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Los cancilleres del Mercosur exhortaron a Venezuela a “asegurar la efectiva separación de poderes”

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Los ministros además instaron al gobierno de Nicolás Maduro a “respetar el calendario electoral” y reiteraron la necesidad de “solución pacifica y definitiva” de la situación política.

Los cancilleres de los países del Mercosur exhortaron a Venezuela a “adoptar medidas concretas con la oposición de acuerdo a la Constitución para asegurar la efectiva separación de poderes y el respeto a los Derechos Humanos”, tras reunirse en Buenos Aires para analizar la crisis surgida a partir de que el Tribunal Supremo de Justicia (Corte Suprema) decidió arrogarse las facultades del Congreso.

“Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay reafirman que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición necesaria para el Mercosur”, explicó Susana Malcorra al leer el documento consensuado con sus pares de Brasil Aloysio Nunes; de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, y de Paraguay, Eladio Loizaga.

Venezuela está suspendida del bloque por no haber cumplido los requisitos de adhesión. “Estamos en una situación en la que claramente la separación de poderes, esencia de las instituciones democráticas, no está funcionando”, dijo la canciller argentina en una conferencia de prensa celebrada en el Palacio de San Martín.

Añadió que “la intervención de desacato ha sido usada sistemáticamente a lo largo del tiempo”, aunque reconoció que “es cierto que el Tribunal ha decidido llevar atrás” algunos de los puntos de la sentencia por la que sumió las competencias el Parlamento.

Los ministros además instaron al gobierno de Nicolás Maduro a “respetar el calendario electoral” y reiteraron la necesidad de “solución pacifica y definitiva” de la crisis política.

Malcorra respondió a preguntas de los periodistas después de leer una declaración conjunta de cancilleres del Mercosur en la que se insta al Gobierno de Venezuela a adoptar inmediatamente medidas concretas para asegurar la efectiva separación de poderes, el respeto al estado de derecho, a los derechos humanos y las instituciones democráticas.

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Marcha atrás en Venezuela: el Tribunal Supremo renunció a asumir funciones del Parlamento

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El Tribunal Supremo de Venezuela anunció que renuncia a asumir las funciones del Parlamento, después de que el presidente Nicolás Maduro pidiera a la Corte que revisara la sentencia que retiraba sus poderes a la Asamblea Nacional.

En un comunicado, el Tribunal Supremo venezolano informa de que “suprime” algunas partes de la citada sentencia y deja sin efecto su anterior decisión de asumir las competencias parlamentarias del Parlamento.

El Consejo de la Defensa de Venezuela, encabezado por el presidente del país, Nicolás Maduro, había solicitado al Tribunal revisar el fallo con el que el jueves pasado disolvió el Parlamento.

Maduro había convocado a este Consejo con el objetivo de “resolver” lo que calificó de “impasse” derivado de la posición del Ministerio Público frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuía las funciones del Parlamento, debido a la situación de “desacato” en la que este se encuentra.

Asimismo, la instancia reiteró que “los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del poder público nacional se encauzan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes”, e insistió en la disposición del Gobierno al “diálogo fecundo” con su oposición política.

Por otra parte, Maduro repudió “categóricamente” cualquier intervención que “atente contra la independencia” y la integridad territorial de la nación caribeña.

En ese sentido, rechazó “el intervencionismo grosero” que, a su juicio, algunos gobiernos extranjeros “pretenden dictarle a Venezuela”.

El anuncio llega horas antes de las convocatorias de protestas organizadas por la oposición para hoy contra el gobierno de Maduro a quien acusan de haber dado un “golpe de Estado”.

La situación en Venezuela será analizada hoy por los países del Mercosur, y el lunes por la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha convocado una reunión extraordinaria de su consejo permanente.

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Crisis en Venezuela: Macri recibió a la esposa de Leopoldo López

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El presidente Mauricio Macri, recibió esta tarde en la Casa de Gobierno, a Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien permanece encarcelado en Venezuela.

 

Tintori planteó a Macri el cuadro de extrema gravedad que atraviesa su país y le agradeció por su acompañamiento y su liderazgo regional en materia de derechos humanos.

 

El presidente hizo un llamamiento a recomponer el orden democrático en Venezuela y manifestó su preocupación por la disolución de la Asamblea Nacional decidida por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país.

