Día: 12 febrero, 2026

El acuerdo UE-Mercosur instala un nuevo escenario para la industria de la madera

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La firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, se concretó el pasado 17 de enero, en Asunción, Paraguay. Establece una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores, al mismo tiempo que introduce un inédito marco normativo en materia de sostenibilidad y cooperación técnica. Para el bloque Mercosur, el acuerdo implica el acceso preferencial al 92% de sus exportaciones hacia el mercado europeo. La UE logrará la eliminación progresiva de aranceles para el 91% de sus bienes industriales, señala un documento de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la República Argentina.

Desgravación arancelaria: el horizonte de la forestoindustria

El sector de la madera y el mueble se posiciona como uno de los protagonistas de este acuerdo. Actualmente, los productos madereros del Mercosur enfrentan estructuras arancelarias que limitan su competitividad en Europa frente a proveedores de Europa del Este o el Sudeste Asiático.

Con la entrada en vigor del tratado, se prevé una eliminación gradual de los derechos de importación, que en ciertos productos de valor agregado (como muebles de diseño o paneles compensados) actualmente oscilan entre el 2% y el 10%. Esta ventana de oportunidad permite a las PyMEs regionales proyectar exportaciones de productos acabados, superando la histórica dependencia de la exportación de materia prima bruta.

El desafío de la trazabilidad y el Reglamento EUDR

La apertura de mercados viene acompañada de una exigencia técnica rigurosa: el cumplimiento del Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR).

Para la industria maderera del Mercosur, esto implica que cada metro cúbico exportado deberá contar con certificados de geolocalización que garanticen que su origen no proviene de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Si bien esto representa una barrera de entrada técnica para los productores informales, se convierte en un sello de calidad competitiva para las empresas que ya han invertido en certificaciones internacionales (como FSC o PEFC), posicionando a la región como un proveedor estratégico de biomasa y madera sostenible bajo estándares globales.

Modernización tecnológica y el efecto “catch-up”

El impacto para la industria del mueble será ambivalente. Por un lado, la reducción de aranceles para la importación de maquinaria de última generación y bienes de capital de origen europeo (especialmente de Alemania e Italia) facilitará la reconversión tecnológica de las plantas locales. Esto es crítico para mejorar la productividad y el acabado de los muebles regionales.

Sin embargo, la industria local deberá enfrentar la competencia de productos terminados europeos de alta gama que ingresarán con aranceles decrecientes. El éxito del sector dependerá de la capacidad de respuesta de las cámaras empresariales para aprovechar los programas de cooperación técnica y financiamiento que el acuerdo prevé para la transición productiva.

La perspectiva europea: entre la oportunidad de mercado y el blindaje ambiental

Mientras en el Mercosur el debate se centra en la competitividad, en los principales centros industriales de la UE (Alemania, Italia, Francia), las entidades representativas del sector ‒como CEI-Bois (Confederación Europea de Industrias de la Madera) y EFIC (Confederación Europea de Industrias del Mueble)‒ mantienen una postura de “optimismo vigilante”.

  1. Seguridad de suministros y materias primas críticas: Para la industria europea, el acuerdo es una pieza clave para diversificar sus fuentes de suministro. En un contexto de tensiones geopolíticas, la UE busca reducir su dependencia de mercados asiáticos. Las cámaras europeas ven al Mercosur como un proveedor de biomasa y madera certificada de escala industrial, esencial para cumplir con los objetivos del Green Deal europeo que exige sustituir materiales fósiles por renovables en la construcción y el mobiliario.
  2. Exportación de tecnología, el renovado rol de EUMABOISLa industria de la maquinaria para la industria de la madera (representada por Eumabois) es una de las más entusiasmadas con la firma del acuerdo. La eliminación de aranceles en el Mercosur para bienes de capital permite a los fabricantes europeos (especialmente italianos y alemanes) volver a consolidar su liderazgo tecnológico en la región. Para ellos, el acuerdo significa la posibilidad de recuperar la iniciativa en el mercado sudamericano donde hoy enfrentan una fuertísima competencia china. No se trata solo de vender máquinas, sino de establecer sus estándares técnicos y digitales como la norma a seguir en las fábricas del Mercosur.
  3. El “Level Playing Field” y la propiedad intelectual, estandartes de la sostenibilidad como “barrera” competitiva: Una de las mayores preocupaciones europeas ha sido históricamente la protección de diseños y la lucha contra la falsificación. El acuerdo firmado el 17 de enero incluye capítulos robustos sobre propiedad intelectual. Las cámaras europeas de diseño de muebles ven esto como una victoria, ya que les permite exportar productos de alto valor añadido con la garantía de que sus diseños industriales estarán protegidos legalmente en los cuatro países del bloque sudamericano.

