Año: 2024

Idígoras alerta: el agro enfrenta precios bajos y ajustes para ser competitivo en 2025

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Gustavo Idígoras, presidente de CIARA: “En el agro, los precios bajan y la competitividad es clave para 2025”

El dirigente agroindustrial Gustavo Idígoras anticipa que el sector agroexportador enfrentará un escenario desafiante en 2025, marcado por ajustes de precios a la baja y la necesidad de aumentar la competitividad. Según el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el actual tipo de cambio “llegó para quedarse durante todo el próximo año”, según lo confirmado por las autoridades económicas.

A pesar de las perspectivas de una buena cosecha en volumen, las expectativas de ingresos en dólares son similares a las de 2024, lo que impactará en la estructura de costos del sector.

Producción récord con precios bajos

“La campaña agrícola actual apunta a una gran producción, pero con precios que estarán por debajo de lo esperado”, afirmó Idígoras. Según el dirigente, se proyectan 53 millones de toneladas de soja y 51 millones de maíz, junto con un remanente de cosechas anteriores por aproximadamente 8.000 millones de dólares. Este volumen, sin embargo, se enfrentará a precios deprimidos por una “supercosecha en Brasil y una gran producción en Estados Unidos”.

En este contexto, CIARA estima que las exportaciones del complejo agroindustrial totalizarán USD 44.820 millones en 2025, una caída de USD 710 millones respecto al año anterior. El sector de cereales y oleaginosas (CERyOL) liderará esta contracción con una reducción proyectada de USD 1.390 millones.

Impacto del tipo de cambio y la competitividad

Idígoras subrayó que las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Economía han reafirmado la estabilidad del tipo de cambio actual para todo 2025, lo que obliga al sector a “buscar formas de ser más competitivos”. Esto incluye ajustes en toda la cadena de valor: desde los contratos de alquiler de tierras hasta los servicios contratados por los productores. “Se están empezando a visualizar ajustes de precios en todos los rubros”, explicó.

Mercosur y acuerdos internacionales: redefinir estrategias

El presidente de CIARA también abordó los avances en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, el cual considera clave para aumentar la credibilidad del bloque en el mercado internacional. Según Idígoras, este tratado no solo eliminará retenciones a la exportación en el mediano plazo, sino que también consolidará reglas claras, como la prohibición de cupos y restricciones de exportación.

En cuanto a la posibilidad de acuerdos comerciales con Estados Unidos, el dirigente cree que serían de carácter sectorial, enfocados en productos específicos, en lugar de tratados de libre comercio que podrían romper la lógica del Mercosur.

La hidrovía y el rol de la logística como política de Estado

Otro tema central fue el proceso de licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Idígoras destacó la importancia de avanzar en mejoras logísticas para mantener la competitividad internacional, dado que Argentina enfrenta un retraso de 15 años respecto a países como Brasil y Estados Unidos. “La logística internacional debe ser una política de Estado, independiente del gobierno de turno”, remarcó.

Amenazas sindicales y la necesidad de evitar conflictos

Finalmente, el dirigente se refirió a las amenazas de medidas de fuerza por parte de los camioneros. Estas podrían afectar gravemente el flujo de exportaciones, en especial durante el verano, cuando el trigo y la cebada dominan las operaciones en los puertos de Bahía Blanca, Necochea y Rosario. “En este momento somos más competitivos que Rusia y Ucrania en mercados clave, como el sudeste asiático y el norte de África. No podemos perder esta oportunidad”, concluyó

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El Gobierno apura negociaciones para convocar a extraordinarias

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la necesidad de alcanzar acuerdos con opositores para llamar a sesiones extraordinarias. El Ejecutivo tiene en carpeta la eliminación de las PASO, la privatización de Aerolíneas Argentinas y los pliegos de jueces para la Corte

“Estamos trabajando para lograr consenso”, dijo este domingo el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros respecto a las discusiones con los bloques opositores dialoguistas para acordar una fecha y las iniciativas a discutir en Diputados y en el Senado.

La administración conducida por Javier Milei apunta a debatir en sesiones extraordinarias proyectos de la magnitud de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la privatización de Aerolíneas Argentinas y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para cubrir vacantes en la Corte Suprema.

