Año: 2025

El costo de la mala praxis

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La impericia y la escasez de músculo político, convirtieron una votación a favor en una victoria pírrica: el presidente Javier Milei desprecia ahora el Presupuesto que él mismo diseñó y que podría convertirse en el primero de su gestión, en la que todavía sobrevive el diseñado por Sergio Massa y prorrogado dos veces. Argentina está ante la inédita posibilidad de extender la ley madre por un año más, dándole ingentes facultades al Jefe de Estado para disponer y des-hacer a gusto y piacere del dinero del país. El Presupuesto fue votado por una amplia mayoría, con la salvedad de un capítulo en el que insistía con el ajuste a las Universidades y a las pensiones por discapacidad, a pesar de que el Congreso había ratificado su negativa en una escalada de confrontación que hoy parece lejana. Pero una cosa es el diálogo y otra obligar a los diputados a votar en contra de lo que habían votado hace no muchas semanas. 

Era obvio que iba a haber resistencias y era obvio que el Presupuesto no estaba listo para el debate en el recinto, sin análisis, sin discusión y con el bloqueo sistemático a los aportes de la oposición. Sobre la hora del dictamen, la Libertad Avanza incluyó el artículo 75 para derogar dos leyes que fueron aprobadas, vetadas e insistidas por el Congreso por dos tercios. Entre sus habituales aliados y representantes de algunos gobernadores, el oficialismo no logró aval para tal decisión, pero como la votación fue por capítulos, se cayeron también muchas otras cuestiones, como el recorte al régimen de zonas frías y la posibilidad de que las asignaciones familiares no se actualicen por el índice de movilidad.

Ni siquiera los diputados de la tropa propia sabían qué votaban. La evidencia fue el diputado correntino que elogió las obras destinadas a su provincia sin reparar en que estaba leyendo el dictamen de Unión por la Patria. El del oficialismo carece de obras para Corrientes y las demás provincias. 

Lejos de reconocer sus flaquezas, el Gobierno eligió responsabilizar a los gobernadores que “cambiaron su voto” sobre la hora. El enojo señala a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), estos últimos acusados de “darse vuelta” a último momento a pesar de “haber recibido ATN” en las últimas semanas. 

Pero no fueron los únicos. El bloque misionerista también rechazó los artículos del recorte educativo y de salud. 

La bronca que estalló en Olivos no fue diplomática ni contenida: fue furia pura contra Rolando Figueroa, Gustavo Valdés y, sobre todo, Leandro Zdero, a quien en la Casa Rosada seguían considerando un aliado. Los reproches fueron directos y cargados de insultos: “Les dimos 12.000 millones en ATN y nos traicionaron”, se escuchó, con especial énfasis en Chaco, provincia que había recibido unos 11.000 millones y terminó votando en contra. Nadie salió a explicar la derrota: ni el funcionario encargado de la negociación política ni Martín Menem dieron una versión clara de qué falló. En el fondo, la escena desnuda algo más profundo que un enojo coyuntural: una Casa Rosada que siente que puso recursos sobre la mesa y recibió deslealtad a cambio, y un oficialismo que, entre pases de factura y silencios incómodos, empieza a asumir que alguien -o varios- hicieron mal su trabajo.

Tendrían que hacer un poco de introspección. En una intervención cargada de advertencias políticas, el diputado Cristian Ritondo desnudó la falta de coherencia dentro del propio oficialismo y acusó a La Libertad Avanza de haber alcanzado un acuerdo con el kirchnerismo a cambio de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN).

Fue explícito: el PRO, bloque que hasta aquí sostuvo con su voto buena parte de las iniciativas oficiales, no convalidará lo que considera una ruptura de reglas básicas. “Vamos a ir a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad”, afirmó, y dejó una línea clara hacia adelante. La falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos y por los acuerdos políticos no será atribuible a la oposición, sino a La Libertad Avanza y, en particular, a quien hoy preside la Cámara. Un mensaje directo, sin eufemismos, que marca el fin de una tolerancia política y abre una etapa de conflicto institucional que el oficialismo no podrá desentenderse de explicar.

El Presupuesto nació rengo y ahora es, como el mismo gobierno lo admite, una letra muerta, que “rompe la regla del equilibrio fiscal”. 

Lo mismo pasó con la Reforma Laboral, apurada en el Senado por Patricia Bullrich, con el mandato de aprobarla en modo exprés, una urgencia que choca contra un análisis serio y hace tambalear los argumentos que justifican los cambios. La ex ministra de Seguridad, debutante en el Senado, reconoció que “necesitamos acuerdos para que sea mucho más razonable”. Sintetizó, también, que el debate de estos dos días se dio en un marco de “mucha crispación”.

