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Venezuela anunció que abandonará la OEA

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La canciller, Delcy Rodríguez, anunció este 26/04 que el régimen de Maduro comenzará el proceso para abandonar la Organización de Estados Americanos.

Tras la convocatoria a una reunión de cancilleres para analizar la situación de Venezuela, la canciller, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 26/04 que el régimen de Nicolás Maduro comenzará el proceso debido para abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El día de mañana (jueves) presentaremos la carta de denuncia a la OEA e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses”, anunció Rodríguez, en una declaración desde Caracas transmitida por la televisión oficial. “Lo habíamos denunciado y nuestro embajador Samuel Moncada lo recordó en la sesión de la OEA”, señaló la diplomática, al mismo tiempo que aseguró que su país “está librando una batalla por su paz y soberanía”. “Estos países buscan perturbar la paz y la estabilidad del país”, denunció.

Rodríguez tildó de “vergonzosa” la decisión de la OEA y comparó esta situación con la vivida por el régimen cubano en 1962, cuando fue expulsado del organismo. Sanción que fue levantada en 2009. Asimismo, la canciller venezolana apuntó contra los gobiernos de Argentina y México, dos de los países que más hincapié hicieron en la crítica situación que atraviesa el país caribeño.

La OEA aprobó este miércoles la convocatoria de una reunión de cancilleres para abordar la crisis política de Venezuela con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia. Votaron a favor: Guyana, Bahamas, Santa Lucía, Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los 10 países que votaron en contra fueron: Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Nicaragua, Saint Kitt y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Suriname. Se abstuvieron Belice, El Salvador, República Dominicana y Trinidad y Tobago, mientras que hubo una ausencia, la de Granada. Para llevar a cabo el abandono de la OEA, esto recién se podrá hacer efectivo en dos años. Previo a ello, el gobierno venezolano deberá pagar una deuda con el organismo de US$8,7 millones.

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Ola de violencia y saqueos deja otros 12 muertos en Venezuela

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La Fiscalía General de Venezuela confirmó que doce personas murieron y otras seis resultaron heridas en una ola de violencia con saqueos que azotó Caracas la noche del jueves, en medio de las protestas opositoras contra el Gobierno. Ya suman 21 las víctimas fatales en dos semanas de protestas en el país caribeño.

Los hechos de violencia tuvieron lugar entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes especialmente en la zona popular El Valle, en el suroeste de Caracas, donde murieron 11 personas.

La Fiscalía informó sobre la muerte de otro hombre en la zona popular de Petare, en el este de Caracas, lo cual también fue confirmado por el alcalde municipal Carlos Ocariz al reportar incidentes violentos en su jurisdicción.

Las víctimas de El Valle sufrieron impactos de armas de fuego o murieron electrocutadas por los sistemas de seguridad de comercios saqueados. Entre los muertos figura un muchacho de 17 años.

La investigación de las muertes en El Valle fue encomendada al coordinador de la dirección de Delitos contra las personas, Favio Faoro, y dos fiscales del área metropolitana.

La Fiscalía dijo que otro equipo de fiscales investigará los saqueos a comercios ubicados en El Valle y otras zonas, tales como El Paraíso, cercana a la anterior, y Montalbán. Estas zonas fueron sacudidas por la ola de violencia, que estalló el jueves después de que una manifestación opositora fuera reprimida por las fuerzas del orden con gases lacrimógenos y perdigones.

La oposición dijo que la violencia en El Valle fue provocada por grupos paramilitares supuestamente afines al Gobierno que enfrentaron los focos de protestas. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, acusó a bandas “contratadas” por la oposición de lo ocurrido en el hospital Materno Infantil Hugo Chávez de El Valle, de donde fueron evacuados 54 niños.

El diputado opositor José Guerra, elegido por esa zona de Caracas, atribuyó el incidente a los gases tóxicos utilizados por la fuerza pública contra las manifestaciones cercanas al centro médico.

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Argentina está tercera en el ranking mundial de inflación

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Por Liliana Franco, Ambito Financiero. De acuerdo con el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO en inglés) dado a conocer este martes en Washington, Argentina este año crecerá 2,2% y la inflación se ubicará en 25,6%.

Cabe recordar que para el Banco Central el techo de la inflación para el año en curso se ubica en el 17%. El Fondo explica que la diferencia no es tanta ya que “el comparador relevante con la previsión de inflación del BCRA es nuestra estimación de fin de año, que pronosticamos que será del 21,6% a fines de 2017. Las estimaciones del BCRA también son para fin de año”, explicó Raphael Anspach, vocero del FMI a este medio.

