es una de las más altas categorías de preservación en Brasil y la ocupación de tierras de la floresta está prohibida. El Área de Protección Ambiental tiene, en cambio, un nivel de protección mucho menor, porque permite la explotación comercial de las tierras. En otras palabras, la medida podría permitir legalizar sus actividades a quienes hoy ocupan y explotan ilegalmente esa región amazónica.

El proyecto, que ya era malo, pasó por el análisis de diputados y senadores y terminó por ser tan distorsionado y perjudicial como lo es el actual congreso. Además de aumentar el área que pasaría de floresta nacional a área de preservación de 305.000 a 600.000 hectáreas, los legisladores aprovecharon para incluir una enmienda completamente ajena al proyecto original, reduciendo también 10.000 hectáreas del Parque Nacional de São Joaquim, en Santa Catarina; está tan lejos del Jamanxim como España de Bielorrusia. O sea: para avanzar con su desarrollo a cualquier costo, los diputados muestran que quieren hacer en otras regiones lo que están haciendo con Jamanxim.

Recientemente, en respuesta a un pedido de Gisele Bündchen, la  modelo más famosa de Brasil, Temer anunció por Twitter que había anulado las medidas. En ese mismo mensaje, arrobó a la cuenta de WWF, como si diera buenas noticias para el medioambiente. El presidente parece haberse olvidado que el proyecto original lo envió él. Mejor sería no haberlo hecho nunca. Porque con el proyecto envió también el mensaje de que está dispuesto a ceder ante los grupos de presión y a absolver a quienes invaden y deforestan la selva. Además, Temer ya había negociado con la bancada ruralista que el contenido vetado será presentado otra vez. El único cambio es que la paternidad de este retroceso en el campo de la protección ambiental pasó del poder ejecutivo al legislativo.

El 68 por ciento de toda la actividad ilegal en las áreas protegidas de la Amazonía ya se concentra en el Jamanxim. Un reportaje de Folha de S. Paulo denunció que el mayor beneficiado con la medida de Temer sería Ubiraci Soares da Silva, alcalde de Novo Progresso, quien ha sido sancionado con 571.000 dólares en multas por crímenes ambientales.

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Una chimenea echa humo de madera usada como carbón en una sección de la Amazonía brasileña recientemente deforestada, en Arquímedes, en el estado de Rodonia, el 26 de junio CreditMario Tama/Getty Images

Con la disminución del grado de protección en Jamanxin, el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM, por su sigla en portugués) prevé una deforestación de 280.000 hectáreas, que causarían la emisión de 140 millones de toneladas de carbono hasta 2030. De acuerdo con Ciro Campos, vocero del instituto Socioambiental (ISA), hay que tomar en cuenta que la deforestación del medioambiente funciona como una bolsa de valores: los criminales invaden las tierras si ven en el futuro una oportunidad de legalizarlas. Con este congreso, las oportunidades son más reales que nunca.

Por ejemplo: a mediados de junio, el congreso aprobó nuevas normasque también debilitan las exigencias ambientales al permitir la regularización de tierras ocupadas de manera irregular –incluso en áreas protegidas de la Amazonía, donde ahora habitan voraces latifundistas–. Y medidas peores que esa se avecinan. Con la excusa de destrabar el desarrollo económico, la bancada ruralista presentó un proyecto para acabar con la obligatoriedad de obtener licencias ambientales para obras como el asfaltado de carreteras y la agricultura extensiva.

Si a Dilma Rousseff no le importaba el medioambiente, el gobierno que la remplazó menos aún. De hecho, acelera la marcha en reversa. En el último año, la deforestación de la Amazonía avanzó el 30  por ciento. El asunto había tenido poca repercusión hasta que Temer y sus ministros viajaron en visita oficial a Noruega. Allá, hicieron pasar vergüenza al país. Ante este retroceso, Noruega anunció un recorte del 50 por ciento de sus aportes al Fondo Amazonia, de quien era el mayor financiador.

Cuando fue denunciado por corrupción por la procuraduría general, Temer dijo: “Nada nos destruirá ni a mí ni a nuestros ministros”. Para sostener un gobierno que carece de solvencia y que quizá no dure mucho, ha puesto en riesgo la supervivencia de la floresta y, como resultado, la de todos nosotros. La solución inmediata sería la caída de todo ese gobierno, sin legitimidad popular ni condiciones éticas para seguir. Pero mientras siga ahí, la comunidad internacional debe poner presión directa sobre él para que no se siga debilitando la protección de la Amazonía.

