Día: 14 enero, 2026

Defensa comercial: Argentina analiza dumping y amenaza de daño en lavarropas de origen chino

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La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso la apertura de una investigación por presunto dumping en las exportaciones de lavarropas de origen chino hacia la Argentina. La medida, formalizada mediante la Resolución 10/2026, se apoya en la existencia de un margen de dumping del 10,43% y en indicios de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional, en un contexto de fuerte crecimiento de las importaciones y subvaloración de precios.

La decisión fue adoptada el 13 de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero de 2026, dando inicio formal a un proceso previsto en la Ley N° 24.425 y su normativa reglamentaria. La investigación alcanza a máquinas de lavar ropa de hasta 13 kilogramos de capacidad, sin sistema de secado por calor ni dispositivo de accionamiento por fichas, originarias de la República Popular China, clasificadas en las posiciones arancelarias N.C.M. 8450.11.00; 8450.12.00; 8450.19.00 y 8450.20.20.

Fundamentos técnicos y rol de la Comisión Nacional de Comercio Exterior

El inicio del procedimiento se sustenta en el análisis efectuado por la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que se expidió mediante el Acta de Directorio N° 2.616 del 2 de enero de 2026, en el marco del Decreto N° 33/2025, reglamentario de la Ley N° 24.425.

Según concluyó el organismo técnico, existen pruebas suficientes de dumping, de amenaza de daño importante a la rama de producción nacional y de relación de causalidad entre ambos elementos. En ese marco, la CNCE determinó un margen de dumping promedio ponderado del 10,43% para las operaciones de exportación de lavarropas originarias de China, calculado a partir de la comparación entre precios del mercado interno chino —aportados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto— y precios FOB de exportación obtenidos de operaciones de importación, con fuente “Softrade”, coincidente con datos oficiales.

Asimismo, la Comisión verificó que la producción nacional de lavarropas se ajusta a la definición de producto similar establecida por la normativa vigente y que la empresa solicitante, DREAN S.A., cumple con el requisito de representatividad dentro de la rama de producción nacional, conforme al Artículo 5° del Decreto N° 33/2025 y al Artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping.

Daño, amenaza y dinámica de las importaciones

En su análisis, la CNCE descartó la existencia de daño importante actual, al señalar que, durante el período bajo análisis, el desempeño desfavorable de ciertos indicadores de volumen —producción, ventas, existencias, utilización de la capacidad instalada y empleo— se dio en un contexto de caída del consumo aparente y con una presencia poco relevante de las importaciones investigadas en el mercado local.

Sin embargo, el organismo advirtió un cambio significativo en la dinámica reciente. En particular, destacó que durante los primeros nueve meses de 2025 las importaciones de lavarropas de origen chino crecieron de manera marcada, en paralelo con un aumento sustancial de su participación en las importaciones totales argentinas del producto, que pasó del 50% en 2022 al 66% en 2024, con un incremento de más de veinte puntos porcentuales hacia el final del período analizado.

La CNCE también remarcó que China consolidó su posición como principal exportador mundial de lavarropas, concentrando el 47% del total exportado en dólares entre enero y septiembre de 2025, doce puntos porcentuales por encima del nivel registrado en 2022. En ese contexto, la Argentina se ubicó como el octavo destino de las exportaciones chinas medidas en kilogramos, luego de representar cerca del 1% en años anteriores, con un aumento del 590% en los envíos hacia el país durante 2025.

Otro elemento central del análisis fue la subvaloración de precios. Las importaciones investigadas ingresaron al mercado argentino a precios nacionalizados inferiores a los de la producción local, mientras que los precios FOB de exportación de origen chino mostraron una tendencia decreciente y se ubicaron por debajo de los correspondientes a otros orígenes. A ello se sumó la detección de acumulación de inventarios, ya que, según estimaciones de la CNCE, más del 60% de los lavarropas importados desde China en el período enero-septiembre de 2025 no habría sido volcado inmediatamente al mercado interno.

Con estos elementos, el organismo concluyó que se configura una amenaza de daño importante, en los términos del Artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping, y que existe una relación de causalidad entre dicha amenaza y las importaciones con presunto dumping.