 

También el primer mandatario insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral en Venezuela y pidió por la liberación de los presos políticos, entre los que se encuentra el ex alcalde López.

 

Tintori le solicitó al presidente Macri que revise la situación de 5600 venezolanos que viven en la Argentina y que no han podido regularizar su residencia como consecuencia de irregularidades institucionales en su país.

 

Estuvieron presentes en la reunión , el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo y la señora Antonieta Méndez de López, madre del dirigente encarcelado por el Gobierno de Nicolás Maduro.

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El Tribunal Supremo de Venezuela disolvió el Parlamento

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela -controlado por el chavismo- emitió anoche una sentencia en la que declaró nulas todas las facultades de la Asamblea Nacional (AN), con mayoría opositora, y asumió la función legislativa. Ante esta situación, el parlamento venezolano se declaró este jueves (30/03) en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del Tribunal. “Nicolás Maduro ha organizado un golpe en Venezuela”, declaró el presidente de la Asamblea, Julio Borges. En tanto, Perú anunció el retiro de su embajador en Caracas como medida de protesta ante el “flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país”.

Es grave la situación política que se vive por estas horas en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -máximo tribunal del país, controlado por el chavismo-, se adjudicara competencias legislativas Como reacción a esta sentencia, el parlamento venezolano se declaró este jueves (30/03) en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del Tribunal. La oposición denuncia que hay un “Golpe de Estado”.

Ayer, el TSJ, que ya había anulado muchas acciones del Congreso desde que pasó a ser controlado por la oposición a inicios del 2016, dictaminó expresamente que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados.

“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga“, indicó la sentencia fechada el miércoles 29/03.

En su primera medida bajo esta nueva prerrogativa, el TSJ autorizó al presidente Nicolás Maduro crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas por el Congreso.

“Este parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional“, dijo hoy el presidente del legislativo, Julio Borges, rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a los periodistas. “Esta Asamblea Nacional desconoce al TSJ, ellos se escogieron a ellos mismos, a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos“, agregó.

Por su parte, el líder de la oposición y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, pidió desde Bogotá que la comunidad internacional fije una posición sobre el hecho.

“¿Qué más pruebas necesita la comunidad internacional para terminar de fijar posición unánime y firme de que en Venezuela hay una dictadura?“, se preguntó Capriles.

“Si hoy no hacemos nada por salvar la democracia en Venezuela, mañana tendremos una situación en Colombia y pasado mañana en otro país de la región y así va en cadena”, agregó.

El TSJ sostiene que las decisiones de la Asamblea Nacional son nulas por estar en “desacato” al no haber apartado a tres diputados acusados de comprar votos en las elecciones parlamentarias de fines del 2015.

Pese a que los tres diputados no están ejerciendo funciones por decisión de la propia Asamblea, el TSJ sigue manteniendo su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a acusar al máximo tribunal de cercenar el parlamento para favorecer al Gobierno.

Diversos miembros de la oposición compararon el episodio con el “fujimorazo“, como se conoce a la disolución del parlamento perpetrada en 1992 por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien, a partir de allí, gobernó con mano dura.

De hecho, en la primera reacción internacional, Perú anunció el retiro de su embajador en Caracas como medida de protesta.

“La decisión adoptada (…) que otorga al Presidente de Venezuela facultades que corresponden constitucionalmente a otros poderes del Estado, es un flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país”, dijo la cancillería peruana en un comunicado, en la primera reacción de un país latinoamericano.

“Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su Embajador en la República Bolivariana de Venezuela”, agregó.

El presidente peruano Pedro Kuczynski, quien ha sido muy crítico de la situación venezolana, condenó también la decisión por Twitter: “América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela”.

La cancillería dijo que ha iniciado consultas con países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que adopten medidas por la situación en Venezuela con la mayor urgencia. “Dicha ruptura es incompatible con las normas del sistema interamericano“, agregó.

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Cecilia Britto manifestó su repudio por la detención de parlamentario venezolano

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La presidenta de la comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, ingresará al Parlasur un proyecto en el cual cuestiona el accionar ilegal e inconstitucional de las fuerzas de seguridad de la República Bolivariana de Venezuela, quienes han detenido al diputado suplente de la República, Gilber Caro, violando la Constitución de Venezuela, al avasallar las inmunidades que dicho instrumento otorga a los parlamentarios.

