Tras la eliminación del impuesto PAIS, el Gobierno decidió realizar una prórroga al Fondo Nacional de Turismo que aplica un 7% de impuesto a los pasajes. La medida se confirmó por Boletín oficial.
Luego de la eliminación del impuesto PAIS, el Gobierno decidió extender por dos años la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, prolongándolo hasta el 31 de diciembre de 2027. Debido a esta medida, se mantiene el impuesto del 7% sobre el precio de los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior.
La medida fue oficializada por Boletín oficial este lunes 6 de enero, a través del Decreto 4/2027 que cuenta con las firmas del canciller Gerardo Werthein, el ministro de Defensa Luis Petri, el titular del Ministerio de Economía Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Sandra Pettovello en representación del Ministerio de Capital Humano, y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
Qué es el Fondo Nacional de Turismo
Este programa, implementado hace 20 años, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la industria turística en el país. A partir de ahora, estará bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli. La medida fue respaldada por la firma de gran parte del Gabinete, incluido Luis “Toto” Caputo.
El fondo fue originalmente creado por la Ley Nacional de Turismo promulgada en enero de 2005, cuyo propósito es promover, regular y desarrollar la actividad turística en el país. Además, la norma establece la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos turísticos nacionales, garantizando la calidad y fomentando la cooperación entre los sectores público y privado en el ámbito turístico.
El principal propósito del Fondo es fomentar y regular la actividad turística nacional, con un enfoque en el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de los servicios turísticos. Su administración está a cargo de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, en colaboración con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli.
Con la reciente publicación, el Fondo Nacional del Turismo se renueva nuevamente, marcando la segunda extensión de su vigencia, conforme lo detallado en los fundamentos expuestos: “Que la vigencia del Fondo de que se trata, de conformidad con lo previsto en el inciso m) del artículo 24 de la Ley N° 25.997 y sus modificatorias, fue establecida por un plazo de DIEZ (10) años, habiendo sido prorrogado, por mandato del artículo 58 de la Ley N° 27.008, por otros DIEZ (10) años, a partir del 5 de enero de 2015″.
La institución, que opera bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se financia mediante diversas fuentes: las partidas asignadas en el Presupuesto de la Administración Nacional, donaciones y legados al Estado nacional destinados a fines turísticos, intereses, recargos, multas y otras sanciones económicas por incumplimientos de la normativa vigente, ingresos provenientes de servicios prestados a terceros y concesiones otorgadas, además del mencionado impuesto del 7% conocido como DNT, según lo estipulado en la legislación.
El presidente Javier Milei dispuso la disolución de los fondos del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para Vivienda Social.
Respecto al primero, señala que mediante el artículo 74 de la Ley N° 26.895 y su modificatoria se autorizó al Ejecutivo “a crear y/o constituir y/o participar en fideicomisos, destinado al otorgamiento de avales para la facilitación del acceso al crédito a los beneficiarios del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF)”.
En esa línea, argumentan que “el fideicomiso que instrumentó el Programa antes citado ha cumplido con su objeto, según lo informado por la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA”.
La ley 27.078 declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones. Mediante la misma, se creó el Fondo Fiduciario del Servicio Universal “financiado con los aportes de inversión realizados por los licenciatarios de servicios de TIC, equivalente al uno por ciento (1 %) de los ingresos totales devengados por la prestación de los Servicios de TIC (…)”.
El decreto señala que la duración del contrato sería de TRES (3) años “a contar desde la fecha de suscripción del mismo, renovable tácitamente por iguales plazos en caso de que ninguna de las partes notifique a la otra su voluntad de extinguir el contrato”. Y asegura que “se ha puesto de manifiesto la existencia de casos de proyectos aprobados” en los que “no se pudo fundamentar dicha condición, en tanto de las actuaciones no surge con claridad el cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para su inclusión en los beneficios”.
En tercer lugar, el decreto indica que a través del artículo 59 de la Ley N° 27.341 se creó el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social “el cual tiene por objeto principal financiar los programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica, con fondos públicos, privados y de organismos internacionales, multilaterales o trilaterales”.
