Mes: enero 2026

El Gobierno aprobó una nueva suba de los impuestos a los combustibles: impactará en la nafta y el gasoil desde febrero

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Mediante el Decreto 74/2026, publicado el 30 de enero en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida modifica el cronograma previsto en el Decreto 617/2025 y establece que, entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, las subas se apliquen de manera parcial y escalonada, mientras que la entrada en vigencia plena de los incrementos se traslada al 1° de marzo de 2026.

El objetivo explícito del Poder Ejecutivo es “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, en un contexto de actualización impositiva basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de impacto directo sobre los precios de naftas y gasoil.

Marco legal y antecedentes de la actualización impositiva

El esquema de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se encuentra regulado por los Capítulos I y II del Título III de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias. Allí se establecen montos fijos en pesos por unidad de medida, tanto para el impuesto a los combustibles líquidos como para el tributo al dióxido de carbono.

La normativa prevé que dichos montos se actualicen trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, considerando las variaciones acumuladas desde enero de 2018. El mecanismo operativo de actualización fue definido por el Decreto N° 501/2018, que asignó esa tarea a la entonces AFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y fijó que los efectos de cada actualización rigen desde el primer día del segundo mes posterior.

Sin embargo, a través de una sucesión de decretos —entre ellos los Nros. 617/2025, 699/2025, 782/2025, 840/2025 y 929/2025— el Poder Ejecutivo fue difiriendo en el tiempo la aplicación efectiva de los incrementos resultantes de las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025.

El Decreto 617/2025 había fijado como fecha de entrada en vigencia de los incrementos remanentes el 1° de febrero de 2026. El nuevo Decreto 74/2026 reemplaza ese criterio y redefine el cronograma.

Subas parciales en febrero y nuevo cronograma de aplicación

Con la modificación introducida, el Gobierno dispuso que entre el 1° y el 28 de febrero de 2026 los impuestos se incrementen de manera parcial, con montos específicos por producto.

Para las naftas sin plomo (hasta y más de 92 RON) y la nafta virgen, el decreto fija:

  • Un aumento de $16,773 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos (artículo 4° de la Ley 23.966).
  • Un incremento de $1,027 por litro en el impuesto al dióxido de carbono (artículo 11).

En el caso del gasoil, los incrementos serán:

  • $14,372 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos.
  • $1,638 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.

Además, se mantiene el tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en la Patagonia, el Partido de Patagones y el Departamento de Malargüe. Para esas zonas, el decreto establece un aumento adicional de $7,782 por litro, conforme al artículo 7°, inciso d) de la Ley 23.966, que alcanza a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En paralelo, el Decreto 74/2026 sustituye la fecha de entrada en vigencia plena de los incrementos, que pasa del 1° de febrero al 1° de marzo de 2026, extendiendo un mes más el esquema de transición.

Impacto económico

La decisión de aplicar los aumentos de manera parcial y escalonada tiene impacto directo sobre la estructura de costos de los combustibles, un insumo clave para el transporte, la logística y amplios sectores de la economía. Al diferir la aplicación total de los incrementos derivados de las actualizaciones por IPC, el Gobierno busca moderar el traslado inmediato a precios finales, sin desactivar el esquema legal de actualización automática previsto en la Ley 23.966.

Desde el punto de vista fiscal, la medida implica postergar parcialmente la recaudación plena asociada a los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, aunque mantiene vigente el sendero de normalización definido por la normativa. En términos institucionales, el decreto reafirma la utilización del instrumento reglamentario, en ejercicio de las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, para administrar los tiempos de implementación de tributos ya establecidos por ley.

El Decreto 74/2026 fue firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y entra en vigencia el 1° de febrero de 2026, de acuerdo con el texto oficial publicado en el Boletín Oficial.

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El Gobierno declaró la Emergencia Ígnea por un año en cuatro provincias y habilitó un despliegue federal extraordinario

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Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, publicado este 30 de enero, el Poder Ejecutivo Nacional declaró la Emergencia Ígnea y zona de desastre en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año. La medida responde a la magnitud de los incendios forestales —con especial impacto en el Parque Nacional Los Alerces—, al colapso de la capacidad operativa de respuesta y a un escenario climático adverso marcado por sequía y vientos intensos, que amenaza el patrimonio natural, los bienes productivos y la vida de las poblaciones afectadas.

El decreto activa un esquema de intervención federal inmediata, centralizado en la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, que asume la coordinación integral de recursos, acciones de combate del fuego, asistencia a damnificados y restauración ambiental, en articulación con provincias y municipios.

Fundamentos constitucionales y marco normativo de la emergencia

El DNU se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a preservar el patrimonio natural y la biodiversidad. En ese marco, el Ejecutivo invoca la Ley de Manejo del Fuego N° 26.815, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental frente a incendios forestales y rurales, y la Ley N° 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Según los considerandos, los incendios en curso generaron “consecuencias nocivas tanto para el patrimonio natural protegido como para las poblaciones cercanas”, en un contexto donde “la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego ha sido superada”. Esta situación encuadra, de acuerdo con el texto oficial, en los supuestos de emergencia (artículo 2°, inciso e) y zona de desastre (artículo 2°, inciso d) previstos por la Ley 27.287.

