Mes: diciembre 2025

Subsidios energéticos: cerró la consulta pública y el Gobierno acelera el nuevo esquema focalizado

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El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el proceso de reducción y reordenamiento de los subsidios energéticos al declarar formalmente cerrado el procedimiento de consulta pública para la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida quedó establecida mediante la Resolución 592/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y habilita al Poder Ejecutivo Nacional a avanzar con la puesta en marcha definitiva del nuevo esquema tarifario a partir de enero de 2026.

La consulta pública concluyó a las 0:00 horas del 20 de diciembre de 2025, tras un plazo de quince días hábiles administrativos, durante el cual se recibieron presentaciones de usuarios, empresas distribuidoras, entes reguladores, asociaciones de consumidores, cooperativas, federaciones del sector y defensorías del pueblo nacionales y provinciales. El cierre de esta instancia marca la culminación del período de transición previsto en el Decreto 465/2024 y sus prórrogas, y consolida el giro hacia un esquema de tarifas más alineadas con los costos económicos reales de abastecimiento.

Antecedentes normativos y fundamentos del nuevo régimen tarifario

El proceso tuvo su origen en la Resolución 484/2025 de la Secretaría de Energía, que dispuso la apertura de la consulta pública con el objetivo de garantizar la participación ciudadana previa a la aprobación del nuevo régimen. La iniciativa se encuadró en lo dispuesto por las Leyes 19.549, 27.275 y 27.742, el Decreto 1.172/2003 y los principios constitucionales de publicidad de los actos de gobierno y acceso a la información pública.

Según detalla la resolución, la propuesta sometida a consulta incluyó la readecuación de los precios de referencia del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), del gas propano indiluido por redes y del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), sobre los cuales se aplicarán las bonificaciones del nuevo esquema. La Secretaría de Energía sostuvo que estos precios constituyen un componente estructural del sistema, definido en base a criterios técnicos, económicos y regulatorios.

Durante el procedimiento, la autoridad de aplicación destacó que el SEF busca “equilibrar la atención de las particularidades territoriales con la necesidad de establecer límites claros y reglas generales que aseguren una administración eficiente, equitativa y sostenible del sistema de subsidios energéticos”, sin alterar los lineamientos generales del régimen propuesto.

Cómo funcionarán los Subsidios Energéticos Focalizados y quiénes quedarán alcanzados

El nuevo esquema introduce cambios de fondo en la forma de asignar la asistencia estatal. Entre los principales lineamientos técnicos se destacan:

  • Bonificación de transición: se aplicará un descuento extraordinario durante todo 2026, concebido como una medida transitoria para acompañar la migración desde el sistema vigente hacia el nuevo régimen focalizado.
  • Canasta Básica Energética (CBE): el subsidio se calculará sobre un bloque de consumo básico, determinado según la zona bioclimática de residencia, y no sobre el consumo total del hogar.
  • Criterio de ingresos: el Estado intervendrá únicamente cuando el costo de la CBE supere entre el 10% y el 15% del ingreso total del grupo familiar, cubriendo solo esa diferencia.
  • Umbral máximo: el acceso al subsidio quedará restringido a hogares con ingresos mensuales inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT). A valores de diciembre de 2025, ese tope se ubica en aproximadamente $3.640.000, según el INDEC. El límite se reduce frente al esquema anterior, que permitía hasta 3,5 CBT, lo que implica la salida del beneficio de un segmento previamente categorizado como ingresos medios (Nivel 3).

El régimen también incorpora exclusiones automáticas por patrimonio, independientemente del ingreso declarado. Quedarán fuera del subsidio los hogares que posean dos o más inmuebles, vehículos de menos de 10 años de antigüedad (con excepción de personas con discapacidad), embarcaciones o aeronaves, servicios de medicina prepaga no vinculados al empleo o consumos elevados en moneda extranjera.

A nivel operativo, se elimina la segmentación en N1, N2 y N3. El sistema pasa a una lógica binaria de “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”. Los usuarios registrados en el RASE serán migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), aunque la Secretaría de Energía realizará auditorías periódicas y cruces de datos para verificar el cumplimiento continuo de los requisitos.