La última vez que el Senado aprobó una reforma laboral a los empujones fue en mayo de 2000, durante la alianza con De la Rúa como presidente. Fue bautizada la ley Banelco y aceleró el derrumbe del gobierno en medio del escándalo por los sobornos y la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez . Las promesas de más empleo y actividad económica duraron lo mismo que aquel gobierno. 

La reforma incluía: 

• la eliminación de la cláusula de ultraactividad;

• la descentralización de las negociaciones laborales;

• la creación de servicios de mediación y arbitraje;

• la autorización para cambiar acuerdos de trabajo en casos donde la estabilidad económica de la firma estuviera en riesgo;

• la extensión del período de prueba;

• la nacionalización del registro de trabajadores;

• la modificación del sistema de tributación de microempresas para extender a las cuentapropistas de bajos ingresos.

Los pretendidos efectos positivos de la ley nunca se vieron. Cualquier parecido con la actualidad, es pura coincidencia. Patricia Bullrich se sumaría como ministra de Trabajo en octubre de 2000 y hasta un par de meses antes del estallido. 

La mala praxis parlamentaria no puede achacarse a la falta de votos ni de respaldos a la gobernabilidad. Por el contrario, tras las elecciones legislativas, los gobernadores más confrontativos bajaron decibeles y los más propensos al diálogo, cedieron toda resistencia. 

Es pura torpeza del oficialismo o una arriesgada apuesta a la victimización para seguir ejerciendo el poder sin cortafuegos. 

Pero la impericia tiene consecuencias. 

Las decisiones tomadas con la única vara del ajuste, están destruyendo el tejido económico. Pymes cerradas, empleos perdidos, consumo por el piso y un poder adquisitivo que no se recupera.

Misiones exhibe hoy un caso paradigmático de las consecuencias del modelo de la desregulación y el ajuste. La paradoja es que haya estallado en Andresito, territorio yerbatero donde Javier Milei se impuso en las elecciones presidenciales y legislativas. La crisis ya no es sólo de los productores primarios que dependen del precio de la materia prima, sino que explotó en la Cooperativa Andresito, entidad que aglutina a los apellidos más tradicionales del pueblo. 

La cooperativa anunció la suspensión temporal de pagos a sus asociados debido a una “posición financiera compleja” derivada del contexto económico actual. La decisión fue informada a través de una comunicación interna dirigida a los asociados, en la que la cooperativa detalla que, frente a la coyuntura económica, no podrá realizar pagos “hasta nuevo aviso”.

La suspensión de pagos afecta de forma inmediata a los productores asociados, quienes dependen de esos ingresos para sostener la actividad primaria, afrontar costos operativos y cumplir compromisos financieros.

La medida tiene un peso institucional relevante: la Cooperativa Yerbatera Andresito es una de las entidades más emblemáticas del norte de Misiones, con más de 40 años de trayectoria, y su marca llegó a posicionarse entre las diez yerbas más vendidas del país, lo que convierte a la situación actual en un dato de alto impacto económico y social.

En el Consejo de Administración conviven fieles defensores del modelo Milei que incluso cuestionaron la designación del nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Rodrigo Correa, quien todavía no hizo su debut público. 

La crisis ya no es solo productiva. Impacta en las industrias que temen un efecto cascada. “Hay cientos de cheques rebotados”, reconoció un industrial que hace tiempo viene advirtiendo sobre el escenario adverso. La suba de costos de operación y las tasas del mercado crediticio ponen en riesgo la operatividad de las empresas. “Se cortó la cadena de pagos”, advirtió.

No es una situación aislada la de la yerba. Según el Informe Coyuntural del tercer trimestre elaborado por la Fundación Observatorio PyME, más de la mitad de las PyME industriales manifestó problemas por retrasos en los pagos de sus clientes, mientras que un 35% declaró dificultades para cumplir con sus compromisos frente a proveedores, entidades financieras o el fisco.

El estudio revela que la producción industrial PyME acumuló una caída del 4,1% en lo que va del año, completando diez trimestres consecutivos de retroceso en el nivel de actividad.

En el tercer trimestre la producción fue 7,5% inferior a la del mismo período del año anterior, mientras que el empleo industrial PyME registró una contracción acumulada del 4,6%, aunque con una leve desaceleración en el ritmo de caída.

El informe advierte que el 81% de las PyME industriales experimentó aumentos en sus costos de producción durante el período analizado. Sin embargo, solo el 47% logró trasladar esos incrementos a precios, una mejora respecto del trimestre anterior, pero insuficiente para recomponer márgenes en un contexto de aceleración cambiaria y bajo dinamismo de ventas.