En ese sentido, remarcan que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expresó que “no se acreditó la devolución de las sumas aportadas por el FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL respecto de obras que se encuentran rescindidas y que, por otro lado, en el marco de los programas “Reconstruir” y “Casa Propia” se verificaron obras culminadas que no cuentan con rendición final por parte de los entes ejecutores”.
Por ese motivo, consideran como oportuno avanzar con “la disolución del FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL, del FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL y del Fideicomiso “Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar” (PRODAF), derogando sus normas de creación particulares”.
La desintegración de los fondos se respalda en el artículo 5° de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en la que “se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas que allí se establecen, y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable”.
El gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste sobre el sector público con una nueva disolución de fondos fiduciarios. Luego de eliminar el PROCREAR, ahora dispuso dejar sin efecto cinco fideicomisos vinculados a la promoción de capital emprendedor, asistencia a víctimas de trata, competitividad del sector azucarero en el NOA, refinanciación hipotecaria e inversión estratégica.
Desde el inicio de su gestión, Milei lleva adelante una auditoria sobre los fondos fiduciarios que derivaron en su disolución. Uno de los primeros en ser eliminado fue el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, creado por el Gobierno de Alberto Fernández para el fortalecimiento bonaerense con recursos obtenidos a partir de la revisión de los montos otorgados a la Ciudad por el traspaso de la Seguridad.
El mismo día también ordenó modificar el Impuesto PAÍS para reducir al mínimo el reparto que recibía, hasta ese momento, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada por el gobierno anterior para la urbanización de barrios populares. El FISU, que antes de la modificación recibía la tercera parte del 30% recadado por el impuesto, vio reducido su financiamiento a la mínima expresión ya que apenas recibirá un 1%.
El Gobierno busca acuerdo con el FMI y un “roll over” de deuda para salir del cepo cambiario
El Ejecutivo de Javier Milei encara un 2025 con nuevos desafíos económicos, en un contexto de vencimientos de deuda por USD 25.000 millones y una demanda creciente de divisas que podría presionar las reservas del Banco Central. La estrategia oficial apunta a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la renovación de compromisos financieros para asegurar una transición ordenada en el mercado cambiario.
Durante 2024, la administración logró una baja significativa en la inflación, que alcanzó el 289,4% anual en abril, y un dólar estabilizado en todas sus cotizaciones, lo que permitió frenar parcialmente la escalada de precios. No obstante, las reservas netas del Banco Central continúan en terreno negativo, lo que complica cualquier flexibilización inmediata del control cambiario.
El Ministerio de Economía proyecta mantener el “crawling peg” (devaluación gradual) en un 1% mensual, buscando evitar desajustes cambiarios mientras se negocia con el FMI. Según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, los pagos de deuda en moneda extranjera entre el sector público y privado rozarán los USD 25.000 millones en 2025, lo que equivale al 75% de las reservas brutas del BCRA.
El reporte destaca que, si bien en los últimos meses la emisión de Obligaciones Negociables permitió reforzar las arcas del Central con más de USD 6.000 millones, esa vía no sería suficiente para cubrir la totalidad de los vencimientos. “El tipo de cambio de equilibrio en 2025 se proyecta superior al de 2024”, apunta el documento.
En paralelo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el BCRA estima una inflación del 27,6% interanual para diciembre de 2025, con un tipo de cambio oficial de $1.250 por dólar, lo que implicaría una apreciación real del peso. La política cambiaria oficial busca sostener este esquema de devaluación controlada mientras se avanza en las negociaciones con el FMI.
Según Max Capital, la administración Milei mantiene su compromiso con la estrategia actual, pese a la reciente presión sobre el mercado oficial y los dólares paralelos. La intervención del BCRA en el mercado oficial incluyó ventas de USD 800 millones la semana pasada para contener la demanda de importadores.