Alcance del procedimiento y próximos pasos

La Resolución 10/2026 establece que el período de recopilación de datos para la determinación del dumping abarcará desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025, mientras que el período de análisis de daño comprenderá desde enero de 2022 hasta septiembre de 2025, sin perjuicio de que la CNCE pueda requerir información adicional para otros lapsos.

Las partes interesadas dispondrán de un plazo de 30 días, contados desde la publicación de la norma, para presentar sus respuestas a los cuestionarios y la documentación respaldatoria ante la CNCE, conforme a lo previsto en el Decreto N° 33/2025 y en la Resolución N° 111/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio.

En paralelo, se ordenó cumplir con las notificaciones internacionales en el marco del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, incorporado al derecho interno argentino mediante la Ley N° 24.425.

Impacto económico

La apertura de esta investigación se inscribe en una etapa de mayor activación de los instrumentos de defensa comercial, con impacto directo sobre el mercado de electrodomésticos, los fabricantes nacionales y los importadores. En términos institucionales, refuerza el rol de la CNCE como órgano técnico en la evaluación de prácticas desleales de comercio y anticipa un proceso que podría derivar, en función de sus resultados, en la aplicación de medidas antidumping.

Para el sector industrial, la medida introduce un marco de análisis formal frente al fuerte crecimiento de las importaciones y la presión competitiva de productos de bajo precio, mientras que para los operadores comerciales implica un escenario de mayor escrutinio regulatorio en un rubro de alto consumo masivo.

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Posadas moderniza su radar y refuerza el control del tránsito aéreo regional

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La renovación integral del radar secundario del Aeropuerto Internacional de Posadas marca un nuevo hito en el fortalecimiento del Sistema de Vigilancia del Tránsito Aéreo de la República Argentina. La puesta en servicio del equipamiento modernizado mejora la calidad de la información en tiempo real, amplía la capacidad operativa y refuerza la seguridad aérea en una región estratégica del país, con impacto directo en la conectividad, la actividad económica y la infraestructura de transporte.

La actualización se realizó en el marco del Programa Nacional de Actualización del Sistema Radar y de Vigilancia Aérea, una política orientada a modernizar 22 radares distribuidos en todo el territorio nacional. Con la entrada en operación del sistema de Posadas, ya son ocho los radares renovados en los últimos meses, consolidando una mejora sustancial en la infraestructura tecnológica de los Servicios de Navegación Aérea.

Modernización tecnológica y salto en la capacidad operativa

La intervención en el radar de Posadas incluyó el reemplazo de los componentes electrónicos centrales y la incorporación de tecnologías avanzadas como Modo S y ADS-B, estándares internacionales que permiten una identificación más precisa de las aeronaves y una mayor cantidad de datos asociados a cada vuelo.

Estas mejoras brindan a los controladores de tránsito aéreo información más completa y confiable sobre el movimiento de aeronaves, optimizando la gestión de los vuelos y fortaleciendo la seguridad operacional en toda la zona de cobertura del sistema. En términos prácticos, el nuevo radar ofrece mayor calidad y cantidad de datos en tiempo real en comparación con el equipamiento anterior, reduciendo márgenes de error y mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones operativas complejas.

Impacto regional y fortalecimiento del control aéreo

Por su ubicación estratégica, el radar de Posadas cumple un rol clave en el noreste argentino. La información generada por el sistema actualizado se integra directamente al Centro de Control de Área (ACC) de Resistencia, fortaleciendo la cobertura radar en una región de alta relevancia para la conectividad aérea.

Este refuerzo tecnológico permite optimizar la gestión del tránsito aéreo y habilitar una mayor cantidad de vuelos, lo que impacta positivamente en la actividad aerocomercial, el turismo y las economías regionales. En el plano institucional, la actualización mejora la eficiencia de los servicios de navegación aérea y acompaña la expansión de la demanda en un corredor estratégico del país.