En el Gobierno provincial son conscientes de que las consecuencias de las decisiones nacionales repercuten en terreno propio. Las demandas de la sociedad apuntan a quién puede resolverlas más rápido y más cerca. Nunca es un funcionario sentado cómodo en un despacho de Buenos Aires. 

En esa lógica se inscribe el nuevo tiempo de gestión que puso en marcha el gobernador Hugo Passalacqua. Cercanía y más celeridad para atender las demandas de la sociedad. La llegada del ex intendente de Campo Grande, Carlos Sartori, apunta en ese sentido: fluidez con los jefes comunales, agilidad para mover el andamiaje estatal y presencia territorial

“Nadie se salva solo”, repitió Passalacqua  en el acto de entrega de certificados a los egresados de la cohorte 2025 de la Universidad Popular de Misiones. En 2025 hubo más de 3.000 egresados. “Lo que ustedes generen con su trabajo va a crear un circuito económico virtuoso. En un país donde la cosa no está fácil, ustedes son una avanzada”, afirmó, y concluyó con una definición que atravesó todo su discurso: “Nadie se salva solo. Todos nos salvamos en equipo, hombro con hombro, espalda con espalda”.

“Hagan oídos sordos a quienes dicen que uno se puede salvar solo porque eso no es así”, remarcó en el centenario del municipio de Puerto Libertad. El mensaje generó una fuerte ovación. “Nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad, unidos”, sostuvo y enfatizó en la importancia de trabajar juntos.

La cosa no está fácil”, repitió al confirmar la continuidad de los programas Ahora, clave para sostener el consumo en la provincia, donde siete de cada diez ventas se concretan con el plan financiado por Misiones y el banco Macro y otras entidades. En los últimos doce meses se generaron ventas por cien mil millones. Los comerciantes respiraron aliviados al saber de la extensión hasta marzo de 2026. Se reevaluará entonces el costo financiero que asume la Provincia que contrasta con el ajuste nacional en el altar del déficit cero. 

Los programas son esenciales para mantener el consumo y sostener el empleo. En el tercer trimestre del año, el aglomerado de Posadas exhibió una leve pero muy positiva  mejora en sus principales indicadores del mercado de trabajo. La tasa de actividad presentó un alza que estuvo apoyada en mayor cantidad de personas que salieron en la búsqueda de un trabajo, y al mismo la tasa de empleo se incrementó logrando  absorber parte de la nueva demanda vía ocupación; por su parte, la tasa de desocupación  también mostró una leve alza explicado por la mayor demanda de empleo ante crecimiento  de la actividad que fue en parte absorbida por trabajo pero otra parte no logró hacerlo. 

Detalle de los resultados de Posadas para el 3° trimestre 2025 

• La Tasa de Actividad se ubicó en 46,4%, presentando una expansión de 0,3 puntos  porcentuales respecto al trimestre anterior pero también se incrementó en 0,5  puntos en la comparación interanual. La variación positiva trimestral equivale a  unos dos mil nuevos activos en los últimos tres meses y dicho número se eleva a 4  mil personas en comparación con igual período del 2024. 

• La Tasa de Empleo fue del 44,3% en Posadas, lo que representa un incremento de  0,2 puntos contra el trimestre anterior, variación que generó 2 mil nuevos ocupados  en los últimos tres meses. En la comparación interanual, dicha tasa no presenta variación, aunque en términos absolutos equivale también a 2 mil nuevos ocupados  pero que no impactan sobre la tasa por el crecimiento poblacional del período. 

• La Tasa de Desocupación fue del 4,4%, incrementándose en 0,1 puntos  porcentuales a nivel trimestral pero no sufre variación en términos absolutos. En la  comparación interanual, en cambio, el crecimiento es de 1,0 p.p. producto del  crecimiento de la actividad que no fue en todo cubierta por el empleo. 

En el ámbito nacional, aunque el Gobierno quiera tener algo para celebrar, los datos no son tan elocuentes. Subió un poco el empleo y bajó la desocupación, pero todo eso impulsado por la informalidad y cuentapropismo: el 85% de los nuevos empleos fueron informales. La informalidad llegó al 43,3% de los ocupados.

El posicionamiento de Passalacqua y el fortalecimiento de la gestión recogen respaldos en la sociedad. En el ranking de gobernadores, el gobernador se ubica en el quinto lugar a nivel país, con una imagen positiva del 55,3% entre los misioneros, superando holgadamente el promedio nacional y quedando dentro del lote de mandatarios con mejor valoración social.