Aunque en la conferencia de prensa brindada ayer por la mañana en la sede del Fondo Monetario Internacional en Washington, Ámbito Financiero preguntó:

¿EL Banco Central estimo 12-17% en tanto el Fondo proyecto una inflación para este año de 25,6%? ¿Cómo explica esta diferencia?

Oya Celasun, jefa de Estudios Económicos Globales del FMI: “Nuestro pronóstico de inflación para Argentina está entre 25 a 26%, solo un punto de diferencia con relación a nuestras anterior estimación de octubre (2016) de 23,2%, así que no es una estimación muy nueva. Respecto a la causas las razones por las cuales es más alta que el objetivo es cuán persistente es el proceso de inflación, la persistencia en la formación de salarios y solo una reducción gradual en la inercia (inflacionaria) y también la incidencia de la tarifas en los precios”.

A nivel local este diagnóstico es refrendado por la mayoría de los economistas privados y explica que las proyecciones de inflación para este año ya superen el 20% no habiéndose culminado aún los ajustes por paritarias ni el aumento de tarifas como es el caso del agua.

Que el FMI advierta sobre la dificultad de cumplir con el objetivo habida cuenta el buen vínculo que hoy mantiene Argentina con el organismo no deja de ser una mala noticia para el gobierno que tiene como meta fundamental el bajar la inflación.

Seguramente este tema será uno de los motivos de conversación que mantendrá los ministros de Hacienda, Nicolás Dujvone y de Finanzas, Luis Caputo.

• Récord

La inflación en Argentina es la más alta de la región después de Venezuela (el Fondo estima la inflación venezolana del año en 720% y la proyecta en 2,068% para 2018) y una de las más altas del mundo. Tanto es así que el Fondo excluye expresamente a Argentina y Venezuela cuando calcula que los mercados emergentes y en desarrollo tendrían en 2017 una inflación de 4,7%, por encima del 4,4% del año pasado, en gran medida como consecuencia del encarecimiento de las materias primas.

En el mundo solo hay 12 países de un total de 188 que tiene una inflación de dos dígitos. Argentina ocupa el tercer lugar después de Angola (con 27%) y si estimamos que la suba de precios se ubique en 21,6 bajaríamos en el ranking al 5to. lugar detrás de Sudan (23,9%) y Egipto (22%) (ver cuadro). Donde ocupamos el segundo lugar es en la región detrás de Venezuela (ver cuadro).

Respecto al crecimiento tampoco son buenas las noticias ya que el organismo estima que en el 2017 el PBI llegaría a 2,2% tras contraerse el año pasado, “la actividad tiene visos de expandirse…gracias al aumento del consumo y la inversión pública, y en 2,3% en 2018 a medida que vayan recuperándose la inversión privada y las exportaciones”.

El tanto las discrepancias con las proyecciones oficiales continúan al indicar que el crecimiento llegaría a 2,2% en el año en curso a distancia del 3,5% previsto por las autoridades nacionales. El informe señala que tras contraerse el año pasado, “la actividad tiene visos de expandirse…gracias al aumento del consumo y la inversión pública, y en 2,3% en 2018 a medida que vayan recuperándose la inversión privada y las exportaciones”.

De esta manera, el FMI redujo por segunda vez consecutiva las previsiones de crecimiento para la Argentina: en octubre estimaba un aumento de 2,7% para el año en curso, en enero la previsión disminuyó a 2,4% y ahora volvió a recortarla en medio punto respecto de fines del año pasado, al prever un crecimiento de 2,2% para 2017.

Para el Fondo la Argentina seguiría siendo deficitaria en sus relaciones con el exterior ya que el saldo de la cuenta corriente, medida en términos del producto bruto interno, sería negativa en 2,9% en 2017 y en 3,4% en 2018. En cambio, y de la mano de la recuperación económica, el FMI espera una caída sostenida de la tasa de desempleo que bajaría de 8,5% para el año pasado a 7,4% en el presente y a 7,3% en 2018.

• Oportunidad

Entre los elementos positivos para el país, el informe señala a la Argentina como un reservorio de energías no convencionales. Al respecto apunta que se han identificado depósitos de petróleo de esquisto en varios otros países (por ejemplo, en Argentina, Australia, Canadá, China, México y Rusia). 

El vecindario no resulta el más propicio para la economía argentina. El Fondo espera que América del Sur crezca sólo 0,6% en el año en curso, y 1,8% en 2018. Brasil, el principal socio comercial de la Argentina, experimentaría, de cumplirse la proyección del FMI, un crecimiento mínimo de 0,2% en 2017 (tras haber sufrido una de las peores recesiones de su historia, con una caída de 3,6% en 2016) y tendría una modesta recuperación de 1,7% en 2018.