“Yo creo que estamos en estas horas tratando de resolverlo”, aseguró Francos en declaraciones a Radio Rivadavia, respecto a la posibilidad concreta de juntar los votos para que se pueda convocar a extraordinarias y, eventualmente, aprobar los proyectos.

En esa línea, la semana pasada un grupo de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) expulsados del partido mantuvieron un encuentro este jueves con el Presidente en la Casa Rosada para acercar posiciones respecto al próximo año.

Según pudo reconstruir Ámbito, durante la reunión solicitada por los radicales se exploraron acuerdos legislativos y electorales de cara al 2025. Respecto a los primeros, vale recordar que el encuentro tuvo lugar en momentos en los que el Gobierno insiste con su reforma electoral, que incluye un proyecto para eliminar las PASO.

Al respecto, la semana pasada Francos hizo un recuento del costo total que tendrán los comicios de medio término. Y puso el foco en el gasto que implicarán las internas. En esa tónica, comentó que el proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales “tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales”.

Luego, el jefe de Gabinete apuntó: “Si elimináramos las PASO, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. Es decir, estamos hablando de un ahorro superior a los 150 millones de dólares”.

Siguiendo esa línea, evaluó que desde 2011, fecha en que entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos, que han tenido que votar en Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver los problemas que los políticos no han sabido solucionar en sus propios partidos”.

Por último, el jefe de Gabinete aseguró que “sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”.

Ciudad desdobló las elecciones y negocia para suspender las PASO; Salta, las eliminó

En esa línea, algunos distritos se anticiparon y dieron pasos firmes para dejar sin efecto las PASO. Salta, por caso, eliminó las PASO con el aval de ambas cámaras de su Legislatura.

Asimismo, el viernes, la Ciudad dispuso el desdoblamiento y adelantamiento de los comicios, para desparejar la contienda local de su contraparte nacional. Y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió un proyecto a la Legislatura para suspender las primarias.

El alcalde capitalino ya firmó el documento que, en la práctica, implicará una separación de los comicios de CABA respecto de la batalla que se jugará a nivel nacional. El próximo año, la elección de los legisladores y comuneros se realizará de manera anticipada a la de diputados y senadores que representarán a la Ciudad en el Congreso.

Por estas horas, la fecha que se baraja en Uspallata para el llamado a las urnas sería el 6 de julio, un mes antes de las primarias nacionales que tendrán lugar el 3 de agosto.

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Menos subsidios, más aumentos: cómo afecta el ajuste energético de Milei a los hogares

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El primer año del presidente Javier Milei concluye con un marcado ajuste en el gasto público. Según datos oficiales del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), 838.466 hogares dejaron de recibir subsidios en sus tarifas eléctricas, mientras que en el caso del gas natural, la cifra asciende a 292.612 usuarios menos. El 2024 cerró con una reducción equivalente a USD 3.000 millones en subsidios energéticos, lo que representa un recorte del 33% respecto a 2023.

La “motosierra” en marcha

El ajuste en las subvenciones se enmarca en la estrategia del Gobierno de Milei para reordenar los precios relativos, avanzar hacia un superávit fiscal y frenar años de congelamiento tarifario que distorsionaron la economía. Si bien las políticas de reducción coincidieron con una desaceleración de la inflación, la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, ya prevé mayores recortes para el 2025.

Actualmente, seis de cada diez hogares siguen recibiendo subsidios para luz y gas. El esquema vigente segmenta a los usuarios según sus ingresos en tres niveles:

  • Nivel 1: Altos ingresos, sin subsidios.
  • Nivel 2 y 3: Ingresos bajos y medios, con bonificaciones, aunque estas son cada vez más acotadas.

La próxima etapa, proyectada para mediados de 2025, apunta a simplificar el sistema y establecer dos categorías: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio, similar a la tarifa social implementada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Aumentos y nueva segmentación para 2025

Desde enero de 2025, las tarifas eléctricas tendrán un aumento del 1,6%, mientras que el gas subirá 1,8%, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. Estas subas están alineadas con el objetivo oficial de mantener la inflación mensual por debajo del 2% y garantizar aumentos moderados al menos durante el verano.