En el plano municipal, Leonardo “Lalo” Stelatto ratifica el buen momento político de Posadas. El intendente capitalino se posiciona como el tercer intendente con mejor imagen positiva de la Argentina, con un 59,3% de aprobación, apenas por detrás de Gustavo Sastre (Puerto Madryn) y Jorge Jofré (Formosa capital). El resultado cobra mayor relevancia si se observa el contexto general: de los 24 intendentes analizados a nivel federal, sólo tres superan el umbral del 59% de imagen positiva, y Posadas logra ubicarse en ese grupo de élite.

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El DOJ publicó documentos de Epstein con amplias censuras y crece la presión del Congreso

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BBC Mundo – El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió una primera tanda de documentos vinculados a la causa Jeffrey Epstein, una publicación largamente esperada tras la aprobación en el Congreso de una ley que obliga a liberar el material completo. Aunque el lote inicial incluye fotografías, videos y documentos de investigación con la aparición de figuras públicas, el alcance de la información quedó limitado por amplias censuras y por la confirmación oficial de que aún restan “varios cientos de miles” de páginas por revisar y publicar. La decisión abrió un frente político e institucional, con cuestionamientos de demócratas y republicanos por un presunto incumplimiento legal de los plazos.

La difusión se produjo a horas del vencimiento del plazo fijado por el Congreso. Sin embargo, el propio Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anticipó que no lograría publicar la totalidad del material antes de la fecha límite. Como resultado, muchos de los miles de archivos divulgados aparecen parcial o totalmente censurados, lo que redujo el impacto probatorio de esta primera entrega y alimentó críticas cruzadas en el Capitolio.

Qué contienen los documentos y quiénes aparecen

En el primer lote publicado figuran fotografías y referencias documentales a personalidades conocidas de la política, la realeza y el espectáculo. Entre los nombres que aparecen se encuentran el expresidente estadounidense Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor y músicos como Mick Jagger y Michael Jackson. El Departamento de Justicia aclaró que la mera aparición en fotos o menciones documentales no implica la comisión de delitos, y varias de las figuras públicas citadas negaron en el pasado haber tenido conocimiento de los abusos sexuales cometidos por Epstein.

Entre las imágenes difundidas hay fotografías de Bill Clinton en una piscina y recostado en lo que parece ser un jacuzzi, tomadas durante encuentros con Epstein en la década de 1990 y comienzos de los 2000, antes del primer arresto del financista. Clinton no fue acusado por víctimas de los abusos y negó reiteradamente haber tenido conocimiento de los delitos. Un portavoz sostuvo que las fotos “tienen décadas de antigüedad” y afirmó que “no tienen nada que ver con Bill Clinton”.

Los documentos judiciales también incluyen una mención al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una demanda presentada en 2020 contra el patrimonio de Epstein y Ghislaine Maxwell, se describe un supuesto episodio ocurrido en la década de 1990 en el complejo Mar-a-Lago, donde Epstein habría presentado a una niña de 14 años. El escrito relata que Trump reaccionó con una sonrisa ante un comentario de Epstein, aunque la demanda no formula ninguna acusación contra el presidente, quien negó de forma consistente cualquier irregularidad y afirmó que se distanció de Epstein alrededor de 2004. Según el propio DOJ, esta referencia es una de las pocas menciones al presidente dentro de los archivos difundidos.

Otra de las imágenes publicadas parece mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor recostado sobre varias personas, con Ghislaine Maxwell de pie detrás. Andrew ha sido objeto de escrutinio público por su antigua amistad con Epstein, aunque negó reiteradamente cualquier conducta impropia y sostuvo que no presenció ni sospechó los hechos que derivaron en la condena del financista.

El material incluye además fotografías de Epstein con celebridades del mundo del espectáculo como Michael Jackson, Diana Ross, Mick Jagger y el actor Chris Tucker. En varios casos no se especifica el contexto, el lugar ni la fecha de las imágenes, ni si Epstein mantenía una relación directa con todas las personas retratadas. El DOJ recordó que archivos previos del patrimonio de Epstein contenían fotografías de eventos a los que el financista no asistió, lo que refuerza la cautela en la interpretación del material.

Denuncias, víctimas y el alcance de las censuras

Más allá de las figuras públicas, los documentos recuperan testimonios de víctimas y denunciantes tempranas. Entre ellos figura el relato de Maria Farmer, artista que trabajó para Epstein y declaró al FBI en 1996 que el financista le robó fotografías personales de sus hermanas, entonces menores de edad. En el informe se consigna que Epstein la habría amenazado con incendiar su casa si hablaba del tema y que le pidió tomar fotos de niñas en piscinas. Aunque su nombre aparece omitido en los archivos, Farmer confirmó que el testimonio corresponde a su denuncia y afirmó sentirse “reivindicada” tras casi 30 años.