Observaciones recibidas, ajustes y efectos esperados

Las presentaciones realizadas durante la consulta pública se concentraron principalmente en los topes de consumo subsidiados por zonas geográficas, especialmente en relación con los requerimientos energéticos esenciales que varían según el clima, la infraestructura local y la disponibilidad de fuentes alternativas. También se plantearon objeciones vinculadas a los riesgos de exclusión por barreras digitales, con pedidos específicos para reforzar los mecanismos de atención presencial y los canales de revisión de categorización.

La Secretaría de Energía informó que estos aportes fueron evaluados y que se introducirán mejoras en los procesos de cruce y validación de información, así como en los procedimientos de revisión, para reducir errores de exclusión. El informe técnico de cierre fue elaborado por la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y elevado al Poder Ejecutivo Nacional junto con todos los antecedentes del proceso.

Desde una perspectiva económica e institucional, el avance del SEF implica un recorte progresivo del gasto en subsidios, una mayor focalización del gasto público y un traslado más explícito del costo de la energía hacia los usuarios con mayor capacidad contributiva. Al mismo tiempo, el esquema preserva mecanismos de protección para los hogares vulnerables en el tramo final del Período de Transición.

Con el cierre formal de la consulta pública, el Gobierno quedó habilitado para definir la reestructuración definitiva de los subsidios energéticos, una de las piezas centrales de la política fiscal y tarifaria para 2026.

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La ANPYN relanza la licitación de la hidrovía, clave para el 80% de las exportaciones

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El Gobierno convocó a licitación internacional de la hidrovía. Y fija el 27 de febrero de 2026 como fecha clave para el eje logístico de las exportaciones argentinas.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025 para la concesión de la Vía Navegable Troncal, una infraestructura crítica por la que circula aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas. La convocatoria quedó formalizada mediante la Resolución 67/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece como fecha límite para la presentación de ofertas el 27 de febrero de 2026 a las 13:00 horas, a través del portal CONTRAT.AR.

El proceso apunta a la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la principal arteria fluvial del país, considerada estratégica para el comercio regional e internacional y para el desarrollo de las economías regionales. El relanzamiento se produce luego de que la licitación anterior fuera dejada sin efecto en febrero de 2025, tras registrarse una única oferta.

Alcance de la concesión y fundamentos normativos

La licitación comprende el tramo que se extiende desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, en el punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior, alcanzando el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio. Incluye las vías del Canal Ingeniero Emilio Mitre y los ríos Paraná de las Palmas, Paraná Bravo, Paraná Guazú, Talavera y Paraná–Océano Atlántico.

En los considerandos de la resolución, la ANPYN fundamenta la medida en el marco legal vigente. Se apoya, entre otras normas, en la Ley 17.520, modificada por la Ley 27.742, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas mediante el cobro de peajes o tarifas, y en la Ley 20.094, que establece que las aguas navegables interjurisdiccionales son bienes públicos sujetos a jurisdicción nacional.

Asimismo, se recuerda que por el Decreto 699/2024 se declaró servicio público a las actividades de dragado, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables, y que el Decreto 709/2024 delegó en la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la facultad de convocar y adjudicar la licitación. Tras la reorganización institucional dispuesta por el DNU 3/2025, esas competencias quedaron en cabeza de la ANPYN, creada como ente autárquico en la órbita del Ministerio de Economía y continuadora jurídica de la ex Subsecretaría y de la Administración General de Puertos.

Del fracaso de la licitación anterior a un nuevo esquema participativo

El nuevo llamado sucede a la Licitación N° 1/2024, cuya apertura del Sobre N° 1 se realizó el 12 de febrero de 2025 y arrojó como resultado una única oferta, presentada por la firma Dredging, Environmental and Marine Engineering NV. En ese contexto, y apelando al principio de concurrencia para garantizar mayor competencia, la ANPYN resolvió dejar sin efecto ese procedimiento por razones de “oportunidad, mérito y conveniencia”.

A partir de allí, el organismo avanzó en un proceso de reformulación de los pliegos que incluyó la creación de una Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal, aprobada por Resolución 18/2025. Ese espacio permitió la participación de usuarios, cámaras, provincias, puertos, sindicatos, universidades y organismos internacionales, y derivó en aportes técnicos, legales y económicos.