Es importante destacar que, a diferencia de otros sectores, las entidades madereras europeas no temen a la competencia del Mercosur, siempre y cuando se aplique estrictamente el Reglamento EUDR. Su visión es clara: solo entrará al mercado común aquello que demuestre trazabilidad total. Esto “nivela el campo de juego” (el famoso level playing field), asegurando que las empresas europeas ‒que ya operan bajo costos ambientales altos‒ no se vean desplazadas por madera de origen incierto.

Implicancias para la industria de la madera del Acuerdo UE-Mercosur

Para la industria de la madera y el mueble, este acuerdo no solo reduce aranceles, sino que redefine las reglas de sostenibilidad y modernización tecnológica para los próximos veinte años.

  • La madera como vector de sostenibilidad y el reto de la trazabilidad. El acuerdo establece un marco de “cero arancel” para una vasta gama de productos de madera, pero la apertura no es un cheque en blanco. La UE ha dejado claro que el acceso al mercado común está intrínsecamente ligado al cumplimiento del Reglamento EUDR. Para los productores del Mercosur, la industria ya no se mide solo en metros cúbicos o calidad de fibra, sino en datos de geolocalización. Las cámaras empresarias europeas, como CEI-Bois, ven en este acuerdo una oportunidad para asegurar un flujo constante de madera de rápido crecimiento proveniente de Sudamérica, esencial para la bioeconomía europea, siempre que se garantice la ausencia de deforestación mediante sistemas de certificación robustos.
  • Transformación del sector del mueble: diseño y protección intelectual. El impacto en el sector del mueble presenta una dualidad técnica. Mientras que el Mercosur se beneficia de la eliminación de gravámenes para exportar mobiliario de madera maciza, la industria europea ‒liderada por la EFIC‒ celebra la armonización de estándares de Propiedad Intelectual. Esto protege los derechos de diseño industrial europeo en suelo sudamericano, fomentando una competencia basada en el valor añadido y no solo en el costo de materiales. Por otro lado, la reducción de aranceles para componentes y herrajes europeos permitirá a los fabricantes locales del Mercosur elevar el estándar de calidad de sus terminaciones, cerrando la brecha de calidad percibida en mercados internacionales.
  •  Bienes de capital, la carrera por la eficiencia productiva. Un componente crítico del acuerdo es la facilitación del comercio de maquinaria. Entidades como Eumabois han señalado que la eliminación de barreras técnicas y arancelarias para bienes de capital permitirá a las plantas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay acceder a tecnologías de Industria 4.0, centros de mecanizado CNC y sistemas de secado inteligente de origen europeo. Esta transferencia tecnológica es vista como el motor de un efecto “catch-up” (convergencia), donde la industria del Mercosur podrá procesar sus recursos forestales con la misma eficiencia técnica que sus pares nórdicos, aumentando la productividad por empleado y reduciendo el desperdicio de material.

El impacto país por país

 – Argentina: El sector de madera sólida en la región mesopotámica ve una puerta abierta para divisas. Sin embargo, el gran reto es la infraestructura logística. El impacto será positivo si se logra acoplar la oferta con los estándares de sostenibilidad europeos, pero negativo si la burocracia interna frena la agilidad de los certificados de exportación.

– Brasil: Posee la mayor escala del bloque. El impacto es netamente positivo en términos de volumen de exportación de tableros y celulosa. El desafío negativo reside en la fiscalización extrema que recibirá por parte de las ONGs y cámaras europeas sobre la cadena de custodia, lo que elevará los costos de auditoría interna.