No obstante, el impacto de estos relatos se vio atenuado por el nivel de censura aplicado. Según informó CBS, socio estadounidense de la BBC, más de 550 páginas del material publicado fueron completamente cubiertas, incluyendo documentos vinculados a investigaciones de gran jurado. La ley habilita a ocultar información para proteger la identidad de las víctimas o investigaciones en curso, pero también exige explicar las razones de cada censura, algo que aún no se detalló en los archivos difundidos.

El fiscal general adjunto Todd Blanche explicó que el Departamento de Justicia está revisando exhaustivamente cada página para garantizar la protección de las víctimas. En declaraciones públicas, afirmó que se publicaron “varios cientos de miles de páginas” y que se esperan “varios cientos de miles más” en las próximas semanas, sin precisar un cronograma definitivo.

Repercusiones políticas y presión institucional

La publicación parcial de los archivos derivó en un conflicto político inmediato. Legisladores de ambos partidos expresaron frustración por la demora y las censuras. El congresista demócrata Ro Khanna acusó al Departamento de Justicia de incumplir la ley y advirtió que se evalúan medidas institucionales, incluyendo acciones contra funcionarios del organismo. Khanna lideró junto al republicano Thomas Massie la campaña que impulsó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, desafiando inicialmente la posición del presidente Trump, quien había instado a votar en contra.

El episodio reabre el debate sobre la transparencia judicial, la protección de las víctimas y los límites de la información pública en causas sensibles. Mientras el DOJ sostiene que la revisión es necesaria para evitar daños adicionales, la presión legislativa apunta a acelerar la liberación completa del material y a clarificar los criterios de censura aplicados.

Con cientos de miles de páginas aún pendientes, la causa Epstein vuelve a instalarse en el centro de la agenda política e institucional de Estados Unidos. El contenido de las próximas tandas de documentos será clave para determinar si la publicación cumple efectivamente con el mandato legal de transparencia o si profundiza el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

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Misiones explicada por sus hechos vitales

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Las transformaciones más profundas no siempre llegan con estridencia. A veces avanzan en silencio, año tras año, y quedan registradas en un lugar tan austero como decisivo: las actas. En Misiones, los datos de nacimientos, matrimonios y defunciones que sistematiza el Registro Provincial de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, permiten reconstruir con precisión ese movimiento de fondo que ya no admite lecturas parciales: la provincia atraviesa una transición demográfica plena.

La propia directora del organismo, Paula Echeverría, subraya el carácter del trabajo realizado: se trata de una sistematización de los tres hechos vitales que registra el Estado -nacimientos, matrimonios y defunciones- puesta a disposición pública a través de un portal estadístico. El objetivo es informativo y transparente: mostrar cómo evolucionó la dinámica poblacional de Misiones en los últimos años, sin interpretar causas, pero con datos oficiales verificables.

Y esos datos, leídos en conjunto, dibujan una provincia distinta de la que fue.

Nacimientos: una caída que redefine el futuro

La serie de nacimientos de la última década es inequívoca. En 2015, Misiones registraba cerca de 27.000 nacimientos anuales. Diez años después, el total se ubica en torno a los 16.981. La pérdida es de más de 11.000 nacimientos por año, lo que representa una caída superior al 38%, tal como confirma el propio Registro en su balance estadístico.

No hay rebotes significativos ni recuperación posterior a la pandemia. La curva desciende de manera sostenida hasta 2020, acelera su caída entre 2018 y 2021 y luego se estabiliza en un nuevo piso claramente más bajo. La reducción es pareja entre varones y mujeres, lo que descarta distorsiones estadísticas: nacen menos niños y menos niñas.

Desde el organismo evitan atribuir causas, pero reconocen que Misiones se inscribe en una tendencia casi global de descenso de la natalidad. El dato es decisivo porque actúa como variable madre: de él dependen la matrícula escolar futura, la planificación educativa, la demanda de servicios de primera infancia y, a largo plazo, la estructura del mercado laboral.

Matrimonios y algo más

El comportamiento de los matrimonios completa la escena. Entre 2020 y 2025, el volumen mensual se mantuvo en una meseta, generalmente entre 250 y 450 casamientos, con picos excepcionales que superaron los 600 solo en momentos puntuales, especialmente a fines de 2021. Ese máximo responde a un rebote pospandemia y no a un cambio estructural.

Según los datos oficiales, hay 8,96 matrimonios más que hace cinco años. En 2020 solo se casaron 3772 parejas, contra las 4110 de un 2025 sin terminar. Sin embargo, en el medio se observa una clara tendencia decreciente. En 2021 se casaron 4811 parejas, en 2022, 4853, al año siguiente 4470 y en 2024, 4318. En lo que va de 2025, solo son 4110. Una caída de 15,3 por ciento desde el pico de 2022. 