Un programa nacional con alcance federal

La renovación del radar de Posadas se suma a las modernizaciones recientes realizadas en La Rioja, San Luis, Bariloche, Bahía Blanca, Quilmes y Santa Rosa, desarrolladas por la empresa INVAP, junto con el nuevo radar del Aeropuerto de Ezeiza, provisto con tecnología Indra. Este despliegue evidencia un esquema de inversión sostenida en infraestructura crítica, con participación de proveedores tecnológicos de referencia.

Con estos avances, se consolida el proceso de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica aérea en todo el territorio nacional y se afianza el posicionamiento de la Argentina como referente regional en la prestación de servicios de navegación aérea, un aspecto central para la competitividad logística, la integración territorial y la seguridad del transporte.

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Marcelo Cardozo y un golpe al contrabando VIP que salpica a nombres como L-Gante, la China Suarez y La Joaqui

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Por orden del juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardozo, una compleja investigación por contrabando internacional de vehículos de alta gama derivó en una serie de allanamientos simultáneos que permitió desbaratar una organización que operaba entre Paraguay, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando autos deportivos de lujo ingresados ilegalmente al país que después eran usados y exhibidos por La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, entre otros influencers.

La causa, instruida por el fiscal federal Marcelo Bernachea, avanzó a partir de una investigación técnica de la Dirección General de Aduanas que detectó un patrón reiterado de ingresos irregulares de vehículos por pasos fronterizos del noreste argentino. Con esas pruebas, el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del doctor Marcelo Cardozo, autorizó cinco allanamientos simultáneos, ejecutados con apoyo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva, todos organismos dependientes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Los operativos, encabezados por efectivos de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, concluyeron con la detención e incomunicación de dos ciudadanos argentinos, además del secuestro de treinta millones de pesos, veinte mil dólares estadounidenses y un arma de fuego sin documentación.

En el marco de las medidas ordenadas por el juez Cardozo, se incautaron cuatro automóviles deportivos de matrícula paraguaya, valuados en más de cien millones de pesos cada uno: dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, además de una camioneta Toyota SW4 de patente argentina.

El esquema de contrabando

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la organización utilizaba de manera fraudulenta el Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur, previsto en la Resolución General 1419 de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos. El mecanismo consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los autos a la Argentina declarando fines turísticos, pero al regresar a su país dejaban los vehículos en territorio argentino, donde eran utilizados por sus verdaderos propietarios.

Las pruebas reunidas por la Aduana -cuyo alerta inicial se produjo en Paso de los Libres- permitieron al juez Cardozo tener por acreditado un ardid sistemático, organizado por dos ciudadanos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes controlaban los automóviles y los explotaban comercialmente.

Ambos exhibían los vehículos en redes sociales y los utilizaban en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, además de alquilarlos para producciones audiovisuales y eventos. Uno de ellos se presentaba como titular de una productora de “eventos multitudinarios”, pero no tenía actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

La causa está encuadrada en el artículo 865 del Código Aduanero, que tipifica el contrabando agravado, con penas de hasta diez años de prisión. Según las actuaciones que tramitan en el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, la operatoria se habría iniciado al menos en el año dos mil veintitrés y podría involucrar más vehículos y personas.

Bajo la dirección del juez Marcelo Cardozo, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni más secuestros, en una causa que ya es considerada una de las más importantes de los últimos años en la frontera norte de Misiones.

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Cataratas del Iguazú: más visitantes, mejor perfil de gasto y un turismo cada vez más internacional

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Por fuera de las postales y los rankings internacionales, el Parque Nacional Iguazú se consolidó en los últimos años como una de las plataformas económicas más sofisticadas del país. Con más de un millón y medio de visitantes anuales, una demanda internacional en plena expansión y un modelo de gestión público-privado que combina conservación, inversión y eficiencia operativa, Cataratas del Iguazú dejó de ser solo una maravilla natural para transformarse en una verdadera industria turística de alto valor agregado.

Al frente de ese proceso está Iguazú Argentina, la empresa concesionaria de los servicios del Parque. Carol Da Rosa, gerente de la firma, brindó detalles del modelo que sostiene el crecimiento de uno de los activos más valiosos de la Argentina.