Sin embargo, la Secretaría de Energía también tiene pendiente una revisión integral de tarifas con transportistas y distribuidoras. Este proceso definirá no solo los nuevos valores que pagarán los usuarios, sino también las inversiones necesarias en la red energética para los próximos cinco años.

Impacto en las empresas y los hogares

Para las compañías del sector, los incrementos tarifarios autorizados durante 2024, en algunos casos de hasta un 500%, permitieron sanear balances después de años de congelamiento. Aun así, los consumidores enfrentan un escenario de menor asistencia, con topes más bajos para las bonificaciones y ajustes que afectan especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos.

Con la intención de continuar reduciendo el déficit fiscal, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar el alivio a las cuentas públicas con el impacto social de los recortes. Según expertos, este proceso será clave para consolidar la sostenibilidad económica en los próximos años.

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Aumentaron los impuestos a los combustibles que se trasladan al valor de la nafta y el gasoil

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Pese a que los nuevos montos regirán a partir del 1° de enero, los usuarios verán un cambio en los precios de los surtidores este viernes

Tal como había sido anunciado, la nafta y el gasoil sufrirán nuevos aumentos en enero. En este contexto, el Gobierno oficializó la suba de los impuestos a los combustibles que se trasladan al valor que los consumidores encuentran en los surtidores. El incremento será de un 1,75%.

Los nuevos montos del impuesto a los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono quedaron establecidos en el artículo 1 del decreto 1134/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo establecido, los montos entrarán en vigor el 1° de enero y regirán hasta el 31 del mismo mes.

Se trata de otra actualización que forma parte del proceso hacia el sinceramiento de los precios que inició la gestión del Ministerio de Economía hace un año. De esta manera, los valores se fijan sobre la base de las variaciones de la inflación.

Hace unos días, YPF anunció cómo serán los nuevos precios a partir de enero e informó que el incremento comenzará a notarse en los surtidores a partir del 3 de enero. “Se trata del menor aumento mensual de los últimos 12 meses”, sostuvieron las voces allegadas a la compañía.

El incremento se prorrogó para evitar un fuerte impacto en el bolsillo de los viajeros durante los primeros días del año.

Dado que los precios de los combustibles varían considerablemente entre las distintas provincias, se sugiere que quienes viajan en auto investiguen cuáles son las estaciones de servicio más económicas a lo largo de su ruta. Una selección adecuada podría permitir un ahorro de varios miles de pesos en una sola carga de combustible.

Por ejemplo, en Misiones los precios de la nafta súper ascienden a $1.204 por litro (sin el aumento), en comparación con los $1.108 actuales en la CABA. Aunque la diferencia pueda parecer menor, se vuelve relevante al calcular el costo de llenar un tanque de 50 litros. Mientras en Buenos Aires llenar ese tanque requiere $55.400, en Misiones el costo aumenta a $60.200.

Según un informe de Surtidores basado en datos de la Secretaría de Energía de la Nación, las ventas de combustibles registraron en noviembre un crecimiento intermensual del 3,9%, siendo este el segundo mes consecutivo con resultados positivos para el sector. Sin embargo, la demanda total de combustibles acumuló una caída interanual del 10,5%, marcando el doceavo mes consecutivo en que se encuentra por debajo de los niveles del mismo mes del año anterior.

Aunque en la práctica no es el Gobierno el que coloca los precios de los combustibles, sino las empresas, la decisión tomada por YPF va de la mano de la política implementada por el Estado nacional en materia energética.

El ministro de Economía, Luis Caputo, definió hace algunas horas que las boletas finales para los usuarios de luz aumentarán en enero 1,6% y 1,8% las de gas natural, según confirmaron fuentes oficiales. El porcentaje de incremento está vinculado con el objetivo de apuntalar la desaceleración de la inflación y llegar lo más rápido posible a niveles por debajo del 2% mensual.