El rango de edades también se concentra en los adultos. Desde 2017, se casaron 30957 personas de entre 20 y 29 años, contra 21490 de entre 30 y 39 años. En el otro extremo, 4337 parejas de entre 15 y 19 años y, prueba de que el amor existe, casamientos en el fin de la vida: 1203 entre 70 y 79 años, 251 entre 80 y 89 y 15 entre 90 y 99 años. 

El corrimiento es evidente. Aunque el grupo de 20 a 29 años sigue siendo mayoritario, el peso creciente de los tramos adultos muestra que el matrimonio se posterga. Se consolida después de la inserción laboral y en trayectorias de vida más largas y fragmentadas.

El desagregado por sexo refuerza la lectura: los matrimonios adolescentes involucran mayoritariamente a mujeres, mientras que en edades avanzadas predominan los hombres, lo que refleja segundas uniones y reorganizaciones familiares. Uno de cada cuatro matrimonios en Misiones ocurre hoy después de los 40 años.

Las muertes dicen

La distribución de las defunciones por edad cierra el ciclo vital. Sobre 90.593 fallecimientos analizados, el patrón es concluyente:

  • El 73% ocurre a partir de los 60 años.
  • Más del 53% corresponde a personas de 70 años o más.
  • El pico se concentra entre los 70 y 79 años, seguido por el rango 80–89.

Desde el Registro confirman que la mayor concentración de defunciones se da en edades avanzadas y que los varones presentan mayor incidencia. La mortalidad temprana es relativamente baja. Menos del 12% de las defunciones ocurre antes de los 40 años, un indicador de avances sostenidos en salud infantil y juvenil. A partir de los 50 años, en cambio, la curva se empina: allí comienza el territorio de las enfermedades crónicas y del envejecimiento pleno.

Misiones, así, no enfrenta una crisis de mortalidad, sino un desafío distinto: cómo organizar un sistema de salud, una economía y un entramado social para una población que vive más tiempo.

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Roberto Enriquez: “El modelo de esperar solo al Estado está sensiblemente agotado”

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En un momento de transición profunda para la economía argentina, la construcción atraviesa uno de los tramos más exigentes de las últimas décadas. Caída de la obra pública tradicional, reconfiguración del financiamiento y un cambio de modelo que obliga a repensar el rol del Estado y del sector privado definen el nuevo escenario. En ese contexto, Roberto Enriquez, empresario de la construcción y dueño de Hormisa, ofrece una mirada directa y sin eufemismos: reconoce la dureza del presente, pero sostiene que el esquema de depender exclusivamente de la obra pública está llegando a su límite y que el futuro del sector estará atado a la inversión privada, la baja del riesgo país y la estabilidad macroeconómica.

Desde el avance de obras estratégicas como la Ruta 105 hasta las expectativas por nuevos proyectos viales y urbanos en Misiones, Enriquez traza un diagnóstico que combina cautela y optimismo. “Hoy está duro, pero hay indicadores que muestran un cambio estructural”, resume, convencido de que si se consolida el acceso al financiamiento y se sostiene la previsibilidad económica, la construcción volverá a ponerse en marcha.

¿Cómo ve hoy al sector de la construcción, especialmente en el plano nacional?
Estamos atravesando un momento difícil porque hay un cambio de modelo muy concreto, muy definido. Como decía recién, hay que prepararse para esto. Hoy el sector está pasando una situación dura, esa es la realidad.

¿Dónde ve las oportunidades para que la construcción vuelva a moverse?
Este tipo de propuestas -la presentación de un modelo de casas premoldeadas de Hormisa- va de la mano con un financiamiento barato, que es lo que se está empezando a visualizar en Argentina. Las tasas empezaron a bajar, la inflación empezó a bajar, y eso hace que la inversión de riesgo empiece a jugarse en este tipo de emprendimientos, que son los que en definitiva van a empezar a mover el sector.

¿Se terminó el modelo de la obra pública tradicional?
A mi entender, que el sector esté esperando exclusivamente del Estado para poder construir es un modelo que no digo que esté agotado, pero sí sensiblemente agotado. Por eso hay que buscar otras alternativas, que van de la mano del privado, con innovación y con iniciativas de distinto tipo. Esto aplica a todo: rutas, viviendas, infraestructura en general.

Justamente mencionaba el caso de las rutas. ¿Cómo ve el nuevo esquema de concesiones?
Ahora se están licitando las rutas nacionales por peaje, que tienen que ver con esto mismo: inversión privada. Eso va a terminar siendo exitoso en la medida en que el financiamiento siga bajando y el riesgo país siga bajando, como estamos viendo que está pasando. Eso es lo que nos hace ser optimistas de cara al año que viene y a los próximos años, si este rumbo se sostiene.

