Vía Navegable Troncal

El Gobierno aprobó una mega inversión logística en Timbúes bajo el régimen RIGI

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Economía aprobó la adhesión al régimen RIGI del proyecto portuario de Terminal Timbúes por USD 276,9 millones

El Ministerio de Economía oficializó la incorporación de Terminal Timbúes S.A. al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando un proyecto de USD 276.900.000 para construir una terminal portuaria multipropósito sobre la Vía Navegable Troncal. La medida, publicada el 19 de noviembre de 2025, busca acelerar inversiones estratégicas en infraestructura logística y profundizar la competitividad exportadora.

Un proyecto estratégico en la Vía Navegable Troncal

La Resolución 1842/2025 del Ministerio de Economía aprobó la solicitud de adhesión al RIGI presentada por Terminal Timbúes S.A. (TTSA), en el marco de un Proyecto Único denominado “Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes”.

La obra se desarrollará en 186 hectáreas ubicadas en la Comuna de Timbúes, provincia de Santa Fe, sobre el Río Coronda, a la altura de los kilómetros 467,350/468,250 de la Vía Navegable Troncal.

Según la empresa, la inversión total en activos computables asciende a USD 276.900.000, cifra que supera los requisitos mínimos previstos por los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742.
Solo la adquisición del terreno —computable al 15%— alcanzó USD 6.200.000, cumpliendo con el límite normativo.

La resolución precisa que la fecha formal de adhesión al RIGI es el 23 de octubre de 2025.

Entre los hitos declarados por la compañía:

  • USD 91.702.446,49 de inversión en el primer año.
  • USD 74.200.000 en el segundo.
  • Total en los dos primeros años: USD 165.902.446,49, superando el 40% mínimo exigido para mantener los beneficios del régimen.

El cronograma de obras fue presentado el 24 de junio de 2025, y la fecha límite para alcanzar la inversión mínima total quedó fijada para el 1° de abril de 2027.

Además, según el plan de desarrollo de proveedores, el 87% del monto destinado a bienes, servicios e infraestructura será cubierto por proveedores locales, muy por encima del piso del 20% que exige la normativa.

Avales institucionales y control regulatorio: CNDC, BCRA y Puertos dieron luz verde

El procedimiento de evaluación del RIGI, regulado por la Ley 27.742 y el Decreto 749/2024, activó múltiples instancias técnicas.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación analizó el proyecto, solicitó información aclaratoria y pidió la intervención de organismos claves.

Competencia y oferta de servicios portuarios

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dictaminó que: “la adhesión al RIGI de Terminal Timbúes S.A (…) resultaría en una ampliación de la oferta de servicios portuarios a terceros” y que “una mayor oferta (…) podría redundar en menores costos operativos y así generar una disminución en los precios de los servicios portuarios”.

Por ello, la CNDC no presentó objeciones a la adhesión del proyecto.

Aspectos cambiarios y financiamiento

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también informó que no posee observaciones, dado que TTSA:

  • No solicitará el beneficio de libre disponibilidad de divisas del artículo 198 de la Ley 27.742.
  • Prevé cubrir la demanda de divisas mediante un préstamo de una empresa vinculada del exterior.

Cláusula arbitral y seguridad jurídica

La Procuración del Tesoro de la Nación confirmó que la cláusula arbitral propuesta por TTSA se ajusta al artículo 221 de la Ley 27.742 y al Decreto 749/2024, consolidando así el marco jurídico de resolución de controversias.

El proyecto fue finalmente elevado al Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que en su Acta 12 del 4 de noviembre de 2025 recomendó la aprobación.

Más inversión logística en el corredor agroexportador

El proyecto se enmarca en el sector “Infraestructura” del RIGI y contempla la construcción de tres unidades de gestión logístico-portuaria destinadas a optimizar operaciones de carga, descarga, almacenamiento y despacho.

Se trata de un eslabón estratégico para la logística del corredor agroexportador y para la eficiencia del comercio exterior, al ubicarse en uno de los puntos de mayor flujo de la Hidrovía Paraná–Paraguay.

El Ministerio de Economía remarcó que el régimen apunta a: “favorecer la creación de empleo y generar de inmediato las condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones”.

Con la aprobación de la adhesión, el proyecto accede a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios de la Ley 27.742, y queda bajo control de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, encargada de fiscalizar su cumplimiento.

