La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo este jueves en Caracas una reunión de alto nivel con el director de la CIA, John Ratcliffe, en un hecho calificado como “histórico” por fuentes estadounidenses y que marca el primer contacto formal de un alto representante de Estados Unidos con el gobierno venezolano desde la captura del expresidente Nicolás Maduro. El encuentro, ordenado directamente por el presidente Donald Trump, se produjo en un contexto de reconfiguración política interna, tensiones diplomáticas y un giro explícito en la estrategia económica venezolana, con eje en la industria petrolera.
Según informó una autoridad estadounidense, la reunión se extendió durante dos horas y tuvo como objetivo central “generar confianza y comunicación” tras la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida hace casi dos semanas en una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas. Ambos permanecen detenidos en Nueva York, donde se declararon inocentes de cargos por narcotráfico y otros delitos.
Durante el encuentro, Ratcliffe y Rodríguez abordaron una posible colaboración económica y coincidieron en la premisa de que “Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos”, de acuerdo con la versión oficial difundida el viernes.
Un gesto político en simultáneo con reformas económicas
La reunión coincidió con un momento institucional clave en Caracas. Ese mismo día, Delcy Rodríguez pronunció su primer discurso sobre el estado de la nación desde que asumió la presidencia interina, en el marco de la presentación del Mensaje Anual 2025 ante el Parlamento.
En su alocución, Rodríguez anunció reformas en la industria petrolera destinadas a permitir una mayor inversión extranjera, lo que representa un cambio significativo respecto de las políticas implementadas durante la gestión de Nicolás Maduro. La presidenta interina confirmó que solicitó al Poder Legislativo la reforma de la ley de hidrocarburos, que hasta ahora obligaba a los socios extranjeros a operar junto a la empresa estatal PDVSA, la cual debía conservar una participación mayoritaria.
Según explicó, las modificaciones permitirían invertir en nuevos yacimientos, en un intento por reactivar un sector estratégico para una economía atravesada por una profunda crisis. En paralelo, Rodríguez anunció la creación de dos fondos soberanos: uno destinado a la protección social, con recursos orientados a hospitales, escuelas, alimentos y vivienda; y otro enfocado en infraestructura y desarrollo social, para financiar inversiones en agua, electricidad y carreteras.
En un tono enfático, la presidenta interina afirmó que no teme enfrentar a Estados Unidos “diplomáticamente a través del diálogo político”, y sostuvo que Venezuela debe defender su “dignidad y honor”. “Si fuera necesario viajar a Washington D.C. para reunirme con el presidente Trump, lo haría caminando, no arrastrada”, afirmó.
Petróleo, control estadounidense y expectativas de inversión
El trasfondo económico de la reunión en Caracas está estrechamente vinculado al petróleo venezolano, sector sobre el cual Trump expresó un interés directo. El presidente estadounidense declaró que las compañías petroleras de su país invertirán en Venezuela y que esas operaciones generarán beneficios tanto para el pueblo venezolano como para Estados Unidos.
No obstante, un alto funcionario estadounidense aclaró que Estados Unidos controlará “indefinidamente” las ventas de petróleo venezolano sancionado, lo que introduce un esquema de supervisión directa sobre los flujos de exportación. Trump, además, pidió públicamente que las compañías petroleras inviertan al menos US$100.000 millones en Venezuela, aunque un ejecutivo del sector afirmó la semana pasada que el país actualmente no es “apto para la inversión”.
Durante una reunión en la Casa Blanca, directivos de las principales empresas petroleras estadounidenses reconocieron que Venezuela constituye una oportunidad atractiva, dado que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero advirtieron que se requieren cambios significativos para convertirla en un destino viable para el capital internacional.
Trump fue explícito al señalar que su administración decidirá qué empresas podrán operar en el país sudamericano. “Tratarán directamente con nosotros. No tendrán que tratar con Venezuela en absoluto. No queremos que traten con Venezuela”, afirmó, y añadió que uno de los beneficios para Estados Unidos será una reducción adicional en los precios de la energía.
Un giro político bajo presión interna y externa
Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, juró como presidenta encargada el 5 de enero, apenas dos días después de la detención del entonces mandatario. En su discurso ante el Parlamento, reconoció que fue “muy difícil” presentar el mensaje anual originalmente preparado por Maduro y que ambos trabajaron en el texto hasta seis horas antes de su captura, el 3 de enero.
La mandataria interina aseguró que “toda Venezuela está amenazada” y llamó a la unidad nacional para librar lo que definió como una “batalla diplomática”. Al mismo tiempo, remarcó que Estados Unidos es una potencia nuclear, contextualizando la necesidad de encarar el vínculo bilateral desde una estrategia de diálogo político.
El funcionario estadounidense que informó sobre el encuentro calificó la reunión entre Ratcliffe y Rodríguez como “histórica”, destacando que se trata del primer representante de nivel ministerial que visita Venezuela desde la captura de Maduro.
El encuentro en Caracas se produjo, además, en paralelo a la reunión en Washington entre Trump y la líder opositora María Corina Machado, quien le entregó al presidente estadounidense su medalla del Premio Nobel de la Paz, en una señal política que refuerza el complejo entramado de actores y negociaciones en curso.
Escenario abierto y señales cruzadas
Venezuela atraviesa una crisis económica profunda, marcada por un fuerte aumento de los precios de los alimentos y una pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese contexto, el giro discursivo y normativo de Delcy Rodríguez, junto con el contacto directo con la CIA y la Casa Blanca, introduce un nuevo escenario institucional, aún cargado de incertidumbre.
Mientras Estados Unidos avanza en un esquema de control directo sobre la operatoria petrolera, Caracas busca reabrir canales de inversión extranjera y reconstruir vínculos diplomáticos sin resignar, según la narrativa oficial, soberanía ni dignidad nacional. El resultado de esta ecuación definirá no solo el futuro del sector energético, sino también la arquitectura política y económica de Venezuela en la etapa posterior a Maduro.
