Día: 27 mayo, 2025

ARCA sube a $10 millones el tope para identificar al consumidor final en comprobantes

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La nueva resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero apunta a simplificar la emisión de comprobantes y facilitar operaciones para monotributistas y pequeñas empresas, con impacto directo en el régimen simplificado y el uso de controladores fiscales.

Mediante la Resolución General 5700/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un nuevo umbral de $10 millones para la identificación obligatoria del consumidor final en facturas, remitos y otros documentos equivalentes. La medida, que entra en vigencia el 29 de mayo de 2025, modifica las resoluciones 1.415, 3.561 y 5.198 con el objetivo de simplificar trámites fiscales y modernizar el ecosistema de facturación electrónica.

A partir de ahora, solo deberán identificarse con CUIT, CUIL, CDI o DNI aquellas operaciones con consumidores finales que superen ese monto, reduciendo así la carga administrativa de los contribuyentes y eliminando burocracia innecesaria en operaciones de menor volumen.

Cambios clave en el régimen simplificado

La resolución también eleva a $500.000 el tope para operaciones que pueden ser respaldadas mediante el sistema “Facturador”, herramienta desarrollada especialmente para monotributistas adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Anteriormente, el monto límite era inferior, lo cual limitaba su uso en transacciones más significativas.

Para el caso de monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, se establece que no podrán emitir comprobantes con el Facturador si el monto supera la mitad del nuevo umbral, es decir, $250.000.

La iniciativa se enmarca en el Decreto 353/2025, que impulsa la simplificación y desregulación de trámites vinculados con la inversión y adquisición de bienes, con foco en la eficiencia administrativa y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Según establece la norma, la actualización responde a la necesidad de adaptar el sistema fiscal al nuevo contexto económico, garantizando mayor agilidad en el cumplimiento tributario y promoviendo la inclusión digital de contribuyentes pequeños y medianos. También busca optimizar el uso de controladores fiscales de nueva tecnología y mejorar la trazabilidad de operaciones sin imponer exigencias excesivas.

La medida reduce la carga burocrática para operaciones de bajo y mediano volumen, permitiendo a más monotributistas acceder a herramientas tecnológicas de facturación sin obstáculos administrativos”, señalaron fuentes de ARCA.

Desde el organismo también destacaron que los sistemas de control seguirán vigentes para asegurar el cumplimiento fiscal, pero con mayores márgenes de flexibilidad para los contribuyentes más pequeños, en línea con el principio de proporcionalidad de la carga tributaria.

Implicancias futuras para el ecosistema pyme

Con estos ajustes, la resolución se posiciona como una respuesta concreta a las demandas históricas del sector pyme y emprendedor, que reclamaban una normativa más accesible y adaptada a sus capacidades operativas.

La digitalización del régimen de comprobantes, sumada a la desburocratización progresiva de los procesos impositivos, podría favorecer una mayor formalización de la economía y estimular la inversión en sectores que tradicionalmente enfrentan barreras de entrada al sistema tributario.

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Nueva formación profesional en Sistemas de Información Geográfica

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3El jueves 29 a las 9:00  se presentará oficialmente una nueva propuesta de formación profesional en Sistemas de Información Geográfica (SIG). La presentación tendrá lugar en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
La capacitación comenzará el 9 de junio a las 18:00  y se extenderá durante cuatro meses, con encuentros de lunes a viernes. La modalidad incluye clases sincrónicas por Zoom y prácticas presenciales en terreno, lo que permitirá a los participantes vincular los contenidos teóricos con la experiencia directa en campo.