Finalmente, se instruyó a la Unidad de Coordinación RIGI a inscribir a TTSA en el Registro de Vehículos de Proyecto Único y se dispuso la comunicación de la medida a ARCA y al BCRA para aplicar los incentivos específicos del régimen.

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La empresa belga DEME celebró los avances hacia la nueva concesión de la Hidrovía

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La compañía belga, una de las mayores del mundo en dragado y balizamiento, valoró el proceso de licitación que impulsa el Gobierno argentino junto a la UNCTAD y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

El pronunciamiento marca un giro en la posición de DEME, que en el intento anterior había cuestionado el proceso judicialmente. La firma destacó la transparencia, la previsibilidad y el impulso a la sostenibilidad en la futura concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), eje estratégico del comercio exterior argentino.

Una nueva etapa para la Hidrovía: consenso institucional y previsibilidad

En un comunicado oficial, DEME, empresa con sede en Bélgica y amplia trayectoria internacional en obras de infraestructura portuaria, expresó su respaldo al proceso de licitación en curso para el mantenimiento y dragado de la Hidrovía Paraná–Paraguay, destacando “los esfuerzos de consenso y transparencia liderados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN)”.

“Estos procesos proporcionan claridad y previsibilidad para futuras inversiones en infraestructura”, señaló el texto difundido por la compañía.

La declaración adquiere relevancia porque implica un cambio de postura frente al primer intento de licitación del canal troncal, cuando DEME presentó reclamos judiciales contra el procedimiento, los cuales fueron rechazados por la justicia argentina en distintas instancias.

La actual administración decidió reiniciar el proceso licitatorio en febrero, luego de dejar sin efecto el llamado previo —conocido como Licitación 1—, que había recibido una única oferta, precisamente de DEME, en medio de tensiones entre las empresas competidoras del sector.

Desde entonces, la ANPYN impulsó mesas técnicas y audiencias públicas con participación de cámaras empresarias, usuarios y representantes del comercio exterior, para construir un nuevo pliego con mayor consenso y criterios ambientales más exigentes.

Sostenibilidad, innovación y compromiso con la infraestructura marítima

Tras la audiencia pública ambiental realizada el 3 de noviembre, en la que la ANPYN presentó las herramientas de control y gestión de impacto sobre la Hidrovía, DEME destacó su compromiso con la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

La firma recordó que opera la primera draga del mundo propulsada con Gas Natural Licuado (GNL), tecnología que reduce significativamente las emisiones de CO₂ y marca un estándar global en la transición energética del sector marítimo.

“Apostamos por la innovación y la sostenibilidad, impulsando el desarrollo de Argentina en este ámbito”, subrayó la empresa.

DEME también reafirmó su interés en continuar participando en proyectos portuarios y de infraestructura fluvial en Argentina, incluyendo iniciativas de modernización de puertos, energía renovable offshore y dragado de mantenimiento y profundización, esenciales para la competitividad de la economía exportadora argentina.

La Hidrovía, clave para el desarrollo federal y el comercio exterior

El sistema de la Vía Navegable Troncal, que atraviesa más de 1.200 kilómetros desde el norte del país hasta el Río de la Plata, representa el principal corredor de salida del comercio exterior argentino, por donde circula más del 80% de las exportaciones agroindustriales.

El futuro esquema de concesión apunta a garantizar operaciones sostenibles, previsibles y sin aval del Estado, bajo la modalidad de riesgo empresario, como destacaron los principales actores privados del sector durante la audiencia pública.

Entidades como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Bolsa de Comercio de Rosario coincidieron en la importancia del proceso:

“Ratificamos la relevancia de esta licitación como herramienta fundamental para el desarrollo integral y federal de nuestro país y el crecimiento de la economía”, expresaron.

Tras 14 horas de exposición y consultas, la audiencia ambiental cerró una etapa clave del proceso que permitirá al Estado argentino avanzar hacia un pliego definitivo, con reglas claras, participación multisectorial y lineamientos ambientales acordes a estándares internacionales.

La sostenibilidad en el nuevo esquema licitatorio

El nuevo marco licitatorio para la Hidrovía se perfila como una política de Estado de largo plazo, en la que confluyen objetivos de eficiencia logística, transparencia institucional y sostenibilidad ambiental.
La participación de organismos internacionales como la UNCTAD otorga legitimidad técnica al proceso y refuerza la imagen del país frente a los inversores globales del sector portuario y fluvial.