Otro de los países importantes para la Argentina, por su participación en la demanda de materias primas, es China. En este caso, el Fondo mejoró marginalmente a favor las proyecciones de crecimiento para el gigante asiático. Si bien continuaría desacelerándose la expansión de la economía china, las tasas siguen siendo respetables, a razón de 6,6% para 2017 y 6,2% para 2018. En todo caso, la Argentina tendría que mirar con mayor atención a otro de los grandes países emergentes: la India que ha pasado a ser una de las economías más dinámicas del mundo con crecimientos esperados de 7,2% para 2017 y 7,7% para 2018.

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Dos muertos en las manifestaciones en Venezuela

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Una estudiante identificada como Paola Ramírez, de 24 años, murió baleada en San Cristóbal, capital del estado andino Táchira. Se suma al estudiante de 17 años que murió por un disparo de bala ejecutado por desconocidos cuando participaba de una marcha contra el gobierno de Maduro en Caracas.

La de este miércoles es la continuación de manifestaciones contra el gobierno que desde el 4 de abril dejaron seis muertos y cientos de heridos y detenidos.

La concentración opositora desde la plaza Altamira, en el este, se movilizó con varios dirigentes al frente por la autopista Francisco Fajardo, con el objetivo de llegar a la Defensoría del Pueblo, pero encontró un cordón de policía que comenzó rápidamente a arrojarles gases.

Las autoridades advirtieron que la oposición no tenía permiso para cruzar hacia el municipio Libertador, donde está la sede de la Defensoría, y que solo podía concentrarse en el este de la ciudad, donde las alcaldías están en poder de la oposición.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) disolvieron la concentración opositora en la zona del Paraíso cuando intentaban marchar hacia el centro, lo que originó el enfrentamiento con algunos manifestantes que respondieron lanzando piedras a los agentes, según constató EFE.

Varios medios locales informaron que un joven de 17 años, de nombre Carlos José Moreno, murió por disparos de bala luego de ser atendido en el Hospital de Clínicas Caracas, centro privado de salud cercano a la zona del suceso, aunque no se confirmó quién fue el autor de los disparos.

Una de las marchas que partió desde el oeste por la autopista fue detenida por la policía, que igualmente disparó gases lacrimógenos para evitar que se uniera con las concentraciones que venían del este.

La masiva movilización principal en la autopista se vio contenida por la valla de seguridad y el humo de los gases.

La oposición planeaba llegar a la Defensoría del Pueblo, para exigirle que abra un procedimiento contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que firmaron dos sentencias que despojaron a la Asamblea Nacional (Congreso) de sus atribuciones, y aunque las sentencias fueron retiradas, la oposición insiste en acusar a los jueces de dar un golpe de Estado al poder Legislativo y a favor de Maduro.

Mientras, en varios puntos del oeste y centro de Caracas se reunieron miles de partidarios del gobierno para expresarle apoyo a Maduro, quien cumple el cuarto año de su mandato de seis.

Trabajadores, organizaciones de mujeres, jóvenes y adultos mayores del país comenzaron a concentrarse en diversos puntos de Caracas para marchar hacia la avenida Bolívar, donde se realizará una concentración en apoyo a la Revolución Bolivariana y en defensa de la soberanía en el 207 aniversario de la independencia de Venezuela.

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Cuando las instituciones se prenden fuego

