Transporte en Oberá: la Afip ejecuta a Capital del Monte por deuda millonaria
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La Administración Federal de Ingresos Públicos inició una ejecución fiscal a Capital del Monte S.A. por una deuda de entre 22 y 25 millones, en concepto de seguridad social e impuestos a las ganancias de los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
En paralelo, el Banco Central de la República Argentina informa una deuda financiera en cabeza de Capital del Monte de ocho millones de pesos calificándola con alto grado de insolvencia.
En el último año, en once meses no pagó los aportes patronales y en uno lo hizo en forma parcial, mientras que los aportes a la obra social figuran impagos en los últimos doce meses.
Asimismo, con el municipio de Oberá la empresa mantiene una deuda de más de cinco millones de pesos.
La crítica situación económica financiera de Capital del Monte impacta directamente en la prestación del servicio público, que sumado a los conflictos gremiales que está atravesando la empresa, ponen en riesgo la efectiva prestación del servicio comprometido.
Ello ha motivado que el Municipio recurra a soluciones de emergencia, buscando distintas alternativas para preservar la continuidad y regularidad del servicio y evitar que la crisis perjudique e impacte en la comunidad.
La deuda con el fisco nacional coloca a la empresa Capital del Monte en la incómoda situación de no estar habilitada respecto del requisito de tener “libre de deuda” para poder contratar con el poder concedente del servicio de transporte de pasajeros en Oberá.
Además, la situación frente a la autoridad monetaria que afronta la descalifica para acceder a financiamiento para atender su evidente déficit financiero.
El reclamo fiscal ya está judicializado. La demanda está en el juzgado de Oberá y es inminente un embargo preventivo. Seguirán el mismo destino los reclamos laborales, comerciales y financieros que ponen en peligro no solo el servicio que presta sino la continuidad de la compañía.
La crisis financiera impacta directamente en el servicio a los usuarios de transporte, por lo que el Estado deberá velar por su mantenimiento y continuidad.