El punto de inflexión fue la salida de la pandemia. En 2021, con fronteras cerradas y vuelos internacionales prácticamente inexistentes, el Parque recibió apenas 445.292 visitantes. El 71% fueron turistas nacionales y solo el 2% extranjeros. Fue un año de supervivencia, no de mercado.

Pero lo que ocurrió después redefinió el negocio.

En 2025, el Parque volvió a superar 1,53 millones de ingresos, con un perfil completamente distinto: 52% turistas nacionales, 27% extranjeros, 7% brasileños y el resto regionales. Los visitantes internacionales pasaron de apenas 8.155 en 2021 a más de 418.000 en 2025. Los brasileños crecieron de 24.000 en 2019 a más de 113.000 en 2025.

Ese cambio explica por qué hoy Iguazú genera más dólares, más empleo y más inversión que antes de la pandemia, aun sin romper récords de volumen.

“El turista internacional no solo entra al Parque. Se queda más noches, consume hotelería de mayor nivel, hace más excursiones y gasta mucho más en la ciudad. Eso es lo que cambió la economía del destino”, explica Da Rosa.

Para sostener ese nuevo perfil, Iguazú Argentina ejecutó uno de los procesos de modernización más profundos de su historia: renovación de pasarelas, mejora de accesos, nuevos sistemas de transporte interno, gastronomía de mayor calidad, gestión digital de flujos y monitoreo ambiental.

“El desafío no es recibir más gente, sino recibirla mejor. Hoy el visitante quiere eficiencia, comodidad, seguridad y una experiencia alineada con valores ambientales. Si no invertís en eso, el destino pierde competitividad”, sostiene la gerente general.

La operación diaria es compleja: millones de personas circulando por una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta.

“Cada decisión que tomamos tiene impacto ambiental. Por eso trabajamos con capacidad de carga, con recorridos diseñados para distribuir flujos y con monitoreo permanente. Si el Parque se degrada, el negocio se termina. Así de simple”.

Una industria que mueve a toda Misiones

Cataratas no solo sostiene a Puerto Iguazú. Sostiene una cadena productiva que incluye hoteles, agencias, transporte, comercio, gastronomía y empleo en toda la provincia.

“Nosotros somos una puerta de entrada. El verdadero derrame ocurre afuera del Parque. Cada visitante que entra genera trabajo en toda la región”, remarca Da Rosa.

Iguazú Argentina emplea cientos de personas de manera directa y miles de forma indirecta. En un contexto nacional de fuerte ajuste fiscal y caída del consumo, el turismo internacional se convirtió en uno de los pocos motores genuinos de dólares y actividad.

La Argentina necesita exportar servicios. Y el turismo es una de las exportaciones más limpias que existen. Iguazú es una fábrica de divisas que no contamina y genera empleo local”, afirma.

El Parque Nacional Iguazú es uno de los ejemplos más exitosos de articulación entre el Estado y el sector privado.

“Parques Nacionales fija los límites de conservación y nosotros aportamos inversión, gestión y profesionalización. Esa combinación permitió que hoy tengamos uno de los parques mejor operados de América Latina”, explica Da Rosa.

El futuro: más valor, no más presión

El crecimiento tiene límites. Y eso, para Iguazú, es una ventaja. “No podemos ni queremos recibir infinitas personas. Nuestro objetivo es que cada visitante tenga una experiencia extraordinaria y que el Parque se conserve intacto. El futuro no es masividad, es valor.”

Esa visión resume el nuevo Iguazú: menos dependencia del turismo de bajo gasto y más foco en un visitante global que paga por calidad, naturaleza y experiencia.

“Cataratas es uno de los pocos lugares del mundo donde la naturaleza y la economía pueden crecer juntas. Ese es nuestro compromiso”.

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El Gobierno deroga una norma clave de accesibilidad tras cumplir un fallo histórico en la Línea Mitre

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, derogó la Resolución 27/2003 que obligaba a controles específicos de accesibilidad en el ferrocarril Mitre. La medida se formalizó mediante la Resolución 5/2026 y se fundamenta en el cumplimiento íntegro de la sentencia judicial que dio origen a esa norma, luego de más de dos décadas de fiscalización, obras e inversiones en infraestructura ferroviaria.