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La crisis política-institucional en América del Sur inició un nuevo capítulo la semana pasada cuando estallaron masivas y virulentas protestas sociales en Paraguay y Venezuela. Una vez más los principales medios de comunicación del mundo occidental pusieron en duda la calidad democrática de nuestros países, remarcaron la falta de transparencia de las acciones gubernamentales y evidenciaron la vulnerabilidad institucional de nuestras repúblicas. Sin embargo, esta nueva oleada de crisis demostró algo más, la fragilidad institucional, los valores anti-democráticos y el abuso de poder no son exclusivos de los Estados suramericanos, también se convirtieron en faltas de los organismos de integración y seguridad regional.
El accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del MERCOSUR como respuesta a los sucesos ocurridos en Venezuela y Paraguay, como organismos regionales que salvaguardan el orden democrático de sus países miembros, dejó en claro que violentar algún poder del Estado no siempre es una ofensa digna de sanción o repudio.
Recordemos que tanto la OEA como el MERCOSUR prevén sanciones importantes para los países miembros que no caminen por la senda del respeto a la Democracia o sus instituciones.
Repasemos brevemente cada caso. El día 30 de marzo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dicta una sentencia donde anuncia que asumirá todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo de Venezuela), cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de desacato a sentencias anteriores del propio tribunal. El TSJ dictaminó el desacato porque la Asamblea incorporó, en agosto del 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones legislativas del 2015.
Las respuestas hacia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y hacia el gobierno de Nicolás Maduro no se hicieron esperar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó el suceso de “auto golpe” y convocó de forma urgente a una sesión del Consejo Permanente para examinar la situación de la República Bolivariana de Venezuela. En esta reunión el Consejo dictó una resolución donde reconoce la existencia de “alteración institucional del orden democrático” en Venezuela. Además, instó al gobierno a garantizar la separación de poderes, restaurar la autoridad del Parlamento y apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático, dejando abierta la posibilidad de convocar a una reunión de ministros para analizar sanciones contra aquel país. En este punto se debe remarcar que el Consejo Permanente violó el procedimiento que prevé la Carta Democrática para determinar una “alteración grave al orden constitucional”, dado que explícitamente este documento requiere la firma de 18 Estados miembros, y esta resolución solo logró juntar 14 firmas.
Esto es importante a los efectos de la legitimidad de la resolución, únicamente con esa mayoría de 18 países se puede entender que la resolución emana del Consejo Permanente, y no de un grupo selecto de países.
Con la misma celeridad y urgencia que la OEA, los miembros del MERCOSUR convocaron a una Cumbre extraordinaria de Cancilleres para analizar la posibilidad de aplicar la “cláusula democrática” a Venezuela, que podría significar la suspensión de este país en dicho organismo. El día sábado 1 de abril los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay instaron al gobierno de Venezuela a adoptar medidas concretas, concertadas con la oposición, de acuerdo con la Constitución, para asegurar la separación de poderes.
El mismo día que se convocaba a la Cumbre Extraordinaria por la situación del país bolivariano, en la República del Paraguay estalla una crisis política-institucional que deja como resultado un dirigente opositor muerto, un centenar de heridos, 200 detenidos y el edificio del Congreso en llamas. El viernes 31 de marzo, se aprueba en el Senado paraguayo un proyecto impulsado por el oficialismo para enmendar la Constitución Nacional, que permitiría la re-elección presidencial. Los disturbios se desataron porque el gobierno de Horacio Cartes violentó las garantías institucionales para el correcto procedimiento de sanción: el proyecto fue aprobado durante una sesión a puertas cerradas, a pesar de que constitucionalmente las sesiones deben ser públicas y la sesión fue realizada sin la presencia del titular de la Cámara Alta, Roberto Acevedo. Además, se hizo trascender que Acevedo previo a ser destituido, según la oposición ilegalmente, había retenido la solicitud de aprobación de esta reforma, ya que una enmienda similar había sido tratada en agosto de 2016, y según la Constitución solo puede volver a tratarse en un plazo de un año.
Para sortear este obstáculo, el senador Julio Velázquez se proclamó como presidente del Senado el martes pasado, y en su posición ilegitima, permitió la introducción de las modificaciones al reglamento interno que posibilitaron el tratamiento de la enmienda.
A pesar del enfrentamiento social que produjo esta, por lo menos dudosa, sanción y el pedido insistente de las fuerzas políticas opositoras paraguayas, las respuestas de los organismos regionales a los que pertenece Paraguay todavía no se han conocido.
El secretario general de la OEA se limitó a emitir un comunicado con “un llamado a las fuerzas políticas de Paraguay a la Paz y al respeto de la Democracia”, y agregó que “no es la violencia la forma de resolver los conflictos políticos en Democracia”.
Asimismo, evitó referirse al hecho que provocó el estallido, y no convocó a reuniones del organismo para revisar la situación de ese país, aunque los principales líderes de la oposición solicitaron la intervención de la OEA “ante los atropellos cometidos contra la democracia paraguaya” por el gobierno nacional.
Tampoco el MERCOSUR se pronunció ante estos hechos ni ninguno de sus miembros, situación que suscita algunos interrogantes, dado que en el 2012 Paraguay fue sancionado por sospechas en el funcionamiento del Senado cuando destituyeron de la presidencia a Fernando Lugo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de hipócrita al accionar dispar de la OEA en casos tan similares. Afirmación que no parece injustificada si tenemos en cuenta los hechos y la ilegalidad de la resolución de la OEA. Los organismos regionales deberían explicitar los protocolos actuales para realizar la tan peligrosa declaración de que un Estado rompió el orden democrático, teniendo en cuenta las devastadoras consecuencias que podría acarrear.
Entonces, al comparar estos casos se presentan más dudas que certezas, no parece existir una definición clara y acabada de qué acciones gubernamentales violentan las instituciones y provocan rupturas democráticas. ¿O eso depende de la bandera ideológica de la fuerza política gobernante?

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