El economista Gustavo Ber señaló que “la expectativa del Gobierno está centrada en mantener los avances fiscales y monetarios, al tiempo que se busca asegurar un acuerdo con el FMI para acceder a fondos frescos que faciliten la salida del cepo cambiario”.
Por su parte, Salvador Di Stefano opinó: “Entramos en la fase 3 del plan monetario, con competencia de monedas y una liberación gradual del cepo. Un acuerdo con el FMI podría acelerar este proceso, pero es poco probable que ocurra antes de abril de 2025”.
Escribe Enrique Martínez García / F&D – La detección temprana y la mitigación pueden ayudar a desinflar las burbujas de precios de los activos antes de que estallen
La crisis financiera mundial de 2008–2009 se produjo en el contexto del estallido de la burbuja inmobiliaria que pocos vieron venir. Aún hoy, las burbujas inmobiliarias siguen sin comprenderse del todo, a pesar de que han recibido mucha más atención por sus efectos sobre la estabilidad financiera y la transmisión de la política monetaria. Sin embargo, con herramientas de seguimiento en tiempo real, las autoridades pueden contribuir a mitigar los auges insostenibles.
Para lograr este objetivo, lo primero que se necesitan son mejores métodos para identificar las burbujas de precios de los activos. Los modelos estándar de valoración de los activos muestran que los precios vienen determinados por la rentabilidad actual y los valores de reventa esperados en el futuro. Las burbujas se producen cuando el precio de un activo se sitúa por encima de su valor intrínseco, impulsado por las expectativas de una apreciación continuada. El mercado de la vivienda, que se caracteriza por una oferta obstinadamente inelástica, es un buen ejemplo de esta dinámica, con frecuencia alimentada por el miedo a no beneficiarse de un auge de los precios o por comportamientos especulativos.
Los métodos de detección anteriores se basaban en modelos del valor intrínseco, que a menudo resultaban inadecuados por la dificultad que entraña conocer el valor intrínseco real de los activos. Esto daba lugar a estimaciones sesgadas y a un reconocimiento tardío de las burbujas, como quedó patente en la crisis financiera mundial.
Los avances recientes en las series temporales y las técnicas de panel —diseñadas para analizar datos a lo largo del tiempo y comparando distintos grupos o ubicaciones— posibilitan la detección de burbujas en tiempo real al centrarse en los patrones estadísticos que indican la presencia de burbujas, sin que sea necesario modelar el valor intrínseco.
Uno de esos patrones es el crecimiento explosivo de los precios, que solemos denominar “exuberancia”. Con este método se identifican las burbujas a partir de síntomas observables, como cuando se utiliza la presión arterial como indicador temprano de un problema de salud.
La metodología de detección de la exuberancia, propuesta por primera vez por Peter Phillips y sus coautores, es la piedra angular de la base de datos de precios internacionales de la vivienda del Banco de la Reserva Federal de Dallas, que incluye datos trimestrales sobre los precios de la vivienda y el ingreso disponible de 26 países que se remontan hasta 1975 (Mack, Martínez García y Grossman, 2019). La base de datos sustenta la labor de supervisión del Observatorio Internacional de la Vivienda.
Estas dos iniciativas, que se han beneficiado de los nuevos avances de los métodos de detección (Phillips, Shi y Yu, 2015; Pavlidis et al., 2016), tienen por objeto aumentar la concienciación sobre las burbujas inmobiliarias y proporcionar códigos fáciles de usar para gestionar en tiempo real los riesgos para la estabilidad financiera.
Medidas de la exuberancia
La detección de burbujas de precios en los mercados de la vivienda empieza con un seguimiento estrecho de los precios reales de los inmuebles residenciales, puesto que la exuberancia de los precios nominales puede deberse a un repunte de la inflación y no a una burbuja. Expresar los precios de la vivienda en términos reales evita las confusiones que pueden producirse en períodos de hiperinflación, como ocurrió en Croacia, Eslovenia e Israel a finales del siglo XX.