La iniciativa repudia el arresto o detención ilegal, inconstitucional y contraria a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos del  legislador, e insta a los representantes del Parlamento del Mercosur a que arbitren las medidas necesarias para que sus Congresos Nacionales se expidan en favor de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados de los países que integran el Mercosur.

“La inmunidad o fuero parlamentario es el privilegio que tienen los integrantes del Poder Legislativo, Congreso o Parlamento, de no ser arrestados, para evitar que sufran persecuciones en vistas de su actuación como legisladores, y asegurar la independencia de Poderes”, explicó Britto.

“La detención del colega  fue realizada en franca violación de lo establecido por la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, la que determina en la parte pertinente del Artículo N° 200 que: ‘Los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional gozaran de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente al tribunal Supremo de Justicia.’, aclaró.

Asimismo la legisladora sostuvo  que “es muy importante señalar  que la inmunidad parlamentaria tiene como fin proteger al diputado contra aquellas acusaciones sin fundamentos y que lleven consigo la intención de tenerlo bajo intimidación o arrestos que no tengan ninguna justificación que  interfieran en el desempeño de sus funciones como Parlamentario de la República. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal sino una prerrogativa en función de la representación del pueblo”.

Britto relató también  que “en el caso del parlamentario Gilber Caro, el mismo fue detenido por supuesta tenencia de armas de fuego y explosivos, circunstancia que no ha sido acreditada de manera alguna por las autoridades venezolanas. Tampoco han respetado el Artículo 200 de la Constitución Venezolana en cuanto establece que en caso de supuesto delito flagrante, el parlamentario debe ser custodiado en su residencia, y esta situación debe ser comunicada de manera inmediata al Tribunal Supremo de Justicia para que éste último tome las medidas que considere pertinentes”.

“De manera contraria, Gilber Caro se encuentra detenido e incomunicado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), lo que equivale lisa y llanamente a un secuestro de un altísimo representante del Pueblo Venezolano a manos del Poder Ejecutivo”, subrayó la parlamentaria.

“Cabe destacar que las penalidades por desconocer la inmunidad de un parlamentario se encuentran establecidas al final del Artículo 200 de la Constitución de Venezuela, que indica que: ‘Los Funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal, y serán castigados o castigadas de conformidad con la Ley. En este sentido la situación que atraviesa Caro es gravísima y produce un agravio no sólo a la República Bolivariana de Venezuela, sino también a todos los Parlamentarios del Mercosur”, dijo.

Britto consideró además que “se trata de un precedente nefasto para las democracias de la Región,  y por ello, el Parlamento del Mercosur no puede permanecer pasivo ante semejante atropello a las libertades esenciales de las personas y de las Instituciones Democráticas”.

“Desde la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos tomaremos las medidas necesarias para visibilizar estas dramáticas situaciones que sufren las instituciones Venezolanas por el ejercicio autoritario de las Fuerzas Públicas, en flagrante detrimento de los Derechos Humanos Fundamentales y de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos actos que viene llevando a cabo el Gobierno de Venezuela han desatado una crisis institucional, y la amenaza constante a los Derechos Humanos Integrales y libertades fundamentales de un pueblo hermano que vemos azotado por acontecimientos que son de público y notorio conocimiento”.

Finalmente la representante misionera manifestó que “como parlamentarios del Mercosur tenemos que reafirmar nuestro compromiso y vocación con la vigencia del sistema democrático y del Estado de Derecho;  realizando esfuerzos continuos para fortalecer los sistemas pluralistas de gobiernos representativos. Visualizando que, en el reconocimiento de los Derechos Humanos Integrales como marco de convivencia en las sociedades democráticas latinoamericanas, importa la solidaridad y vigilancia internacional para el desarrollo de los estándares básicos que garanticen la dignidad de cada una y cada uno de los habitantes de nuestra región”.

“Es por ello que solicito a mis compañeros del Parlamento del Mercosur que arbitren las medidas pertinentes para trasladar la inquietud y preocupación que nos aqueja por esta situación a sus Parlamentos Nacionales, con el objeto de que se elaboren documentos e instrumentos que sean necesarios para manifestar el rechazo contundente de este tipo de conductas antidemocráticas”, concluyó.

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