El respaldo público de DEME —una de las principales empresas globales de dragado— marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado argentino y los operadores internacionales de infraestructura marítima.
La combinación de consenso político, participación técnica y apertura competitiva consolida las bases para una nueva etapa en la gestión de la Vía Navegable Troncal, clave para el comercio exterior, la logística y la integración productiva del Mercosur.

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El Gobierno prorroga la intervención de la AGP para asegurar la operatividad de la Vía Navegable Troncal

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El Ministerio de Economía prorrogó la intervención de la AGP para garantizar la operatividad de los puertos y la Vía Navegable Troncal.

La medida extiende las funciones de la Administración General de Puertos mientras la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación termina su organización. Se busca asegurar la continuidad administrativa y técnica del sistema portuario y fluvial nacional.

A través de la Resolución 1548/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió prorrogar la encomendación dispuesta a la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU) para que continúe garantizando la gestión operativa, administrativa y técnica del sistema portuario nacional y de la Vía Navegable Troncal, hasta tanto la recientemente creada Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) se encuentre plenamente operativa.

La decisión, firmada por el ministro Luis Caputo, apunta a asegurar la continuidad de los servicios públicos portuarios y de navegación, así como el cumplimiento de los contratos vigentes y la ejecución de licitaciones estratégicas, entre ellas la modernización y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal, declarada servicio público por el Decreto 699/2024.

Transición institucional y continuidad de la gestión portuaria

La resolución tiene como antecedente directo el Decreto 3/2025, que dispuso la disolución y posterior liquidación de la AGP SAU, transfiriendo sus funciones, bienes, recursos y obligaciones a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Este nuevo organismo, creado como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía, asumirá el rol de Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vinculadas al sector portuario y a la navegación.

Sin embargo, el texto oficial reconoce que la ANPYN aún no se encuentra totalmente operativa, ya que continúa en proceso de definición y aprobación de su estructura organizativa y funcional. Por ello, el Ministerio consideró necesario prorrogar el mandato de la AGP para que mantenga las funciones esenciales y colabore técnicamente con la nueva agencia.

La medida extiende las disposiciones originales de la Resolución 21/2025, que había encomendado a la AGP la administración transitoria de los bienes, recursos, derechos y obligaciones en proceso de transferencia, así como la supervisión de los contratos en curso.

Tres ejes de gestión durante la prórroga

El artículo 2° de la Resolución 1548/2025 redefine las prioridades de la AGP en esta nueva etapa, estableciendo tres objetivos centrales:

  1. Licitación y adjudicación de la modernización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, incluyendo dragado, redragado y señalización, tanto en el tramo principal como en las zonas de acceso a los puertos.
  2. Finalización del relevamiento de los espacios portuarios y regularización de títulos de uso, un paso clave para garantizar la seguridad jurídica sobre las áreas bajo jurisdicción nacional.
  3. Unificación de las concesiones de las Terminales 1, 2 y 3 del Puerto Nuevo de Buenos Aires, conforme al esquema previsto por el Decreto 602/2025, que estableció un nuevo modelo de gestión unificada de las terminales portuarias de la capital federal.

Durante este período, el Interventor de la AGP SAU deberá informar mensualmente a la ANPYN sobre las acciones y medidas adoptadas, garantizando transparencia y trazabilidad administrativa en el proceso de traspaso.

El Ministerio de Economía justificó la prórroga al señalar que “subsiste la necesidad de llevar a cabo actos jurídicos, comunicaciones y notificaciones a terceros, así como de generar mejores condiciones de competitividad y continuidad operativa”, en tanto la nueva agencia termina su etapa organizativa.

Relevancia institucional y proyección del sistema portuario

Con esta resolución, el Gobierno nacional busca evitar vacíos administrativos o técnicos en un sector clave para la logística y el comercio exterior argentino. La Vía Navegable Troncal, principal corredor fluvial del país, concentra el transporte de más del 80% de las exportaciones agroindustriales y constituye un componente esencial para la competitividad del sistema productivo.

La continuidad de la AGP como operador transitorio garantiza la ejecución de los contratos en curso y el sostenimiento de los servicios de dragado y señalización, mientras la ANPYN asume progresivamente nuevas funciones vinculadas con la gestión ambiental, la habilitación de puertos y la administración de concesiones.