La asequibilidad de la vivienda —cómo se ajustan los precios al poder adquisitivo de los compradores— es igual de importante. Los prestamistas a menudo citan la relación deuda/ingreso, que mide la parte del ingreso disponible que se destina al pago de la deuda. La relación precio/ingreso puede ser un sustituto fiable de esa medida (suponiendo que las relaciones préstamo/valor sean estables).
A medida que la relación precio/ingreso aumenta, se hace más difícil obtener financiamiento, lo que reduce la demanda y presiona los precios a la baja. La relación precio/ingreso es crucial para distinguir las burbujas causadas por expectativas del resto de las dinámicas del mercado, ya que la exuberancia de esta relación indica la gravedad de una burbuja no justificada por los fundamentos con mayor precisión que la exuberancia de los precios reales de la vivienda por sí sola.
El gráfico 1 compara episodios de exuberancia de los precios reales de la vivienda y de las relaciones precio/ingreso y revela tres cuestiones importantes.
En primer lugar, la exuberancia de la vivienda se ha vuelto más generalizada y sincronizada en la era posterior a Bretton Woods, que se caracteriza por tipos de cambio flexibles y cuentas de capital abiertas. También se observa una oleada mundial de exuberancia de los precios reales de la vivienda antes de la pandemia y acelerada por esta. Sin embargo, gracias a las condiciones más estrictas para la concesión de préstamos y a la regulación prudencial, la exuberancia de la relación precio/ingreso quedó circunscrita a tan solo cuatro países: Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.
Esto contrasta con las burbujas generalizadas que se formaron antes de la crisis financiera mundial y que afectaron la relación precio/ingreso de manera más amplia. Pese a que el auge de los precios de la vivienda causado por la pandemia fue intenso, duró poco: las políticas macroprudenciales frenaron el crédito, desinflaron rápidamente la burbuja y preservaron la estabilidad bancaria y financiera.
En segundo lugar, el crecimiento del crédito y la volatilidad de los mercados bursátiles son importantes motores de la exuberancia del mercado de la vivienda. La rápida expansión crediticia estimula la compra apalancada especulativa, lo que causa un ascenso de los precios de la vivienda no acorde con los fundamentos económicos. Esta exuberancia impulsada por el crédito puede desaparecer rápidamente si la situación empeora o se endurecen las condiciones de endeudamiento.
Del mismo modo, la volatilidad bursátil lleva a los inversionistas a buscar la rentabilidad de los inmuebles, que se percibe como más segura o más elevada, lo que infla aún más los precios. En momentos de incertidumbre, la vivienda se utiliza con frecuencia para cubrir riesgos, lo que atrae a los inversionistas e impulsa las alzas de precios incluso sin el apoyo de los fundamentos económicos.
Los flujos de capital internacional sincronizan los ciclos del mercado de la vivienda, lo que generaliza la exuberancia e incrementa la vulnerabilidad a crisis inmobiliarias simultáneas, como Efthymios Pavlidis, Valerie Grossman y yo mismo destacamos en un artículo en 2019. Comprender estos factores contribuye a identificar patrones de contagio entre países y ciclos de auge y caída de la vivienda a escala mundial.
En tercer lugar, los efectos de contagio financieros de la evolución de otras clases de activos, como el crecimiento real del mercado bursátil, y el aumento de la pendiente de la curva de rendimientos (el diferencial entre las tasas de interés a largo y a corto plazo) también incrementan la probabilidad de que se produzca esa exuberancia de los precios de la vivienda, que con frecuencia resulta persistente una vez que se desencadena. Durante un auge del mercado de valores o cuando aumenta la pendiente de la curva de rendimientos en condiciones expansivas, los inversionistas pueden acudir en masa al sector de la vivienda, reasignando sus carteras en búsqueda de rentabilidad e impulsando los precios al alza, como señalamos Grossman y yo en un artículo de 2020.
