Chaco: ERSA y TCM suspendieron choferes de colectivos y advierten por la continuidad del servicio
La crisis del transporte urbano en el área metropolitana del Chaco sumó un nuevo capítulo con fuerte impacto social y laboral. Un total de 90 choferes de colectivos urbanos fueron suspendidos por las empresas ERSA y TCM, entre 40 y 50 trabajadores cada una, según confirmó la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La medida expone la profundidad del deterioro del sistema, presiona sobre la continuidad del servicio y reaviva el conflicto entre empresas, trabajadores y el Estado provincial, en un contexto de caída de pasajeros y atraso en el reconocimiento de costos.
El escenario se agrava porque, en Corrientes, la empresa ERSA ingresó además en el Procedimiento Preventivo de Crisis, lo que amplía el alcance regional del problema y eleva la incertidumbre sobre el empleo y la prestación del servicio interprovincial.
Empresas en crisis: costos atrasados, menos pasajeros y competencia informal
Desde el sector empresario, la Cámara del Transporte Automotor del Chaco anunció una conferencia de prensa para exponer la “grave y sin precedentes situación” que atraviesa el sistema. Entre los factores centrales, señalaron la falta de reconocimiento de costos desde hace más de un año, una caída sostenida de la cantidad de pasajeros y la ausencia de controles sobre transportes alternativos, que compiten con el servicio regular sin cumplir las mismas exigencias regulatorias.
En términos económicos, el atraso en la actualización de costos afecta directamente la capacidad de las empresas para afrontar salarios, mantenimiento de unidades y operación diaria. La combinación de ingresos reales en descenso y costos crecientes derivó, según el empresariado, en decisiones de emergencia como las suspensiones de personal, que buscan reducir gastos en el corto plazo.
Las empresas, entre ellas ERSA, no informaron hasta el momento si las suspensiones alcanzan también a los conductores que prestan servicios interprovinciales entre Chaco y Corrientes, un dato clave para evaluar el impacto regional de la medida.
Reacción sindical y silencio oficial
Desde la UTA, el sindicato rechazó las suspensiones y advirtió que evalúa medidas ante lo que considera una afectación directa a las fuentes de trabajo. El gremio sostiene que la crisis no puede resolverse trasladando el ajuste a los trabajadores y reclama respuestas institucionales que garanticen tanto la continuidad del servicio como el empleo.
Por su parte, la Subsecretaría de Transporte aún no se pronunció oficialmente sobre la situación. Ese silencio institucional suma incertidumbre en un contexto de alta conflictividad, donde confluyen intereses laborales, empresariales y la necesidad pública de sostener un servicio esencial para miles de usuarios del Gran Resistencia
Escenarios posibles
Las suspensiones de 90 choferes representan una señal de alerta sobre la sostenibilidad del transporte urbano en el Chaco. A corto plazo, el conflicto podría derivar en medidas gremiales, con impacto directo en la frecuencia y regularidad del servicio. A mediano plazo, el sector empresario advirtió que podrían registrarse nuevas consecuencias tanto en la continuidad del sistema como en las fuentes de trabajo, si no se corrigen los desfasajes económicos y regulatorios.
La crisis del transporte urbano vuelve así al centro del debate público, con implicancias económicas, sociales e institucionales que exceden a las empresas involucradas y ponen en juego la capacidad del Estado para ordenar, regular y sostener un servicio clave para la movilidad cotidiana en el área metropolitana del Chaco.