De acuerdo con el marco normativo, la ANPYN se constituirá como la única autoridad portuaria nacional, con competencias para regular, planificar y fiscalizar tanto los puertos públicos como privados, así como los contratos de concesión de terminales estratégicas como las de Puerto Nuevo – Buenos Aires.

Una transición clave en la política portuaria nacional

La prórroga dispuesta por Economía forma parte de una etapa de transición institucional que redefine la política portuaria y de navegación del país. La creación de la ANPYN busca concentrar las funciones dispersas hasta ahora entre distintas dependencias del Estado, con el objetivo de modernizar la gestión, mejorar la transparencia y optimizar la infraestructura logística nacional.

La AGP SAU, que operó durante décadas como administradora del Puerto Buenos Aires y concesionaria interina de la Vía Navegable, aportará su experiencia técnica y operativa en esta fase de traspaso. En tanto, la ANPYN deberá avanzar en su estructura definitiva, la integración de su personal técnico y la implementación de políticas de desarrollo portuario alineadas con los nuevos desafíos logísticos y ambientales.

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El Gobierno convoca a audiencia por la Vía Navegable Troncal, claves de la discusión ambiental

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Nación convoca a Audiencia Pública ambiental por la concesión de la Vía Navegable Troncal

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó, mediante la Resolución 48/2025 publicada el 2 de octubre en el Boletín Oficial, la convocatoria a Audiencia Pública virtual para el 3 de noviembre de 2025, en la que se debatirá el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental previo al nuevo proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal, la principal ruta fluvial del comercio exterior argentino.

La medida se enmarca en la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional y en el Decreto 709/2024, que establecieron la obligatoriedad de instancias participativas antes de adjudicar concesiones de dragado, redragado, mantenimiento y señalización.


Transparencia y participación: un requisito constitucional

De acuerdo con la resolución firmada por el director ejecutivo de la ANPYN, Iñaki Miguel Arreseygor, el procedimiento busca garantizar la participación ciudadana no vinculante, pero de obligada consideración, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que asegura el derecho a un ambiente sano y el deber estatal de preservarlo.

El Anexo III de la resolución establece que podrán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas interesadas, con plazo entre el 17 y el 31 de octubre de 2025 a través del sitio oficial de la ANPYN. Los participantes deberán completar el Formulario de Inscripción (Anexo IV), indicando si lo hacen como particulares, representantes de personas físicas o jurídicas, y presentar un resumen de su exposición con posibilidad de adjuntar documentación en PDFanexo_7478439_3anexo_7478439_4.

La audiencia se desarrollará de manera remota desde las 9:00 horas del 3 de noviembre, lo que permitirá la participación federal de interesados en todo el país. Cada expositor dispondrá de un máximo de 5 minutos para intervenir, bajo un esquema que asegura la igualdad, la oralidad y la publicidad de los aportes.


Antecedentes y el peso estratégico de la Hidrovía

La Vía Navegable Troncal, que se extiende desde la confluencia del Paraná (km 1238) hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata (km 239,1 del canal Punta Indio), es considerada la “columna vertebral” del comercio exterior argentino, ya que por allí circula más del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

El proceso de licitación internacional para su concesión arrastra más de cuatro años de prórrogas. Tras la caducidad del contrato original en 2021, la operación quedó en manos transitorias de la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.), organismo que fue disuelto en enero de 2025 por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 3/25, dando paso a la creación de la actual ANPYN.

El nuevo esquema licitatorio contempla régimen de concesión de obra pública por peaje o de servicio público mediante tarifas, modelo que deberá conciliar intereses entre el Estado, las concesionarias y los usuarios de la vía, bajo control ambiental estricto.


Repercusiones esperadas y próximos pasos

La convocatoria a audiencia pública abre un espacio institucional de debate que, aunque no vinculante, es condición indispensable para legitimar la licitación de una de las infraestructuras más sensibles para la competitividad de la Argentina y de las economías regionales.

Se prevé la participación de cámaras empresarias, sindicatos, universidades, especialistas ambientales y provincias ribereñas, que han reclamado mayor protagonismo en la toma de decisiones.

Finalizada la audiencia, la ANPYN deberá elaborar un informe de cierre dentro de los 10 días hábiles, y fundamentar en un plazo máximo de 30 días cómo se incorporaron —o por qué se descartaron— las propuestas presentadas.