Este comportamiento que se retroalimenta, ya que las subidas de los precios parecen validar las expectativas de mayor rentabilidad que atrajeron a los inversionistas, sostiene las burbujas, a veces durante períodos prolongados. Esto pone de manifiesto la importancia de realizar un seguimiento de los cambios que se producen en las curvas de rendimientos y de las burbujas emergentes en otras clases de activos para detectar el contagio financiero.
Lecciones de la pandemia
La relación precio/alquiler, similar a la relación precio/beneficios de las acciones, refleja cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por cada dólar generado con el alquiler de un inmueble. Cuando los precios de la vivienda superan considerablemente los alquileres —lo que a menudo se ve agravado por la lentitud del ajuste de los alquileres como consecuencia de los contratos con precio fijo—, los posibles compradores pueden optar por alquilar, lo que podría reducir la demanda de compra y causar una corrección de los precios.
Esta relación sirve como ancla a largo plazo para la rentabilidad del mercado de la vivienda. Pero si sigue aumentando a un ritmo explosivo, puede indicar que los precios de la vivienda se están viendo impulsados por expectativas especulativas y no por fundamentos subyacentes.
El Observatorio Internacional de la Vivienda desglosa la relación precio/alquiler en la rentabilidad esperada de la vivienda y el crecimiento proyectado del alquiler, mientras que el resto incorpora la contribución de las burbujas cuando se producen. Estas técnicas avanzadas muestran que las presiones especulativas durante la pandemia fueron limitadas, ya que solo en Alemania y Estados Unidos se detectaron indicios claros, tras ajustar por las tasas de interés y los alquileres.
El mercado de la vivienda de Alemania experimentó un auge prolongado, que empeoró durante la pandemia, seguido de una acusada sobrecorrección, ya que la relación precio/alquiler se situó por debajo de los niveles acordes con los fundamentos económicos. En Estados Unidos se evitó en gran medida la exuberancia en la relación precio/ingreso, pero no en la relación precio/alquiler. Por tanto, cuando los alquileres empezaron a recuperar el terreno perdido, se produjeron presiones inflacionarias persistentes, lo que dio lugar a una política monetaria más agresiva.
Aunque Estados Unidos ha evitado una corrección grave de los precios reales de la vivienda hasta la fecha, la asequibilidad de la vivienda se redujo durante la pandemia y continúa siendo un desafío a largo plazo.
Consideraciones de políticas
Antes de la crisis de 2008–2009, la estabilidad financiera dependía de la regulación prudencial de cada institución y existían pocas herramientas macroprudenciales que permitieran controlar los riesgos sistémicos. Ante las deficiencias que reveló la crisis, las autoridades reforzaron los marcos con miras a frenar el crecimiento del crédito, la inflación de precios de los activos y el apalancamiento, en particular en el sector inmobiliario.
Todavía preocupa que la actual regulación prudencial no aborde plenamente los riesgos generados por las burbujas de los precios de la vivienda. Se necesitan herramientas macroprudenciales anticíclicas mejor adaptadas a los ciclos de la vivienda que a los ciclos económicos y una coordinación internacional más sólida, así como una mayor atención al contagio, a los flujos de capitales internacionales, al sistema bancario paralelo y al financiamiento fuera de balance.
Además, una comunicación clara de los bancos centrales, incluidas las orientaciones prospectivas de la política monetaria, resulta clave para gestionar las expectativas y reforzar la resiliencia del sistema financiero. Para proteger la estabilidad financiera es esencial contar con un enfoque integral de gestión de riesgos —que utilice herramientas de detección temprana para identificar las burbujas de precios de la vivienda y hacer un seguimiento de estas, que evalúe sus efectos y ponga en práctica estrategias de mitigación (incluida la orientación financiera)—, junto con políticas monetarias y prudenciales integradas.
Las burbujas de precios de los activos, en particular las que afectan a la vivienda, precisan una mayor atención, ya que son una fuente importante de vulnerabilidades y riesgos financieros. Incorporar herramientas innovadoras para vigilar la exuberancia y analizar las burbujas generadas por las expectativas permite a las autoridades gestionar mejor los riesgos que estas burbujas plantean para la economía y el sistema financiero en su conjunto.