El Analista en Sistemas de Información Geográfica y Geomática aplicado al Agro estará capacitado para desarrollar soluciones tecnológicas que aceleren el avance de los diferentes sectores productivos en la industria del Agro. Además, estará preparado para liderar nuevos modelos de negocios que involucren el análisis de grandes volúmenes de datos geoespaciales, facilitando la toma de decisiones más fundadas y estratégicas.
A partir del uso de Sistemas de Información Geográfica, este profesional tendrá la capacidad de analizar e interpretar diferentes registros digitales provenientes de distintas fuentes, participando activamente en proyectos colaborativos de innovación digital. Su labor garantiza la fiabilidad de los datos registrados, aumentando la confianza de productores, empresas e instituciones involucradas.

Asimismo, el Analista en SIG y Geomática diseña y desarrolla propuestas para la incorporación de herramientas digitales que permitan el uso de modelos predictivos para mejorar la toma de decisiones. Esto incluye el manejo de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) y la integración de tecnologías como Internet de las Cosas (IoT), que facilitan la obtención de información detallada en tiempo real, el almacenamiento de grandes volúmenes de datos y la automatización de procesos productivos.

Este profesional está especialmente capacitado para afrontar las necesidades evolutivas que genera la industria del Agro, posicionándose como un actor clave en la modernización y digitalización del sector.
Quienes deseen obtener más información sobre el curso y el proceso de inscripción pueden escribir al correo: fpsistemainformaciongeografica@gmail.com

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Multan a Caminos del Río Uruguay S.A. por incumplimientos en mantenimiento de la Ruta 14

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Las resoluciones 874/2025 y 877/2025 imputan a la concesionaria por incumplimientos en el mantenimiento de tramos clave del Corredor Vial N°18. Las multas ascienden a más de 197 mil Unidades de Penalización.

Incumplimientos detectados en banquinas pavimentadas

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía, sancionó a la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. mediante las resoluciones 874/2025 y 877/2025, por incumplimientos contractuales en el mantenimiento de las banquinas pavimentadas sobre la Ruta Nacional N° 14, tramo correspondiente al Corredor Vial N°18.

Las infracciones fueron constatadas en las evaluaciones de estado de los años 2020 y 2022, respectivamente. En total, se relevaron 16 sectores con fisuras superiores a los límites establecidos por las especificaciones técnicas del contrato de concesión.

Multas por más de 197 mil Unidades de Penalización

La primera sanción, Resolución 874/2025, se basa en el Acta de Constatación N° 42/2022 y sanciona a la concesionaria por deficiencias detectadas en ocho progresivas entre los kilómetros 246 y 259. Se le impone una multa equivalente a 85.368 Unidades de Penalización.

La segunda, Resolución 877/2025, corresponde al Acta de Constatación N° 19/2021 y contempla otras ocho progresivas entre los kilómetros 260 y 268. En este caso, se determina una multa de 111.771 Unidades de Penalización.

Ambas resoluciones se sustentan en el Capítulo II, Anexo II del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión, que establece penalizaciones de hasta 900 Unidades por kilómetro con deficiencias y 300 por semana de demora en la subsanación, tras una tolerancia inicial de tres semanas.

Argumentos rechazados y antecedentes regulatorios

En sus descargos, la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. solicitó dejar sin efecto las actas de constatación alegando:

  • Falta de ajuste tarifario acorde a la inflación.
  • Incumplimiento del Estado en la renegociación del contrato.
  • Derecho a percibir el 50% del valor de obras ejecutadas.

Sin embargo, la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de la DNV desestimó estos argumentos. Afirmó que hubo actualizaciones tarifarias en múltiples resoluciones entre 2018 y 2023, que se promovieron reuniones para la renegociación del contrato, y que la concesionaria sigue recibiendo ingresos del Recurso de Afectación a Obras (RAO) desde 2014.

Asimismo, Vialidad indicó que las deficiencias detectadas “representan un riesgo para la seguridad vial y un menoscabo en las condiciones exigidas contractualmente de estética, seguridad y confort para el usuario”.

Un llamado de atención sobre la infraestructura concesionada

Las resoluciones refuerzan el rol del Estado nacional como organismo de control de las condiciones de infraestructura bajo concesión, especialmente en corredores estratégicos para el transporte y la logística regional.