Hablando de obras concretas, ¿cómo avanza la Ruta 105?
La Ruta 105 viene muy bien. Venimos cumpliendo todos los plazos en las curvas de contrato. Calculamos que para marzo o abril estaremos terminando los tres puentes: Pindapoy Grande, Pindapoy Chico y el ferroviario. Ya estamos en la etapa de tablero, así que estamos muy cerca de terminar. A partir de ahí queda solo la repavimentación hasta la Ruta 14. Entendemos que el año que viene la 105 va a quedar completamente concluida.

¿Qué otros proyectos están en agenda para los próximos meses?
Estamos a la espera del compromiso del financiamiento del soterramiento. Es una obra que ya iniciamos, pero todavía no se pudo firmar la partida presupuestaria. Si eso ocurre, es una obra muy importante para la ciudad y para nosotros también.
La travesía urbana de Posadas ya empezó nuevamente y está tomando ritmo. Tenemos muchas expectativas para el año que viene con estas tres obras, que son muy relevantes.

También mencionó un corredor estratégico para Misiones. ¿De qué se trata?
Tiene que ver con el corredor que pasa por Misiones, desde Foz do Iguaçu, pasando por Ituzaingó, hasta la Ruta 118, que se va a licitar por peaje. En ese proceso también estamos trabajando para participar de la licitación.

Más allá del momento actual, ¿nota previsibilidad para planificar hacia adelante?
Yo soy muy positivo. Hay un cambio de modelo claro y una realidad que es la fuerte baja de la inflación. Hay una estabilidad cambiaria que prácticamente lleva dos años, con el mismo tipo de cambio. No estamos acostumbrados a eso; siempre mirábamos qué iba a pasar con el dólar. Hoy ni siquiera es un problema, aunque nos cuesta creerlo por lo que venimos arrastrando.

¿Qué indicadores son clave para que el sector vuelva a crecer?
El financiamiento es fundamental. Y para eso es clave el riesgo país, la baja de las tasas y la estabilidad cambiaria. Si todo eso se sostiene -y yo creo que después de lo que se va a votar en estos días, como el presupuesto y las reformas- están dadas las condiciones para empezar a caminar un poco mejor.

¿Optimismo pese a las dificultades actuales?
Hoy está duro, no hay que negarlo. Pero por lo menos yo soy optimista de cara al futuro.

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Fase de Remonetización: el Gobierno redefine el esquema cambiario y lanza un programa de acumulación de reservas

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Según la consultora Ecolatina el Gobierno lanzó la “Fase de Remonetización” y redefine el esquema cambiario y monetario desde 2026

El Gobierno anunció al cierre de la rueda del lunes una nueva etapa del programa económico, denominada “Fase de Remonetización”, que introduce cambios relevantes en la política cambiaria y monetaria. El nuevo esquema contempla un programa de acumulación de reservas, la indexación del crawling peg a la inflación y la normalización gradual de encajes, en un contexto marcado por la necesidad de recomponer reservas, sostener la desinflación y consolidar el acceso al financiamiento.

La medida fue presentada tras una colocación de deuda en dólares por debajo de lo esperado y un mercado cambiario que no reaccionó con el optimismo previsto luego del resultado electoral de octubre. En ese marco, el rediseño busca corregir desequilibrios del esquema vigente, evitar una apreciación real persistente del tipo de cambio y sentar las bases para una mayor estabilidad macroeconómica hacia 2026, aunque introduce nuevos interrogantes sobre la velocidad de la desinflación y el grado de discrecionalidad del Banco Central.

Programa de compras de reservas y nuevo crawling peg indexado

El eje central de la Fase de Remonetización es el inicio, a partir del 1° de enero de 2026, de un programa de acumulación de reservas por parte del Banco Central, alineado con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. Según el escenario base oficial, la Base Monetaria pasaría del 4,2% del PIB actual al 4,8% del PIB en diciembre de 2026, lo que equivale a compras de divisas por aproximadamente USD 10.000 millones, con la posibilidad de extenderse hasta USD 17.000 millones adicionales si la relación base-producto aumentara un punto porcentual.

Las compras estarán condicionadas por la oferta de divisas del balance de pagos, en particular de la Cuenta Financiera, y por la evolución de la demanda de dinero. El BCRA no intervendrá de manera automática: el monto diario de compras no superará inicialmente el 5% del volumen operado en el mercado de cambios y podrá ajustarse según la liquidez disponible, con el objetivo explícito de evitar presiones alcistas sobre el dólar. Además, se habilita la posibilidad de realizar “compras en bloque” por fuera del mercado, modalidad que el Tesoro ya utilizó durante 2025.