En paralelo, el 28 de mayo de 2025 la ANPYN suscribió un Memorando de Entendimiento con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó de las mesas de diálogo y elaboró un informe de Recomendaciones y Buenas Prácticas para el proceso licitatorio. Según la resolución, este trabajo conjunto aportó un marco técnico alineado con estándares internacionales.

El proceso también incluyó una audiencia pública informativa, realizada el 3 de noviembre de 2025, en los términos de la Ley General del Ambiente N° 25.675, y una etapa de observaciones previas a los proyectos de pliegos, abierta por Resolución 61/2025. En ese período se recibieron 40 presentaciones, principalmente sobre aspectos técnicos, económicos y ambientales, que fueron sistematizadas en un informe final aprobado el 16 de diciembre de 2025.

Impacto económico e institucional de una licitación estratégica

La resolución subraya que la Vía Navegable Troncal concentra cerca de 60 terminales portuarias y constituye la principal ruta fluvial del país para el transporte de cargas. En ese sentido, la ANPYN destaca que la libre navegación en condiciones competitivas se ha constituido como una política de Estado, en línea con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Nacional.

Desde el punto de vista económico, el nuevo llamado busca garantizar previsibilidad operativa, continuidad del servicio y mejoras en eficiencia logística, en un corredor clave para las exportaciones agroindustriales y el comercio exterior. En términos institucionales, el proceso apunta a reforzar la transparencia y la legitimidad del esquema concesional, incorporando instancias de participación y control ambiental.

La Comisión Evaluadora estará integrada por Ariel Romeo Cherubini, Francisco Mansanta y Cristian Luis Rigueiro como miembros titulares, con suplentes designados, y tendrá a su cargo el análisis de las propuestas técnicas y económicas que se presenten.

Con el cronograma ya definido y los pliegos aprobados, la licitación de la hidrovía entra en una fase decisiva. El resultado del proceso será determinante para el futuro del principal sistema fluvial argentino y para la competitividad logística del país en los próximos años.

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El Gobierno amplía al 50% el uso de regalías hidroeléctricas en especie para aliviar a los distribuidores provinciales

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El Gobierno nacional dispuso una modificación clave en el régimen de regalías hidroeléctricas, al autorizar que las provincias puedan aplicar hasta el 50% de la energía facturada a los agentes distribuidores como compensación en especie por el uso de fuentes hidroeléctricas. La medida fue formalizada a través de la Resolución 588/2025 de la Secretaría de Energía, firmada el 19 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre, y comenzará a regir a partir de la transacción económica de enero de 2026.

La decisión eleva significativamente el límite vigente —que hasta ahora permitía un descuento máximo del 30%— y se inscribe en el proceso de reordenamiento normativo del sector eléctrico impulsado tras la aprobación de la Ley 27.742 y el Decreto 450/2025, que reformularon el régimen federal de la energía eléctrica. El objetivo explícito es mejorar la situación económico-financiera de los distribuidores provinciales, sin generar distorsiones relevantes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) ni impactos significativos sobre las tarifas finales.

Marco legal y antecedentes del régimen de regalías hidroeléctricas

El esquema de regalías tiene su base en el Artículo 43 de la Ley 15.336, modificado por la Ley 23.164, que establece que las provincias donde se encuentren fuentes hidroeléctricas perciben mensualmente el 12% del valor de la energía vendida en bloque. En el caso de ríos interprovinciales, ese porcentaje debe distribuirse de manera “equitativa y razonable” entre las jurisdicciones involucradas.

A partir del Decreto 287/1993, las provincias quedaron habilitadas a optar por cobrar esas regalías en energía eléctrica, en lugar de hacerlo en dinero, con la posibilidad de destinarla al abastecimiento local o comercializarla en el MEM. Esa opción fue reglamentada y ampliada a lo largo de los años mediante distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, que reconocieron a las provincias —y luego a sus empresas distribuidoras— como participantes del mercado.

En particular, la Resolución 17/2019 había fijado un tope del 30% de la energía facturada al agente distribuidor para aplicar el descuento derivado de las regalías en especie, siempre que se tratara de empresas del sector público provincial y que la energía se destinara a la demanda local. La nueva Resolución 588/2025 modifica ese límite y redefine el esquema para adecuarlo al nuevo ordenamiento jurídico del sector eléctrico, manteniendo la vigencia del artículo 43 de la Ley 15.336 como sustento legal del régimen.

