El próximo martes 16 de marzo se va a cumplir un año del primer decreto de cierre de fronteras firmado por el presidente Fernández, en el marco de la pandemia del coronavirus. 

En ese momento, reinaba la incertidumbre y era muy difícil pronosticar lo que podía suceder con la economía, pero la reflexión que tenía fuerte consenso era que había que aguantar el golpe. 

Golpear a un cuerpo sano duele, pero se recupera más rápido. Golpear a un cuerpo que ya estaba previamente golpeado, puede traer secuelas más fuertes: allí estaba la preocupación. La economía argentina venía golpeada y toda trompada nueva la tiraba más al piso.

Los primeros meses de la pandemia todo fue negro: caída de la recaudación, caída de la actividad, caída del empleo, caída del consumo. Caídas, caídas, caídas. Pero a medida que pasaron los meses, que se relajaron ciertas restricciones y que comenzamos a transitar nuevas “normalidades” (que siguen siendo anormales), la economía nacional empezó a mostrar signos de recuperación, y del coma pasó a terapia intensiva. 

Hacia dentro de las provincias, la situación fue similar: los peores meses en términos económicos se vieron entre abril y junio, con la situación sanitaria como guía: dentro de la región, Chaco picó en punta en cantidad de contagios (top 3 en el país), mientras que en Misiones, por ejemplo, la situación estaba mucho más controlada, y ello se traducía en diferentes niveles de caídas de actividad. 

Ya para los meses de junio en adelante, arrancaron las sorpresas y comenzaron a visualizarse los principios indicios de recuperación “selectiva”: Misiones fue una de las provincias que lideró el crecimiento en casi todos los indicadores relevados, y en algunos casos, con niveles que daban que sorprendían hasta al mas optimista de los analistas. 

Récord de aumentos de patentamientos de autos y motos; crecimiento sostenido tocando techos históricos de consumo de cemento; reactivación de la construcción; sostenimiento del empleo privado e incrementos reales de la facturación de los comercios locales, entre otras cosas, son los indicadores donde Misiones se destacó durante buena parte del 2020, y algunas de ellas también en el inicio del 2021. En todos los casos, se mejoró respecto a los últimos meses de la prepandemia. 

Por supuesto que la cenicienta misionera es la recaudación provincial, que en febrero volvió a mostrar subas importantísimas (casi 90%) y sigue así mostrando la potencia de la economía provincial en un contexto de fronteras cerradas. 

Hay dos actores que son claves en este escenario: el sector privado que ganó fuerza, justamente a partir del cierre de fronteras, y demostró su potencial; y el sector público que acompañó donde pudo a este proceso. 

En relación a este último, siempre demandamos Estados que sean presentes y que sean eficientes, pero a veces, la conceptualización de ambas características trae conflicto, y según ciertas doctrinas, parecieran que son incluso cualidades contrapuestas. Nada más alejado de la realidad: el Estado misionero, aún con errores, se mostró presente (sin intervenir, sino acompañando al sector privado en el transitar de este escenario con medidas de fomento al consumo) y se mostró eficiente: destinó recursos a los sectores que más los necesitaba, no derrumbó sus cuentas públicas y dio respuestas. 

El gobierno de la Renovación logró eso no por su accionar en la pandemia, sino por su accionar previo: llegó con cuentas públicas ordenadas (superávit operativo) que le permitió destinar excedentes o ahorros al consumo y con bajo peso de deuda publica que no comprometió su estructura de gastos. Pero quizás lo más importante en este escenario es que supo que hacer. 

Dentro de la región, Formosa tenía indicadores fiscales similares (superávit y baja deuda) pero no ha tomado medidas de relevancia como en Misiones: los programas de fomento al consumo como los Ahora tienen una replica muy liviana y de bajo alcance en Formosa, y lejos de haber volcado los ahorros fiscales previos a la reactivación económica, el gobierno de Gildo Insfran los guardó y los acrecentó: su superávit primario creció más del 100% y recién hacia fines del año pasado volcó una parte a programas de precios locales, que fueron insuficientes. 

Chaco, por su parte, llegó con un escenario adverso: cuentas públicas con déficit, deuda pública muy fuerte e indicadores debilitados. Hoy la provincia se encuentra algo más equilibrada, pero tiene mucho por resolver. El alza de la actividad (todavía tímida) no tuvo al Estado como socio más allá de algunas medidas aisladas. De hecho, no existe hoy un programa fortalecido de fomento al consumo, y la mayoría de las facilidades son circunstanciales (fechas determinadas) y limitadas en su mayoría a la tarjeta de crédito del banco provincial. Ergo, no llega a todos. 

También, el Chaco entró en default en plena pandemia, y ante eso, asumió un Guzmán boy al frente del Ministerio de Economía para encarar la negociación con acreedores externos, algo de lo cual nada se sabe porque la provincia estableció un NDA (acuerdo de no divulgación por sus siglas en inglés) para las negociaciones. 

Por último, y en pos de buscar mejorar la calidad institucional y el fomento a la transparencia, se debe pedirle al Gobierno provincial que ponga atención a esta cuestión: la provincia tuvo una caída en su puntaje del ranking de transparencia presupuestaria que elabora CIPPEC, y el Ministerio de Hacienda provincial está muy desfazado en la publicación de información relevante. De hecho, los datos de deuda pública y de ejecución presupuestaria quedó estancada en los del 2º trimestre 2020, y es fundamental poder ver su evolución, por más que existan proyecciones a nos acerquen a ello. 

La provincia tuvo muchos avances y se ha posicionado de manera muy fuerte a nivel nacional en términos de gestión, y por ello, que no deje “dormir” la cuestión de la transparencia va a ayudar a posicionarse aún más en el escenario regional y nacional.

About The Author