En paralelo, el Gobierno anunció una modificación sustancial del esquema cambiario. A partir de enero de 2026, las bandas cambiarias se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación publicado por el INDEC. En enero, el crawling peg será del 2,5% mensual, correspondiente a la inflación de noviembre, y se actualizará en los meses siguientes conforme a los nuevos registros. Este rediseño reemplaza el esquema previo, en el que el techo de la banda crecía al 1% mensual mientras la inflación se ubicaba en torno al 2%.

Como resultado, el nuevo esquema evita la apreciación real que venía acumulándose. De acuerdo con estimaciones basadas en la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, el techo de la banda alcanzaría en diciembre de 2026 los $1.860 (o $1.930 según otras proyecciones), entre un 8% y un 12% por encima del nivel que habría resultado con un deslizamiento del 1%, que lo habría ubicado en torno a $1.720.

Efectos macroeconómicos, reservas y discrecionalidad del esquema

Desde el punto de vista macroeconómico, la indexación del crawling peg presenta efectos contrapuestos. Por un lado, permite que el tipo de cambio real deje de apreciarse e incluso se deprecie en el margen, mejorando la competitividad externa. En un contexto internacional en el que la Reserva Federal muestra un sesgo más moderado y la inflación en Estados Unidos sorprendió a la baja en noviembre, el escenario de tasas internacionales más bajas hacia 2026 podría favorecer el apetito por deuda emergente y un dólar global más débil, ampliando el margen de competitividad cambiaria.

Por otro lado, el tipo de cambio dejará de funcionar como ancla nominal del programa económico, lo que introduce un componente inercial en la dinámica de precios y podría derivar en una desinflación más lenta. Además, el esquema arranca con un tipo de cambio real que, si bien mejoró cerca de un 20% desde la implementación de las bandas en abril, todavía luce bajo en términos históricos.

En este contexto, el comportamiento del dólar dentro de la banda será clave y dependerá de la oferta y demanda de divisas y de las expectativas del mercado. Tras el anuncio, el Tesoro habría interrumpido su racha compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Entre la semana pasada y el martes posterior al anuncio, los depósitos del Tesoro crecieron de USD 309 millones a USD 2.077 millones, impulsados por compras en el MULC, el ingreso del BONAR y movimientos con organismos internacionales. Sin embargo, luego del anuncio, Hacienda pasó a contener la cotización mediante ventas de instrumentos dólar linked en el mercado secundario y ventas directas de USD 13 millones y USD 150 millones en el MULC, lo que explicó la estabilidad del dólar en torno a los $1.450 durante cuatro jornadas consecutivas, con un volumen operado cercano a USD 600 millones.

La estrategia oficial refleja un rasgo central del nuevo programa: la preferencia por la discrecionalidad antes que por reglas rígidas. La política de encajes se ajustará gradualmente según la evolución de las variables monetarias y cambiarias, y el límite del 5% de participación del BCRA en el mercado es indicativo, no obligatorio. Esto deja abierta la posibilidad de jornadas sin compras o con intervenciones superiores a ese umbral, así como operaciones fuera del mercado cambiario formal.

Repercusiones en el mercado y el desafío del Riesgo País

En el corto plazo, el dólar oficial se mantuvo dentro del techo de la banda ($1.400–$1.450) y cerró en $1.450, con una suba semanal del 0,6%. Las Reservas Netas habrían retornado a terreno positivo y se estiman en torno a USD 1.400 millones. En contraste, los dólares alternativos mostraron alzas: el dólar minorista subió 0,7% hasta $1.474, el blue avanzó 2,8% a $1.485, el CCL con CEDEARs trepó 2,1% a $1.547 y el MEP con AL30 aumentó 1,5% a $1.494. La brecha cambiaria promedio se ubicó cerca del 4%.

Los contratos de dólar futuro también reflejaron el nuevo escenario: los vencimientos cortos subieron 0,3%, mientras que los contratos desde marzo de 2026 avanzaron 1,1%. Las devaluaciones implícitas cerraron en +0,5% para diciembre, +2,9% para enero y +5,0% para febrero.

Hacia adelante, el principal interrogante es la compatibilidad entre la recomposición de reservas y el respeto del techo de la banda cambiaria. Para que el escenario base del Gobierno se materialice, será clave una nueva baja del Riesgo País que habilite al Tesoro a regresar al mercado de capitales en 2026 y comenzar a rollear vencimientos. A ello se sumarían ingresos por la Cuenta Financiera, una mayor oferta del sector agropecuario y potenciales inversiones extranjeras bajo el régimen RIGI, además de colocaciones internacionales que podrían habilitarse si el Presupuesto 2026 se aprueba en el Congreso.

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