La crisis que atraviesa el sector yerbatero tiene, para Roberto Buser, un origen claro y reciente. Representante de CONINAGRO en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), el dirigente sostiene que la desregulación del mercado, profundizada desde diciembre de 2023, alteró de manera drástica el equilibrio de toda la cadena productiva y golpeó de lleno a productores y trabajadores rurales.
Buser señala que la puesta en marcha del DNU 70/2023, con la asunción del presidente Javier Milei, marcó un punto de quiebre al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus principales herramientas de intervención. Entre ellas, la facultad de regular la actividad y fijar precios de referencia para la hoja verde. Lejos de generar un mercado más eficiente, advierte, la medida produjo un impacto inmediato y negativo sobre los eslabones más débiles del sistema.
Según su análisis, en apenas tres o cuatro meses desde la vigencia del decreto, el precio que perciben los productores cayó alrededor de un 30%. Si se amplía la mirada a los últimos dos años, la situación es aún más crítica: hoy se recibe menos del 50% de lo que se cobraba por el mismo volumen de hoja verde. Esa pérdida, remarca, no se distribuyó a lo largo de toda la cadena, sino que se concentró casi exclusivamente en los productores primarios, mientras que los grandes compradores y molinos se beneficiaron pagando menos por la materia prima.
La eliminación del precio de referencia dejó al productor sin capacidad real de negociación. Antes de la desregulación, el INYM calculaba el costo de producción teniendo en cuenta salarios rurales, insumos y gastos operativos, y a partir de ese esquema establecía valores que garantizaban una rentabilidad mínima, con actualizaciones periódicas frente a la inflación. Con ese mecanismo fuera de juego, los productores quedaron obligados a aceptar los precios impuestos por los grandes actores del mercado.
Buser remarca que los más perjudicados son los pequeños y medianos productores, que en su mayoría no cuentan con secaderos propios y deben vender su producción a establecimientos privados, cooperativos o ligados a grandes empresas. Esa dependencia los coloca en una posición de extrema debilidad. La caída de los ingresos redujo de manera drástica la capacidad de afrontar los costos de producción, entre ellos la mano de obra, que representa cerca del 67% del costo total de la actividad yerbatera.
El impacto, subraya, no se limita al plano productivo. La crisis se trasladó de forma directa al empleo rural. Ante la imposibilidad de cumplir con aportes y contribuciones, muchos productores se vieron empujados a esquemas de informalidad. El resultado es una mayor vulnerabilidad para los trabajadores rurales, que quedan fuera de la registración y sin cobertura de los sistemas de protección social. En este escenario, Buser destaca el rol del RENATRE como organismo clave para garantizar derechos laborales, aunque reconoce que la caída de la registración es una consecuencia directa de la crisis económica del sector.
Para el dirigente, el proceso actual no es nuevo. La historia del sector yerbatero muestra que cada experiencia de desregulación desembocó en crisis profundas. Recuerda que en la década de 1930, frente a un escenario de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de seis décadas permitió ordenar la actividad. Sin embargo, en los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada, generando concentración del mercado y una fuerte caída de los ingresos de los productores.
En aquel período existía un mercado consignatario que fijaba precios de referencia en función de los costos de producción, lo que permitía acceder a crédito, financiar la cosecha y evitar la venta forzada a valores de remate. Con la eliminación de ese sistema, los productores quedaron nuevamente expuestos a las condiciones impuestas por los grandes compradores.
El INYM, recuerda Buser, nació como respuesta a ese fracaso. Su estructura participativa, con representación del Estado nacional, Misiones, Corrientes, trabajadores rurales, productores, secaderos y molineros, permitió durante años un equilibrio relativo entre los distintos intereses de la cadena. Vaciar al Instituto de sus funciones centrales implica, a su entender, desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores ya conocidos.
A este cuadro se suma un factor estructural que agrava la crisis. Antes de la desregulación, el INYM había detectado mediante imágenes satelitales más de 30.000 hectáreas nuevas de plantaciones que aún no habían entrado en producción. Al tratarse de un cultivo que demora entre cinco y seis años en rendir, el Instituto preveía que el ingreso simultáneo de esas hectáreas podía provocar un exceso de oferta y una caída de precios.
Para evitarlo, se regulaba la expansión de nuevas plantaciones, no para prohibir producir, sino para ordenar el crecimiento del sector. Con la liberalización total, ese control desapareció. Según Buser, quienes pudieron invertir en grandes extensiones fueron grandes capitales con capacidad financiera para esperar años sin ingresos, mientras que los pequeños productores quedaron expuestos a la caída de precios cuando esa producción comienza a volcarse al mercado.
Hoy, advierte, el mercado yerbatero muestra una alta concentración: alrededor del 80% de la comercialización está en manos de apenas cinco empresas. No se trata de un mercado competitivo, sino de un oligopsonio donde pocos compradores fijan condiciones. La baja del precio en origen no se traduce en mayor consumo —que es estable— sino en una transferencia directa de ingresos desde los productores hacia los grandes actores.
Buser también cuestiona la norma publicada en diciembre de 2025, que terminó de eliminar las últimas herramientas reglamentarias del INYM. Desde la visión oficial, esas regulaciones eran consideradas trabas. Para el sector productivo, cumplían la función de ordenar la actividad y evitar desequilibrios que hoy afectan de manera directa a productores y trabajadores.
En ese marco, el dirigente plantea que el Estado debería recuperar herramientas de regulación. No para frenar la producción ni distorsionar el mercado, sino para garantizar reglas claras y un mínimo equilibrio en la cadena. Sin planificación, sin precios de referencia y sin protección del empleo rural, concluye, la desregulación no genera libertad económica, sino concentración, exclusión y precarización.