ENRIQUE MARTÍNEZ GARCÍA es vicepresidente adjunto y director del Grupo de Investigación Internacional del Departamento Internacional del Banco de la Reserva Federal de Dallas.
Referencias
Mack, A., E. Martínez García, and V. Grossman. 2019. “A Cross-Country Quarterly Database of Real House Prices: A Methodological Note.” Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper 99.
Martínez García, E., and V. Grossman. 2020. “Explosive Dynamics in House Prices? An Exploration of Financial Market Spillovers in Housing Markets around the World.” Journal of International Money and Finance 101 (March): 102103.
Pavlidis, E. G., A. Yusupova, I. Paya, D. A. Peel, E. Martínez García, A. Mack, and V. Grossman. 2016. “Episodes of Exuberance in Housing Markets: In Search of the Smoking Gun.” Journal of Real Estate Finance and Economics 53 (4): 419–49.
Pavlidis, E. G., E. Martínez García, and V. Grossman. 2019. “Detecting Periods of Exuberance: A Look at the Role of Aggregation with an Application to House Prices.” Economic Modelling 80: 87–102.
Phillips, P. C. B., S. Shi, and J. Yu. 2015. “Testing for Multiple Bubbles: Historical Episodes of Exuberance and Collapse in the S&P 500.” International Economic Review 56 (4): 1043–78.
El Gobierno de Javier Milei oficializó la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), encargada de la gestión del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, de la administración de la hidrovía del río Paraná, una vía clave para el comercio exterior argentino. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 3/2025, marcando el cierre de la segunda empresa estatal bajo la gestión del actual presidente.
La normativa también dispuso la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía, que asumirá de forma transitoria la concesión de la Vía Navegable Troncal hasta que se adjudique la licitación en marcha. Posteriormente, la ANPYN se encargará de fiscalizar y controlar la gestión, ya sea de forma directa o mediante terceros.
El artículo 40 del Decreto 70/23, que derogó la Ley N° 20.705 de Sociedades del Estado, fue citado como base legal de esta decisión. Según este marco normativo, todas las empresas con participación estatal deben transformarse en sociedades anónimas sin prerrogativas públicas.
El Gobierno justificó la disolución argumentando que la AGP había incrementado su estructura administrativa y la planta de personal de manera desproporcionada respecto a sus funciones. Además, se confirmó que Iñaki Miguel Arreseygor, quien se desempeñaba como subsecretario de Puertos y Vías Navegables, será el nuevo director ejecutivo de la ANPYN, con rango de secretario de Estado, según lo dispuesto en el Decreto 5/2025.
Un momento clave para la hidrovía
La disolución de la AGP ocurre en un contexto sensible para el comercio exterior argentino. Actualmente, se encuentra en proceso una licitación internacional para el dragado y balizamiento de la hidrovía del río Paraná, por donde circula el 80% de las exportaciones del país, en un negocio estimado en USD 9.000 millones.
El proceso licitatorio ha generado controversias, ya que la normativa establece que “las personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales” no pueden participar. Esto excluye a firmas como Shanghai Dredging Co., una subsidiaria de la China Communications Construction Company (CCCC).
En tanto, empresas europeas como Jan de Nul, Boskalis y DEME Group se perfilan como principales contendientes, dada su trayectoria en grandes obras de dragado a nivel internacional.
Contexto previo a la disolución
Desde el vencimiento de la concesión original en 2021, la AGP había asumido la gestión de la hidrovía bajo un esquema de administración estatal, con la participación de siete provincias y ocho ministerios. Sin embargo, el modelo evidenció problemas de eficiencia y coordinación. Durante este período, la AGP tercerizó las tareas de dragado y balizamiento con Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios de la vía.
En 2022, se lanzó una licitación internacional para las obras, pero fue suspendida tras impugnaciones de oferentes, incluyendo la danesa Rohde Nielsen y la ya mencionada CCCC de China.