El nuevo tope del 50%, su implementación y los efectos esperados

Con la nueva norma, el descuento por regalías hidroeléctricas en especie podrá alcanzar hasta el 50% de la energía facturada al agente distribuidor que actúe como prestador del servicio público de distribución y que haya sido expresamente designado por la provincia titular del derecho de cobro. La resolución precisa además que, a los fines interpretativos, toda referencia previa a “provincia comercializadora de regalías en especie” deberá entenderse realizada al agente o agentes distribuidores que cumplan simultáneamente con esas condiciones y destinen efectivamente la energía al abastecimiento local.

El incremento del límite fue evaluado mediante un análisis técnico-económico realizado por la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, que incluyó simulaciones para el período estacional vigente y escenarios prospectivos coherentes con la senda de normalización tarifaria definida por la Secretaría de Energía. Según el informe, pasar del 30% al 50% —valorizando la energía tanto al precio estacional de referencia como al precio del Mercado Spot del MEM— no genera alteraciones significativas en el costo medio de abastecimiento del sistema ni en los niveles tarifarios finales, ya que las variaciones se mantienen dentro de márgenes compatibles con la política de gradualidad y previsibilidad tarifaria.

El análisis también señala que el impacto positivo se concentra principalmente en las provincias con alta participación de generación hidroeléctrica en su matriz de abastecimiento, mientras que resulta prácticamente neutro para el resto de las jurisdicciones. En ese sentido, la medida apunta a fortalecer la capacidad de cancelación de obligaciones de los distribuidores provinciales, preservando al mismo tiempo un volumen suficiente de transacciones a precio pleno en el MEM para sostener señales económicas adecuadas y la solvencia general del sistema.

La resolución deja sin efecto el artículo 4° de la normativa anterior y faculta a la Subsecretaría de Energía Eléctrica a informar a CAMMESA la fecha de aplicación del descuento en cada caso, así como a resolver cuestiones operativas e interpretativas. De este modo, el Gobierno introduce un ajuste técnico con impacto fiscal y financiero relevante para las provincias, en el marco de una estrategia más amplia de reordenamiento institucional del mercado eléctrico.

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Otra cooperativa yerbatera en crisis con cientos de cheques rechazados

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La crisis financiera que atraviesa la cadena yerbatera misionera sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo, con ramificaciones que exceden largamente a una sola empresa o cooperativa. A la cesación (momentánea) de pagos anunciada por la Cooperativa Yerbatera Andresito, se agrega ahora la compleja situación de la Cooperativa La Hoja, propietaria de una marca conocida del mercado, que acumula una abultada cantidad de cheques rechazados y arrastra en su caída a cooperativas proveedoras de menor escala.

Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina, la Cooperativa La Hoja mantiene una deuda superior a 1.200 millones de pesos, correspondiente a 398 cheques rechazados. Buena parte de esos compromisos impagos impacta directamente sobre cooperativas de productores que le vendieron yerba canchada, profundizando una crisis de liquidez que se expande en forma de efecto dominó dentro del entramado productivo.

Entre las entidades afectadas aparece la Cooperativa Agrícola Km. 16, con sede en Oberá, que enfrenta serias dificultades para cumplir con los pagos a sus socios tras el incumplimiento del molino al que abastece.

“La cooperativa tiene 20 años. Está conformada por 20 socios y compramos yerba a terceros productores. Son unas 110 familias, de las cuales unas 50 no cobraron. La bomba explotó hace 60 días con los primeros cheques rebotados de la yerba canchada que le vendimos al molino La Hoja. Eso hizo que rebotaran nuestros cheques”, relató a Bichos de Campo el productor y tesorero de la entidad, Patricio “Pato” Koch.

Los números reflejan la magnitud del problema: la cooperativa Km. 16 adquiere anualmente unos 8 millones de kilos de hoja verde, que tras el secado se convierten en aproximadamente 3 millones de kilos de yerba canchada. Entre el 10% y el 15% de ese volumen se destina a producción propia bajo la marca Yerba Progreso, mientras que el resto se envía a distintos molinos para su estacionamiento, entre ellos La Hoja.