Estas sanciones podrían ser una señal de mayor rigurosidad en la fiscalización del cumplimiento de los compromisos contractuales por parte de las concesionarias viales, en un contexto donde el mantenimiento de las rutas es clave para la competitividad y seguridad del transporte terrestre.

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El Ministerio de Salud interviene el Instituto Nacional del Cáncer por acefalía operativa

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Acefalía en el Instituto Nacional del Cáncer: el Ministerio de Salud reasume el control operativo

Tras la inacción del único vocal activo, el Gobierno limita funciones y encomienda la gestión del INC a la Secretaría de Gestión Sanitaria. La medida busca garantizar la continuidad del organismo clave en la lucha contra el cáncer.

Reorganización urgente ante una situación crítica

Mediante la Resolución 1782/2025, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió limitar las funciones del Dr. Silvio Alejandro Tatti —único vocal activo del Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional del Cáncer (INC)— y encomendar la firma de todos los actos administrativos al titular de la Secretaría de Gestión Sanitaria. La decisión obedece a una situación de acefalía operativa, generada por la renuncia de la directora anterior y la falta de reemplazo efectivo.

Un instituto descentralizado sin conducción efectiva

La medida se inscribe en el marco de las atribuciones que confiere al Ministerio de Salud la Ley N° 27.285, que regula el funcionamiento del INC como organismo descentralizado con autarquía funcional, administrativa y financiera, pero bajo la órbita de dicha cartera.

La acefalía se produjo tras la renuncia de la Dra. María Verónica Pesce, formalizada el 15 de enero de 2025 mediante la Resolución 925/2025. De acuerdo con la normativa vigente, en caso de vacancia, el vocal designado debía asumir interinamente las funciones ejecutivas. Sin embargo, el Dr. Tatti —único vocal en funciones, designado ad honorem por Decreto 657/2021— fue notificado debidamente pero no asumió el rol de conducción que le correspondía por ley.

El Ministerio asume el control directo del organismo

Frente a la parálisis institucional, el Ministerio aplicó el inciso c) del Decreto N° 101/1985, que le permite intervenir en situaciones que afecten el funcionamiento de los entes bajo su tutela. En consecuencia:

  • Se limitaron las funciones del Dr. Tatti como vocal del Consejo Ejecutivo del INC.
  • Se delegó la gestión del despacho y la firma de todos los documentos del Instituto al Secretario de Gestión Sanitaria.

La resolución aclara que estas medidas rigen desde el día siguiente a su dictado, y se adoptan para garantizar la continuidad del servicio público de salud, especialmente en un organismo que atiende problemáticas críticas como la prevención, detección y tratamiento del cáncer a nivel nacional.

Antecedentes jurídicos y operativos

El Instituto Nacional del Cáncer fue creado en 2010 mediante el Decreto 1286/2010, y su funcionamiento fue normado en detalle por la Ley N° 27.285 sancionada en 2016. Su estructura organizativa fue aprobada en 2019 (Decisión Administrativa N° 23/2019), y contempla un director nacional asistido por un Consejo Ejecutivo de cinco vocales.

Al momento del dictado de la presente resolución, solo uno de esos cinco cargos estaba ocupado. La falta de nombramientos y la negativa del único vocal a asumir funciones ejecutivas dejaron al organismo sin conducción, lo cual, según el texto oficial, “afecta gravemente la operatividad del INC”.

Esta resolución marca un punto de inflexión en la gestión sanitaria nacional, al exponer las debilidades estructurales en los entes descentralizados cuando no se completan los nombramientos clave ni se asegura la operatividad interna.

La intervención del Ministerio implica una asunción directa del control, que si bien garantiza el funcionamiento inmediato del organismo, deja en evidencia la necesidad urgente de recomposición institucional del Instituto Nacional del Cáncer para evitar futuras situaciones de acefalía.

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