La premisa es que los incrementos se mantengan en esa pauta al menos durante el verano o que incluso sean más bajos. El Gobierno sí tiene previsto avanzar desde marzo con una revisión tarifaria que implicará incrementos en los servicios públicos de la energía, prevén, no mayores a los dos dígitos para los hogares y una profundización de la motosierra sobre los subsidios.

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El Gobierno extendió la suspensión de la pauta oficial por un año

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A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comunicación y Medios a cargo de Manuel Adorni volvió a implementar la medida que había sido anunciada durante la campaña presidencial

El Gobierno reglamentó este lunes una nueva medida en el marco del plan del ajuste que viene llevando a cabo desde que Javier Milei asumió en la presidencia y que tiene que ver con los recortes del gasto del Estado. En ese marco, se oficializó la extensión por un año más de la suspensión de la pauta oficial.

La medida, oficializada mediante la Resolución 7147/2024 de la Secretaría de Comunicación y Medios, justamente se fundamenta en la continuidad de políticas de austeridad fiscal, con el objetivo de optimizar el uso de recursos públicos y asignarlos a áreas prioritarias.

La decisión, que lleva la firma del vocero presidencial Manuel Adorni, se enmarca en un contexto de crisis económica que llevó al Congreso de la Nación a declarar la emergencia pública en junio pasado, a través de la Ley Bases. Este marco normativo subrayó la necesidad de limitar gastos superfluos del Estado, priorizando medidas destinadas a garantizar estabilidad administrativa y financiera.

La prórroga de esta medida amplía la vigencia del Decreto N° 89/23, que suspendió inicialmente las campañas publicitarias durante 2023. Esta había sido una de las decisiones que anunció el propio Milei en plena carrera por la presidencia y que fue implementada en los primeros días de su mandato.

“La coyuntura social al momento del dictado del Decreto N° 89/23 exigía profundizar los criterios de austeridad y eficiencia en el uso de los escasos recursos públicos existentes, a efectos de poder asignar los mismos a cuestiones prioritarias”, señala el documento oficial.

Desde su implementación, las acciones vinculadas al ajuste presupuestario han tenido un impacto notable en áreas estratégicas del Estado. El actual secretario de Comunicación y Medios destacó que el decreto responde a la exigencia de “no sobredimensionar la estructura estatal y garantizar una asignación eficiente de los recursos”.

En ese sentido, el Gobierno oficializó este lunes también una nueva prórroga del Presupuesto 2023 para el próximo año en el marco de la caída de los acuerdos en el Congreso de la Nación para llevar a adelante la propuesta que tenía el Ejecutivo.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 1131/2024 en el Boletín Oficial, que establece: “A partir del 1° de enero de 2025 en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el citado artículo 27, en los términos del Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023”.

A su vez, el Gobierno instruyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a “adecuar, oportunamente, el presupuesto que se prorroga”.

La pauta oficial consiste en fondos públicos destinados a difundir las gestiones del Gobierno nacional a través de distintos medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Estas partidas presupuestarias incluyen campañas informativas y de servicio público, como anuncios de políticas económicas, campañas preventivas de salud y comunicación de programas sociales.

La asignación de la publicidad oficial está regulada por el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO), donde deben inscribirse los medios y productoras interesadas. Este registro garantiza que los recursos sean canalizados hacia proveedores que cumplan con los requisitos legales y normativos.

El cese de esta herramienta generó rechazo en varios sectores, en especial entre sindicatos de prensa y asociaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). Su presidente, Martín Etchevers, expresó que “hacer periodismo profesional es costoso” y que el Estado debe garantizar la sostenibilidad de los medios, ya que la publicidad oficial “forma parte de las políticas públicas destinadas a la transparencia y a la rendición de cuentas”. Además, recordó que “el principio de difundir actos de gobierno está derivado de la Constitución Nacional”.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, defienden la decisión como un paso necesario para reducir el gasto público y garantizar una mayor eficiencia en la gestión estatal. Voceros oficiales enfatizaron que la medida no implica eliminar la comunicación gubernamental, sino suspender aquellas acciones que demanden costos directos. Asimismo, remarcaron que esta política es coherente con otras iniciativas destinadas a reducir la estructura administrativa del Estado.

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