– Uruguay: Con una industria forestal ya muy alineada a estándares internacionales, el impacto es de consolidación. El país se posiciona como el “puerto verde” de entrada de inversiones para CLT (madera laminada cruzada). El riesgo es la alta competitividad del mercado europeo que exigirá una especialización aún mayor en productos de ingeniería.

– Paraguay: El acuerdo actúa como un catalizador para la formalización. El impacto positivo será la llegada de capitales para reforestación comercial. El lado negativo es la vulnerabilidad de la pequeña industria del mueble artesanal, que podría verse desplazada por productos industriales importados si no se inicia un plan de reconversión técnica inmediato.

Un acuerdo que reconfigura el mapa del mercado global

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, firmado tras años de negociación, busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Potenciará el intercambio comercial, eliminando aranceles en más del 90% del comercio bilateral.

Aspectos clave del acuerdo (actualizado a 2026):

  • Alcance comercial: Liberaliza el 91% de las importaciones del Mercosur desde la UE (especialmente autos, químicos, maquinaria) y el 92% de la UE desde el Mercosur (agroalimentos).
  • Desgravación: La UE eliminará aranceles al 82% de las exportaciones del Mercosur, con un 70% de desgravación inmediata.
  • Beneficios para el Mercosur: Mayor acceso de productos agrícolas (soja, carne, maíz) al mercado europeo.
  • Sostenibilidad y medio ambiente: Incluye el cumplimiento del Acuerdo de París y compromisos contra la deforestación.
  • Situación actual: El Consejo de la UE autorizó la firma a principios de 2026, iniciando la fase de ratificación, aunque persiste el debate político y técnico, con el- Parlamento Europeo solicitando un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE sobre su validez jurídica

Más de un cuarto de siglo de negociaciones

El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur es el resultado de más de 25 años de negociaciones. Tras un principio de acuerdo alcanzado en 2019 y revisado posteriormente, los textos finales quedaron cerrados en diciembre de 2024. A comienzos de este año, el Consejo de la UE autorizó formalmente su firma, lo que marca el inicio de la fase de ratificación.

“El tratado es un acuerdo mixto, con dos pilares: el comercial regula el comercio de bienes y servicios, el acceso a los mercados y a la propiedad intelectual. Y el político y de cooperación, que abarca el diálogo institucional, la sostenibilidad y la cooperación. Esta estructura es clave porque determina cómo y cuándo puede aplicarse”, explica un análisis realizado por el reconocido estudio legal Marval, O’Farrell & Mairal.

El acuerdo prevé una liberalización progresiva:

  • La UE eliminaría aranceles para aproximadamente el 92 % de las importaciones provenientes del Mercosur;
  • El Mercosur haría lo propio con cerca del 91 % de las importaciones desde la UE.

“El sistema incluye plazos de transición, cuotas y mecanismos de protección para productos sensibles. Se verían directamente alcanzados los sectores agroindustriales, alimentos, bebidas, manufacturas e industria”, señala el estudio.

Por otra parte, el capítulo de propiedad intelectual es uno de los componentes técnicos más relevantes. Establece, por primera vez, un marco bilateral estructurado que cubre derechos de autor y derechos conexos, marcas, diseños industriales, patentes, variedades vegetales, indicaciones geográficas, secretos comerciales y medidas de observancia civil, administrativa y en frontera. El acuerdo prevé la protección recíproca de indicaciones geográficas (IG), contempla reglas de coexistencia con marcas y derechos preexistentes, evitando afectaciones automáticas.

El análisis de Marval, O’Farrell & Mairal recuerda que para que el acuerdo tenga efectos reales, aún deben cumplirse varias etapas:

  • Firma formal del tratado;
  • Aprobación del Parlamento Europeo;
  • Decisión de conclusión del Consejo de la UE;
  • Ratificación por los parlamentos de todos los Estados miembros de la UE;
  • Ratificación individual por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay;
  • Aprobación del tratado por el Congreso Nacional de cada Estado Parte del Mercosur;
  • Depósito del instrumento de ratificación ante la Secretaría del Mercosur;
  • Entrada en vigencia individual del tratado para cada Estado Parte del Mercosur, a medida que se completen las ratificaciones y se efectúe el depósito correspondiente.