La resolución también designa como presidente de la audiencia al Ing. Ariel Cherubini, con Marcelo Peyregne y Pablo Kanovich como instructores.

De este modo, la agenda sobre la Hidrovía entra en una fase decisiva: sin la audiencia pública ambiental no podrá avanzarse en el nuevo llamado licitatorio internacional, que definirá el futuro de la gestión de la principal arteria fluvial del país.

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Hidrovía: el Gobierno extiende el beneficio tarifario en la Vía Navegable Troncal

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La AGP extendió el beneficio tarifario para el transporte internacional en la Vía Navegable Troncal. La medida busca sostener la competitividad mientras se resuelve la transición hacia la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

La Administración General de Puertos (AGP S.A.U.), actualmente en proceso de liquidación tras la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), resolvió prorrogar hasta el 31 de agosto de 2025 la bonificación de la tarifa de peaje en el tramo Santa Fe-Confluencia de la Vía Navegable Troncal. La decisión quedó formalizada en la Resolución 77/2025, publicada en el Boletín Oficial del 5 de septiembre, y mantiene las condiciones fijadas por la Resolución 13/24 de la ex AGP.

Un esquema tarifario en revisión constante

El régimen de peajes en la Vía Navegable Troncal ha sido motivo de controversia desde 2022, cuando el ex Ministerio de Transporte fijó una tarifa de USD 1,47 por tonelada de registro neto (TRN) para transporte internacional y $1,47 para cabotaje en el tramo Santa Fe-Confluencia.

La medida generó reclamos judiciales y presentaciones de entidades empresarias, que obligaron a suspender el cobro pleno y abrir instancias de diálogo. En 2023, la AGP creó la Mesa de Trabajo de la VNT – Sección Santa Fe al Norte, con participación del Comité Ejecutivo de la Vía Navegable Troncal, y redujo la tarifa mediante bonificaciones transitorias:

  • USD 0,80 por TRN entre febrero 2023 y agosto 2024.
  • USD 1,20 por TRN entre septiembre 2024 y febrero 2025.

Desde entonces, las prórrogas fueron sucesivas: Resolución 8/25 (marzo), Resolución 32/25 (mayo) y Resolución 54/25 (julio), siempre en el marco de la transición institucional hacia la ANPyN tras el DNU 3/2025, que disolvió la AGP S.A.U.

La decisión oficial y sus fundamentos

La Resolución 77/2025, firmada por el interventor de la AGP, Gastón Alejo Benvenuto, prorroga el beneficio “en las mismas condiciones originales” hasta el 31 de agosto de 2025, destacando que “persisten las circunstancias que justificaron las prórrogas previas”.

Entre los argumentos:

  • La compleja transición administrativa y técnica entre la AGP y la nueva ANPyN.
  • La imposibilidad de constituir aún la Mesa de Trabajo de Santa Fe al Norte, instancia clave para validar la razonabilidad de los valores tarifarios.
  • La necesidad de mantener previsibilidad para los operadores fluviales en un tramo sensible de la hidrovía, clave para la logística de granos, combustibles y bienes industriales hacia los puertos de exportación.

La medida contó con la intervención técnica y jurídica de la Dirección de Planificación y Control de Gestión, la Dirección de Administración y Finanzas, y la Gerencia General, sin observaciones

La prórroga mantiene un alivio parcial en los costos de navegación para las empresas del transporte fluvial internacional, particularmente barcazas paraguayas y bolivianas que trasladan soja, maíz, combustibles y minerales desde el norte de la hidrovía.

Desde el punto de vista fiscal, el esquema supone ingresos menores para el Estado en concepto de peajes, pero la decisión apunta a sostener la competitividad logística y evitar tensiones con países vecinos en un contexto de revisión integral del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal.

De cara al futuro, el desafío será:

  • Constituir la Mesa de Trabajo pendiente para revisar el cuadro tarifario.
  • Integrar la gestión de la ANPyN como autoridad de aplicación definitiva.
  • Coordinar con el sector privado y los países de la hidrovía un esquema estable y sustentable, que garantice el financiamiento de obras de dragado y señalización sin afectar la competitividad exportadora.

La resolución prorroga, pero no resuelve de fondo, el debate sobre cuánto debe costar navegar la hidrovía y quién debe financiar las obras.

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