La reforma laboral que impulsa el Gobierno tiene como uno de sus ejes centrales la regularización de relaciones laborales no registradas o mal registradas. Para ello, prevé incentivos como la reducción de aportes patronales en nuevas contrataciones y mecanismos que faciliten el blanqueo sin que el proceso derive automáticamente en multas o juicios.
Según el Ejecutivo, el objetivo es doble: ampliar el empleo formal y reducir la litigiosidad, un factor que históricamente elevó el costo de contratar en Argentina.
Menos “zona gris” y más previsibilidad
Uno de los problemas que busca atacar la reforma es el fenómeno de los trabajadores en “zona gris”: vínculos contractuales que comienzan como prestación de servicios y terminan siendo recalificados como relación de dependencia en sede judicial.
La nueva normativa intenta reducir ese riesgo, otorgando mayor reconocimiento al contrato de servicios cuando esté correctamente diseñado. Sin embargo, advierte que el empleo encubierto seguirá siendo pasible de reclamo: si existen horario fijo, exclusividad y subordinación, prevalecerán los hechos sobre la forma contractual.
En paralelo, se crea un fondo de cese laboral que reemplaza el esquema tradicional de indemnización “de golpe” por un sistema de capitalización progresiva. El Gobierno sostiene que aportará previsibilidad al costo de desvinculación, mientras que algunos especialistas consideran que podría garantizar cobros más automáticos si está bien financiado. No obstante, también abre el debate sobre el nivel real de protección y quién asume el mayor aporte.
Despidos, bloqueos y condenas en cuotas
La ley habilita el despido con justa causa en casos de bloqueos o tomas de empresas en el marco de reclamos sindicales. Además, permite el pago en cuotas de condenas e indemnizaciones en determinados esquemas, un punto que apunta a aliviar la carga financiera sobre las empresas.
Flexibilidad en horas extras y vacaciones
La reforma también busca regularizar prácticas ya extendidas en sectores como el gastronómico, comercial y tecnológico, donde existen esquemas de administración flexible de horas de trabajo.
Modalidades como el “viernes libre” o la compensación de jornadas especiales quedarían formalmente reconocidas, reduciendo el riesgo de judicialización. En materia de horas extras, se intenta dar marco legal a acuerdos que en muchos casos hoy se negocian por fuera de los convenios.
El foco en las pymes
Para las micro y pequeñas empresas, el “corazón” práctico de la reforma es el incentivo al blanqueo. Se crea la figura del “colaborador” para micro pymes, que permite contratar hasta cierto número de personas bajo un esquema distinto al de relación laboral tradicional.
Se trata de una herramienta pensada para tareas acotadas, aunque especialistas advierten que su uso como empleo encubierto podría derivar en conflictos judiciales.
Además, la reforma busca reducir el “miedo al costo de salida”, uno de los principales frenos a la contratación formal. Con un esquema más previsible, blanquear empleados dejaría de ser una decisión prohibitiva y pasaría a evaluarse en términos económicos.
Empresas con contratistas: más control y más compliance
En los casos de empresas que tercerizan servicios —seguridad, limpieza, logística u obras— se incorporan mecanismos para exigir comprobantes y retener pagos si el contratista incumple con obligaciones previsionales.
La reforma refuerza así un modelo de compliance laboral: si la empresa principal no controla, puede quedar expuesta a responsabilidad solidaria. Esto podría elevar costos administrativos, pero reducir riesgos futuros.
Autónomos y freelancers
Para profesionales independientes, la reforma amplía el reconocimiento del contrato de servicios. Un freelancer que factura a varios clientes, maneja sus horarios y trabaja por entregables tendría un marco más claro y menos riesgoso para las empresas contratantes.
Sin embargo, el esquema no protege situaciones de “monotributistas exclusivos” que cumplen horario fijo y reportan a un superior: en esos casos, la posibilidad de reclamo seguiría vigente.
Como independientes, aguinaldo y vacaciones quedarán librados a la negociación particular, no a la ley.