Sin embargo, el quiebre en la cadena de pagos generó una deuda acumulada de 628 millones de pesos, correspondiente a 489 cheques rechazados, también según registros del BCRA. Un golpe severo para una estructura cooperativa que depende de la rotación financiera para sostener a decenas de familias productoras.

Andresito, la señal de alarma

La crisis tomó mayor visibilidad pública tras el anuncio de la Cooperativa Yerbatera Andresito, que comunicó formalmente la suspensión de pagos “debido a la situación económica actual”. Se trata de una de las cooperativas más relevantes del norte misionero, por lo que su decisión encendió alarmas en todo el sector.

Más allá de los casos puntuales, el trasfondo es común: caída del flujo financiero, incumplimientos en cascada y una estructura de costos que ya no encuentra precios de referencia que garanticen previsibilidad. A eso se sumó el elevado costo financiero por las tasas impuestas por los bancos.

En el sector yerbatero hay consenso sobre el origen del problema. El quiebre estructural se produjo en diciembre de 2023, con la entrada en vigencia del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno nacional avanzó en una profunda desregulación del mercado yerbatero. La norma dejó sin efecto una de las principales herramientas del Instituto Nacional de la Yerba Mate: la facultad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada.

La eliminación de ese mecanismo alteró de inmediato el equilibrio interno de la cadena y expuso con crudeza las asimetrías entre productores primarios, cooperativas, secaderos y grandes molinos. En un mercado altamente concentrado, la pérdida de precios de referencia trasladó el riesgo financiero hacia los eslabones más débiles.

Durante 2024 y 2025, las cooperativas -históricamente un amortiguador frente a los vaivenes del mercado- comenzaron a mostrar signos crecientes de estrés: menor volumen de acopio, retrasos en los cobros, mayores costos operativos y una creciente dependencia de pagos diferidos que hoy se traducen en cheques sin fondos.

Lo que ocurre con Andresito, La Hoja y Km. 16 no es un hecho aislado, sino la manifestación más visible de una crisis sistémica en la principal economía regional de Misiones. La ruptura de la cadena de pagos compromete no solo a las cooperativas, sino también a cientos de productores primarios, tareferos, secaderos y economías locales que dependen directamente del movimiento de la yerba mate. En las últimas horas, una yerbatera de renombre tuvo que asistir financieramente a una cooperativa del sur provincial para evitar un inminente colapso.

Sin precios de referencia, con contratos frágiles y un mercado desregulado, la lógica financiera reemplazó a la lógica productiva. El resultado es una sangría que continúa, con cooperativas endeudadas, productores sin cobrar y una creciente incertidumbre sobre la sustentabilidad del modelo yerbatero misionero en el nuevo escenario.

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Del vivero al papel y las bolsas de exportación: 50 años de Papel Misionero

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Papel Misionero es un emblema. Medio siglo de producción forestal desde Misiones al mundo, con plantines seleccionados, papel de alta calidad y una nueva línea de bolsas industriales que llegan a 40 destinos de exportación. Desde su génesis, se convirtió en un motor económico de Puerto Leoni, Puerto Rico y Capioví: hoy hay cerca de 350 jóvenes de la zona trabajando en las fábricas que combinan experiencia con lo más moderno del mercado. Muchos entraron sin experiencia previa, otros tanto, gracias a los vínculos educativos que se tejieron desde que Arcor se hizo cargo de la firma. 

Queda poco de aquellos años iniciales. Camilo Paniego, gerente técnico de la planta, es uno de ellos. Cuarenta y siete años y medio de experiencia en la fábrica, a la que entró siendo apenas un adolescente. Historia viva de la planta que comenzó siendo del Estado, se privatizó y luego cambió de manos. Cuenta cada etapa con orgullo sincero. Y hay mucho para contar. Hoy Papel Misionero es carbono positivo, con diez mil toneladas de carbono captadas más de la que emiten, según las certificaciones de FSC y PEFC. Con residuos forestales, la planta se autoabastece de energía con un ahorro de 20 mil toneladas de fuel oil al año. Esos logros se traducen en la emisión de 355 mil bonos de carbono colocados en el mercado. 

Guillermo Muller, Gerente General de Packaging del Grupo Arcor, repasó el presente de la planta, su impacto económico regional y la importancia de sostener una mirada estratégica de largo plazo.