La resolución fue dictada en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero de 2026. El texto establece que el objeto de la norma de 2003 se encuentra agotado, tras acreditarse que las 17 estaciones del ramal Retiro–Tigre de la Línea General Mitre cuentan con accesos alternativos a los molinetes que garantizan el uso del servicio por personas con discapacidad motora o movilidad reducida, en condiciones de autonomía y seguridad.

El origen judicial de la medida y más de 20 años de control estatal

La Resolución 27/2003 había sido dictada para dar cumplimiento a una sentencia interlocutoria del 12 de mayo de 2003, emitida por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, Secretaría 5, en la causa “Verbrugghe, María Inés c/Estado Nacional – Ministerio de Economía y otros s/amparo”.

En aquel fallo, el tribunal intimó en forma solidaria a la entonces concesionaria Trenes de Buenos Aires S.A. y al Estado Nacional a habilitar, en un plazo de diez días, accesos alternativos a los molinetes en todas las estaciones del ferrocarril Mitre. El incumplimiento habilitaba la aplicación de astreintes y la eventual imputación del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal de la Nación a los funcionarios responsables.

Desde entonces, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en el marco de las facultades conferidas por el Decreto 1388/1996, realizó inspecciones periódicas en las estaciones del ramal Retiro–Tigre para verificar el estado de los accesos y el cumplimiento de la orden judicial.

Inversiones en infraestructura y cierre formal de la causa

Según los considerandos de la Resolución 5/2026, el Estado Nacional llevó adelante desde 2009 una política de fortalecimiento y mejora del sistema ferroviario, que incluyó el Programa Integral de Renovación de Estaciones Ferroviarias de Servicios Metropolitanos en la Línea Mitre, ramal Retiro–Tigre. Ese plan permitió superar limitaciones de diseños arquitectónicos originales que no contemplaban el acceso de personas con movilidad reducida.

Las fiscalizaciones realizadas en los últimos años no detectaron apartamientos significativos que impidieran el uso pleno de las instalaciones. En ese sentido, la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) informó que, de acuerdo con los relevamientos más recientes, cada plataforma de cada estación cuenta al menos con un acceso alternativo habilitado para personas con discapacidad motora o movilidad reducida (cf. ME-2024-141934154-APN-GGO#SOFSE y ME-2024-141362797-APN-GLM#SOFSE).

Por su parte, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA) detalló el listado de obras ejecutadas en las estaciones del ramal (cf. ME-2024-33507164-APN-GAL#ADIFSE, ME-2024-33710142-APN-GO#ADIFSE e IF-2024-42021911-APN-GO#ADIFSE). En paralelo, la Subgerencia de Contenciosos de la CNRT informó que la causa judicial se encuentra terminada, con presentaciones que acreditan el cumplimiento total tanto de la sentencia como de la resolución de 2003 (cf. PV-2025-44990700-APN-SC#CNRT).

Desregulación y reordenamiento normativo del transporte ferroviario

La derogación se inscribe en el proceso de desregulación y simplificación del Estado iniciado por el Decreto 70/2023, que impulsa un reordenamiento integral de la economía y la revisión de regímenes jurídicos vigentes. En ese marco, la Secretaría de Transporte consideró “conveniente y oportuna” la derogación de una norma cuyo objetivo ya fue cumplido.

El Artículo 1° de la Resolución 5/2026 establece expresamente que la Resolución 27/2003 se deroga “toda vez que ha sido acreditado el cumplimiento íntegro de la sentencia judicial que motivó su dictado”. Además, se dispuso comunicar la medida a la CNRT, ADIFSA, SOFSA y al juzgado interviniente.

Desde una perspectiva institucional, la decisión implica el cierre formal de un ciclo de control excepcional, trasladando la accesibilidad al transporte ferroviario al marco general de las políticas públicas y los estándares operativos vigentes, sin perder de vista los antecedentes judiciales que impulsaron las mejoras estructurales del sistema.

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