“Solo cuando se cumplan estos pasos podrá entrar en vigencia. En el mejor escenario, podría aplicarse de forma provisional y parcial, limitada a materias de competencia exclusiva de la UE”, indica el análisis. Y puntualiza que el Parlamento Europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia para que evalúe la compatibilidad con la normativa comunitaria.

En el caso de Argentina, será necesaria, además, una adecuación normativa interna, incluida la legislación en materia de propiedad intelectual. A través del Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional convocó a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, formalizando así el comienzo de su etapa de internalización legislativa. “Hoy, el acuerdo no genera derechos ni obligaciones exigibles. Su relevancia está en lo que puede producir si se ratifica: cambios estructurales en comercio, inversión y en la gestión estratégica de la propiedad intelectual entre los países de ambos bloques”, concluye el estudio.

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Misiones prorroga la moratoria del Impuesto Provincial Automotor hasta el 30 de abril

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El Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos extendió los plazos del Régimen Especial de Regularización de Obligaciones Tributarias del Impuesto Provincial Automotor (IPA). La medida, formalizada mediante la Resolución N° 51/2026, busca que más contribuyentes puedan acceder a los beneficios de condonación de intereses previstos en la Resolución N° 1407/25.

En un contexto de alta adhesión al régimen, el Gobierno provincial decidió ampliar los plazos para facilitar el acceso a las mayores bonificaciones por pago y regularización anticipada.

Según se detalla en la normativa firmada el 30 de enero de 2026 en Posadas, el plazo general de acogimiento al régimen se prorroga hasta el 30 de abril de 2026, modificando lo establecido en el artículo 3° de la Resolución N° 1407/25.

Nuevos plazos y beneficios

La Resolución N° 51 también readecua los plazos de adhesión previstos en el artículo 7° de la normativa original, que fija distintos porcentajes de condonación de intereses según la fecha de ingreso al régimen.

De esta manera, el esquema queda organizado de la siguiente forma:

  • Hasta el 28 de febrero de 2026: plazo correspondiente a los incisos a) y d), con los mayores beneficios en condonación de intereses.
  • Del 1 al 31 de marzo de 2026: plazo aplicable a los incisos b) y e).
  • Del 1 al 30 de abril de 2026: plazo aplicable a los incisos e) y f).

La decisión se fundamenta en la “gran cantidad de contribuyentes” interesados en adherirse dentro de los primeros 30 días de vigencia del régimen, período que otorga las condiciones más favorables. Ante la proximidad del vencimiento de ese tramo inicial, el Ministerio consideró necesario extender los plazos para garantizar mayor acceso a los beneficios.

Marco legal

La medida se apoya en las facultades otorgadas por el artículo 16° de la Ley VII – N° 107, que habilita al Poder Ejecutivo —a través del Ministerio de Hacienda— a realizar adecuaciones en el Código Fiscal (Ley XXII – N° 35) y en la Ley de Alícuotas (Ley XXII – N° 25), así como a modificar regímenes de pago, bonificaciones, retenciones y mecanismos de recaudación.

En ese marco, la resolución refuerza la estrategia fiscal orientada a incentivar la regularización voluntaria de deudas tributarias, ampliar la base de cumplimiento y mejorar la recaudación sin incrementar la presión impositiva.

Con esta prórroga, la Provincia busca equilibrar la necesidad de recursos fiscales con herramientas de alivio financiero para los contribuyentes que mantienen deudas del Impuesto Provincial Automotor.

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El Senado le dio media sanción a la Reforma Laboral

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Tras una maratónica sesión de más de 14 horas y con más de 40 oradores en el recinto, el Senado de la Nación aprobó este jueves a la 1.22 de la madrugada el proyecto de Modernización Laboral, conocido como Reforma Laboral. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en general, tras lo cual se inició el tratamiento en particular de los 26 títulos que componen el texto.

Tal como estaba previsto, La Libertad Avanza consiguió el respaldo del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista votó en contra en bloque, sin fracturas pese a las tensiones internas.