Papel Misionero comenzó trabajando con el raleo de la producción forestal local y hoy es un actor relevante en la producción de papeles kraft y sack kraft. ¿Qué representa este recorrido de 50 años?
Es un recorrido muy significativo. Haber transitado 50 años en una industria como esta no es un dato menor. Papel Misionero pasó de ser una empresa vinculada al aprovechamiento del raleo forestal a convertirse en un jugador importante en la producción de papeles kraft y sack kraft. Creo sinceramente que es un orgullo para la Argentina contar con una empresa de estas características, con esta trayectoria y con este nivel de desarrollo industrial.

¿Cómo describiría hoy a la planta en términos de empleo y capacidad productiva?
La planta, junto con la planta de bolsas industriales, genera de manera directa más de 350 empleos. Pero cuando uno analiza el impacto real, hay que sumar todo el empleo indirecto, que tranquilamente multiplica ese número por más de cinco. Desde el punto de vista económico, esto tiene un efecto muy significativo en la región. Además, hay un aspecto clave: transformar los activos forestales de la provincia en valor agregado industrial. Ahí hay un eje central del aporte de Papel Misionero.

Más allá del empleo directo, ¿cómo se mide el aporte económico de Papel Misionero a la provincia?
Es difícil cuantificar con precisión, porque Papel Misionero tiene un impacto económico muy amplio. No se trata solo de la venta de papel o de bolsas. Hay que considerar a los servicios forestales, el transporte, los proveedores, los servicios de mantenimiento y todo el ecosistema que permite que la industria funcione. En una parada de planta, por ejemplo, directa e indirectamente trabajan más de mil personas.

Durante los períodos de parada, la capacidad hotelera se ocupa de manera muy significativa y eso derrama sobre las localidades cercanas, que experimentan un aumento general de la actividad. Es un impacto concreto y visible en la economía regional.

En materia de exportaciones, ¿a cuántos mercados llega hoy Papel Misionero?
Actualmente estamos llegando a 40 países. Exportamos a todos los continentes: Asia, África, Europa, muchos países de América. Es el resultado de un camino de 50 años. En los últimos tiempos, además, empezamos a trabajar con mayor foco en generar más valor agregado, exportando bolsas, lo que nos permitió ingresar a mercados muy sofisticados y abrir oportunidades aún mayores.

¿Qué implica competir en esos mercados internacionales?
Implica una visión de largo plazo. Somos parte del país y como tal tenemos que adaptarnos a distintas circunstancias, pero no se puede pensar solo en el corto plazo. Ganar un mercado externo lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Tomar la decisión de salir por una cuestión circunstancial es muy costoso y, en muchos casos, volver es imposible. Por eso, si hay algo que caracterizó a Papel Misionero a lo largo del tiempo es la continuidad en apostar a políticas de mediano y largo plazo.

¿Qué rol juegan las políticas públicas en ese proceso?
Todo lo que sea financiamiento para nuevas inversiones, promoción de exportaciones y el trabajo de la Cancillería para facilitar el acceso a mercados internacionales es clave. Pero no beneficia solo a Papel Misionero: juega a favor de toda la industria y, en definitiva, de todo el país.

Papel Misionero, empresa líder en la producción de papel Kraft (papel marrón de alta resistencia utilizado para embalajes, bolsas y cajas) y de bolsas industriales, es la única planta integrada del país que abarca todo el proceso productivo: forestación, producción de celulosa, fabricación de papel (Kraft Linerboard y Sack Kraft) y desarrollo de bolsas industriales. Es el único productor de papel Kraft elaborado 100% con fibra virgen de pino. 

Tiene un enorme impacto económico en toda la zona, ya que solo el 40 por ciento de la demanda de madera se cubre con producción propia, mientras que el resto proviene de productores locales. 

Desde su incorporación a Grupo Arcor en 2017, la compañía ha mantenido un desarrollo continuo, acompañado por un proceso de inversión y diversificación que reforzó su competitividad. Entre sus inversiones recientes, en 2021 la compañía destinó 20 millones de dólares a la construcción de una nueva planta de bolsas industriales con una capacidad productiva de más de 80 millones de bolsas por año, que además de abastecer el mercado interno, se exportan a Estados Unidos, Paraguay, Colombia, Chile y Bolivia.