Cuando Temer anunció su veto, se dirigió a Gisele Bündchen, quien vive en Estados Unidos. De modo semejante, el aumento de la deforestación solo ha recibido la debida atención de la prensa después de la sanción de Noruega. Puede ser fastidioso para un extranjero acompañar los asuntos de Brasil después de dos años de ininterrumpida crisis política, pero ahora el tema es de todos. Mientras el mundo debate cuál será el impacto ambiental del anuncio de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, en Brasil, sin mucho alboroto, el pulmón vegetal del mundo ha sido puesto en remate.

 
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El déficit con Brasil vuelve a registrar un récord en junio

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Luego de un repunte en las exportaciones argentinas a Brasil durante mayo (+26,1% i.a.), las ventas al país vecino se desaceleraron al 7,5% i.a. al cierre del primer semestre. Cabe destacar que teniendo en cuenta los días hábiles que hubo durante el mes de junio, la exportación a Brasil fue ligeramente mejor, apuntando un crecimiento de +12,7% i.a.

 

Los productos que traccionaron el aumento en las ventas a Brasil fueron nuevamente aquellos relacionados al sector automotriz por un lado y productos agrícolas por otro. En el caso del sector automotriz, fueron los mismos tres productos que llevaron adelante el crecimiento de mayo, los vehículos de carga (incluyendo pick-ups), ómnibus y autopartes.Los agrícolas que apuntalaron el crecimiento fueron las ventas de queso, aceite de girasol, leche, crema de leche y pescado congelado. 

 

Con estas cifras para el mes de junio, el primer semestre de 2017 consolidó un crecimiento de 8,8% con respecto al mismo periodo de 2016. Esta tendencia positiva viene luego de tres años de retrocesos en las exportaciones a Brasil.Sin embargo, el aumento en las ventas no recupera ni la mitad del terreno que se perdió durante el primer semestre de 2016 (-23,9% i.a.). Este panorama de lenta recuperación es esperable en un contexto de repunte demorado en la economía brasileña.

 

Por otro lado, las importaciones desde Brasil siguen creciendo, impulsadas por la recuperación de la actividad. Así, las compras argentinas a Brasil alcanzaron en junio su mayor valor desde octubre de 2013, llegando en el mes a USD 1.559 millones. Por octavo mes consecutivo las importaciones mostraron un crecimiento, esta vez del orden del 28,9% con respecto a junio del 2016. Así en el acumulado de 2017 el valor importado desde el país vecino llegó a USD 8.306 millones lo que representa un 27,2% más que lo que se importó entre enero y junio del 2016.

 

El aumento de las importaciones desde Brasil, como viene sucediendo a lo largo del 2017, viene explicado por elcrecimiento de las ventas de autos en el mercado argentino, con una patentamiento en junio 40% mayor al mismo mes del año pasado, y el buen desempeño del sector agrícola. Así, los principales aumentos en la importación desde Brasil en junio fueron automóviles de pasajeros, vehículos de carga, tractores y máquinas para uso agrícola. Por otro lado, otro sector que mostró un comportamiento positivo en los primeros meses del año fue la construcción, esto motivó el crecimiento de la importación de máquinas para construcción y productos de hierro y acero.

 

Argentina acumula déficit histórico durante el primer semestre

 

Producto del fuerte incremento en las importaciones, el saldo comercial bilateral continuó empeorando en junio, registrando un déficit de USD -725 M. Este guarismo representa una expansión del 67,4% i.a. del rojo comercial con el país vecino. Así, el primer semestre consolida un déficit comercial de USD -3.710 M, 61,0% por encima del valor registrado en el mismo periodo de 2016.

 

El valor representa un déficit histórico para un primer semestre, por encima del valor más alto registrado en un primer semestre de 2016 (USD -2.575 M). Los motivos que explican estos saldos negativos históricos incluyen la salida del cepo cambiario a fines de 2015, la dinámica diferenciada en la recuperación del crecimiento en Argentina y Brasil y la fuerte demanda de vehículos que se observa en el mercado argentino. Dado que no se espera que se reviertan estas tendencias en el corto plazo, se puede esperar que el déficit comercial continúe profundizándose durante lo que resta del año.

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