El Gobierno justificó el uso del instrumento de necesidad y urgencia en la imposibilidad de seguir el trámite legislativo ordinario sin incurrir en demoras incompatibles con la urgencia operativa, conforme al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y a la Ley N° 26.122, que regula la intervención posterior del Congreso a través de la Comisión Bicameral Permanente.

El rol de la Agencia Federal de Emergencias y el alcance operativo

El Decreto 73/2026 refuerza el rol de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada por el Decreto N° 225/25 como organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional. Además de sus competencias originales, la AFE queda formalmente encomendada a coordinar:

  • Acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales en todos los ámbitos contemplados por la Ley 26.815, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
  • Acciones de atención, mitigación y asistencia frente a los daños provocados por los incendios sobre la vida, la integridad física, los bienes, el trabajo y los medios de vida de personas y familias afectadas.
  • Apoyo y asistencia a provincias y municipios, con el objetivo de garantizar recursos efectivos tanto para el combate del fuego como para la recuperación social y productiva posterior.
  • Aplicación integral de las medidas previstas en la Ley 27.287, articulando prevención, respuesta inmediata y etapa postcrisis.

Todas estas acciones deberán ejecutarse en coordinación con los gobiernos provinciales de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y con los municipios involucrados, respetando los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Impacto de la medida

La declaración de Emergencia Ígnea por doce meses habilita al Estado nacional a concentrar decisiones, recursos y capacidades operativas en una estructura federal unificada, con efectos directos sobre la gestión ambiental, la protección civil y la respuesta ante desastres. Desde el punto de vista institucional, el decreto consolida a la AFE como autoridad nacional en emergencias, integrando la lógica de manejo del fuego con la gestión integral del riesgo.

En términos prácticos, el reconocimiento simultáneo de emergencia y zona de desastre establece el marco legal para acelerar la respuesta estatal frente a un fenómeno que combina daño ambiental severo, afectación del sistema productivo y riesgo para la población, en una de las regiones más sensibles desde el punto de vista ecológico del país.

El decreto fue firmado en acuerdo general de ministros, entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme al procedimiento previsto por la Ley 26.122.

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El Gobierno lanzó el nuevo DNI y modificó el pasaporte para alinearlos con estándares internacionales

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El Gobierno nacional oficializó la implementación de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) y una serie de modificaciones en el pasaporte argentino, con cambios en el formato, los materiales y los sistemas de seguridad. Las medidas fueron formalizadas mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, y entrarán en vigencia el 1° de febrero de 2026. Según aclararon desde el Registro Nacional de las Personas, los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su vencimiento.

La actualización apunta a adecuar los documentos de identidad y viaje a los estándares internacionales de seguridad y tecnología, en línea con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), particularmente la norma 9303/2015/2021, que regula los documentos de lectura mecánica y promueve la incorporación de nuevas tecnologías.

Un DNI electrónico con chip y mayor seguridad de datos

El nuevo DNI será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, un conjunto de características técnicas destinadas a mejorar la durabilidad del documento y reforzar la protección de los datos personales.

Para los ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incluirá el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color de frente. También contendrá nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo permanecerá en blanco.

La normativa ratifica, además, que los excombatientes de Malvinas mantendrán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”. En el caso de los DNI para personas extranjeras, el formato y los elementos serán los mismos que los previstos para ciudadanos argentinos.

Para los menores de 14 años, el DNI conservará las mismas características técnicas. En los niños menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de los 5 años se registrará la firma del propio menor. Asimismo, se prevé la emisión de un DNI “0 Año” provisorio para recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud certificadas, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.

En el dorso del DNI se incorporarán el domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. Para ciudadanos extranjeros, se añadirá país de nacimiento, juzgado y fecha de naturalización.

Nuevo pasaporte: más páginas y hoja de policarbonato

En paralelo, el Gobierno dispuso un nuevo diseño del pasaporte argentino, que pasará a contar con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, en línea con los estándares internacionales de seguridad y resistencia física.

Desde el organismo señalaron que la modificación busca reforzar la protección de los datos personales y elevar la confiabilidad del documento, tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros que lo utilicen como documento de viaje. El rediseño responde al mismo criterio normativo que el DNI electrónico, en el marco de la adecuación a las exigencias de la OACI.

Vigencia, transición y validez de los documentos actuales

La Dirección Nacional del Registro de las Personas aclaró que los pasaportes y DNI emitidos antes de la entrada en vigencia de las disposiciones seguirán siendo plenamente válidos hasta su fecha de vencimiento, salvo que una futura norma establezca lo contrario.

Durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles, por lo que los pasaportes confeccionados con materiales actuales mantendrán su validez. La decisión apunta a optimizar recursos públicos y evitar el desperdicio de insumos del Estado, sin afectar la validez jurídica ni operativa de los documentos en circulación.

