El Gobierno de Javier Milei oficializó la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), encargada de la gestión del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, de la administración de la hidrovía del río Paraná, una vía clave para el comercio exterior argentino. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 3/2025, marcando el cierre de la segunda empresa estatal bajo la gestión del actual presidente.

La normativa también dispuso la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía, que asumirá de forma transitoria la concesión de la Vía Navegable Troncal hasta que se adjudique la licitación en marcha. Posteriormente, la ANPYN se encargará de fiscalizar y controlar la gestión, ya sea de forma directa o mediante terceros.

El artículo 40 del Decreto 70/23, que derogó la Ley N° 20.705 de Sociedades del Estado, fue citado como base legal de esta decisión. Según este marco normativo, todas las empresas con participación estatal deben transformarse en sociedades anónimas sin prerrogativas públicas.

El Gobierno justificó la disolución argumentando que la AGP había incrementado su estructura administrativa y la planta de personal de manera desproporcionada respecto a sus funciones. Además, se confirmó que Iñaki Miguel Arreseygor, quien se desempeñaba como subsecretario de Puertos y Vías Navegables, será el nuevo director ejecutivo de la ANPYN, con rango de secretario de Estado, según lo dispuesto en el Decreto 5/2025.

Un momento clave para la hidrovía

La disolución de la AGP ocurre en un contexto sensible para el comercio exterior argentino. Actualmente, se encuentra en proceso una licitación internacional para el dragado y balizamiento de la hidrovía del río Paraná, por donde circula el 80% de las exportaciones del país, en un negocio estimado en USD 9.000 millones.

El proceso licitatorio ha generado controversias, ya que la normativa establece que “las personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales” no pueden participar. Esto excluye a firmas como Shanghai Dredging Co., una subsidiaria de la China Communications Construction Company (CCCC).

En tanto, empresas europeas como Jan de Nul, Boskalis y DEME Group se perfilan como principales contendientes, dada su trayectoria en grandes obras de dragado a nivel internacional.

Contexto previo a la disolución

Desde el vencimiento de la concesión original en 2021, la AGP había asumido la gestión de la hidrovía bajo un esquema de administración estatal, con la participación de siete provincias y ocho ministerios. Sin embargo, el modelo evidenció problemas de eficiencia y coordinación. Durante este período, la AGP tercerizó las tareas de dragado y balizamiento con Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios de la vía.

En 2022, se lanzó una licitación internacional para las obras, pero fue suspendida tras impugnaciones de oferentes, incluyendo la danesa Rohde Nielsen y la ya mencionada CCCC de China.

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