A los 21 votos del oficialismo se sumaron los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, tres del Pro, dos de Provincias Unidas y seis representantes de bloques provinciales alineados con sus gobernadores, entre ellos los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. También acompañaron Edith Terenzi (Chubut), Beatriz Ávila (Tucumán), Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).

Los 30 votos negativos correspondieron a 28 integrantes del interbloque peronista y a los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La votación artículo por artículo

En la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, la de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala dejaron constancia en versión taquigráfica de su rechazo al artículo 44 —que finalmente acompañaron por decisión de bloque— referido a los casos de accidente o enfermedad no laboral, donde el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica.

El Título II, que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue aprobado por 41 votos a 31. En esta instancia, Flavia Royón votó en contra, tal como había anticipado. En el Título III el oficialismo amplió la ventaja a 44 votos contra 28, con el acompañamiento de Carambia y Gadano.

El resultado 42 a 30 se repitió en buena parte del articulado (títulos IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII). El Título VII fue aprobado por 41 a 30, con abstención de Alejandra Vigo, quien luego votó en contra del Título XIII (41 a 31).

En el Título XIV el resultado fue 40 a 32. Allí, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling, había solicitado retrotraer modificaciones al texto original, propuesta que fue rechazada, aunque igualmente votó afirmativamente. En esa instancia votaron en contra Carambia y Gadano, quienes luego acompañaron el Título XVII (44 a 28).

El resultado 41 a 31 también se registró en los títulos XV y XXIV, con el voto negativo de Royón. En uno de los títulos intermedios el resultado fue 40 a 29, con ausencias de Maximiliano Abad, Carambia y Gadano. Finalmente, el título que incluyó derogaciones —entre ellas la del Estatuto del Periodista— fue aprobado por 38 votos a favor y 31 en contra.

Negociaciones hasta último momento

La sesión estuvo atravesada por negociaciones permanentes. Aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había anunciado 28 modificaciones consensuadas, los cambios continuaron ajustándose durante toda la jornada.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramos 2 y 3), a pedido de los gobernadores, ya que implicaba una merma en la coparticipación. El Gobierno cedió y dejó ese debate para una futura reforma tributaria.

También se mantuvo el cobro compulsivo de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2% para los gremios, mientras que los aportes a cámaras empresarias continuarán en 0,5%. Se eliminó además la reducción del aporte patronal a las obras sociales —que iba a bajar del 6% al 5%— y se sostuvo el rol del empleador como agente de retención.

En materia de indemnizaciones, se definió que solo se considerarán conceptos “mensuales, normales y habituales”, excluyendo adicionales no mensuales como aguinaldo y vacaciones. La indemnización será la única reparación frente al despido sin causa.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización para cubrir indemnizaciones. A propuesta de la Unión Cívica Radical, las grandes empresas aportarán 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

Cambios estructurales

Entre otros puntos relevantes, la reforma:

  • Introduce nuevas reglas para la licencia por enfermedad, habilitando mayor control médico por parte del empleador y estableciendo que, si la dolencia no deriva de la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario.
  • Crea el mecanismo de “banco de horas”, que permitirá compensar jornadas sin computarlas como horas extra.
  • Amplía el período para tomar vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionamiento.
  • Establece el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI).
  • Fija un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales y posterga hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Otro foco de tensión fue la decisión de eliminar la posibilidad de pagar salarios mediante billeteras virtuales, manteniendo exclusivamente la vía bancaria. El Pro se pronunció públicamente a favor de las fintech y cuestionó la restricción.

Un debate con fuerte clima político

El oficialismo defendió la reforma bajo la premisa de que busca “generar trabajo” y “modernizar el sistema sin quitar derechos”, mientras que el peronismo la calificó como una ley “para despedir” y “en contra de los trabajadores”.

En las afueras del Congreso, la jornada estuvo marcada por movilizaciones sindicales y de la izquierda. Se registraron incidentes y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con varios detenidos.

Con la media sanción del Senado, el proyecto clave de la gestión libertaria -que introduce cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo- avanza en el tramo decisivo de su tratamiento legislativo.

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