Con estas medidas, el Gobierno avanza en una actualización integral del sistema de identificación y documentación de viaje, con impacto directo en la seguridad documental, la interoperabilidad internacional y los procedimientos administrativos, sin modificar la vigencia de los documentos actualmente en uso.

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Iguazú, sexto aeropuerto del país, y Posadas en expansión: Misiones en el récord aéreo de 2025

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El récord histórico del tráfico aéreo argentino en 2025 tuvo un correlato directo en Misiones. Con más vuelos, mayor conectividad y un contexto de “cielos abiertos”, Puerto Iguazú y Posadas consolidaron su crecimiento y mejoraron su posicionamiento dentro del sistema aerocomercial nacional, con impacto directo en el turismo y en la dinámica de negocios de la provincia.

Según el informe oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante 2025 viajaron por vía aérea 50.646.921 pasajeros en todo el país, un 12% más que en 2024, la cifra más alta jamás registrada. De ese total, 34.735.497 correspondieron a vuelos nacionales y 15.911.424 a internacionales, con subas interanuales del 9% y 18%, respectivamente.

El Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú se consolidó como uno de los grandes protagonistas del año. En 2025 movilizó 1.785.000 pasajeros, frente a 1.502.000 en 2024, lo que implica un crecimiento interanual cercano al 19%, en línea con el dato destacado por ANAC para el cabotaje.

Con ese volumen, Iguazú se ubicó como el sexto aeropuerto de mayor movimiento de la Argentina, confirmando su rol estratégico dentro del mapa aerocomercial nacional. El crecimiento refuerza el posicionamiento del destino como puerta de entrada al turismo internacional y regional, con efecto multiplicador sobre hotelería, gastronomía, comercio y servicios vinculados a la actividad turística.

El Aeropuerto Libertador General José de San Martín, que sirve a Posadas, también mostró una evolución positiva. En 2025 registró 334.000 pasajeros, frente a 325.000 en 2024, lo que representa una mejora interanual moderada pero sostenida. En el ranking nacional, Posadas se ubicó en el puesto 16 por volumen de pasajeros.

La conectividad aérea resulta clave para el perfil de la capital misionera como centro administrativo, universitario y de servicios, facilitando el movimiento corporativo, la gestión pública, los eventos y la integración regional.

Más vuelos desde el interior y récord operativo

El informe de ANAC también subraya un cambio estructural en el sistema aéreo: durante 2025, 2.156.442 pasajeros realizaron vuelos internacionales directos desde el interior del país, sin pasar por Buenos Aires, lo que significó un crecimiento del 38% interanual. Esta tendencia favorece a provincias con fuerte perfil turístico y fronterizo, como Misiones.

El dinamismo del mercado se reflejó además en un récord histórico de operaciones aéreas, con 405.434 despegues y aterrizajes en el año, el nivel más alto registrado en la Argentina.

Con Iguazú consolidado entre los principales aeropuertos del país y Posadas afirmando un crecimiento sostenido, el desempeño aéreo de 2025 confirma que la conectividad es hoy una herramienta central para el desarrollo económico de Misiones. Más pasajeros implican más turistas, mayor circulación de negocios y mejores condiciones para atraer inversiones en servicios, comercio y turismo, en una provincia que depende en gran medida de su capacidad de estar conectada con el país y la región.

Este desempeño se debe a la estabilidad del dólar, así como a la habilitación de nuevas rutas, operadores y el aumento de frecuencias. De hecho, durante el año pasado se autorizaron 63 nuevas conexiones nacionales e internacionales.

Flybondi comenzó a operar la ruta Puerto Iguazú-Lima, en tanto, después de más de cinco años, volvió a volar a Asunción. Latam, por su parte, fue habilitada a operar vuelos de cabotaje en la Argentina, luego de seis años de ausencia en el país -durante la pandemia anunció en fin de sus operaciones en la Argentina-.

En tal sentido, los aeropuertos que registraron un mayor crecimiento de pasajeros internacionales fueron Salta (61%), Córdoba (54%), Bariloche (51%) y Buenos Aires (39%). En tanto, Río Hondo (82%), Santa Fe (30%), Neuquén (22%), Puerto Madryn (19%), Iguazú (19%) lo hicieron en pasajeros nacionales.

El crecimiento del sector también se reflejó en un récord histórico de movimientos aéreos (despegues y aterrizajes), que alcanzaron en 2025 un total de 405.434 operaciones, el nivel más alto registrado.

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El Gobierno declarará por DNU la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

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El Gobierno anunció este jueves que se firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde sus redes sociales.

El Gobierno se había inclinado por esa opción después de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, al dar respuesta a un reclamo de los gobernadores patagónicos.

La decisión llegó además en medio de las negociaciones con los jefes provinciales por la reforma laboral, un proyecto que el Poder Ejecutivo pretende sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero.

El reclamo

Los gobernadores del sur habían pedido al Congreso que tratara con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.

La reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Preisdnecia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.__IP__

“La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

La resolución, firmada por Monteoliva, establece la asignación de $100.810.319.998,50 destinados a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con el objetivo de financiar la adquisición de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil, según se informó en un comunicado.

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