Día: 27 febrero, 2026

El Senado debate este viernes reforma laboral y ley Penal Juvenil

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El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Según el orden de labor parlamentario se debatirá primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.

Ley Penal Juvenil

La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Reforma laboral

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

El oficialismo debió realizar un trámite exprés entre la sanción de esa iniciativa en la Cámara de Diputados el viernes último y la emisión del dictamen del Senado que se produjo en el mediodía de ese mismo viernes, lo que provocó airadas quejas opositoras.

Como sucedió cuando la reforma se aprobó en primer término, el 11 de febrero, el Gobierno ya tiene garantizado el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de San Juan, Marcelo Orrego; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Pero la sanción de la ley no fue sencilla y requirió que la Mesa Política del Gobierno, que encabeza secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encarara negociaciones con gobernadores y legisladores de bloques dialoguistas a lo largo de casi dos meses.

Con esos consensos enhebrados, el oficialismo logró aprobar el 11 de febrero el proyecto en el Senado y el jueves 19 en Diputados, aunque con la modificación del artículo 44.

Detalles del proyecto

La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.

Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.

Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.

La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.

Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.

En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.

En tanto, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.

También se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.__IP__

Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%.

Asimismo, serán consideradas “infracciones muy graves”, con el impedimentos a realizar bloques, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: “Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.

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El Gobierno garantiza un piso de $85.000 para la ayuda escolar y suma un refuerzo extraordinario en marzo

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El inicio del ciclo lectivo 2026 llegará con un refuerzo directo al ingreso de millones de familias. El Gobierno nacional dispuso que la Asignación por Ayuda Escolar Anual no sea inferior a $85.000 por hijo, mediante un pago extraordinario y por única vez que se abonará junto con la prestación habitual de marzo. La decisión quedó formalizada en el Decreto 115/2026, publicado este 27 de febrero en el Boletín Oficial, y rige desde el mismo día.

El cambio no altera el régimen de asignaciones familiares, pero introduce un piso nominal garantizado frente al aumento de los costos educativos. En términos prácticos, quienes cobren una ayuda escolar menor a $85.000 recibirán un complemento hasta alcanzar ese monto; quienes ya superen esa cifra no percibirán refuerzo adicional. El mensaje es claro: evitar que el poder adquisitivo de la prestación quede por debajo del nivel del año anterior en un contexto de presión inflacionaria y arranque del calendario escolar.

Qué establece la norma: un refuerzo para sostener el ingreso real

El decreto fija un refuerzo extraordinario y por única vez equivalente a la diferencia entre el monto que resulte de la Ayuda Escolar Anual 2026 y los $85.000 definidos como referencia. La medida se paga de manera masiva en marzo, junto con la asignación correspondiente a la educación inicial, primaria y secundaria, así como a estudiantes con necesidades educativas especiales, sin límite de edad.

El esquema alcanza a los beneficiarios del Régimen de Asignaciones Familiares previsto en la Ley 24.714: trabajadores registrados del sector público y privado, monotributistas, titulares de prestaciones previsionales, asignaciones universales y otros programas compatibles. La operatoria quedará a cargo del Ministerio de Capital Humano y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que deberán dictar las normas complementarias para su implementación.

No se trata de un aumento estructural ni permanente. Es un ajuste puntual que actúa como “amortiguador” del gasto escolar de comienzo de año —útiles, indumentaria, transporte— y que se desactiva automáticamente si la prestación base iguala o supera el umbral fijado.

Contexto institucional: continuidad con corrección puntual

La Ayuda Escolar Anual forma parte del esquema de asignaciones desde hace décadas y su monto es definido por el Poder Ejecutivo. En 2025, el Decreto 63 había establecido el valor de referencia para ese ciclo lectivo. Ahora, el Decreto 115/2026 no reemplaza ese marco, sino que lo complementa para asegurar que el monto total de 2026 no quede por debajo del nivel nominal previo.

La decisión se inscribe en un momento de reordenamiento del gasto social, con foco en transferencias focalizadas y pagos extraordinarios antes que en aumentos automáticos. El Ejecutivo utiliza una herramienta ya prevista en la ley para responder a un problema concreto: el impacto económico del inicio de clases sobre los hogares con niños y adolescentes en edad escolar.

Impacto económico: alivio acotado y efecto inmediato

El efecto económico es directo pero transitorio. Para las familias alcanzadas, el refuerzo implica un alivio inmediato de caja en un mes históricamente exigente para el presupuesto doméstico. En particular, beneficia a los hogares donde la ayuda escolar quedaría por debajo del piso establecido, reforzando el ingreso disponible sin modificar la estructura del sistema.

Desde el lado del consumo, el impacto se concentra en bienes y servicios asociados al inicio del ciclo lectivo, con un efecto acotado en el tiempo. No hay cambios en costos empresariales ni en la competitividad sistémica, aunque sí puede aportar un impulso puntual al comercio minorista vinculado a útiles, indumentaria y transporte escolar.

En términos fiscales, el decreto ordena a la Jefatura de Gabinete realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El alcance del gasto dependerá del número de beneficiarios cuyo monto base quede por debajo de los $85.000, un dato que no se explicita en la norma.

Señales políticas: contención focalizada, sin expansión permanente

La medida envía una señal de continuidad con ajuste selectivo. No hay un giro hacia aumentos generalizados ni una ampliación del régimen, sino una corrección puntual para sostener un umbral de ingresos en un momento sensible del año. El Gobierno refuerza así una lógica de intervenciones extraordinarias, de corto plazo y con objetivo definido.

También reafirma la centralización de la decisión en el Poder Ejecutivo, con implementación operativa delegada en los organismos sociales. Para el mercado y las provincias, el mensaje es de prudencia fiscal: el refuerzo existe, pero es acotado, explícito y no automático.

Qué mirar hacia adelante

El impacto real se medirá en dos planos: la efectividad operativa del pago masivo en marzo y la evolución del monto base de la ayuda escolar en los próximos años. Si el piso de $85.000 vuelve a requerir refuerzos, el debate pasará de la excepcionalidad a la sostenibilidad del esquema.

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