La organización global Amnistía Internacional (AI) publicó hoy una carta abierta dirigida al Gobierno de La Libertad Avanza con “ocho compromisos” para superar la “profunda crisis económica y social” que atraviesa la Argentina y aconsejó que esas recomendaciones integren “un futuro programa” de la administración de Javier Milei.
“Los derechos de todas las personas son la base sobre la que se sustenta el Estado de Derecho y deben guiar la legislación y adopción de políticas públicas en Argentina, para garantizar que todas ellas puedan vivir con dignidad”, sostuvo AI.
Añadió que “son temas indispensables en materia de derechos y que deben integrar un futuro programa de gobierno”.
Para AI, la Argentina se encuentra “sumida en una profunda crisis económica y social, en donde el 40,1% de la población vive bajo la línea de pobreza, de acuerdo con datos del primer semestre de 2023 y una tasa de desempleo de 6,2% (Indec)” y recordó que “los niveles de inflación superan el 147% interanual”.
Calificó como “alarmante” la situación de trabajadores “cuyo salario está por debajo de la canasta básica” y diagnosticó que “la crisis del país requiere de respuestas integrales que sitúen a las personas en el centro de todos sus planes y programas”.
Recomendó promover un “debate plural, transparente, riguroso y no violento” porque “la convivencia entre quienes piensan diferente resulta necesaria”, y consideró “imperioso que podamos construir en los próximos años una sociedad pacífica, con capacidad de diálogo e informada, y un intercambio de ideas, opiniones y construcción colectiva despojadas de violencia, discursos agresivos y hostiles, que deje de lado las mentiras, las noticias falsas y la desinformación”.
Así, llamó a “garantizar que la política económica esté en línea con la máxima satisfacción de derechos” y observó que “la educación, salud, trabajo, vivienda, alimentación son obligaciones centrales que no pueden dejarse de lado”.
Alertó que las “medidas de austeridad que proponen la reducción del gasto público en ejes tan centrales, compromete el futuro de las personas” y que “sin inversión pública, la calidad de los servicios se reducirá y, especialmente, lo que refiere a la atención de los sectores más vulnerables”.
AI pidió además “establecer políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos” y señaló que “una política criminal debe considerar al derecho penal como el último eslabón de la cadena de respuesta en el marco de políticas integrales de protección”.
Remarcó que “todo uso de la fuerza por el personal de las fuerzas de seguridad debe ser excepcional y usado como último recurso”.
En la cuarta recomendación, reclamó “garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión, en particular en el contexto de protesta social”, y explicó que el Estado “debe proteger el derecho a manifestarse, permitiendo a las personas expresar su disenso y ejercer su derecho a peticionar a las autoridades de manera pacífica”.
“Tiene el deber de velar y garantizar la seguridad de quienes se manifiestan, ya sea frente a posibles daños de terceros como, y especialmente, ante abusos en que pueda incurrir el propio Estado (…). El uso de la fuerza debe ser un ‘último recurso’ y utilizado con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente’, en el supuesto en que se desaten situaciones de violencia”, profundizó.
También exhortó a “garantizar políticas igualitarias y de acceso a derechos para personas migrantes y refugiadas” y especificó que los Estados “no pueden violar derechos previstos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.
Asimismo, pidió que el Gobierno garantice “políticas efectivas para combatir la crisis climática” y reclamó que Argentina “centró su estrategia energética en los combustibles fósiles, lo que impidió que el país alcanzara sus objetivos climáticos debido al aumento de las emisiones”.
Sobre el litio, consideró que el “Estado argentino a nivel nacional y provincial debe asegurar que se produzca información científica independiente sobre el potencial daño ambiental, que se puedan evaluar medidas de mitigación y de manejo, en especial de las fuentes de agua, antes de autorizar la exploración y explotación de litio en la zona”.
En otro exhortó a “asegurar el pleno respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios y la lucha contra el racismo” porque “todo proceso de toma de decisiones relacionado con la exploración y explotación de recursos que puedan tener un impacto en las comunidades debe atravesar un proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado”.
Llamó a “garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, y para ese fin, destacó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI), el derecho al aborto y el reconocimiento de la violencia de género en línea.