A su vez, el papel Kraft de Papel Misionero ha llegado históricamente a más de 40 países de América, Europa, África y Asia, consolidando su presencia internacional en los principales mercados del mundo.

En materia de sustentabilidad, la compañía cuenta con certificación de carbono positivo; es decir, absorbe más carbono del que emite, gracias a una gestión forestal responsable y a la conservación activa de la biodiversidad, también avalada por la certificación PEFC

El complejo de Papel Misionero abarca más de 22 mil hectáreas, donde se encuentra la Reserva Natural y Cultural Papel Misionero, que se extiende por 10.300 hectáreas y alberga familias de la comunidad Mbya guaraní con las que se realizan proyectos de desarrollo productivo y educativo, y especies de fauna en peligro de extinción. En este espacio, y también en las zonas productivas, la empresa realiza tareas de regeneración ambiental, reforestación y monitoreo de fauna. En la reserva, ubicada en El Soberbio, se encontraron 29 tipos de animales, el 75 por ciento de las especies esperables.

De forma complementaria, mantiene un vivero forestal que produce plantines de más de 30 especies nativas, destinados a proyectos de recuperación ambiental y forestación, contribuyendo así a la preservación activa del entorno natural, explicó Andrés Garde, gerente industrial Papel Misionero del del Grupo Arcor, aunque con pasado como gerente de la planta de Puerto Leoni. 

El vivero de pino produce 700 mil plantas, suficientes para cubrir 500 hectáreas de plantación por año. En total, Papel Misionero tiene siete mil hectáreas forestadas propias.

La planta consume mil toneladas diarias de madera y cuenta con reservas para 30 o 40 días. Por día entran a la planta un centenar de camiones. 

Además, Papel Misionero consolidó un modelo productivo circular que aprovecha los subproductos del proceso industrial para generar energía renovable a través de una caldera de biomasa. Este mecanismo permitió reemplazar el uso de combustibles fósiles y reducir 20.000 toneladas de consumo anual de fuel oil, y contribuyó a la obtención de más de 355 mil bonos de carbono.

La caldera genera 110 toneladas de vapor por hora, suficientes para generar 8 megas de energía. Por cada tonelada de papel se utilizan actualmente 100 m3 de agua. Hace unos años se usaban 120. El objetivo es bajar a 80 m3. 

El vínculo con la comunidad es otro pilar fundamental de su gestión. La empresa sostiene alianzas con instituciones educativas, como la Tecnicatura en Celulosa y Papel, impulsada junto a la Universidad Nacional de Misiones y la Municipalidad de Puerto Rico. Estas iniciativas alcanzan a más de 400 estudiantes por año y promueven la formación técnica y profesional favoreciendo la empleabilidad de los jóvenes. Hoy el 45 por ciento del personal de planta es femenino, con un 22 por ciento de mujeres en roles jerárquicos, contó Rocío Pérez, gerente de Recursos Humanos, quien se sumó al grupo Arcor hace once años. 

Al mismo tiempo, Papel Misionero brinda un horizonte laboral real para muchos de ellos, permitiendo que jóvenes misioneros puedan crecer profesionalmente y proyectar su futuro en su lugar de origen. 

Ceo fotógrafo. Muller y los jóvenes operarios compartieron un brindis por los 50 años de Papel Misionero.

Del mismo modo, la empresa acompaña el desarrollo del entramado productivo a través de iniciativas que buscan fortalecer a toda la cadena forestal. En este marco, trabaja junto al INTA para obtener árboles con mayor rendimiento y mejor calidad de fibra que se traducirán en un papel con los más elevados estándares de calidad. Los resultados de esta alianza beneficiarán a toda la cadena forestal, ya que las nuevas variedades podrán ponerse a disposición de productores locales, favoreciendo un abastecimiento más eficiente, sustentable y competitivo. Esta alianza fortalece el ecosistema forestal regional, ayudando a elevar la productividad de los bosques que abastecen a la industria del papel.

Muller marca que “estos 50 años reflejan el esfuerzo y la evolución de una industria que hoy es sinónimo de innovación y calidad. Nuestra mirada está puesta en el futuro: seguir modernizando procesos, ampliando mercados y reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento de Misiones. Argentina tiene una gran oportunidad de seguir desarrollando la industria celulósica papelera, dado que tiene las condiciones de competitividad a nivel mundial”.  

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